La Casta (27 page)

En cualquier caso, cabe recordar que esto es sólo un complemento salarial del ex presidente, una gratificación por cada año vencido que deja adivinar un negocio muy rentable. Sólo en acciones Aznar iguala lo que ingresa con la indemnización de ex presidente.

CAJAS DE AHORROS: CUANDO LA CASTA CONTROLA EL DINERO

2.087 hombres controlan para los partidos el 65 por ciento del mercado bancario del país

E
ra el primer lunes del mes de agosto y Madrid estaba vacío. Miles de habitantes de la capital cumplieron con el peregrinaje propio de las fechas y emprendieron viaje a la costa. La consecuencia: grandes atascos en las carreteras y una extraña sensación de vacío en la polis. Las oficinas colgaron el cartel de vacaciones y echaron el cierre. Modorra, calor… La ciudad latía despacio.

Los quioscos acusaban la falta de clientes y los periódicos descansaban en ellos más tiempo del acostumbrado. El sol de agosto es mal compañero para las noticias densas. Allí, en una cuna de papel prensado y tinta oscura, entre los ecos de la ofensiva terrorista en Baleares y el inicio de las vacaciones para el presidente Zapatero, campaba una noticia. El 3 de agosto de 2009 la prensa nacional rellenó páginas con el anuncio de que Caja Madrid, la segunda caja de ahorros más importante del país, estudiaba fusionarse con la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y Caixa de Galicia.

Las cuarenta y cinco cajas de ahorros españolas se habían visto tocadas por la crisis. El dato era preocupante, porque estas entidades son los agentes más importantes del mercado financiero español. Juntas controlan 1,2 billones de euros. Al contrario de lo que sucede en el resto del mundo, en España son las cajas de ahorros y no los bancos quienes acaparan la mayor parte del dinero. Son las que conceden más hipotecas (el 55,8 por ciento en 2008), las que tienen más cuentas abiertas (56 millones) y las que, en definitiva, controlan el 65 por ciento de las operaciones bancarias. Entre todas suman 25.035 sucursales en toda España frente a 15.638 de los 155 bancos presentes en el país, según la Asociación Española de Banca. Y como dinero es sinónimo de poder, los organismos financieros más importantes del país, los que custodian los ahorros de la mayoría de los españoles, están también controlados por la Casta y sujetos a sus voluntades, proyectos partidistas, filias y fobias.

La noticia del 3 de agosto constituye sólo un dato significativo. Llama la atención que las tres cajas que valoraban fusionarse fueran las que pertenecen a comunidades autónomas donde el Partido Popular obtiene grandes resultados electorales: Madrid, valencia y Galicia. Esto tiene una explicación. Según la legislación española, los ayuntamientos y gobiernos autonómicos disfrutan de la potestad de elegir un porcentaje importante de los consejeros que gobiernan las cajas. En total, según datos oficiales de las propias cajas, la Casta tiene a 2.087 miembros impuestos a dedo entre los 6.000 consejos generales que mandan en las cajas de ahorros nacionales. Entre estos es común encontrar alcaldes, presidentes de diputación o simples cargos electos de distinto rango. Lo que no se suele tener en cuenta es que de ellos depende en última instancia la concesión de su hipoteca o del crédito que necesita para su negocio.

El control político de las cajas de ahorros es tan importante que las comunidades autónomas pueden vetar las fusiones simplemente por cuestiones territoriales y de interés político, en lugar de aplicar valores empresariales.

Esto último sucedió, por ejemplo, en junio de 2009 con la unión entre la cordobesa CajaSur y Cajamurcia. La fusión de ambas fue frenada por la Junta de Andalucía, temerosa de perder el control de CajaSur si llegara a unirse a una entidad más grande y controlada por el Partido Popular desde Murcia.

Sobre el papel, las cajas de ahorros son fundaciones de naturaleza privada con una finalidad social, que actúan únicamente bajo criterios de mercado. Al menos eso es lo que ellas mismas propugnan en su documentación oficial. Pero eso, en la práctica, es mentira. Basta leer el artículo publicado por Francisco García en
El Periódico de Extremadura
para darse cuenta. En una columna de opinión, el vicepresidente y consejero de Caja de Badajoz entre 1988 y 2004 escribe textualmente:

¿Qué es eso de la independencia de los consejos de administración, comisiones ejecutivas, comisiones de control y presidentes de cajas? Sencillamente es falso. Ni Dios es independiente. […] En todo el territorio nacional se pone, se elige y se nombra a los rectores de las entidades desde la dirección de los partidos políticos. Menos cuando en ese partido hay uno que manda de verdad, que lo nombra él.

García, alto cargo de la Junta de Extremadura, narra cómo los partidos políticos interfieren también en la elección de los consejeros impositores, aquellos que en teoría representan a los clientes. En esta ocasión lo que hacen los políticos es potenciar una determinada candidatura, estudiada de antemano y formada por miembros afines a su causa:

Los pobres impositores se enteran de que han sido elegidos como electores y elegibles no por una comunicación de la caja de turno: se enteran porque son visitados el mismo día del sorteo ante notario y casi a la misma hora en el pueblo más recóndito para pedirle su firma, en un papel en blanco, para una lista que en ese momento no se sabe quién encabeza. Eso sí, se le dice que el alcalde del pueblo, el concejal, el obispo o quien sea apoya esa opción. La primera batida se da a quien se sabe que es votante, familiar o afecto de una determinada opción política. Una vez que han firmado los impositores nuestros, hay que buscar (por si acaso pican) a los no adscritos o incontrolados.

El alto cargo autonómico habló claro y con soltura. En ese momento ya no estaba dentro de la institución, pero conocía a la perfección las maniobras políticas para controlar una caja de ahorros. Maniobras que, por cierto, se aplicaron incluso a su persona. El artículo de
El Periódico de Extremadura
fue escrito el 22 de enero de 2009. Cinco meses después, en junio de ese mismo año, el ejecutivo extremeño anunció la elección de un nuevo presidente para la caja autonómica. El elegido fue Francisco García Peña, autor del escrito. Así que, según su propio argumento, alguien que mandaba mucho en el PSOE le eligió a él.

Las cajas de ahorros están controladas en realidad por un consejo de dirección que replica de forma proporcional la composición de la asamblea. Así que la mayoría de los directivos son también elegidos a dedo por la clase política. Es aquí donde se toman realmente las decisiones, y son estos cargos los que mantienen línea directa con la cúpula del PP, el PSOE o los partidos regionalistas que controlan algunas comunidades autónomas. Como ejemplo, dos miembros del PP controlan las cajas de la Comunidad Valenciana: el ex presidente de la Generalitat, José Luis Olivas, preside Bancaja, mientras que Modesto Crespo, un ex concejal de Elche cercano a Francisco Camps, está al frente de la CAM.

Los altos directivos de las cajas de ahorros se reparten al año más de 163 millones de euros en sueldos, además de dietas y gastos. Más alimento. Caja Madrid repartió en 2008 un total de 13 millones de euros entre sus 21 directivos. El nombramiento de 10 de ellos depende directamente de la Casta por medio de los ayuntamientos y la Asamblea de Madrid. El resto corresponde a los representantes de los empleados, que suelen ser altos líderes sindicales, los ahorradores y las entidades representativas. Como miembro de este último grupo figura en Caja Madrid el presidente de los empresarios españoles, Gerardo Díaz Ferrán. Todos ganan una media de 619.000 euros al año. A eso hay que sumar 1,5 millones de euros en dietas por asistencia a plenos y otro millón de euros más entre quienes acuden a la Comisión de Control.

En el caso de Unicaja, 12 personas se reparten 3 millones de euros en sueldos. En cuanto a la Caixa, con el volumen de negocio más importante del sector, tiene destinada una partida anual de más de 16 millones de euros para sus 21 directivos. Y 1,5 millones es lo que cobran por su gestión los 17 consejeros de Caja Canarias. Por su parte, 3,1 millones de euros es lo que paga la CAM a sus 20 directivos de la Comunidad Valenciana.

Con estos datos no es extraño pensar que las cajas de ahorros se hayan convertido también en un retiro dorado para muchos altos cargos de la clase política. Basta nombrar el caso del economista y ex vicepresidente del Gobierno Narcís Serra, que desde 2005 preside Caixa Catalunya. El ex alcalde de Madrid, Juan Barranco, es vocal de Caja Madrid, además de diputado del PSOE. Rosa Romero, alcaldesa de Ciudad Real, es también ex consejera de Caja Castilla La Mancha. Manuel Royes, presidente de la Diputación de Barcelona, es consejero de Caixa Terrassa. El número dos de Alberto Ruiz Gallardón en el Ayuntamiento de Madrid, Manuel Cobo, es vocal de Caja Madrid. El alcalde de León, el socialista Francisco Fernández, es además vicepresidente de Caja España. Petronila Guerrero, presidenta del PSOE de Andalucía, concejala del Ayuntamiento de Aljaraque y presidenta de la Diputación de Huelva, es vicepresidenta de Cajasol. Y la lista sigue.

La importancia de las cajas de ahorros es tal que se han convertido en los mayores suministradores de capital del país. Y no sólo para los particulares, sino también para los partidos políticos. Basta recordar la condonación de deuda de la Caixa al PSOE —tratada con anterioridad en este mismo libro— para entender el problema. ¿Alguien se negaría un crédito a sí mismo? Claro que no. Y las cifras son abultadas. Sólo en la última campaña electoral los partidos políticos recurrieron a las entidades financieras para solicitar 44 millones de euros con los que sufragar sus gastos.

El 19 de octubre de 2008 el diario
El Mundo
reveló que la unión financiera entre partidos políticos y cajas de ahorros alcanzó los 60 millones de euros en un año. Según estos datos, el PSOE fue el grupo más beneficiado, con 19,5 millones de euros en créditos, seguido de CiU e Izquierda Unida, con 11,7 millones. Y el movimiento de dinero se cultiva en ambos sentidos.

El 23 de diciembre de 2008 el gobierno central activó el llamado Fondo de Adquisición de Activos Financieros. La crisis económica había minado la capacidad de las entidades bancarias hasta el punto de que no había dinero en efectivo. Los bancos no tenían dinero. Las empresas no disponían de efectivo y sus trabajadores tampoco. Todo esto afectó a la economía española en cadena. Como los bancos no tienen liquidez, no prestan dinero a las empresas. Éstas se ven incapaces de pagar a sus proveedores. Y los proveedores tampoco pueden hacer frente a sus pagos a los bancos. Es una espiral de morosidad creciente.

El ejecutivo se vio en la necesidad de inyectar capital para romper ese círculo vicioso y abrió una serie de subastas para dejar dinero a las entidades de crédito. El Estado repartió 19.000 millones de euros, una cifra diez veces superior a lo que cuesta mantener todo el sistema judicial español durante un año y tres veces más de lo que paga el Estado a todos los pensionistas. El 70 por ciento de ese dinero fue a parar a las cajas de ahorros. Es decir, que el dinero quedó de nuevo en manos de la Casta.

La necesidad de liquidez era mucho mayor en las cajas de ahorros que en los bancos. Y cabe preguntarse por qué, ya que la crisis económica era común para todos. La recesión afectaba por igual a unos y otros, pero la morosidad no. En el caso de las cajas de ahorros alcanzaba el 5 por ciento. Esto se debió en parte a que, a causa de su función social, las cajas asumen un riesgo mayor a la hora de conceder un crédito bancario. Sin embargo, muchas de ellas se han visto empujadas también a financiar proyectos de dudosa rentabilidad por simple interés político.

El año 2000 marcó una fecha histórica en la Comunidad Valenciana con la apertura del mayor parque temático de Europa. Terra Mítica fue un proyecto abanderado por la Generalitat, que mantiene un 22,31 por ciento del accionariado. La empresa promotora del parque se fundó en 1996, con una amplia participación de las cajas de ahorros locales. Todavía hoy la CAM y Bancaja mantienen el 24,23 por ciento del parque, que ha perdido 270 millones de euros en nueve años, según estimaciones de la oposición.

El proyecto del Aeropuerto Central de Ciudad Real, el primero privado de España, fue financiado con 400 millones de euros de Caja Castilla La Mancha, la entidad que tuvo que ser intervenida el 28 de marzo de 2009. Era domingo cuando el Banco de España tomó la decisión. No podía esperar más para cambiar a la fuerza a los gestores de la caja manchega, que se encontraba en una situación financiera desastrosa. Peligraban los ahorros de 250.000 familias por la gestión de los directivos al frente de la entidad. En total, veintiún ex consejeros fueron expedientados. Como presidente de la caja figuraba Juan Pedro Hernández Moltó, elegido en representación del gobierno castellano-manchego, controlado por el PSOE. En tres años, desde 2004 a 2007, los quince directivos de la entidad se doblaron el sueldo. Cuando el Banco de España llegó al rescate, los consejeros de la caja ganaban 210.000 euros anuales. Nueve de ellos dependían directamente de partidos políticos o instituciones públicas. Eran mayoría.

El 29 de abril de 2009 el registro del Banco de España apuntó una entrada relevante. El servicio de inspección del organismo había terminado su informe preliminar sobre Caja Castilla La Mancha, y era demoledor. Según los auditores, la caja de ahorros realizó una política de inversión irresponsable e incluso prestó dinero sin el control debido a directivos de la entidad. El Banco de España criticaba también la concesión de 279 millones de euros a la Junta de Castilla La Mancha y algunas instituciones dependientes. Más dinero para la Casta. Los auditores consideraron que los préstamos concedidos a la administración autonómica entrañaban demasiado riesgo. Posiblemente un banco privado nunca los habría concedido.

La puja política por el control de las cajas de ahorros ha puesto muchas veces en contra a los miembros de la clase política, pero en Madrid ha costado más de un dolor de cabeza incluso a los principales espadas del mismo partido. La batalla por el control de Caja Madrid ha sido el mejor ejemplo del enfrentamiento que protagonizan desde hace años el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, y la presidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre.