El país de uno (9 page)

Porque el país es visto como premio que se reparte a pedazos entre los ganadores. El gobierno es un lugar para la distribución del botín. La política es práctica para la extracción permanente. ¿Y el resultado de esta forma histórica de asegurar la gobernabilidad y, a la vez, garantizar los negocios? Bienes públicos que acaban en manos privadas; recursos compartidos que terminan privatizados; un sistema de representación política que perpetúa clientelas en vez de construir ciudadanos. Después de la Revolución con el reparto de tierras, hoy con la entrega de Hummers; durante el cardenismo con la entrega de plazas, hoy con la férrea defensa de esa tradición; durante el sexenio de Carlos Salinas con la entrega de concesiones, hoy con su renovación discrecional; durante el gobierno de Vicente Fox con la firma de contratos que benefician a las familias de servidores públicos, hoy con el argumento de que eso es “legal”, como ocurrió en el caso de Juan Camilo Mouriño.

No importa el partido, no importa la afiliación política, no importa la afinidad ideológica. Quien llega al poder en México —ya sea del
PAN
, del
PRI
, del
PRD
, del Partido Verde, del Panal— parece pensar de la misma manera: cómo, cuándo y para quién obtener algo. Para sí mismo o para su familia. Para su camarilla o para quienes dependen de ella. Para su partido y los votos que necesita comprar. Y por ello, con demasiada frecuencia, los puestos públicos se convierten en sitios para la promoción del patrimonialismo. Se vuelven lugares desde donde obtener contratos, conseguir vales, tramitar exenciones, eludir impuestos, exigir bonos, emplear amigos, promover a familiares, pagar comidas, obsequiar autos. Las 59 Hummers que regala/“rifa” Elba Esther Gordillo son tan sólo un botón de muestra, un recordatorio de prácticas criticables pero cotidianas, condenables pero arraigadas, execrables pero extendidas. Prácticas vivas en todos los niveles de gobierno, en todas las dependencias oficiales, en todos los sitios formalmente dedicados a la promoción del “interés público”, cuando quienes laboran allí no saben ni siquiera qué significa.

Una de las Hummers de Elba Esther Gordillo.

Por ello Elba Esther Gordillo no tiene el menor empacho en declarar que distribuye Hummers y que lo hace de buena fe. Por ello a Petróleos Mexicanos no le preocupa gastar un millón 329 069 pesos —entre noviembre del 2006 y diciembre de 2007— en la compra de bebidas alcóholicas para altos ejecutivos de la Torre. Por ello Carlos Romero Deschamps, en lugar de guardar discreción sobre su riqueza cuestionable, presume sus relojes Rolex y sus departamentos y sus barcos. Por ello los gobernadores exigen miles de millones de pesos para sus arcas en las negociaciones del presupuesto, aunque —como lo revela un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad— no se vean obligados a rendir cuentas. Cómplices todos, en mayor o menor medida, de un sistema evidenciado por el ex-gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, quien después de participar en una discusión en torno al presupuesto dijo: “No vine por la lana pero tampoco quiero salir trasquilado”.

Yate de Carlos Romero Deschamps.

Un sistema basado en el concepto de “derechos adquiridos”. En la lógica de “así ha sido siempre”. En el argumento de “esto es lo que me toca”. En la práctica común en el sindicato de Pemex, en el Sindicato Mexicano de Electricistas, en el sindicato del
IMSS
, donde el padre trabajador tiene el “derecho adquirido” de “proponer” a una persona para ocupar una plaza en la paraestatal. Como lo estipula —abierta y escandalosamente— el artículo 55 del Acta constitutiva y estatutos generales del sindicato petrolero: “Al jubilarse un trabajador, si hubiera corrida escalafonaria y como consecuencia de ella la empresa solicitará cubrir la última plaza, será propuesto el hijo, la hija, hijo adoptivo, hermano o hermana.” Y si un trabajador no tiene familia se le otorga el derecho de vender la plaza por 150 mil pesos. Allí está, el ejemplo incontrovertible de la gobernabilidad edificada con base en las cuotas. La representación entendida como el arribo de recomendados. El país canibalizado por la protección constante de prebendas.

Y no sólo en el gobierno, no sólo en los sindicatos, no sólo en las cortes, no sólo en la burocracia. El mal de pensar que los privilegios adquiridos deben ser mantenidos a perpetuidad aqueja también a la cúpula empresarial. Basta con ver la felicidad de algunos miembros de la
CIRT
cuando cualquier presidente anuncia que otorgará más frecuencias de
FM
a los radiodifusores que ya tienen estaciones de
AM
. Basta con escuchar los argumentos que tanto Televisa como
TV
Azteca presentaron en defensa de la llamada “ley Televisa”, con la cual buscaban proteger el gran pedazo del espectro radioeléctrico que se habían logrado embolsar. Basta con saber que se presentaron más de 30 mil amparos contra el
IETU
que —con todo y sus fallas— constituía un impuesto mínimo al sector corporativo acostumbrado a la elusión fiscal. Basta con analizar las posiciones detrás de los empresarios amparados ante una reforma electoral que prohibe la compra de
spots
por particulares. Basta con presenciar la forma en la cual Carlos Slim exige la posibilidad de ofrecer televisión aunque no haya cumplido con las condiciones de su concesión original.

El común denominador de estas posturas es la defensa de lo dado, lo acostumbrado, lo otorgado, lo merecido. La defensa de “derechos adquiridos” aunque hoy corran en contra de la competencia, obstaculicen la modernización, generen políticas públicas que favorecen a un manojo de personas por encima de la población. Lamentablemente el sistema mexicano ha funcionado y sigue funcionando con base en el clientelismo político. Te doy y me das; te hago un favor y me lo pagas. Aquello que Susan Stokes —académica de Yale— describe como “la entrega de bienes materiales a cambio de apoyo político, donde el criterio que el patrón usa es sencillamente: ¿Me apoyaste o me apoyarás?”.

Ese clientelismo que recorre el andamiaje institucional y económico de principio a fin. Está vivo en la entrega de 59 Hummers. Está presente en el otorgamiento de concesiones radiofónicas que benefician a los mismos grupos de siempre. Está allí en la oferta de puestos públicos y autos a quienes promuevan el voto a favor del
PRI
en el Estado de México. Sobrevive en la opacidad con la cual se ejerce el gasto público en los estados. Ese clientelismo que retrasa el desarrollo económico, sabotea la democracia, impide que el gobierno provea bienes públicos, crea mexicanos que viven con la mano extendida, encumbra empresarios que no le apuestan a su propio talento sino a la cercanía con el gobierno. Ese clientelismo que convierte a México en un país de personas disputándose el botín.

Y mientras tanto, cada vez que algún líder priísta abre la boca es para vanagloriarse de lo que el
PRI
ha hecho por México. “Gracias al
PRI
hay estabilidad política”, dice Beatriz Paredes. “Gracias al
PRI
no hay polarización, insiste.” “Gracias al
PRI
el país no se ha hundido aún más ante el fracaso de los panistas”, repite. La lideresa recorre la República dándose palmadas en la espalda mientras pide regresar al poder a un partido responsable de sus peores vicios. La priísta denuncia la ineficacia y la inexperiencia de diversos funcionarios panistas incapaces de limpiar el tiradero que su partido dejó tras de sí. Hay mucho de paradójico en su proceder porque existe otra lista de cosas vinculadas con el
PRI
que valdría la pena recordar. Hay otras contribuciones por la cuales la población debería estar menos agradecida. México arrastra un legado que no debería ser motivo de aplausos; México carga con una herencia de la cual los priístas se distancian pero de cuyo origen son responsables.

Gracias al
PRI
, el narcotráfico se infiltra en el Estado y se enquista allí. A partir de la década de los ochenta, el negocio de la droga comenzó a crecer y lo hizo con protección política. Con la complicidad de miembros de la Policía Judicial Federal y agentes de la Dirección Federal de Seguridad. Con la colusión de gobernadores como Mario Villanueva y otros dirigentes priístas de narcomunicipios y estados fronterizos. A lo largo de los años, la estructura política del priísmo provee un caparazón al crímen organizado que avanza no a pesar del gobierno sino —en buena medida— gracias a él. Cuando los panistas llegan a la presidencia encuentran un Estado rebasado, se enfrentan a autoridades estatales cómplices, se topan con policías infiltradas, apelan a procuradurías indolentes. Y sin duda, tanto la administración de Vicente Fox como la de Felipe Calderón, no han encarado el reto de la mejor manera; el primero por omisión y el segundo por falta de previsión. Pero lo innegable es que no son responsables del problema: lo heredan. Hoy los priístas culpan al gobierno panista de aquello que ellos mismos engendraron.

Gracias al
PRI
hay alguien como Joaquín Gamboa Pascoe y lo que representa. Líder vitalicio, electo para liderar la central obrera hasta el 2016. Líder hasta la muerte, encumbrado después de una votación
fast track
y por aclamación. Rodeado —en evento tras evento— de mujeres bailando en bikini, meciéndose al son de las maracas y las fanfarrias y las porras. Impasible ante los reclamos por los lujos que despliega y los relojes que ostenta. Y en sus reuniones Beatriz Paredes no alza la voz para cuestionar las prácticas anti democráticas del corporativismo, sino que niega su existencia. Argumenta que México ha cambiado y que los trabajadores son libres y merecen respeto, cuando lo ocurrido en ese evento es señal de la podredumbre de siempre. La genuflexión de siempre. La alianza de siempre. El pacto de siempre. El liderazgo del
PRI
ofrece prebendas a cambio de apoyo político. Tan es así, que sin ningún rubor, Gamboa Pascoe sostiene que “hizo cuentas con Paredes” para incrementar, en el próximo proceso electoral, el número de posiciones en el Congreso de integrantes cetemistas. Así el
PRI
ratifica su preferencia por las prácticas del pleistoceno.

Gracias al
PRI
el gobierno se percibe como botín compartido. El
PRI
permite que quien llegue a algún puesto —desde hace décadas— piense que está allí para enriquecerse. Para hacer negocios. Para firmar contratos. Para embolsarse partidas secretas. Para otorgar concesiones y recibir algo a cambio. Sólo así se explica la Colina del Perro construida por José López Portillo. Sólo así se explica la fortuna acumulada en las cuentas suizas de Raúl Salinas de Gortari. Sólo así se entiende el reloj de 70 mil dólares que porta Carlos Romero Deschamps. Sólo así se comprende el guardarropa de Elba Esther Gordillo. Gracias al
PRI
gran parte de la población considera que la corrupción es una conducta habitual y aceptable que acompaña a la función pública.

Mujeres contratadas para entretener a líderes priístas en un mitin organizado por Joaquín Gamboa Pascoe.

Gracias al
PRI
, el petróleo de los mexicanos se vuelve propiedad de los políticos. Pemexgate —el famoso desvío de recursos de la empresa a la campaña presidencial de Francisco Labastida— fue apenas el botón de muestra, el primer caso conocido de los muchos que faltan por conocer. Pemexgate sólo puso en evidencia lo que miles de mexicanos ya sabían: el
PRI
usaba a la empresa petrolera como cochinito particular y chequera personal. El petróleo cubría las cuentas del partido en el gobierno y los gastos que tuviera que sufragar para permanecer allí. Los pesos del petróleo pagaban teléfonos y toldos, mantas y maracas, camiones y comidas.