La Casta (28 page)

La crisis económica daba sus primeros avisos serios a finales de 2008 con una recesión económica en ciernes. La cifra de desempleados en España no dejaba de subir, mientras el resto de indicadores económicos cabalgaba en dirección contraria. Y fue en aquella época en la que la sociedad reclamaba una estabilidad que diera confianza a los mercados, cuando estalló la guerra abierta en Caja Madrid. En un golpe de timón, el gobierno de Esperanza Aguirre anunció un cambio en la legislación autonómica que afecta a la caja de ahorros madrileña. El ejecutivo autonómico quería cambiar el proceso electoral para dificultar la renovación del entonces presidente de la caja, Miguel Blesa, quien había llegado al cargo respaldado por la
lideresa
del PP de Madrid. Sin embargo, su idilio político se rompió. Aguirre consideraba que Blesa estaba demasiado cerca de su compañero y contrincante, Alberto Ruiz Gallardón. Los «Pimpinela» de la política hacían de las suyas de nuevo, pero esta vez estaban de por medio los ahorros de cientos de miles de clientes. Caja Madrid tiene emitidos casi seis millones de tarjetas de crédito.

La Asamblea de Madrid aprobó en diciembre de 2008 la nueva Ley de Cajas de Ahorros, que contemplaba entre otras medidas una limitación del 30 por ciento para la representatividad de los ayuntamientos. Así, Gallardón y su equipo quedaban fuera de juego. La norma fue tan criticada que el gobierno central, controlado por el PSOE, apeló al Tribunal Constitucional.

Antes de que el sistema judicial sacara tarjeta roja a sus decisiones, el gobierno de Esperanza Aguirre reculó y en mayo de 2009 aprobó una nueva modificación sobre el reglamento. La fractura entre las dos familias del PP en Madrid fue tal que en enero de 2009 dos directivos distintos, uno en representación de cada bando, solicitaron al unísono una reunión de la Comisión de Control, el organismo que se encarga de organizar el proceso electoral dentro de Caja Madrid. La entidad bancaria tenía previstas elecciones para otoño. Eso incentivó las maniobras de unos y de otros por copar el puesto de Miguel Blesa. La normativa aprobada en mayo dotaba a las instituciones públicas —gobierno regional y ayuntamientos— de una representación proporcional y condicionada al dinero que tuvieran ingresado en la caja. Cuantos más depósitos, más consejeros.

La pelea salpicó incluso al líder del PSOE en Madrid, Tomás Gómez, cuando dos de sus consejeros de Caja Madrid rompieron las órdenes socialistas de voto y se posicionaron del lado del alcalde Gallardón. Francisco Pérez y Antonio Romero facilitaron con sus votos el cese de Pablo Abejas, uno de los hombres de Esperanza Aguirre, que pretendía que el proceso electoral de la caja se basara en la ley aprobada en diciembre por el gobierno autonómico. Ésa era también la postura oficial del PSOE, pero no fue secundada por dos de sus miembros. Gómez advirtió públicamente que en el PSOE no caben deslealtades. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No eran independientes los consejeros de las cajas de ahorros? ¿Y, sobre todo, independientes de los partidos políticos? Después de todo esto, parece claro que no. Y más cuando el PSOE abrió un expediente informativo a los dos militantes para investigar los hechos.

En medio de los dos púgiles, el candidato nacional del PP y líder de la oposición, Mariano Rajoy, se quedó como espectador. Se mantuvo al margen y aseguró ante los medios que las cajas de ahorros tendrían que estar tuteladas por el Banco de España para evitar este tipo de presiones: las presiones generadas por sus hombres. El 29 de julio de 2006 Aguirre logró una supuesta paz en Caja Madrid. La presidenta de la comunidad consiguió un acuerdo con el PSOE y los principales sindicatos para dar estabilidad a la entidad financiera, donde tienen sus ahorros miles de madrileños. PP y PSOE negociaron una vuelta de los socialistas a los órganos de gobierno de la caja, que abandonaron seis años antes como protesta por el caso Tamayo. Además, los hombres de Tomás Gómez controlarían desde otoño una vicepresidencia. Por su parte, los sindicatos negociaron un cambio en la política de inversión a favor de las familias. Y Esperanza Aguirre se aseguró apoyos para controlar la presidencia de la caja. Pintaban malos tiempos para Miguel Blesa. El acuerdo fue vendido como una importante mejora para los madrileños, que tendrían una entidad financiera mucho más estable. Lo que ningún responsable político dijo es que la inestabilidad de Caja Madrid no era fruto de la crisis, sino de sus propias peleas.

FUNDACIONES: LA RENTABILIDAD DEL LABORATORIO DE IDEAS

¿Quiere que un constructor le financie el partido? Fácil, sencillo, a la par que elegante. Cree una fundación

J
ose María Aznar presentaba ante un concurrido auditorio, el 22 de octubre de 2008, un libro escrito por el ex presidente checo Václav Klaus.
Planeta azul (no verde)
se llamaba el trabajo, editado por la Fundación FAES. Con sus palabras, tanto el antiguo líder del PP como la principal fundación ligada al PP se significaban de forma clara entre los negacionistas del cambio climático. Para ellos, eso de que media España vaya a desaparecer engullida por el agua mientras se derriten los polos es mentira.

«El ecologismo es el nuevo comunismo». La sentencia salió por boca del ex presidente y no dejó a nadie indiferente. Llama la atención el cambio de actitud de Aznar frente a los problemas del medio ambiente. Durante su mandato, España firmó el Protocolo de Kioto para reducir la emisión de gases nocivos a la atmósfera, algo que no hizo su aliado político, el ex presidente de Estados Unidos, George W.Bush. Para Aznar algo había cambiado desde que dejó La Moncloa. Ya no era el presidente del país, pero es que, además, entre sus compañeros y patrones al frente de News Corporation se encuentran varios de los principales empresarios del mercado petrolífero mundial, como Fayez Sarofim, clasificado en el puesto 428 entre los hombres más ricos del mundo según la revista
Forbes
, o el tejano Charles Wilson. El apoyo de FAES a la causa negacionista se confirmó más si cabe con la publicación en verano de 2009 del libro
Una mirada fría al calentamiento global
, del diputado conservador inglés Nigel Lawson, ex ministro de Economía con Margaret Thatcher y ex secretario de Estado de Energía del Reino Unido. Lawson define el calentamiento global en el libro sufragado por FAES como el «
Código da Vinci
del ecologismo»: un éxito de ventas, un poco de verdad y una montaña de disparates.

Desde su creación el 11 de noviembre de 2002, FAES se ha convertido en el principal laboratorio de ideas del Partido Popular y en el mejor ejemplo de cómo los partidos políticos han derivado el contenido intelectual para el que nacieron hacia entidades externas, en general creadas como fundaciones. Todos los partidos políticos con representación en el Congreso y el Senado tienen en su órbita al menos una fundación. Sobre el papel, son entidades sin ánimo de lucro que se dedican al desarrollo intelectual de las teorías políticas. En la práctica, las fundaciones se han convertido en instrumentos para captar financiación, para esquivar la legislación económica que afecta a los partidos políticos, y para vestir muchas iniciativas partidistas con una falsa aurora de imparcialidad científica y educativa.

La financiación de la Casta se rige por la Ley Orgánica 8/2007, aprobada el 4 de julio. La normativa prohíbe de forma específica a los grupos políticos recibir donaciones de empresas que tengan contratos en vigor con la administración o ingresar donaciones superiores a los 100.000 euros procedentes de una misma persona. Pese a que estos límites parecen completamente lógicos para mantener la independencia de los partidos, la misma ley levanta los vetos para las fundaciones ligadas a PSOE, PP y al resto de los grupos que forman el panorama electoral español. Siempre se dejan una puerta abierta.

Los contratistas del Estado no pueden financiar directamente a los partidos, pero sí pueden dar dinero a sus fundaciones. Una gran constructora que espera la concesión de una autopista no puede inyectar fondos al PSOE, pero sí puede donarlos a la Fundación Pablo Iglesias, que en su patronato tiene al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, al ministro José Blanco, a Josep Borrell, ex presidente del Parlamento Europeo, a Jesús Caldera o a la ministra de Defensa, Carme Chacón. Además, el límite para todo tipo de donaciones sube hasta los 150.000 euros por cada persona o empresa.

El asunto es más grave si entendemos que estas salvedades en la legislación no son fruto de un despiste o un descuido. Los contratistas de las administraciones públicas pueden financiar a los partidos por medio de las fundaciones simplemente porque la Casta lo ha permitido. Parece absurdo que la misma ley suponga medidas contradictorias, pero así es.

Además, otras normativas incentivan la financiación de los partidos por esta vía. Según la Ley de Mecenazgo, todas las donaciones tienen una deducción fiscal del 25 por ciento cuando se trata de una persona física y de un 35 por ciento en el Impuesto de Sociedades cuando se trata de una empresa. Así que los empresarios que trabajan para la administración alimentan a la clase política y encima esto les desgrava.

La situación es tan conocida que incluso los mismos políticos la denuncian, pero nadie pone remedio. El 19 de agosto de 2009 la responsable de Cultura del PSOE valenciano, Ana Noguera, lo explicó sin tapujos en un comunicado: «Las fundaciones son cajas B, donde no se puede enseñar ni explicar lo que se hace y sirven de caldo de cultivo para posibles tramas de corrupción, como ya se ha dado». Noguera hablaba en realidad de las fundaciones ligadas directamente al gobierno de la Generalitat Valenciana, pero la situación de riesgo es aplicable al resto de fundaciones de la clase política. Al ser organismos externos no están sujetas a los controles de la administración. Su uso permite a los gobiernos autonómicos, por ejemplo, las contrataciones a dedo y eludir los trámites parlamentarios.

En febrero de 2009 el diario
La Razón
publicó el dato. Varias constructoras de Pinto inyectaron hasta 522.000 euros en diferentes años a una fundación local vinculada al PSOE. La Fundación Pinares, presidida por el ex alcalde de Pinto, Antonio Fernández, compartía incluso la sede social con la agrupación socialista local, que fue creada por el ex edil en diciembre de 2004. El dinero comenzó a llegar de manos de constructores sólo nueve días después. El 31 de diciembre de 2004 Construcciones Arellano ingresa 30.000 euros en la cuenta de la entidad. Al año siguiente, la Fundación Pinares recibió 292.000 euros en donaciones. Y todas provienen de empresas relacionadas con la construcción. Sin embargo, la financiación se frena en 2007, cuando el PSOE pierde las elecciones locales en el municipio.

Algún tiempo después, el 9 de diciembre de 2008, nueve concejales del Ayuntamiento de Pinto presentaron una moción de censura. Los ediles del PSOE se aliaron con el único representante de Izquierda Unida y uno de los concejales del partido local Juntos por Pinto para arrebatar la alcaldía al PP. Y lo consiguieron. El socialista Juan José Martín se quedó con el bastón de mando y el Partido Popular llevó el asunto a los tribunales, ante la sospecha de que la maniobra estuvo condicionada por promotores del proyecto urbanístico «El Espacio del Motor», que prevé la construcción de siete mil quinientas viviendas y un circuito de Fórmula 1. El proyecto no contaba con el apoyo de la alcaldesa del PP, Miriam Rabaneda. Durante varios años, las empresas que quieren construir este proyecto —y que vieron cómo la moción de censura eliminaba del poder a sus opositores— han aportado 225.000 euros en efectivo a la fundación socialista de Pinto, según la contabilidad publicada por el diario
La Razón
.

Como muestra hay botones para rellenar varios abrigos. Por ejemplo, Génova, 13. Ésa es la dirección del cuartel general del Partido Popular en Madrid. En la primera planta del edificio tiene su sede social Fundescam, una fundación encabezada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y su hombre de confianza y consejero de Interior, Francisco Granados.

Era lunes y junio daba sus primeros soles cuando el diario
Público
levantó la noticia: la líder del PP de Madrid aparecía en primera página a todo color, y a su lado lucía el titular que dictaba que la Comunidad de Madrid adjudicó contratos por más de 300 millones de euros a seis donantes de la fundación que preside Aguirre, ligada al PP. En total, fueron más de doscientos contratos los concedidos a las empresas donantes de Fundescam. Desde el Partido Popular aseguraron en todo momento que las cuentas de la fundación cumplen a la perfección los márgenes legales. Todos los donantes estaban identificados y aportaban como máximo 150.000 euros. Excusas de la Casta. Con una legislación así, ni siquiera es necesario hacer trampas.

El dinero que controlan las fundaciones —que supuestamente son entidades sin ánimo de lucro— es tan importante para los partidos que su fiscalización ha sido objeto de varias peleas. Al final, la ley de financiación pactada en 2007 establece que todas las fundaciones relacionadas con partidos políticos tienen que pasar por el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, dos años después de que la ley se aprobara, el organismo no ha emitido informe alguno sobre la maraña de fundaciones ¿Cuántas hay bajo el control de los partidos? Es complicado decirlo. Por ejemplo, el PSOE recoge sólo siete en su página de Internet: Cristianos Socialistas, Españoles en el Mundo, fundación Jaime Vera, fundación Pablo Iglesias, Fundación Sistema, Progreso Global y Solidaridad Internacional.

A eso hay que sumar todas las fundaciones creadas por las agrupaciones autonómicas o locales y las que se quieren mantener en apariencia fuera de la órbita socialista. Así que, en realidad, la cifra es mucho mayor. Sólo hay que hacer cuentas. Según la declaración de actividades de los diputados, 52 políticos nacionales ocupan cargos en el patronato de 74 fundaciones distintas, 31 por el PSOE, 28 por el PP y 4 por el resto de los grupos de la cámara. La conservadora Soledad Becerril parece la más activa en este sentido. Es miembro del patronato de la Fundación Forja XXI, CEAR, FRIDE, Fundación Antonio Ordóñez, Fundación Transición Política Española y Fundación Orquesta de Cámara Reina Sofía. Por supuesto, no todas tienen un marcado carácter político.

Tampoco hay un registro oficial de cuánto dinero reciben las fundaciones políticas de la administración. Hay que ver una por una las cuentas declaradas de cada entidad para saber que FAES recibió en 2006 más de 6 millones de euros y que no ha vuelto a publicar sus cuentas desde entonces. La Fundación Pablo Iglesias, que recibe al año unos 2 millones de euros, tiene incluso la página de Internet a medio hacer.