¿Estan en peligro las pensiones publicas? (5 page)

Sin embargo, es importante señalar que la mera existencia de tasas positivas de crecimiento económico no garantiza por sí sola ni la viabilidad del sistema ni el alcance de un mayor progreso económico y social. Si el crecimiento económico se mide exclusivamente con variables como el Producto Interior Bruto (PIB), que no tienen en cuenta ni la calidad de la actividad, ni las actividades no monetarias, ni los daños al medio ambiente, ni el despilfarro de recursos, entre otras cosas, el crecimiento puede ser realmente un proceso de destrucción de recursos y de deterioro económico.

Eso indica que los análisis de los defensores de la privatización basados solamente en hipótesis (ya de por sí infundadas) sobre la evolución del PIB no pueden ser consideradas ni creíbles ni rigurosas ni, como la experiencia ha demostrado, capaces de proporcionar previsiones realistas.

La desigual distribución de la renta afecta muy negativamente al mantenimiento del equilibrio financiero de las pensiones. Y no es para menos: la tendencia a la disminución de los salarios reales, o la tónica de distribución privilegiada a favor de los beneficios, merma gravemente el volumen recaudado de cotizaciones sociales.

Y en un país como el nuestro, en donde la participación de los salarios en la renta ha descendido más de diez puntos porcentuales en los últimos treinta años, este es un verdadero factor de distorsión en dicho equilibrio financiero
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La extensión generalizada del empleo precario o de baja calidad también afecta muy negativamente al equilibrio financiero del sistema de pensiones porque implica salarios más reducidos, lo que a su vez supone un menor nivel de cotizaciones sociales.

Cuando una gran parte de la actividad económica está fuera de la ley, como ocurre con la llamada economía sumergida, no se generan cotizaciones sociales y, por lo tanto, no se contribuye al desarrollo del sistema público de pensiones.

Como hemos señalado, los ingresos necesarios para financiar las pensiones o vienen de las cotizaciones sociales de los trabajadores empleados o de los impuestos, que podrán proporcionar una mayor recaudación cuanto más empleo haya en la economía. Por eso es muy importante que el empleo femenino sea el mayor posible. Si España tuviera la tasa de participación de la mujer en el mercado de trabajo que tiene Suecia, habría tres millones más de trabajadoras pagando impuestos y cotizando a la Seguridad Social. Mientras que tener una tasas de actividad y empleo femeninas mucho más bajas que las de los países de nuestro entorno significa renunciar a una gran fuente de ingresos.

Por eso, una vía fundamental para garantizar el futuro de las pensiones es acabar con las dificultades que encuentran las mujeres para incorporarse al mercado de trabajo. Y para ello es preciso fomentar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres para que no sean solamente éstas las que se hagan cargo del trabajo doméstico, e invertir en escuelas de infancia y en servicios domiciliarios.

La integración de las mujeres en el mercado de trabajo es una inversión pública de gran calado que es una estrategia fundamental para garantizar el futuro de las pensiones públicas.

Es muy significativo que no contemplen este tipo de variables y que, como hemos dicho, se centren en establecer hipótesis (que nunca resultan acertadas) sobre la evolución del PIB. Ello demuestra que su intención no es la de establecer previsiones objetivas sino justificar sus propuestas privatizadoras que han establecido con anterioridad a la realización de los análisis.

Habría que considerar todas esas variables y no solo las demográficas y la evolución del PIB.

Si se quisiera garantizar el equilibrio financiero del sistema lo que habría que hacer sería incidir sobre todas estas variables arriba descritas.

Por ejemplo, impulsar políticas que tengan como objetivo generar actividad productiva y la creación de empleo decente, aumentar la masa salarial y su participación en el conjunto de las rentas, mejorar la distribución de la renta, mejorar la calidad en el empleo, incrementar la productividad mediante inversión en I+D+i, facilitar la integración de las mujeres en el mercado de trabajo, o luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida para integrar en el sistema una gran cantidad de recursos y rentas que hoy en día permanecen en la ilegalidad y no se traducen en más ingresos del sistema de la seguridad social.

Uno de los errores más extendidos entre los defensores de la privatización es que el aumento en la esperanza de vida obliga a retrasar la edad de jubilación para poder mantener los ingresos del sistema, lo que les permite obviar que hay otras medidas socialmente más beneficiosas para fortalecer el sistema de pensiones públicas.

Es también un error porque del aumento de la esperanza de vida promedio en España (que ha pasado de 76 a 80 años entre 1980 y 2005) se deduce que el ciudadano medio español vive ahora cuatro años más. Lo cual no es cierto. Supongamos que España tuviera sólo dos habitantes. Uno, Pepito, que muere al día siguiente de nacer, y el otro, la Sra. María que tiene 80 años. La esperanza de vida promedio de España sería 0 años más 80 años dividido entre dos, es decir, cuarenta años. Pero supongamos que en un país imaginario vecino hay también dos ciudadanos: uno, Juan, que en lugar de morir al día siguiente de nacer, como Pepito en España, vive veinte años, y la otra persona es la Sra. Victoria que tiene también 80 años como la Sra. María. En este país imaginario, la esperanza promedio de vida es de 20 más 80 dividido entre dos, es decir 50 años, diez años más que en España. Ello no quiere decir (como constantemente se malinterpreta este dato) que el ciudadano promedio de aquel país viva diez años más que en España: lo que el dato de esperanza de vida dice es que hay diez años de vida más en el promedio de aquel colectivo de dos personas, sin clarificar que ello se deba a que la Sra. Victoria viva diez años más que la Sra. María (lo cual no es cierto), o que sea Juan el que vive veinte años más que Pepito.

Todos los documentos que defienden la reducción de las pensiones concluyen que la Sra. María vive diez años más, lo cual, como hemos visto, no es así. Y por tanto, alargar la edad de jubilación con esta interpretación errónea es evidentemente un error.

Lo que ha estado ocurriendo en España (y en Europa) es que la mortalidad infantil ha ido disminuyendo de una manera muy marcada, con lo cual la esperanza de vida ha ido aumentando, pasando de 76 años a 80 años. Ello no quiere decir, como habitualmente se asume, que el anciano viva cuatro años más ahora que hace veinticinco años. La mortalidad por cada grupo de edad ha ido descendiendo (incluyendo entre los ancianos), pero los años de vida que el anciano vive ahora no es de cuatro años más que en 1980. Calcular las pensiones tomando como base esta lectura errónea de los datos penaliza a la población, pues asume que los ancianos viven más años de los que en realidad viven.

Alargar la vida laboral puede ser un gran beneficio para un catedrático universitario que disfruta con su trabajo pero es una gran injusticia exigirle cinco o dos años más de trabajo a una persona de limpieza de la Universidad que ha realizado un trabajo manual y repetitivo durante toda su vida laboral. De hecho, tal como han documentado varios estudios epidemiológicos, la salud del profesional universitario a los 70 años es mucho mejor que la salud de la trabajadora manual no cualificada, la cual, a los sesenta años tiene ya el nivel de salud que el catedrático tiene a los setenta años (ver los trabajos del profesor Chandola del University College of London ampliamente popularizados por la BBC).

Por eso, proponer que aumente obligatoriamente la edad de jubilación para todas las personas por igual, con independencia del desgaste sufrido a lo largo de su vida laboral y de su estado actual de salud, es extraordinariamente injusto.

En España, los años de vida de una persona dependen de su clase social. En general, un burgués vive dos años más que un pequeño burgués que vive dos años más que un profesional de clase media alta, que vive dos años más que un trabajador no cualificado que vive dos años más que un trabajador no cualificado con más de cinco años de paro. La diferencia entre el primero y el último son diez años, una de las mortalidades diferenciales por clase social más altas de la Unión Europea (cuyo promedio son siete años). Es profundamente injusto que la persona de la limpieza de la Universidad, tenga que trabajar dos años más (algunos como David Taguas piden incluso cinco años más) para pagar las pensiones que un Catedrático que va a sobrevivirle seis años más.

Se debe ajustar la edad real de jubilación, que está sobre los 62 años, a la edad legal, situada en los 65 años, pero establecer edades superiores de jubilación con carácter obligatorio es un grave error. Incluso países con esperanza de vidas mayores y con tasas de dependencia más grandes que España (tales como Suecia, Francia, Alemania y Bélgica) tienen edades de jubilación entre los 60 y los 65 años. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, en 2007 sólo Estados Unidos (65,8 años), Noruega e Islandia (67 años) tenían una edad de jubilación superior a los 65 años. Y sólo el gobierno de coalición alemán liderado por Angela Merkel y el gobierno federal republicano del Presidente Bush han hecho la propuesta de retrasar la edad de jubilación a 67 años. En España, Taguas y Sáez propusieron nada menos que un retraso de la edad de jubilación a los 70 años, una propuesta única hoy en los países desarrollados y, como hemos señalado, profundamente antisocial e injusta.

Por el contrario, es mucho más justo y eficiente permitir la prolongación de la vida laboral con carácter voluntario para aquellas personas que lo deseen.

El mundo empresarial habla constantemente de la necesidad de rejuvenecer las plantillas, prejubilando a los trabajadores con mayor edad, para sustituirlos por trabajadores más jóvenes. Constantemente se utiliza la imagen de que se está defendiendo excesivamente a los “insiders” (es decir a los que tienen trabajos fijos) a costa de los “outsiders” (los que no tienen). Se establecen así divisiones entre la clase trabajadora, enfrentando a los jóvenes frente a los de mayor edad. La lucha de clases se olvida, sustituyéndola con la lucha de generaciones, una lucha que acentúa la discriminación contra las personas ancianas y de edad madura que está muy generalizada en España.

De ahí que debiera haber leyes antidiscriminación por edad (como tienen Finlandia o EEUU) en los que se prohibiera la prejubilación por edad. En España las prejubilaciones han sido utilizadas ampliamente para reducir la plantilla y la masa salarial. Estas medidas han empeorado la financiación de las pensiones pues al prejubilar a un trabajador que ha estado trabajando muchos años, se reduce la cotización social, siendo sustituida por una cotización social menor (la del trabajador con menor vida laboral y menor salario) o por ninguna cotización, en caso de que no se le reemplace. En ambos casos el trabajador de edad avanzada, pasa de ser cotizante a ser beneficiario con lo cual quedan afectadas las cuentas de la Seguridad Social.

En este aspecto es importante subrayar que los países que tienen un gasto en pensiones más alto son precisamente aquellos que tienen un porcentaje menor de la población de 50 a 65 años trabajando. Las prejubilaciones dañan la viabilidad de la Seguridad Social. Las políticas de retrasar obligatoriamente la edad de jubilación debieran eliminarse y en su lugar, desincentivar las prejubilaciones, sancionando al empresariado que las utiliza como medidas de ahorro de puestos de trabajo o de salarios.

En cuanto a los trabajadores jóvenes, el mayor problema es su precariedad, que les lleva a cambiar de trabajo con gran frecuencia, lo cual implica unas cotizaciones sociales bajas e interrumpidas. Esta condición de precariedad no se basa —como los liberales proclaman en la supuesta excesiva seguridad de los trabajadores de mayor edad, sino en la escasa seguridad de los más jóvenes, y es el resultado del excesivo poder empresarial que dificulta su sindicalización, como consecuencia del tipo de trabajo y lugar de producción y distribución en donde se ubica su trabajo. El llamado deseo de modernizar las plantillas (basadas en un supuesto erróneo y falso, de que la productividad depende de la edad) es, en realidad, el deseo de diluir la sindicalización de la fuerza laboral.

Otro argumento que suelen argumentar los partidarios de privatizar las pensiones públicas es que éstas son demasiado generosas en España. Pero se trata de un argumento exagerado y falso, como puede comprobarse fácilmente si se hace un estudio comparado.

En realidad, el problema de las pensiones —tanto contributivas como no contributivas— no es su excesiva generosidad sino precisamente lo contrario: son demasiado bajas. La insuficiencia de las pensiones no contributivas es un hecho ampliamente reconocido en España.

Pero lo que no es tan conocido es que incluso las contributivas son bajas en comparación con el promedio de los países de la Unión Europea de los quince (EU—15) el grupo de países más cercanos a España por su nivel de desarrollo económico. La pensión media contributiva en España es sólo el 68% de la pensión media contributiva de la UE—15 (homologada por el tipo de pensiones y medida no por la tasa de sustitución de los salarios –que son muy bajos en España— sino por la cantidad de la pensión). Y la pensión no contributiva es sólo el 46% del promedio de la UE—15.