¿Estan en peligro las pensiones publicas? (4 page)

Sin embargo, lo cierto fue que que al finalizar el año 2000 la Seguridad Social no registró déficit como Herve había pronosticado sino un superávit del 0,4%, y del 1,1% en 2005.

También erraron otros defensores de las tesis liberales como Piñera y Weinstein (1996) que habían pronosticado un déficit del 0,42% del PIB para 2000 y del 0,75% para 2005, Barea y otros investigadores que afirmaron sería del 1,61% del PIB en 2000 e incluso el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (1995) que estimó un déficit del 0,10% del PIB en 2000 y del 0,40% para 2005
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La mayoría de estos análisis están ideologizados, en el sentido de que parten de supuestos que responden a preferencias y que no son científicos. Las hipótesis de las que parten se establecen a propósito para que se puedan alcanzar los resultados que se buscan.

Así, J.F. Jimeno, para poder afirmar que el sistema de pensiones públicas es insostenible supone que hasta 2050 habrá una tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto del 1,5% anual y de un 3,22% de la pensión, lo que en opinión de Felipe Serrano y otros expertos son dos ritmos de crecimiento “incompatibles para cualquier distribución de la renta entre remuneración de asalariados y excedente empresarial incluso en un escenario de pérdida de población en edad de trabajar”
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. A veces, como también han puesto de manifiesto Felipe Serrano y sus coautores, los defensores de las tesis catastrofistas hacen vaticinios con presupuestos e hipótesis que contradicen los establecidos solo unos pocos meses antes. Son fácilmente rebatibles científicamente, pero los daños que produce el “ruido” que consiguen hacer cuando trasladan sus conclusiones a la sociedad es casi siempre inevitable.

Los expertos que defienden el sistema público de pensiones, como Adolfo Jiménez y su equipo en la Secretaría General de la Seguridad Social, predijeron correctamente que no habría tal colapso en los años noventa, alcanzando superávit en los 2000 tal como ocurrió. Un saldo positivo que incluso se mantuvo en un año muy negativo como 2008, cuando registró de nuevo un superávit equivalente al 1,31% del PIB. También son mucho más realistas y acertados los análisis realizados por los equipos de estudios de los sindicatos o por los autores que acabamos de citar en la nota anterior.

Algunos autores liberales como Taguas y Sáez han denunciado que el coste de la seguridad social en España amenaza con destruir las bases mismas del sistema de pensiones. Según ellos, el coste pasaría de ser el 7,7% del PIB en 2004 a un 17,9% del PIB en 2059, algo que consideran excesivo
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a pesar de que no es mucho más alto del porcentaje que actualmente dedican a pensiones países de nuestro entorno como Italia (14%). Este error lo ha hecho también el Banco de España y la Comisión Europea.

Este es uno de los errores metodológicos más importantes y frecuentes que aparece en los informes del Banco de España y de la Comisión Europea, y que ha sido reproducido en gran número de artículos y editoriales. Tal argumento indica que el porcentaje del PIB en pensiones subirá de un 8,4% en el año 2007 a un 15,1% del PIB en el año 2060, un porcentaje que estos informes señalan como excesivo, pues la sociedad en el año 2060 no podrá absorber tales gastos pues restarán recursos necesarios para otras actividades, programas o servicios a la población no pensionista. El hecho de que el porcentaje de gasto en pensiones públicas alcanzará el 15,1% en el 2060 se considera una noticia alarmante que requiere una intervención ya ahora, disminuyendo los beneficios de los pensionistas.

En este argumento se ignora el impacto del crecimiento de la productividad sobre el PIB del año 2060. Supongamos que el crecimiento anual de la productividad es un 1,5%, un crecimiento que incluso el Banco de España admite como razonable. En este caso, el valor del PIB español será 2,23 veces mayor que el PIB del año 2007. Ello quiere decir que si consideramos el valor del PIB del año 2007 como 100, el del año 2060 será de 223. Pues bien, el número de recursos para los no pensionistas en el año 2007 fue de 100 menos 8,4 (8,4 es la cantidad que nos gastamos aquel año en pensionistas), es decir, 91,6. En el año 2060 los recursos a los pensionistas serán el 15,1% de 223, es decir 33, y para los no pensionistas será 223 menos 33, es decir, 192, una cantidad que es más del doble de la existente en el año 2007, 91,6. Debido al crecimiento de la productividad, en el año 2060 habrá más recursos para los no pensionistas que hoy, y ello a pesar de que el porcentaje del PIB dedicado a pensiones es superior en el año 2060 que en el 2007. Los que alarman innecesariamente a la población olvidan un hecho muy elemental. Hace cincuenta años, España dedicaba a las pensiones sólo un 3% del PIB. Hoy es un 8%, más del doble que cincuenta años atrás. Y la sociedad tiene muchos más fondos para los no pensionistas de los que había entonces, aún cuando el porcentaje del PIB en pensiones sea mucho mayor ahora que entonces. Por cierto, ya hace cincuenta años, cuando España se gastaba un 3% del PIB en pensiones, había voces liberales que decían que en cincuenta años se doblaría o triplicaría tal porcentaje, arruinando el país. Pues bien, estamos cincuenta años más tarde, y el país tiene más recursos para los no pensionistas que existían entonces, aún cuando el porcentaje del PIB dedicado a pensiones se ha doblado
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El aprecio que la ciudadanía de los países europeos tiene a los diferentes Estados del Bienestar es bien conocido por multitud de encuestas. Y también que los ciudadanos son conocedores de que el precio a pagar por mantenerlos y mejorarlos está medidos por la presión fiscal que han de soportar.

Una reciente encuesta revelaba que un 57,8% de la población española prefiere pagar impuestos altos con tal de mantener un amplio sistema de seguridad social. La misma encuesta también mostraba que el 75,1% de los españoles considera que el Estado tiene que tener la responsabilidad principal de asegurar un nivel de vida digno a los ciudadanos frente a un 21,0% que considera que esa responsabilidad descansa en uno mismo.

Sobre las pensiones, el estudio indicaba que un 75,0% de los españoles considera que el Estado tiene “mucha” responsabilidad a la hora de asegurar una pensión suficiente para las personas jubiladas, frente a un 22,4% que considera que tiene “bastante” responsabilidad y un insignificante 2,6% que considera que tiene “poca” o “ninguna” responsabilidad
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Es preciso, pues, que se sepa que las propuestas liberales, además de estar infundadas científicamente, están en contra la los deseos de la inmensa mayoría de la población.

Es un error pensar que la clase política no se atreverá a privatizar un sistema tan apreciado por los ciudadanos, puesto que son muchos y muy cuantiosos los intereses en juego. De hecho, los analistas liberales conocen perfectamente la opinión que tienen los ciudadanos sobre el sistema público de pensiones y son sabedores de que en caso de llevar a cabo una privatización parcial o total del mismo tendría lugar una gran oposición popular.

Precisamente por ello, estos mismos analistas han desarrollado diferentes estrategias para evitar dicho enfrentamiento, que van desde la sutil desinformación y propaganda acerca de los planes de pensiones privados hasta el descarado intento de procurar aprobar las reformas privatizadoras en órganos poco democráticos como la Unión Europea.

La forma escasamente democrática en que se toman las decisiones en la Unión Europea hace que pueda ser utilizada para imponer medidas poco populares.

Si las reformas privatizadores se impusieran desde arriba, esto es, desde la Unión Europea, los partidos políticos españoles no asumirían el coste electoral al quedar desvinculados del proceso mismo de privatización. En ese caso, aunque los ciudadanos protestasen ante los políticos españoles, éstos no tendrían más que mirar para otro sitio o echar balones fuera.

Los grandes banqueros y los lobbies de los empresarios pueden presionar a la Unión Europea para que lleve a cabo las reformas que en ningún país se atrevería a tomar la clase política local por el coste político y electoral que conllevaría. Esta es la opinión explícita de Vincenzo Galasso, un analista liberal en cuyo informe aseguraba lo siguiente:

“Las decisiones aquí propuestas podrían facilitarse trasladando la responsabilidad por su establecimiento a la Unión Europea —y muy en especial a la Comisión Europea lo cual sería posible por el déficit democrático existente en la U.E. Su falta de tener que dar cuentas a la ciudadanía (acountability) permitiría que fuera ésta la que impusiera tales decisiones que se tomarían en contra de los deseos de los votantes existentes hoy pero a favor de los intereses de los que todavía no han nacido”
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Desde hace años se viene insistiendo en que la evolución demográfica va a ser muy negativa para la suficiencia financiera del sistema porque las estimaciones demográficas más aceptadas anuncian que la evolución de las tasas de natalidad y mortalidad llevará consigo un aumento de la población de más edad en el conjunto de la población. Según esas hipótesis, se producirá entonces un incremento sustancial de la población jubilada, mientras que será cada vez menor la proporción de los ciudadanos en edad de trabajar. En consecuencia, se deduce que la relación entre pensionistas y cotizantes (la llamada tasa de dependencia) tenderá a aumentar, lo que provocará que haya recursos insuficientes para financiar las pensiones públicas.

La tasa de dependencia es un indicador estadístico que puede calcularse de diferentes formas según el propósito para el que se utilice. Para lo que aquí pretendemos podemos definirla como la relación entre la cantidad de personas que reciben pensiones y las que cotizan.

El envejecimiento de la población supone un incremento en la tasa de dependencia porque aumenta el número de pensionistas en relación con el de cotizantes.

Si se reduce el número de cotizantes y se amplía el número de personas que tienen derecho a pensiones, entonces cada trabajador que cotiza está sufragando las pensiones de cada vez más gente. O, dicho de otra forma, aumentan los gastos (pensiones satisfechas) y se reducen los ingresos (cotizaciones efectuadas).

El envejecimiento de la población no tiene por qué significar necesariamente que se produzca un desequilibrio entre los ingresos y los gastos en el sistema público de pensiones porque al mismo tiempo que aumenta el número de pensionistas pueden modificarse otros factores de los que depende el equilibrio entre ambos.

Se llama equilibrio financiero del sistema de pensiones a la situación en la que los recursos generados por el propio sistema de pensiones son suficientes para hacer frente al montante de pensiones que hay que satisfacer. Es decir, se alcanza el equilibrio financiero cuando las cotizaciones sociales en un determinado momento son suficientes para hacer frente a las pensiones de ese mismo momento.

Sin embargo, para poder decir si se puede alcanzar este equilibrio o no (como quieren demostrar los que proponen la privatización) hay que determinar cuáles son todos los factores de los que depende el equilibrio y qué problemas le pueden afectar.

La cantidad de ingresos que proceden de las cotizaciones depende lógicamente de las cotizaciones mismas, pero éstas dependen a su vez de una gran cantidad de variables a tener en cuenta.

Por lo tanto, para que la financiación del sistema llegue a desequilibrarse no basta con que la población envejezca y aumente el gasto, sino que deberían darse otras circunstancias que tienen que ver con las fuentes capaces de generar los ingresos de donde salen las cotizaciones sociales.

Los factores más importantes que hacen que pueda aumentar o disminuir el volumen de las cotizaciones sociales son los siguientes:

— El empleo y desempleo existentes.

— El nivel salarial.

— El volumen de actividad económica y su evolución a lo largo del tiempo, es decir, la tasa de crecimiento económico.

— La distribución de la renta.

— La calidad del empleo.

— La productividad del trabajo.

— La extensión de la economía sumergida.

— La tasa de actividad y de empleo femenina.

Solo cuando, además del envejecimiento, todos estos factores evolucionaran negativamente podría aventurarse que habría problemas financieros para el sistema público de pensiones.

Los altos niveles de desempleo, especialmente en la población más joven y en el paro de larga duración, reducen la cantidad de ingresos en el sistema de pensiones porque, lógicamente, los desempleados no pueden cotizar y, de esa forma, no pueden destinar recursos a los fondos de pensiones.

En cambio, si estuviesen trabajando se incrementaría notablemente la cantidad de ingresos y se podría mantener con mayor facilidad el equilibrio financiero del sistema de pensiones.

Cuando el nivel de actividad de una economía es más alto, las cotizaciones sociales suelen ser también más elevadas. Por tanto, incluso en condiciones de alto envejecimiento, el sistema de pensiones público puede ser completamente viable si la economía es capaz de mantener ritmos adecuados de progreso de la actividad económica.