El país de uno (26 page)

La manipulación de TV Azteca fue novedosa, pero no por ello deja de ser espeluznante. Linchó a un legislador, y tergiversó la información para que el público creyera que Chidiac frenó la iniciativa más fantástica sobre la faz del planeta. Pero la realidad era muy distinta: Chidiac y los diputados intervinieron cuando se dieron cuenta de lo que el Senado de la República quería hacer; de lo que Salinas Pliego fue capaz de obtener; aquello que los senadores estaban a punto de sacrificar con tal de congraciarse con él. Porque entre muchas cosas, la iniciativa que Jorge Esteban Chidiac logró congelar contenía un elemento muy nocivo para los ciudadanos. El proyecto de ley que TV Azteca tanto aplaudía colocaba una serie de candados sobre los llamados “corresponsales bancarios” para limitar su expansión. La propuesta que TV Azteca quería empujar hacía más difícil que empresas como Wal-Mart, Banca Coppel, Famsa y Compartamos pudieran ofrecer servicios bancarios en lugares donde los bancos establecidos no tienen sucursales. La reforma que TV Azteca tanto presumía frenaba la competencia para instituciones como Banco Azteca y otros bancos dominantes. De haberse aprobado como Ricardo Salinas Pliego quería, los consumidores se hubieran visto obligados a conformarse con la estructura bancaria existente hasta el momento: oligopolizada, concentrada, abusiva, precisamente porque le falta competencia.

Un detalle curioso es que muchos comentaristas financieros adoptaron una posición similar a la de TV Azteca y Ricardo Salinas Pliego. Yo le pediría —a usted lector o lectora— que hiciera un ejercicio espeluznante por lo que demostró: que comparara las columnas escritas sobre este tema por los diez columnistas financieros más influyentes del país. Allí se encontrará usted con un fenómeno preocupante: párrafos enteros que se repetían, casi palabra por palabra. Párrafos idénticos donde se criticaba la propuesta de los “corresponsales bancarios”, donde se denostaba a Agustín Carstens, donde se cuestionaba a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, donde se embestía a la Comisión Federal de Competencia, donde se decía que actuaban para “promover a Wal-Mart”. Párrafos que evidenciaban a columnistas copiando y diseminando los mismos argumentos que machacaba TV Azteca, en sus noticieros. Párrafos que ponen en tela de juicio la integridad editorial, la independencia periodística, el profesionalismo que usted tiene derecho a exigir.

Y también le pediría que recordara la forma en la cual fue aprobada la llamada ley Televisa en el 2006. El poder de chantaje que ese proceso evidenció. La capacidad de sometimiento legislativo a los intereses de las televisoras que ese episodio reveló. Pues aquel caso reveló algo similar en la negociación de la ley que regulaba el comportamiento de los bancos. El mismo poder de veto, la misma capacidad de presión, la misma postura de los oligopolios que buscan preservar el modelo existente. Y por ello habrá una larga cola de políticos emulando a Enrique Peña Nieto que, en busca de la candidatura presidencial, ha pagado sumas multimillonarias para aparecer en la pantalla. Habrá un séquito emulando a Marcelo Ebrard que, para posicionarse electoralmente, hornea galletas y canaliza 90 por ciento de los recursos de comunicación del gobierno del
DF
a la televisión. Nadie quiere ser el siguiente Santiago Creel, el próximo José Esteban Chidiac, el nuevo blanco de una metralleta.

La concentración de la riqueza y del poder económico en los “jugadores dominantes” de la economía mexicana aquí descritos con frecuencia se traduce en ventajas injustas, captura regulatoria, protección frente a la competencia y políticas públicas que favorecen intereses particulares. Más cuestionable aún, convierte a representantes del interés público —a los diputados y a los senadores— en empleados de los intereses atrincherados. Convierte al gobierno en mayordomo de las personas más poderosas del país. Lleva a la aprobación constante de leyes que protegen privilegios, blindan oligarcas, exprimen ciudadanos y corren en contra del crecimiento económico.

Sólo así se entiende el “reembolso” gubernamental de 550 millones de pesos a Ricardo Salinas Pliego, por intereses supuestamente mal cobrados al final del foxismo. Sólo así se entiende el comunicado lamentable de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hace unos años, celebrando la alianza entre Telemundo y Televisa, cuando en realidad eso constituía una claudicación gubernamental ante la posibilidad de una tercera cadena de televisión. Sólo así se comprende que nadie levantara un dedo para sancionar a TV Azteca, cuando violó la ley al rehusarse a transmitir los
spots
del
IFE
o se apropió del cerro del Chiquihuite. Sólo así se entiende la aprobación de la llamada ley Televisa por la Cámara de Diputados y de Senadores en el 2006, y la posposición de una nueva ley de medios para regular el sector. Sólo así se comprende que la tan cacareada reforma energética haya dejado sin tocar la ineficiencia del sindicato. Sólo así se entiende la posibilidad de darle entrada a Carlos Slim a la televisión sin antes obligarlo a cumplir con las condiciones de su concesión original. Sólo así se comprende que los diputados sigan protegiendo a las compañías tabacaleras cuando en el resto del mundo se han colocado impuestos y restricciones cada vez más severas a la venta de cigarros, por cuestiones de salud pública. Síntomas de un gobierno ineficaz. Señales de un gobierno doblegado. Muestras de un gobierno coludido. Muestras de un gobierno que no entiende su misión en cualquier sistema que aspira a ser democrático.

Porque el gobierno no es para eso. No es para proteger intereses creados con concesiones de veinte años. No es para blindar a grupos empresariales y políticos coludidos entre sí. No es para instalar comisionados “a modo” al frente de organismos autónomos que en realidad no lo serán. No es para cerrar casos de corrupción sin investigarlos a fondo. No es para exonerar a Arturo Montiel o a los hijos de la señora Sahagún o a Manlio Fabio Beltrones o a Mario Marín o a Ulises Ruiz o a Juan Camilo Mouriño. No es para aprobar leyes al vapor con dedicatoria. No es para actuar a espaldas de la ciudadanía que lo eligió. No, el gobierno no fue creado para eso. En todas partes existe para lidiar con —o por lo menos esconder— la injusticia, no para hacerla tan obvia.

Pero como en mucho más, México insiste en ser excepción y para mal. Aquí el avance de los intereses particulares es cada vez más evidente y por ello, cada vez más contraproducente. Ante la debilidad presidencial, prevalece la ley del más fuerte. Ante la ausencia del Ejecutivo, aumenta el agandalle del Legislativo y quienes cabildean dentro de él. Y donde el Estado es débil, los intereses privados se imponen día tras día, decisión tras decisión. Allí están, reflejados en la postura de los diputados frente a las compañías tabacaleras. En la posición de los legisladores frente a las televisoras. En la posición del Congreso ante los impuestos a los grandes consorcios. La lista es larga y los intereses coludidos también.

Esa colusión evidenciada, por ejemplo, con la designación del panista Héctor Osuna como presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones durante los primeros años del gobierno de Felipe Calderón, cuando fue el principal cabildero de la ley Televisa. Con la designación de Jorge Mendoza, ex ejecutivo de TV Azteca, como representante del “sector popular” en el Senado. Con el otorgamiento de una concesión televisiva de manera discrecional a Olegario Vázquez Raña. Con la designación de Emilio Gamboa —que tantas concesiones otorgó— como presidente de la Junta de Coordinación política en el Congreso cuando fue diputado. Todas ellas, señales inequívocas de continuidad con formas de hacer política y de entender la economía que se han agotado. Todas ellas, señales inequívocas que mandan quienes no quieren mantener los ojos bien cerrados.

En México el gobierno ya ni siquiera finge ser un medio para obtener beneficios sociales; demuestra que es el protector de intereses particulares. En México, el gobierno ya ni siquiera intenta esconder la dominación; de hecho, la vuelve cada vez más obvia. Permite la perpetuación de privilegios anti democráticos en un país paralizado por ellos. Permite la captura de órganos reguladores por quienes deberían estar bajo su jurisdicción. Permite el diseño de leyes cuya intención no es beneficiar al país sino a quienes buscan gobernarlo como siempre. La cúpula corporativa/empresarial/sindical/partidista propone y el Estado dispone. Al hacerlo ambos se desvisten y ambos pagan el precio. Al empujar iniciativas que abiertamente van en contra de las mayorías, subrayan los enclaves protegidos de las minorías.

En México las élites atrincheradas se hacen cada vez más presentes. Se hacen cada vez más obvias. Porque insisten en presionar lo más posible para preservar sus cotos y no enfrentan resistencia gubernamental. Porque insisten en diseñar leyes a la medida de sus ganancias y los legisladores las avalan. Porque resquebrajan ese cascarón funcional para el capitalismo que es la democracia. Rompen ese contrato social que hace posible la convivencia entre quienes son dueños del capital y quienes sólo trabajan para él. Hacen obvias las desigualdades que los sistemas democraticos —a través de las instituciones representativas— intentan esconder.

Y ello lleva a las siguientes preguntas: ¿Quién gobierna en México? ¿El Senado o Ricardo Salinas Pliego cuando logra imponer su voluntad al proceso legislativo? ¿La Secretaría de Comunicaciones y Transportes o Unefon? ¿La Comisión Nacional Bancaria o los bancos que se rehúsan a cumplir con las obligaciones de transparencia que la ley les exige? ¿La Secretaría de Educación Pública o Elba Esther Gordillo? ¿La Comisión Federal de Competencia o Carlos Slim? ¿Pemex o Carlos Romero Deschamps? ¿El gobierno o una serie de intereses que no logran contener? Porque ante los vacíos de autoridad y la captura regulatoria y las decisiones de política pública que favorecen a una minoría la respuesta parece obvia. México hoy padece lo que algunos llaman “estados dentro del Estado”, o lo que otros denominan “una economía sin un gobierno capaz de regularla de manera eficaz”.

Allí está la
CNBV
y el caso —nunca resuelto— de sanciones a Salinas Pliego. Allí está el
SAT
guardando silencio sobre Arturo Montiel y la fortuna inexplicable que acumuló. Allí están los ejemplos de organismos que en lugar de fomentar la transparencia la inhiben. Que en vez de resistir la discrecionalidad la permiten. Que en vez de poner límites a la rapacidad privada, renuncian a hacerlo. Evidenciando así la protección promovida por rentistas en muchos sectores, que no encuentran otra manera de proteger sus intereses más que poniendo el gobierno a trabajar en su nombre. Eso —y no la caída en la producción petrolera— es lo que condena a México al sub desempeño crónico.

Una y otra vez, el debate sobre cómo promover el crecimiento y cómo fomentar la inversión y cómo generar el empleo se encuentra fuera de foco. El gobierno cree que para lograr estos objetivos basta con tenderle la mano al sector privado para que invierta bajo cualquier condición, y el sector privado por su parte piensa que la panacea es que se le permita participar en el sector petrolero, por dar un ejemplo. Pero ésa es sólo una solución parcial a un problema más profundo. El meollo detrás de la mediocridad de México se encuentra en su estructura económica y las reglas del juego que la apuntalan. Una estructura demasiado
top heavy
o pesada en la punta de la pirámide; una estructura oligopolizada donde unos cuantos se dedican a la extracción de rentas con la anuencia de la clase política; una estructura de complicidades y colusiones que el gobierno permite y de la cual también se beneficia.

Claro, muchos de los miembros del gobierno siempre hablan del crecimiento económico como una prioridad central. Pero más bien lo perciben como una variable residual. Más bien parecería que buscan —y duele como ciudadana reconocerlo— asegurar un grado mínimo de avance para mantener la paz social, pero sin alterar la correlación de fuerzas existente. Sin cambiar la estructura económica de una manera fundamental. Y el problema surge cuando ese modelo comienza a generar monstruos; cuando ese apoyo gubernamental a ciertas personas produce monoplios y duopolios y oligopolios y sindicatos que ya no pueden ser controlados; cuando las “criaturas del Estado” —como las llama Moisés Naim, el ex editor de la revista
Foreign Policy
— amenzan con acorralarlo.

O pelearse entre sí. Feudo
vs
feudo. Emilio Azcárraga Jean
vs
Carlos Slim. Diciendo que están a favor de la competencia cuando sólo la quieren en sectores donde no dominan. Argumentando que están a favor de los consumidores cuando en realidad sólo están buscando maneras de exprimirlos mejor. Exigiendo regulación gubernamental pero aplicada exclusivamente a los demás. Peléandose en aras de la convergencia tecnológica y la modernización cuando en realidad sólo buscan asegurar su pedazo del pastel. Mantener su porción desmedida del mercado y todos los beneficios económicos que conlleva. Apuntalar su posición hegemónica y todas las prácticas anti competitivas que entraña. Dos monstruos engendrados por el propio Estado mexicano, que ahora nadie quiere o puede controlar.

Dos monstruos creados por la forma en la cual el gobierno mexicano le regaló el espectro a Televisa y protegió de la competencia a Telmex, desde su privatatización. Dos anormalidades producto de prácticas abusivas que tanto jueces como reguladores han estado dispuestos a tolerar. Dos engendros ante los cuales la clase política —de manera rutinaria— se ha rendido. Ambos, dañinos para el país que asolan, para los consumidores que expolian, para la competencia que coartan, para el crecimiento económico acelerado que inhiben.

Telcel cobrando una tarifa de interconexión de 90 centavos de peso, muy arriba de lo propuesto por la Cofetel y 43.5 por ciento arriba del promedio de países miembros de la
OCDE
. Telmex pagando publicidad en los periódicos donde argumenta que “continuará reduciendo el precio de sus servicios”, cuando sus usuarios saben que siguen siendo increíblemente caros. Televisa sacando leyes “a modo” y gananado licitaciones de manera cuestionable gracias a las facilidades que el gobierno le provee. Televisa montando operativos judiciales a conveniencia, violando la legislación electoral, vendiendo entrevistas en sus noticieros al político que las pague mejor. Veinticuatro cableras cercanas a la televisora acusando a Telmex de bloquear la competencia sana y efectiva, cuando su aliado —Televisa— lo hace también. Ricardo Salinas Pliego declarando que “está harto del monopolio de Telcel”, mientras ignora las prácticas irregulares y anticompetitivas que han caracterizado su propia trayectoria empresarial. Depredadores antes coludidos, ahora destazándose entre sí.