¿Estan en peligro las pensiones publicas? (6 page)

Para valorar el significado de los datos anteriores que muestran que las pensiones españolas no son, como dicen los liberales, demasiado generosas, hay que tener en cuenta que España tiene un nivel de riqueza (medido por su PIB per cápita) semejante al promedio de la UE—15: su PIB per cápita es ya el 92,7% del PIB per cápita promedio de la UE—15. Sin embargo, su gasto social per cápita es sólo el 62% del promedio de la UE—15.

Si nos gastásemos el porcentaje del gasto social que nos corresponde por nuestro nivel de riqueza debiéramos gastarnos más de 72.000 millones de euros más de lo que nos gastamos. Según los datos elaborados por la oficina europea de estadística (EUROSTAT) España destina el 19,7% del PIB (2003) a gasto en protección social mientras que el promedio de la UE—15 es del 28,3%. Si se consideran los gastos de vejez, invalidez y supervivencia, el porcentaje sobre el PIB es de 9,8%, ocupando el penúltimo lugar de la UE—15 (2003), frente a países como Suecia (17,6%) o Alemania (14,7%)
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Además de por la razón que acabamos de apuntar, la subida de las pensiones es una medida política prácticamente obligada en función de la dinámica que ha seguido la economía española en los últimos años.

Hemos pasado de un modelo de crecimiento económico en el que los ciudadanos al jubilarse tenían a su disposición una vivienda de propiedad completamente pagada a un modelo en el que los futuros jubilados aún tendrán que seguir pagando sus viviendas hipotecadas. En esa situación, sólo una subida de las pensiones compensará la pérdida de nivel adquisitivo al que harán frente los nuevos jubilados españoles. En consecuencia, España debe gastarse en su Estado del Bienestar, incluyendo su Seguridad Social, más de lo que se gasta actualmente.

La demanda de la patronal española responde a un nuevo intento de apropiación de aún mayor parte del excedente económico generado en el proceso de producción.

Como recordábamos más arriba, la participación de los salarios en la renta ha descendido en España más de diez puntos porcentuales en los últimos treinta años, lo que significa que los incrementos de productividad (el incremento en la cantidad de producción generada por hora de trabajo) de los últimos años han ido fundamentalmente a los beneficios empresariales, mientras que apenas han repercutido en las rentas salariales.

La petición de la patronal española es una simple reivindicación política destinada a lograr una proporción más grande en el “reparto de la tarta” pero que se hace sin fundamento económico alguno. De llevarse a la práctica puede arrastrar a la pobreza a un número importante de jubilados y jubiladas que verán mermada seriamente su capacidad adquisitiva. Su interés no es otro que el afán de lucro y la búsqueda incesante de más y más beneficios, sin tomar en consideración las consecuencias económicas y sociales que ello entraña.

Además de financiar el sistema de pensiones públicas por la vía de las cotizaciones sociales, también se puede financiar directamente por vía impositiva. El sostenimiento del sistema público de pensiones se facilita si se utiliza esta vía y así se permite que los trabajadores se apropien también de una mayor parte del excedente económico.

Además, la carga fiscal en España (porcentaje de los impuestos sobre el PIB) es uno de los más bajos de la UE—15, lo que significa que su capacidad recaudatoria dista mucho de haberse agotado. Y dado que en España el sistema impositivo no es demasiado progresivo y está sujeto a un grado enorme de evasión fiscal (por inoperancia de los instrumentos del Estado destinados a evitarla), se podría lograr un gran incremento de ingresos públicos si se fortalecieran las estrategias de lucha contra el fraude y se llevaran a cabo reformas fiscales que hicieran más justo el sistema.

El discurso liberal ha desarrollado diferentes argumentos para tratar de demostrar que los planes de pensiones privados (que en realidad, como hemos señalado anteriormente, son el simple ahorro personal que cada uno pueda ser capaz de realizar) son más eficientes que el sistema público de pensiones. Sin embargo, dichos argumentos distan mucho de ser considerados plenamente ciertos y pueden ser contrapesados con otros tantos posiblemente de mucha más importancia.

No hay argumentos incuestionables a favor de la privatización. Si acaso, más bien se podría concluir en lo contrario, como hacía algunos años atrás un informe de la Organización Internacional del Trabajo: “Si se tienen en cuenta todos los factores, el fiel de la balanza se inclina claramente contra el recurso a aseguradores privados, siempre y cuando los regímenes públicos se administren con eficacia y sean sensibles a las necesidades de los usuarios”
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Según los liberales, los sistemas de Seguridad Social han extendido hasta tal punto los niveles de protección social que desincentivan el trabajo y el esfuerzo, mientras que además no permiten a los ciudadanos percibir el verdadero coste económico que conlleva el sistema público en su conjunto.

Sin embargo, la evidencia empírica demuestra que la existencia de altos niveles de protección social no va acompañada de fenómenos negativos en las economías, sino más bien todo lo contrario. Así, los países del norte de Europa, con un alto nivel de protección social y con un sistema de pensiones mucho mejor dotado, se encuentran entre los más competitivos del mundo.

Según los liberales, el gasto público de la Seguridad Social está gestionado de forma poco eficiente y sin el rigor que se mantendría en caso de que la gestión de los recursos fuese privada. Sin embargo, el gasto en Seguridad Social constituye un elemento primordial para el sostenimiento de la demanda agregada de la economía (es decir, el gasto total) y es un factor esencial del crecimiento y el desarrollo económico. Este gasto es el que permite al sistema capitalista continuar la senda del crecimiento económico al insuflar recursos a personas que los destinarán al consumo y que, de esa forma, repercutirán también en mayores niveles de empleo. Cuando el gasto es insuficiente la economía se paraliza.

Por otro lado, tampoco se puede afirmar que la gestión privada vaya a ser más eficiente. Basta ver el desastre financiero que ha ocasionado la gestión de los bancos y fondos financieros en los últimos años, provocando enormes pérdidas económicas.

Antes que nada, hay que reiterar que los llamados “fondos de pensiones privados” no son tales. Son, simplemente, el ahorro acumulado de quien puede ahorrar a lo largo de su vida.

En todo caso, cualquier sistema privado de ahorro tiene menor garantía y menos solvencia que un sistema público de pensiones. La crisis financiera actual demuestra esta situación.

Y no solo es más inseguro económicamente hablando sino que, además, implica renunciar a los mecanismos de transferencia de derechos y rentas que permiten alcanzar más estabilidad económica, mayor bienestar social y lazos sociales más solidarios y humanos.

En primer lugar, porque los fondos privados no pueden garantizar una remuneración determinada cuando llegue la hora de hacerse efectivos “como pensión”. Eso es así porque su valor final depende de cómo se vayan dando las circunstancias de las que depende su capitalización. La inflación, por ejemplo, merma continuamente su valor.

Otro riesgo es que las grandes empresas dejen de cotizar para dedicar los fondos de sus trabajadores a otros fines más rentables, como ya ha ocurrido en varias ocasiones, especialmente en Estados Unidos.

Además, los fondos tienen que “mover” constantemente los recursos de los que disponen para tratar de hacerlos más rentables y eso les lleva a realizar inversiones arriesgadas que, en muchas ocasiones, provocan grandes pérdidas patrimoniales.

La rentabilidad de los fondos privados de ninguna manera está asegurada, puesto que depende de los vaivenes de los mercados financieros que por definición son muy inestables y volátiles. Dicha rentabilidad depende fundamentalmente del contexto económico, y concretamente del contexto financiero, en el que se mantienen los fondos privados.

De hecho, cuando un trabajador suscribe un plan de pensiones privado lo que está haciendo en realidad es depositar (ahorrar) parte de sus ingresos en un fondo que gestionará una entidad financiera. Ésta invierte ese dinero en el mercado financiero de acuerdo a sus propios criterios, buscando en todo momento revalorizarlo a través de procedimientos la mayor de las veces puramente especulativos, y obteniendo ingresos financieras con dichas operaciones.

La rentabilidad de dichas operaciones dependerá del riesgo asumido y del contexto financiero, pero en todo caso la mayor parte de la misma se la quedará el banco.

Sólo una parte de dicha rentabilidad será devuelta al trabajador en forma de “intereses del fondo de pensión” al finalizar su vida laboral.

Los liberales afirman que los sistemas de capitalización privados son más rentables a largo plazo pero nada hay que asegure eso si se tiene en cuenta la extremada inestabilidad, la gran incertidumbre y el alto riesgo que hoy día caracterizan a los mercados financieros.

Para hacer frente a todos estos riesgos lo que han de hacer los gestores de fondos privados es aumentar las primas pero bajando entonces su rentabilidad.

Pero incluso con primas cada vez más altas, nada podría evitar la quiebra general de los fondos privados si se llegara a una crisis financiera más o menos generalizada, lo que no es una hipótesis descartable, como hemos podido ver a partir del verano de 2007, o teniendo en cuenta que desde 1970 a 2003 se han contabilizado 117 crisis bancarias sistémicas en 93 países y 113 episodios de “stress” financieros en 17 países
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En contextos de crisis financiera las inversiones acometidas por los diferentes fondos de pensiones privados pueden ser contraproducentes y proporcionar rentabilidades negativas.

Es lo que viene ocurriendo en la reciente crisis financiera internacional, la cual ha provocado que de marzo de 2008 a marzo de 2009 los fondos privados hayan devuelto una rentabilidad media anual negativa del 6,37%.

No solo no están asegurados sino que la experiencia ha demostrado que pueden quebrar y que así ha ocurrido en muchas ocasiones provocando grandes pérdidas, sobre todo, a los pequeños ahorradores y cotizantes.

En agosto de 2006, bajo la presidencia de G. Bush se dictó una ley para salvar a los fondos de ahorro privados de Estados Unidos que estaban materialmente quebrados, sufriendo pérdidas que la Oficina de Auditoría del Congreso estimó en 600.000 millones de dólares.

Ante la quiebra de los fondos privados es un organismo público (el PBGC, Pension Benefit Guarantee Corporation) el que debe hacer frente a los pagos que no pueden hacer los fondos privados.

En realidad, e incluso cuando su rentabilidad es positiva, los intereses que pueden obtener suelen ser muy bajos. Sin embargo, los gobiernos que apoyan la estrategia privatizadora han establecido generosas desgravaciones fiscales.

Estas desgravaciones son uno de los elementos más injustos y regresivos que hoy día hay en el sistema fiscal pues benefician casi exclusivamente a las rentas más altas que son las que pueden invertir cantidades elevadas en fondos de ahorro. Y además son muy caras, pues representan actualmente en España alrededor de un 4% del total de la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Esa es la razón por la que se mantienen pero puede afirmarse categóricamente que si no fuese por esos apoyos fiscales, los fondos de ahorro como fuente de pensiones de cara a la jubilación no tendrían el menor interés como inversión.

La gestión privada del ahorro que se resuelve en la órbita del mercado es incapaz, por definición, de resolver de manera efectiva las contingencias que trata de paliar la protección social, entre otras cosas, porque generalmente es el propio mercado el que las produce.

Eso es lo que explica que cualquier régimen privado se caracterice por las barreras de entrada que presenta, pues sólo los que disponen de un alto nivel de ingresos pueden acceder a él como mecanismo efectivo para garantizarse la pensión.

Bajo un sistema plenamente privado sólo aquellas personas con capacidad para ahorrar en su vida laboral podría tener garantizada una jubilación adecuada o sencillamente suficiente para vivir. Basta observar el costo de la vida actual y el bajo nivel de ingresos de la mayoría de la población para hacerse una idea de las consecuencias catastróficas que conllevaría implantar un sistema basado en tales principios.

El sistema de capitalización es equivalente a un sistema privado en el que cada trabajador contribuye a su propio fondo de pensiones, algo que tiene importantes inconvenientes económicos y sociales.

El sistema de reparto, en cambio, está basado en principios solidarios y las contribuciones de los trabajadores no se destinan a un fondo personal sino a pagar las pensiones de los jubilados de ese momento.