El país de uno (22 page)

Indignada ante el abuso y la impunidad, haría uso de la Ley Federal de Acceso a la Información y presentaría una solicitud a la Comisión Federal de Telecomunicaciones pidiendo la documentación del seguimiento efectuado para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del título de concesión de Telmex. En pocas palabras, madame querría saber si la compañía ha cumplido con las obligaciones que el gobierno le impuso después de su privatización en 1991. Querría también saber si el órgano regulador ha cumplido con la misión para la cual fue creado. Querría evaluar si hay alguien encargado de vigilar el interés público en nombre de los ciudadanos. Y cúal sería su horror al recibir la respuesta a su petición: la dependencia le informa que “la autoridad aún no ha elaborado un documento que contenga propuestas de sanciones a Telmex derivado de posibles incumplimientos de las condiciones del título de concesión, dado que la revisión de los mismos aún no ha concluido” (número de expediente 104507). Madame Calderón quedaría estupefacta, dado que la Cofetel comenzó la investigación en 1998 y años después no la ha podido concluir, aun cuando Telmex ha incurrido en violaciones flagrantes.

Para entender la situación inusual en la que se encuentra tendría que recordar lo que dijera Guillermo Ortiz, ex gobernador de El Banco de México en el foro “¿Qué hacer para crecer?” organizado por el Senado de la República: no hemos creado las condiciones para que los grandes recursos del país se usen de manera eficiente. O tendría que leer el libro
Good Capitalism/Bad Capitalism, and the Economics of Growth and Prosperity
, que explica por qué algunos países prosperan y otros se estancan; por qué algunos países promueven la equidad y otros no logran asegurarla. La respuesta se encuentra en la mezcla correcta de Estado y mercado, de regulación e innovación. La clave del éxito se halla en el modelo económico, en la decisión de promover el capitalismo democrático por encima de otras variantes menos benéficas para el crecimiento, como lo son el capitalismo de Estado o el capitalismo oligárquico o el capitalismo de las grandes empresas.

Hoy México es un ejemplo emblemático de
crony capitalism
: el capitalismo de cuates, el capitalismo de cómplices, el capitalismo que no se basa en la competencia sino en su obstaculización. El capitalismo que no se basa en la innovación sino en la colusión. El capitalismo que no se basa en las reglas claras y en la transparencia sino en los favores y la protección regulatoria. Un sistema económico construido sobre privilegios, concesiones y decisiones discrecionales que han producido monopolios, duopolios y oligopolies en sectores cruciales para el desarrollo de cualquier país como lo son las telecomunicaciones, los servicios financieros, el transporte, la energía, la educación. En México esos sectores están repletos de cuellos de botella que aprisionan a la economía y la vuelven ineficiente. Están llenos de nudos que inhiben el crecimiento del país en un mundo cada vez más competitivo y son una razón clave detrás de la persistente desigualdad social, como lo sugiere el reporte del Banco Mundial sobre México titulado “Más allá de la polarización social y la captura del Estado”.

La economía mexicana se caracteriza por la presencia arraigada de monopolios, producto de una mezcla de capitalismo de Estado y capitalismo oligárquico. Monopolios que distorsionan la operación de los mercados y debilitan la confianza en ellos. Empresas privilegiadas que operan sin la regulación necesaria y muchas veces inexistente. “Jugadores dominantes” que erigen altas barreras de entrada a nuevos jugadores, creando así cuellos de botella que inhiben la innovación y por ende, el aumento de la productividad. Prácticas de protección y favoritismo que dañan a los empresarios pequeños sin relaciones personales pero con ganas de producir. Que dañan a los innovadores mantenidos al margen por las barreras de entrada a la pantalla, a la telefonía, al cemento, a las aerolíneas. Que lastiman a los consumidores que deberían pagar menos pero la autoridad no asegura que sea así.

El “capitalismo de cuates” está basado en la relación incestuosa entre el gobierno y la clase empresarial y se da en países como Indonesia, Rusia, o México. Está basado en las relaciones y los negocios, en la complicidad entre presidentes y magnates, en la colusión entre secretarios de Hacienda y secretarios de Comunicaciones y Transportes, en la colaboración entre organismos reguladores y los intereses que deberían contener. Es un sistema descrito a la perfección por Raúl Salinas en una entrevista con el
Financial Times
hace algunos años donde hablaba del “fondo de inversión” que —supuestamente— creó con prominentes empresarios mexicanos y que justificó la fortuna encontrada en sus cuentas bancarias en Suiza: “Yo era hermano del presidente, pero también tenía mi propia historia, y raíces profundas de amistad con algunos de los empresarios más ricos del país.” Es un modelo económico que quedó evidenciado en la lista de beneficiarios de las guarderías subrogadas en el estado de Sonora, que incluía a los amigos y familiares del gobernador. Es un sistema cuyo funcionamiento se hace presente en cada licitación, en cada privatización, en cada transacción discrecional llevada a cabo en la economía mexicana.

Hoy México, cargando a cuestas con el capitalismo de cuates, está aún lejos de acceder al capitalismo dinámico donde el Estado no hace lo que sí hace en México. Y, ¿qué sí hace el Estado en México? Protege privilegios, defiende cotos, elige ganadores y permite la perpetuación de un pequeño grupo de oligarcas con el poder para vetar reformas que los perjudican. Y, ¿qué no hace el Estado en México? No crea condiciones para los mercados abiertos, competitivos, innovadores, capaces de proveer mejores productos a precios más baratos para los consumidores. Para los ciudadanos.

Hoy México carga con los resultados de esfuerzos fallidos por modernizar su economía durante los últimos veinte años. Las reformas de los ochenta y noventa entrañaron la privatización, la liberalización, el Tratado de Libre Comercio. Pero esas reformas no produjeron una economía de mercado dinámica debido a la ausencia de una regulación gubernamental eficaz que creara mercados funcionales y competitivos. En vez de transparencia y reglas claras, prevaleció la discrecionalidad entre los empresarios que se beneficiaron de las privatizaciones y los funcionarios del gobierno encargados de regularlos.

Actualmente las reformas estructurales tienen mala fama y mala reputación. La población las mira con escepticismo y tiene razón. Fueron llevadas a cabo en aras de modernizar pero sólo lo hicieron a medias. Fueron privatizaciones mal concebidas que convirtieron monopolios públicos en monopolios privados. Privatizaciones mal reguladas que produjeron banqueros ricos y bancos desfalcados. Privatizaciones mal diseñadas que pusieron televisoras en manos de pillos y quienes los ayudaron a comprarlas. Privatizaciones rapaces que generaron dinero para el erario pero no crearon beneficios. Privatizaciones en las cuales el gobierno —en realidad— nunca quiso cambiar a fondo las reglas del juego. Las declaraciones —en los últimos tiempos— de diversos funcionarios gubernamentales en torno a la necesidad de combatir los monopolios en telecomunicaciones son bienvenidas, pero lamentablemente se dan veinte años tarde; veinte años después de la privatización de Teléfonos de México. Y entonces la pregunta obligada es: ¿dónde ha estado el gobierno durante todo ese tiempo?

Allí están los resultados de reformas quizá bien intencionadas pero mal instrumentadas: una economía que no crece lo suficiente, una élite empresarial que no compite lo suficiente; un “rentismo” extendido; un modelo económico que concentra la riqueza y distribuye mal la que hay.

Cansada de besar sapos
, es el título de una película mexicana que estuvo de moda hace algunos años.
Cansados de pagar rentas
, debería ser el título de una película de horror, de abuso, de extracción, de colusión. La pesadilla cotidiana que padecen millones de ciudadanos, millones de consumidores, millones de mexicanos sometidos a aquello que la literatura económica llama el “rentismo”; las múltiples maneras en las que individuos o grupos privilegiados en la economía obtienen reglas del juego que los benefician. Permisos que los enriquecen. Amparos que los exoneran. Regulación que los protege. Protección que les permite acumular grandes ganancias a expensas de los ciudadanos.

El rentismo depredador basado en contratos otorgados a familiares de funcionarios públicos. La protección a monopolios y la claudicación regulatoria. El control de concesiones públicas por parte de rentistas disfrazados de “campeones nacionales”. El pago asegurado a trabajadores del sector público al margen de su productividad. El uso del poder de chantaje por parte de intereses monopólicos para capturar al Congreso y frenar las reformas; subvertir a la democracia y obstaculizar el desarrollo de los mercados; perpetuar el poder de las élites y seguir exprimiendo a los consumidores.

Consumidores obligados a pagar precios abusivos por bienes y servicios como la tortilla, la telefonía, las carreteras, los servicios financieros, los servicios notariales, las Afores, la gasolina. Víctimas comunes del proceso mediante el cual uno o varios empresarios —con el permiso o la anuencia del gobierno— capturan rentas a través de la manipulacion del entorno económico. Acaparando o especulando o monopolizando o creando un cartel. Manipulando al mercado para controlarlo. Presionando al gobierno para coludirse con él. Eso es lo que caracteriza a México actualmente en múltiples ámbitos: reglas del juego donde la explotación al consumidor es práctica común y permitida.

México está atrapado por una red intrincada de privilegios y vetos empresariales, y “posiciones dominantes” en el mercado que inhiben un terreno nivelado de juego. Una red descrita en el famoso artículo de la economista Anne Krueger, “The Political Economy of the Rent-Seeking Society”. Una red que opera con base en favores y concesiones, y protección regulatoria que el gobierno ofrece y miembros de la cúpula empresarial exigen como condición para invertir. Una red que beneficia a alguien como el dueño de una distribuidora de maíz o el concesionario de una carretera privada o el comprador de un banco rescatado con el Fobaproa o el principal accionista de Telmex o el operador de una Afore.

Estos actores capturan rentas a través de la explotación o manipulación del entorno económico en lugar de generar ganancias legítimas a través de la innovación o la creación de riqueza.

Y los consumidores de México pagan la renta que hace posible el rentismo. Hacen posible la transferencia de riqueza para que otros la acumulen excesivamente cada vez que pagan la cuenta telefónica, la conexión a internet, la cuota en la carretera, la comisión de las Afores, la comisión por la tarjeta de crédito. Ejemplo tras ejemplo de rentas extraídas a través de la manipulación del mercado, con resultados cada vez más costosos y cada vez más obvios. El rentismo acentúa la desigualdad, produce costos sociales, dilata el desarrollo, disminuye la productividad, y aumenta los costos de transacción en una economía que para competir, necesita disminuirlos. El rentismo no beneficia al consumidor sino a quien lo expolia. Beneficia a los especuladores y a los acaparadores y a los monopolistas y a los concesionarios que tienen a su cargo un bien público, y se dedican a extraer ganancias exorbitantes gracias a él. El rentismo se sirve tajadas cada vez más grandes del pastel económico mientras impide que se vuelva más grande.

Allí está el ejemplo de la tortilla. Un mercado que en realidad no lo es, porque de libre tiene muy poco. Un mercado distorsionado por distribuidores que se coluden entre sí para elevar precios y después celebran cuando el gobierno los fija. Un mercado poco competitivo, controlado por actores dominantes y manipulado por especuladores que acaparan el grano. Un mercado concentrado que opera en torno a dos o tres grandes jugadores, inhibiendo la participación de los demás. Un mercado ineficaz que beneficia a algunos distribuidores mientras perjudica a muchos consumidores.

Allí está el ejemplo de los bancos. Las preguntas sin respuesta; el misterio sin solución. ¿Por qué los márgenes de ganancia de los bancos extranjeros en México son mucho más grandes que en otras partes del mundo? ¿Por qué las utilidades voluminosas provienen del cobro de comisiones al consumo, sobre todo en tarjetas de crédito? ¿Por qué las comisiones bancarias en sí representan el 35 por ciento de los ingresos de los intermediarios? ¿Por qué los créditos hipotecarios son tan caros cuando no tendrían que serlo? La explicación oficial es el riesgo, dadas las crisis bancarias del pasado. Pero quizá hay otras razones por las cuales un mercado que dice ser competitivo no ofrece mejores condiciones a quienes tienen acceso a él; razones enraizadas en mala regulación gubernamental. Y mientras tanto, persiste el servicio malo y caro que padecen los usuarios.

Allí está el ejemplo de las carreteras. Con tarifas de primer mundo y calidad de tercer mundo. Con baches y tramos inconclusos y faltas de señalización y deslaves y casetas de cobro deshabitadas y un sistema de cobro ineficiente. Con el aumento constante en las tarifas para asegurar una modernización que nunca llega. Luego de un proceso de privatización que prometía beneficios pero sólo existieron para los concesionarios o los contratistas. Uno de ellos, Cosme Mares, amigo cercano de Vicente Fox, bajo investigación por la Produraduría General de la República por irregularidades detectadas en contratos carreteros otorgados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Protegido por diez funcionarios de la
SCT
que nunca le exigieron cumplir y a quien rescataron cuando se le acabó el dinero. Apoyado por personas que usaron a las instituciones para sus propios propósitos, produciendo así —con base en ese ejemplo— síntomas del rentismo en cada carretera cara y mal mantenida. En cada extracción en cada casilla de cobro.

Allí está el ejemplo de las telecomunicaciones. Mes tras mes, el traspaso gigantesco de dinero del bolsillo de los consumidores a las arcas de Teléfonos de México. A las arcas de Telcel. Más de veinte años después de su privatización, la empresa de Carlos Slim apenas comienza a ser reconocida como “dominante” y los precios siguen siendo altos. Más de veinte años en los cuales el gobierno pudo haber establecido las condiciones de la competencia pero no lo hizo. Más de veinte años en los cuales pudo haber desmantelado las barreras de entrada a nuevos jugadores en el mercado pero no lo logró. Más de veinte años en los que pudo haber actuado para apoyar a los consumidores pero optó por no hacerlo.