La Casta (23 page)

Los arrestados del Partido Popular en la trama Gürtel y el caso Palma Arena vieron cómo sus compañeros cerraban filas en su apoyo y acusaban al gobierno socialista de comenzar una caza de brujas. Ahora bien, ¿era una persecución real, sustentada por las cifras? ¿Detienen los policías a más miembros del PP que del PSOE desde que Zapatero llegó al poder? Y si lo hacen, ¿responde a una voluntad política o simplemente a que los miembros del PP meten más la mano en la caja? Los números hablan.

El estallido de la Operación Malaya dejó a más de la mitad de los concejales del Ayuntamiento de Marbella en prisión en marzo de 2006. Desde aquel día y hasta que el juez ordenó las detenciones del velódromo de Palma, 17 alcaldes fueron detenidos en España. De ellos, 7 pertenecían al Partido Popular y otros 4 al PSOE. El resto de los ediles detenidos —6 en total— engrosaban las filas de distintos partidos locales que ostentaban el poder en localidades como Zarra o Benitatxell, en la Comunidad Valenciana.

Así que el salto numérico entre arrestados de un bando y de otro era, cuando menos, comprensible. Al menos en lo que afectaba a representantes locales. La diferencia de trato entre el PP y el PSOE se encontraba en la política de alto nivel. El abismo no se abre por el número de imputados, sino por el peso político de los mismos.

La Operación Gürtel salpicaba a la base misma del Partido Popular en dos de sus feudos tradicionales: Madrid y la Comunidad Valenciana. Y se había cobrado de forma cautelar la imagen pública de diputados autonómicos como Ricardo Costa, alcaldes como Arturo González Panero, eurodiputados como Gerardo Galeote e incluso la del máximo responsable de las finanzas del PP, aquel que custodiaba cada euro recaudado por el partido, el senador Luis Bárcenas.

La importancia del caso Gürtel en la pelea de la Casta hizo resbalar incluso a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que dejó claras con sus declaraciones las capacidades de presión del ejecutivo frente a la Fiscalía. El 3 de agosto de 2009 el Tribunal Superior de Justicia de Valencia archivó la causa abierta contra el presidente de la Generalitat Valenciana, francisco Camps, por los regalos recibidos de los socios del empresario Francisco Correa. Sólo cinco horas después de que el auto fuera suministrado a la prensa, la vicepresidenta del Gobierno habló ante los medios. Y desde San José de Costa Rica, donde se encontraba en viaje oficial, aprovechó una comparecencia diplomática para meter baza en la batalla que la Casta disputaba a 8.457 kilómetros de allí.

Junto a Óscar Arias, jefe de Estado de Costa Rica, De la Vega aseguró que la Fiscalía recurriría el auto dictado por el máximo tribunal valenciano. ¿Cómo sabía la vicepresidenta la decisión que iba a tomar la Fiscalía? ¿No se trata de un organismo independiente del Gobierno? Las preguntas tenían difícil respuesta, así que la mano derecha de Zapatero se levantó del traspiés dialéctico con evasivas.

Desde la embajada española en Brasilia, la portavoz gubernamental aludió de nuevo a la polémica tras reunirse con el presidente del país, Luiz Inácio Lula da Silva. Desde allí, de nuevo en una comparecencia diplomática, con un presidente de Estado como convidado de piedra, De la Vega matizó que su gestión ante la Fiscalía se limitó a preguntar cuál iba a ser su siguiente paso, no a orientar sus actuaciones. «La Fiscalía no se deja utilizar por nadie. Y tampoco por el Gobierno», espetó. Sus palabras fueron ladrillos para una fachada de independencia que se desmorona con los hechos. ¿No habían sido declaradas secretas las actuaciones judiciales, incluso para las partes implicadas? Entonces, ¿qué derecho tiene un tercero, aunque sea el Gobierno, a conocer detalles de una investigación en curso o las decisiones que tomará el fiscal? ¿Por qué la vicepresidenta del país puede conocer contenidos del caso con más premura que los propios acusados? Su respuesta fue concisa. El fiscal general del Estado ya había comunicado al ministro de Justicia, el socialista Francisco Caamaño, la decisión de recurrir el archivo de la causa y solicitar que Francisco Camps fuera procesado. Una y otra vez la madeja gira siempre sobre la rueca hilada por la Casta.

Tras conocer las nuevas detenciones de sus hombres en Baleares, María Dolores de Cospedal dijo basta, y lo hizo luciendo moreno desde la terraza del hotel Golf Guadalmina, de cinco estrellas. No tuvo en cuenta que la instrucción del caso se arrastraba desde hacía meses, ni que era público que la Justicia andaba hurgando por la isla. La prensa había publicado incluso cuatro meses antes —el 7 de abril de 2009— que agentes de la Guardia Civil visitaban las tiendas de lujo de Palma portando una fotografía de Maite Areal, mujer del ex presidente Jaume Matas, para ver si algún tendero la reconocía y podía aportar información sobre sus compras.

Ante los continuos ataques a su gente, De Cospedal hizo hincapié de nuevo en una cuestión denunciada días atrás, pero que quedó velada por la marea de noticias generada por el caso Gürtel. La secretaria de organización del PP acusó al Gobierno y a la policía de realizar escuchas telefónicas ilegales a cargos del Partido Popular. Estalló la guerra de nuevo con el uso partidista de la Justicia como telón de fondo. Según su versión, denunciada ante la Fiscalía el 24 de julio de 2009, un agente de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) llamó al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, para informarle de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón iba a inhibirse del caso. Y la llamada fue grabada.

Además, el sumario incorpora grabaciones realizadas a cargos del PP en 2006, cuando el sumario se abrió en 2008. Lo que parece olvidar la responsable popular es que la Operación Gürtel nació cuando un ex concejal del PP presentó ante la Fiscalía varias horas de grabaciones realizadas, supuestamente, por él mismo. El responsable de Justicia del Partido Popular, Federico Trillo, respaldó la denuncia de su número dos e insinuó que él también fue objeto de escuchas sin autorización judicial. Varias informaciones periodísticas apuntaron presiones de Trillo al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Juan Montero, a favor de su compañero Francisco Camps. Según el ex ministro de Defensa, Montero se apellida también uno de los abogados del partido que participa en la defensa de sus aforados en la Comunidad Valenciana.

«Todavía estoy esperando a que alguien que tenga pruebas de esas llamadas me explique cómo sabe que yo telefoneo a diario a un señor Montero que ellos confundieron con el magistrado», aseguró el ex miembro del gobierno de José María Aznar en declaraciones a Onda Cero.

La denuncia presentada por los servicios jurídicos del Partido Popular se centraba casi por completo en las filtraciones del sumario que han aparecido en diversos medios de comunicación, pero sobre todo en el diario
El País
. Una vez más, el punto de mira de la Casta se puso en la cabeza del mensajero —la prensa—, en lugar de centrarse en la verdadera naturaleza del problema. Cuando una instrucción permanece secreta, sólo tres organismos tienen acceso completo a la información: el juez instructor, la Fiscalía y la Policía Judicial. Y sólo uno de ellos puede filtrar —de forma directa o indirecta— los datos a los medios de comunicación.

Con esta mano sobre el tapete, se abre un interrogante decisivo: ¿quién se beneficia de las filtraciones a la prensa? Sobre el papel, sólo los medios de comunicación, que dan noticias en exclusiva. Y, por extensión, sus lectores. Desde el otro lado todo son problemas. Los jueces ven entorpecido su trabajo, la policía tiene más trabas para investigar, ya que muchos de los implicados quedan sobre aviso, y la Fiscalía sufre más presiones por parte de los imputados. Entonces, ¿por qué cualquiera de los tres suministra información a la prensa? Porque con este tipo de prácticas quienes salen realmente beneficiados son los miembros de la Casta. Son ellos quienes logran con la aparición de los informes policiales en los medios de comunicación la creación de un juicio paralelo mucho más rápido y efectivo que la vía judicial. El juicio del caso Gürtel tardará años en cerrarse, pero Francisco Camps ya está visto para sentencia en las urnas. Por otro lado, los informes sobre los explosivos utilizados en los atentados del 11-M han sembrado antes la duda en parte del electorado que en los jueces.

El sistema judicial español es tan sensible a las filtraciones de la clase política que se han vivido situaciones realmente preocupantes.

Era domingo, el 28 de abril de 2002, un día raro para convocar una rueda de prensa, pero así lo hizo el entonces portavoz de la ilegalizada Batasuna. Arnaldo Otegi convocó a los medios de comunicación y anunció públicamente una inminente operación judicial y policial contra la izquierda
abertzale
. La cabeza visible del Movimiento de Liberación Nacional Vasco desvelaba de manera pública que la policía iba a hacer detenciones en su entorno. Y lo que era más preocupante: que ellos ya lo sabían.

La Audiencia Nacional preparaba desde 1998 una extensa investigación sobre las finanzas de la banda terrorista ETA y las fuentes de financiación legal encontradas por las organizaciones que orbitan en la esfera del grupo armado. Con la lección aprendida, doscientos agentes de policía se desplazaron al País Vasco para monitorizar a múltiples objetivos. La operación se llevó con el más absoluto secreto hasta que fue necesaria la intervención de personal de los juzgados del País Vasco. Y entonces llegaron las filtraciones, hasta el punto de que el entorno
abertzale
fue alertado. Los investigados tuvieron dos días para reaccionar, tiempo suficiente para eliminar documentación sensible y borrar sus huellas en la medida de lo posible antes de la llegada de los agentes. La operación se produjo dos días después de que Otegi la anunciara públicamente. Así que los simpatizantes de ETA llevaban ya cuarenta y ocho horas sobre aviso. Así funciona algunas veces el sistema.

MERCADOTECNIA POLÍTICA: LA MANIPULACIÓN DE LAS IDEAS

Adiós al programa. Lo único que importa es que el candidato venda, como las lavadoras

«L
o fundamental ahora es el poder de la imagen. El que mejor se posicione visualmente será el que gane, porque el voto es más emotivo que mediático y se marcan las casillas en las papeletas por simpatía con el candidato». Arrancaba la campaña electoral para las municipales de 2003 cuando el asesor de imagen Antonio Sola hacía estas declaraciones en el diario
El País
. El gurú de las campañas electorales del PP dibujaba una España en la que mucha gente todavía vota a un partido político, lee un periódico y sigue a un equipo de fútbol por tradición. Las filias y fobias están muy por encima de las ideas cuando se trata de votar. Hay un alto contenido emocional. Sola daba así las claves para entender la batalla política que se abre frente a los votantes en cada campaña. Las elecciones son una guerra mediática en la que los partidos gastan 60 millones de euros y que se centra en poner la mejor cara al candidato de turno, en lugar de hacer llegar al ciudadano su ideario político.

Atrás quedaron los tiempos en los que lo que importaba era el mensaje. El «programa, programa, programa» del ex líder de Izquierda Unida, Julio Anguita, ha dejado paso a una lucha sin cuartel donde las ideologías se difuminan y sólo queda la mercadotecnia política. Un mundo donde los miembros de la Casta se someten a campañas de imagen y se venden frente al electorado como si fueran una marca de lavadoras. Un mundo donde los jóvenes de cada partido se sientan tras el candidato en los mítines electorales televisados porque la gente mayor da una imagen rancia. En ese entorno, un asesor da la orden de agitar las banderas con propaganda cada vez que una cadena conecta en directo con el mitin. Todo es cuestión de imagen. Y casi todo vale para arañar unos votos.

Antonio Sola —responsable de la consultora Ostos y Sola— es desde hace años el hombre que moldea las campañas electorales del Partido Popular. En sus manos se puso en junio de 2007 el ex ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, cabeza de lista por el PP al Parlamento Europeo. Los hombres de Sola realizaron un estudio con 1.700 encuestados para conocer las opiniones del electorado sobre el político vasco. La conclusión no fue buena: a Mayor Oreja se le ve muy de derechas.

El estudio, desvelado por el diario
El País
, realizaba una serie de recomendaciones sobre la estrategia a seguir para ganar los comicios. Entre ellas la siguiente: las elecciones europeas no deben plantearse como una moción de censura ni como una comparación entre Zapatero y Rajoy, porque volvería a ganar Zapatero. No hay que caer en una campaña nacional. Eso es lo que quiere Zapatero.

Fue en 1952 cuando por primera vez un miembro de la Casta se dirigió a una agencia de publicidad para preparar su campaña electoral. El general Dwight Eisenhower visitó, como candidato a la Casa Blanca, la sede de la firma BBDO. La empresa, con delegaciones en todo el mundo, recibió el encargo de planificar sus apariciones televisivas. Así nació la mercadotecnia política, una disciplina que se ocupa de planificar la táctica y estrategia de las campañas electorales.

Desde entonces, numerosos autores han analizado el uso de técnicas de persuasión, posicionamiento de competidores o expectativas de consumo en cada campaña. De una forma muy básica, el juego electoral se centra en explotar las diferencias entre partidos y reforzar la simpatía del candidato sobre el mayor número posible de votantes, tal y como explica el profesor de la Universidad Complutense, Javier del Rey Morató, en su obra
Democracia y posmodernidad
.

En esencia, una persona es tan similar o tan diferente a otra como queramos pensar. Todo es subjetivo y depende de dónde pongamos el listón. Todos somos iguales según la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O tan diferentes como queramos ser: tú eres negro y yo blanco, tú eres hombre y yo mujer, tú eres de Madrid y yo de Barcelona, tú hablas castellano y yo euskera, tú eres de izquierdas y yo de derechas, tú eres del PP y yo del PSOE…

Este juego de las diferencias es explotado hasta la saciedad por la clase política en su propio beneficio. Pero se trata de una estrategia dialéctica, un juego del lenguaje que nada tiene que ver con ideologías. Es todo mercadotecnia.

Ésta es la base, por ejemplo, de las reivindicaciones de los movimientos nacionalistas, que buscan una mayor financiación pública o incluso una independencia administrativa explotando constantemente las diferencias frente a otros grupos sociales o culturales por el mero hecho de pertenecer a un territorio concreto. En España basta citar el debate sobre la financiación de las autonomías para entender el proceso. Cada una de las comunidades autónomas ha ensalzado sus diferencias frente a las demás para justificar un incremento de financiación estatal. El País Vasco tiene su deuda histórica, cataluña su actividad económica, aragón la falta de inversiones, Melilla su posición estratégica… Siempre hay algo que justifica un trato diferente —y beneficioso— frente al resto.