¿Estan en peligro las pensiones publicas? (2 page)

El sistema público de pensiones forma parte del sistema de la Seguridad Social, que es un instrumento del Estado que, además de las pensiones, abarca muchos más ámbitos de protección social.

La seguridad social es un sistema ideado para proteger a la población de una sociedad contra las privaciones económicas y sociales que pudieran afectarles.

Según la Organización Internacional de Trabajo es la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos .
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La Seguridad Social cubre las privaciones que puedan sufrir los individuos a causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos.

Por tanto, incluye entre otros servicios la asistencia sanitaria, las prestaciones por incapacidad temporal, las prestaciones por maternidad, las prestaciones de atención a la tercera edad, las prestaciones por desempleo y las pensiones.

El movimiento obrero es el que inicia la demanda de que se garantice la seguridad y protección social durante el siglo XIX. Son los movimientos socialistas los que piden la universalización de tal protección social, incorporando los derechos sociales y laborales como parte de la condición de ciudadanía. En esta concepción, la financiación de tales derechos provendría de los fondos generales del Estado y la provisión sería la responsabilidad del Estado. Este modelo (erroneamente llamado modelo de Beveridge, pues el modelo que este autor inspiró no fue universal) se desarrolló en aquellos países donde el movimiento obrero fue más fuerte.

En el otro modelo, el movimiento obrero no consiguió la universalización pues la resistencia de las clases dominantes en aquellos países lo impidió. Este segundo modelo no universalista garantizó la protección social de los trabajadores y sus familias a través de las aportaciones de los trabajadores y empresarios a las Cajas de la Seguridad Social, recibiendo los beneficios sociales según su nivel de contribuciones. Con el tiempo, y como resultado de las presiones continuas del movimiento obrero, este segundo modelo se ha ido extendiendo, alcanzando niveles de cobertura muy extenso, aún cuando nunca ha llegado a ser universal. Se le llama modelo Bismarck pues se estableció durante el gobierno conservador del Canciller de Alemania Otto von Bismarck (en 1883, con la Ley del Seguro de Enfermedad). El término Seguridad Social fue utilizado por primera vez en EEUU, durante la Administración Roosvelt.

La diferencia fundamental entre los dos modelos es que el primero es un sistema de solidaridad entre los ciudadanos y el segundo es un sistema de ahorro forzoso en el que los derechos se adquieren según el nivel de aportaciones basados en el mercado de trabajo.

Se suele decir que nace de modo parcial en 1900 que es cuando se crea el primer seguro social que fue la Ley de Accidentes de Trabajo. En 1908 se creó el Instituto Nacional de Previsión en el se integraban las cajas que gestionaban los seguros sociales que entonces ya iban surgiendo.

Más tarde fueron naciendo otros derechos o seguros sociales como el Retiro Obrero (1919), el Seguro Obligatorio de Maternidad (1923), el Seguro de Paro Forzoso (1931), el Seguro de Enfermedad (1942), y el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) (1947). Durante la dictadura que gobernó España durante cuarenta años se promulgaron leyes (1963, 1966) que pretendían la implantación de un modelo unitario e integrado de protección social para todos los trabajadores pero en realidad dejó a muchos de ellos y a sus familias fuera del sistema. Las cotizaciones no tenían mucho que ver con los salarios reales de los trabajadores y, además, no se aportaban los recursos suficientes. Solo en la década de los ochenta comenzó a universalizarse el sistema de seguridad social para que llegara a todos los ciudadanos y se sentaron las bases para su estabilidad financiera.

Originalmente, el sistema de seguridad social se financiaba mediante las cotizaciones sociales a lo que más tarde se añadieron fondos de los Presupuestos Generales del Estado. En resumen, se financian a partir del salario de los propios trabajadores y de los impuestos que pagaban todos los ciudadanos en proporciones que han variado a lo largo del tiempo y en los diferentes países.

Las reformas sucesivas que se han llevado a cabo en España y la aprobación del Pacto de Toledo (1997) establecieron lo que pasó a llamarse “separación de fuentes de financiación”. Lo que quiere decir las prestaciones contributivas se financian a través de las cotizaciones sociales y que las prestaciones no contributivas y universales mediante las aportaciones del presupuesto del Estado (a través de impuestos generales).

Actualmente, las cotizaciones sociales representan aproximadamente el 88,1% de los recursos de la Seguridad Social, y las transferencias del Estado el 8,9%.

Son una parte del salario de los trabajadores que se destina a financiar la Seguridad Social. Una proporción de ellas la transfieren los empleadores directamente al Estado y otra se descuenta de la nómina de cada trabajador o trabajadora pero, en ambos casos, salen o forman parte de la retribución de los asalariados. Por eso, cuando se propone reducir las cotizaciones sociales lo que realmente se está haciendo es proponer que bajen los salarios puesto que el empresario no sube el salario directo del trabajador cuando baja el salario indirecto (es decir la cotización social).

No. Como veremos más adelante, cada sociedad puede elegir el modelo de financiación que considere más favorable o coherente con los objetivos que desee alcanzar. El que un país tenga un sistema u otro depende en gran manera de las relaciones de fuerza existentes entre el mundo del trabajo y el mundo empresarial.

Se pueden clasificar desde dos puntos de vista fundamentales. Por un lado, los sistemas de pensiones pueden basarse en dos modelos generales: el modelo contributivo y el modelo universalista o no contributivo. Por otro, se distinguen dos sistemas, uno de reparto y otro de capitalización.

En el modelo contributivo reciben pensiones aquellas personas que han cotizado a lo largo de su vida laboral. Bajo este sistema los empresarios tienen que destinar a la Caja de la Seguridad Social una parte del salario del trabajador en forma de cotizaciones sociales, las cuales se van acumulando en un fondo del que se obtendrán las pensiones en la época de jubilación. Se dice que es un sistema contributivo porque en realidad el trabajador está destinando forzosamente una parte de su salario a un fondo personal del que se obtendrán en su momento las pensiones de su jubilación.

El modelo universalista o no contributivo, en cambio, está basado en los principios de solidaridad entre ciudadanos y bajo su aplicación reciben pensiones todas las personas de una sociedad con independencia de que hayan trabajado o no a lo largo de su vida.

Las pensiones contributivas son aquellas que se calculan a partir de las cotizaciones sociales que cada trabajador ha realizado durante su vida laboral. Su cuantía final depende, precisamente, de la cantidad y cuantía de dichas cotizaciones. Se financian íntegramente a partir de las cotizaciones sociales.

Las pensiones no contributivas son aquellas pensiones que el Estado proporciona a aquellas personas que de otra forma carecerían de todo tipo de ingresos tras su jubilación, bien sea por no haber cotizado suficiente o por no haber trabajado nunca en el mercado de trabajo. La cuantía de este tipo de pensiones está establecida por ley y se financian a través de los impuestos.

Sencillamente depende de la voluntad política del gobierno de turno. Así, si consideran que las cuantías actuales son insuficientes para proporcionar un nivel de vida digno, podrán subirlas financiándolas a través de los presupuestos del Estado. Si, por el contrario, consideran que son suficientes en su cuantía, entonces las mantendrán como están.

En España, como en la mayoría de los países desarrollados, existe un sistema mixto que combina el modelo contributivo con el modelo no contributivo.

Así, las pensiones contributivas se calculan de acuerdo a lo que cada persona ha cotizado a lo largo de su vida laboral. Y para aquellas personas que no han cotizado o cuyas pensiones son insuficientes para un nivel de vida digno existen un tipo de pensiones mínimas (no contributivas) que regula el Estado.

Los llamados planes de pensiones privados son distintos a los planes de pensiones públicos. En realidad, no son pensiones. Son fondos privados constituidos simplemente por el ahorro que cada persona va depositando voluntariamente poco a poco en una entidad gestora –normalmente un banco— hasta el momento de su jubilación. Esta entidad gestora invierte ese ahorro en algún activo privado –por ejemplo en el mercado financiero— y obtiene una rentabilidad con ello. Una vez la persona se jubila puede retirar esos fondos que fue ahorrando durante su etapa laboral más la suma de los intereses que tales fondos pueden haber producido durante todos aquellos años. Esta suma puede transformarse en una resta cuando los intereses son negativos, es decir, cuando la rentabilidad de los ahorros e inversiones es negativa como ocurre en las recesiones.

Un sistema de pensiones de capitalización es aquel en el que cada cotizante recibe al final de su vida activa la pensión que se corresponde con los fondos que ha ido acumulando y que el sistema capitaliza a lo largo del tiempo invirtiéndolos en activos privados que generan intereses. Así, la pensión que finalmente reciba se calcularía en función que lo que cada trabajador haya cotizado por él mismo más los intereses devengados. Bajo este método cada trabajador se paga su propia pensión pero en una cuantía que en realidad depende del rendimiento que el sistema sea capaz de obtener de los fondos que acumule. Este rendimiento puede ser positivo o negativo. De ahí el riesgo que este tipo de pensiones tiene para el pensionista.

El sistema de pensiones de reparto es aquel en el que los trabajadores van cotizando día a día y con los fondos que actualmente se han generado se pagan las pensiones de los jubilados que en ese momento tienen derecho a recibirlas, mientras que las pensiones de los jubilados de mañana se pagarán con las cotizaciones que en su día estén aportando los trabajadores. Este es el método que se aplica en España.

Por dos razones. Primera, porque transfieren rentas desde los períodos de actividad hacia los períodos de no actividad, ya que las rentas que los beneficiarios reciben cuando no trabajan han sido generadas en los períodos de actividad.

Y segunda porque también redistribuyen intrageneracionalmente, es decir, entre distintas generaciones, ya que las rentas percibidas por los beneficiarios, normalmente personas jubiladas y con más de 65 años, provienen de las contribuciones que realizan los trabajadores de ese momento y que pertenecen a generaciones posteriores.

Como hemos señalado, los sistemas modernos de pensiones se consolidaron en la fase de expansión posterior a la segunda guerra mundial, en la época que se ha llamado la “época dorada del capitalismo”.

Durante esta época, hubo un pacto social entre el mundo del trabajo, por un lado, y el mundo del capital por el otro. En este pacto, los trabajadores y sus sindicatos aceptaron el derecho a la propiedad por parte de los empresarios a condición de que estos aceptaran la expansión de los derechos laborales y sociales del mundo del trabajo y de las clases populares. Fue durante este periodo cuando en la mayoría de países del mundo capitalista desarrollado se establecieron y desarrollaron sus estados del bienestar, incluyendo sus sistemas de protección social. En los años setenta, sin embargo, el mundo empresarial se rebeló y rompió el Pacto Social, y bajo la dirección del Presidente Reagan en EEUU y la Sra. Thatcher en la Gran Bretaña, se comenzaron a aplicar una serie de políticas públicas, llamadas neoliberales, que redujeron tales derechos laborales y sociales, privatizando la Seguridad Social .
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Para justificar la menor transferencia de los estados a los sistemas de pensiones públicas se comenzaron a difundir tesis catastrofistas afirmando que sería imposible financiarlos, que entrarían en una crisis inevitable y que, en consecuencia, sería más conveniente sustituirlos por otros sistemas privados.

Efectivamente las pensiones son una parte del salario de los trabajadores, tal y como hemos dicho que lo son las cotizaciones sociales. Son un salario diferido y que en la literatura económica se conoce como parte del salario indirecto. En un sentido amplio, la retribución que reciben los trabajadores la forman el salario directo, que es el que perciben directamente cuando cobran la nómina; y el salario indirecto, que perciben en forma de bienes públicos que en realidad se financian con sus contribuciones; y el salario diferido, que son las pensiones.

Inicialmente se propuso directamente la privatización de los sistemas públicos de reparto y su de capitalización. Así se hizo en las neoliberales que se dieron en dictaduras como la chilena de Pinochet (quien, por cierto privatizó todas las pensiones menos las de la policía y del ejército). Pero pronto se pudo de manifiesto que eran muy inestables, poco eficaces y muy costosos.