¿Estan en peligro las pensiones publicas? (3 page)

El sistema de pensiones privado pasaba a ser gestionado por el sistema financiero (es decir, de los bancos) que tenía como objetivo aumentar los ingresos y beneficios del capital financiero, a costa de los intereses de la ciudadanía, incluyendo aquella que dependía de sus pensiones privadas. De esa forma se dinamitaba también el régimen tradicional que había gobernado el sistema de pensiones prácticamente en todos los países. Sustituir el sistema de reparto por otro de capitalización llevaba consigo echar por tierra el contenido redistribuidor y solidario que hasta entonces había estado implícito en la existencia de pensiones. Sustituir la gestión pública de los fondos por la privada implicaba también renunciar a gestionar el ahorro de los trabajadores mediante criterios políticos, lo que podía permitir no dar cuentas a la población de su utilización y evitar ser censurados en caso de que ésta no responda a las preferenciales ciudadanas. En el sistema de capitalización, el criterio era la rentabilidad de las empresas financieras, independientemente del beneficio que ello supusiese al pensionista. En la Gran Recesión que hemos estado experimentando hemos podido ver como las compañías de pensiones privadas (incluyendo los bancos) han antepuesto sus intereses a las de sus usuarios, práctica generalizada y que adquiere dimensiones dramáticas en situaciones de crisis como la actual. El aseguramiento privado es, además de altamente arriesgado, sesgado a favor del banco y en contra del beneficiario.

En el sistema de reparto las generaciones que trabajan financian las pensiones de los que no trabajan. Pero en el sistema de capitalización, no hay tal transferencia intergeneracional. Entonces, la pregunta que debe hacerse es quién paga las pensiones de aquellos que se están jubilando y se estarán jubilando durante varios años. La respuesta es, el Estado. Pero ello significa unos costes enormes, unos costes de transición muy elevados, tanto desde el punto de vista puramente económico como administrativo. Por otro, se trata de un proceso muy difícilmente asumible socialmente, que necesariamente abriría un debate social tanto más amplio en la medida en que la propuesta fuese más radical. Y las debilidades intrínsecas a ese debate son muy grandes debido a que no hay en modo alguno razones definitivas para probar la conveniencia de la propuesta.

Además, cualquier proceso hacia la privatización de las pensiones es contemplado socialmente como una pérdida de beneficios, lo que obliga a darle una suficiente cobertura de legitimación que garantice el convencimiento y la aceptación. Pero experiencias como la chilena mostraban que eso iba a ser muy difícil porque sus costes sociales eran muy evidentes, el número de personas que se quedaban sin pensión o que perdían sus derechos era muy alto y eso advertía de los riesgos de todo tipo que habría que correr si la opción se aplicaba sin más en otros países. Eso llevó a que los organismos internacionales, la patronal y los gobiernos neoliberales optaran por una estrategia menos radical y más disimulada.

La propuesta que realizó el Banco Mundial (1994) consistía en establecer dos pilares básicos: uno de pensión mínima para “aliviar la pobreza en la ancianidad” gestionado por el sector público y otro de gestión privada basado en la capitalización .
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Prácticamente lo mismo:

— Nivel básico o mínimo predominantemente público, aunque no exclusivamente.

— Segundo nivel, profesional, con predominio de la iniciativa privada compatibilizada con la presencia de instituciones públicas.

— Nivel complementario, libre e individual, exclusivamente gestionado por el sector privado.

Una modificación de esta naturaleza era menos problemática que la radical pero también era dificultosa porque debilitaba inevitablemente un sistema que la población apreciaba y había hecho suyo.

Para poner en marcha la estrategia se avanzó en dos direcciones:

a) Justificar la necesidad de sustituir progresivamente el sistema de pensiones públicas y para ello nada mejor que tratar de demostrar su inviabilidad financiera a medio plazo. Eso dio lugar a una ingente producción académica de trabajos e investigaciones financiada en su inmensa mayoría por bancos e instituciones financieras y dirigida a mostrar que el sistema de pensiones públicas estaría en quiebra en unas pocas decenas de años y que, por lo tanto, había que reformarlo y sustituirlo por otro diferente.

b) Aplicar reformas parciales que, por un lado, fuesen menguando la cobertura y la capacidad protectora del sistema público y, paralelamente, que fuesen fortaleciendo el sistema complementario de gestión privada.

Las medidas propuestas incluyen:

— Reducción progresiva de las prestaciones del sistema público.

— Modificación de los sistemas de cálculo, aumentando los años necesarios para acceder a las prestaciones y los tenidos en cuenta para calcular el montante de las pensiones.

— Aumento de la edad de jubilación.

— Adopción de mecanismos de indiciación que limitaran la posibilidad de mejora sustancial de las pensiones recibidas.

— Apoyo fiscal muy generoso a los fondos de pensiones privados.

Al disponer de menos fondos, al disminuir sus cuantías y al ser más favorable el ahorro privado, los ciudadanos han percibido que efectivamente había una “crisis” del sistema de pensiones públicas y han tratado de destinar una parte de sus ahorros (quienes han podido hacerlo) a fondos privados que es, en definitiva, lo que iban buscando los bancos y las entidades financieras como explicaremos más adelante.

El llamado Pacto de Toledo se presentó en 1995 en España como la fórmula que podría permitir evitar que el debate de las pensiones quedara sometido a las idas y venidas de la coyuntura política, planteándose como una “cuestión de Estado”. Posiblemente, fue el resultado de que ninguna de las partes implicadas estaba en condiciones de imponer su alternativa: optar claramente y sin fisuras por un sistema público basado en el principio de solidaridad como deseaban las izquierdas o por uno de capitalización o de predominante gestión privada como pedían sectores próximos a la Banca.

El Pacto de Toledo contiene propuestas que pueden considerarse muy positivas desde el punto de vista del fortalecimiento del sistema público:

— el acuerdo para que las pensiones no contributivas pasen a ser financiados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado,

— los compromisos de mantenimiento del poder adquisitivo, la creación de un fondo de reserva y el compromiso por aumentarlo, y

— los compromisos de adopción de medidas orientadas a ampliar las prestaciones y el alcance del sistema en algunos ámbitos como la conciliación laboral, la inmigración, situaciones de dependencia y discapacitados, entre otros.

El Pacto de Toledo admitía la posibilidad y conveniencia de los sistemas complementarios privados e incluso la de los seguros de dependencia igualmente privados, lo que ha resultado en una expansión de estos sectores. También acentúa el principio de contribución a costa del principio de solidaridad, diluyendo el compromiso con la universalización de los beneficios.

Además establece una desconexión entre la situación financiera de la Seguridad Social y el tipo de políticas económicas que se aplican y que marcan la posibilidad de alcanzar unos u otros ritmos de crecimiento.

El Pacto de Toledo constituye una afirmación institucional del deseo de mantener las pensiones públicas pero ni en su letra ni en su desarrollo se encuentran medidas que lo apuntalen definitivamente. Por eso es muy importante que los defensores del sistema público fortalezcan constantemente sus posiciones en la negociación que se pueda ir realizando al respecto, sobre todo, combatiendo las informaciones inadecuadas e interesadas que a veces se difunden para confundir a la población, haciéndole creer que su desmantelamiento y sustitución por la iniciativa privada es más conveniente y favorable para todos, cuando en realidad eso solo beneficia a las entidades financieras y a las clases adineradas

En este documento mostraremos que el interés en cambiar el sistema de pensiones público por uno privado no responde a necesidades reales y técnicas sino más bien a las necesidades económicas de los bancos y otras entidades financieras que harían un negocio muy lucrativo si ese cambio se llevara a cabo. Además, veremos que el deterioro del sistema de pensiones públicas conlleva igualmente el deterioro de las condiciones de vida de la población y, especialmente, de aquellas personas en peor situación económica.

Por tanto, no se puede considerar que la privatización completa o progresiva del sistema de pensiones públicas sea inevitable, como nada lo es en la historia de los seres humanos. Mientras que las clases populares y sus representantes políticos y sindicales tengan el poder suficiente, podrán evitar que los grandes grupos financieros lleven a cabo unos cambios que solo se dirigen a que ellos puedan apropiarse más cómodamente de los recursos sociales.

Aunque fueron muy dispares pueden sintetizarse en los siguientes:

— La evolución demográfica hará que cada vez haya más personas jubiladas y menos trabajando, de modo que será imposible que haya recursos suficientes para financiar las pensiones.

— Las tasas de desempleo tenderán a aumentar y, por tanto, habrá menos cotizantes y, en consecuencia, también menos recursos para financiarlas.

— La edad de incorporación al primer empleo tiende a retrasarse. Como eso acorta la vida activa, disminuye el período en que se puede estar cotizando y habrá menos fondos para financiar las pensiones.

— La vida activa también se acorta porque igualmente se tiende a la reducción de la edad de jubilación, ya sea porque esto se potencia para luchar por el desempleo o porque los sistemas vigentes incentivan la jubilación al ofrecer pensiones atractivas.

Los defensores de la privatización argumentan que como consecuencia de esas circunstancias van a generarse menos recursos. Además, se dice que las alternativas posibles para mantener las pensiones públicas tales como aumentar las cotizaciones sociales, incrementar la aportación del Estado a la financiación del sistema, o elevar la presión fiscal global, no son factibles. De ahí que concluyen que la única alternativa posible es avanzar cuanto antes en la dirección privatizadora que acabamos de apuntar.

Los defensores de la privatización afirman que sus propuestas responden a un consenso unánime entre los expertos. Pero eso no es cierto. De ninguna manera existe tal consenso porque son muchos los expertos que han demostrado claramente lo contrario y que la privatización total o parcial de la seguridad social es innecesaria, salvo si se quiere beneficiar a los grandes capitales financieros.

Son muchos los economistas, incluso premios Nobel de
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economía como Joseph Stiglitz , conocedores de la experiencias internacionales llevadas a cabo a nivel mundial como Mesa Lago ,
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expertos en España como Adolfo Jiménez, Camila Arza, Felipe Serrano, Ignacio Zubiri, Vicenç Navarro entre otros, que han demostrado en repetidas ocasiones y por diferentes vías, que las tesis neoliberales de privatización de las pensiones carecen de
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fundamento y rigor científico . Importantes instituciones como la Organización Internacional del Trabajo o el Consejo de Europa han mantenido posiciones críticas respecto a las propuestas el Banco Mundial. Incluso algunos líderes políticos como la Presidenta del Gobierno chileno, la Sra. Bachelet, que gobernó un país donde tiene vigencia desde la dictadura un sistema de pensiones privado (que poco a poco se pretende revertir) han afirmado claramente a raíz de su propia experiencia, que el sistema privado que se pretende imponer manifiesta grandes deficiencias.

Es fácil comprobar que los defensores de la privatización más o menos encubierta de las pensiones públicas son los grandes empresarios que desean dejar de pagar cotizaciones sociales, los bancos que pretenden gestionar los ahorros ahora en manos del sector público, o economistas que están en su nómina o seducidos por la fe ciega en el libre mercado y su mano invisible. Además, los políticos de ideología liberal o incluso algunos de adscripción formalmente socialdemócrata aplican, en la práctica, los principios neoliberales.

También es fácil comprobar que los “expertos” que vienen insistiendo en que el sistema público de pensiones está condenado a la quiebra se equivocan continuamente en sus predicciones.

El caso español es esclarecedor. Para argumentar sus propuestas privatizadoras todos ellos habían previsto primero que en el emblemático año 2000 se produciría un importante déficit del sistema, como anticipo de su deterioro venidero. Y lo mismo vaticinaron más tarde para 2005.
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Herce aseguraba en junio de 2009 que “el sistema público de pensiones español entrará en déficit en torno al año 2020”, una predicción ampliamente difundida por los medios y que lógicamente conllevaba la natural preocupación a los ciudadanos. Pero este mismo autor había pronosticado en un trabajo publicado en 1995 que la Seguridad Social tendría un déficit del 0,62% del PIB en 2000 y del 0,77% en 2005; en otro trabajo de 1996 que el déficit sería del 1,37% del PIB en 2000 y del 1,80% en 2005; en otro estudio con J. Alonso que sería del 0,96% del PIB en 2000 y del 1,17% en 2005 y en su último estudio de 2000 que sería del 0,16% del PIB en 2005 y del 0,03% en 2005 .
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