La Casta (20 page)

Durante años la sede de los socialistas de Madrid se emplazó en la calle de Santa Engracia, y fue el ex secretario general Rafael Simancas quien trasladó el cuartel general autonómico a la calle de Miguel Fleta. La derrota electoral obligó a dimitir a Simancas tras las autonómicas de 2007 y su relevo en el cargo, Tomás Gómez, decidió cambiar de nuevo la sede porque, a su juicio, la que tenían estaba muy escondida. El lugar elegido fue el palacio de la Prensa. No había lugar más vistoso ni más céntrico. Desde el número 4 de la plaza de El Callao se domina el principal núcleo comercial de Madrid. A sólo un paso queda la parte central de la Gran Vía y el inicio de la calle de Preciados. A escasos quinientos metros lucen las farolas de la Puerta del Sol.

La decisión no gustó a todos dentro del partido, ya que el edificio de la calle de Miguel Fleta era propiedad del PSOE, mientras que el alquiler del palacio de la Prensa era bastante elevado, aunque no se empezó a abonar hasta el mes de septiembre. A partir de ese día, el PSOE empezó a pagar el alquiler por mantener una sede vacía.

El jueves 26 de marzo de 2009 —dos meses después de que el PSOE solicitara el permiso de obra y sin respuesta municipal— un inspector del ayuntamiento se presentó en el edificio a primera hora de la mañana. Los vecinos se quejaban del ruido en el inmueble. Había que comprobar si las obras habían empezado, pues eso sería un acto ilegal y un escándalo muy rentable para el Partido Popular.

Por sorprendente que parezca, el inspector municipal no pudo acceder al inmueble, simple y llanamente porque nadie se lo permitió. El funcionario —capacitado para fiscalizar cualquier edificio de la ciudad— se quedó plantado en la escalera del palacio de la Prensa. Y la inaudita escena se repitió a las doce y media de la mañana, cuando un segundo inspector intentó sin éxito acceder a las plantas alquiladas por el PSOE. La respuesta fue la misma en ambas ocasiones: por aquí no pasan.

Con el escándalo montado y los medios de comunicación pendientes del resultado, el Ayuntamiento de Madrid precintó la obra. Desde el PSOE se apresuraron a recordar que tenían una licencia solicitada y que los técnicos municipales no pudieron hacer su trabajo por un malentendido. Los responsables socialistas declararon un día después que el error pudo deberse a que los inspectores no se identificaron o no avisaron con antelación de su visita. Absurdo argumento. El trabajo de estos técnicos se basa precisamente en eso, en acudir a las obras sin avisar para ver si se incumple la normativa. ¿Quién va a hacer algo ilegal si sabe de antemano que van inspectores a su casa?

A la mañana siguiente, los hombres de Urbanismo pudieron acceder sin problemas al inmueble. Pero no lo hicieron solos. Los técnicos municipales visitaron el edificio acompañados por un responsable legal del PSOE y un arquitecto del partido.

En cualquier caso, el nuevo escándalo era una dentellada más en una reyerta que venía de lejos: exactamente del 14 de noviembre de 2007. Aquel día, mientras España desayunaba con el conflicto diplomático que generó el rey Juan Carlos al mandar callar al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en plena Cumbre Iberoamericana, estalló en Madrid la llamada Operación Guateque. La investigación, desarrollada por la Guardia Civil, desveló la existencia de una trama mafiosa dedicada a la concesión de licencias en el Ayuntamiento de Madrid. A primera hora de la mañana fueron arrestadas dieciséis personas entre funcionarios y técnicos municipales, acusados de cobrar a empresarios para agilizar los trámites en la concesión de licencias. Bares, restaurantes y comercios en general tenían que pagar 20.000 euros a la red para ver su licencia concedida. Si no, su petición se perdía entre la montaña de solicitudes pendientes y tenían que esperar hasta dos años para abrir un negocio. Si pagaban, el trámite estaba aceptado en cinco días.

Agentes del instituto armado registraron en persona las sedes de Urbanismo y Medio Ambiente en busca de pruebas de la red mafiosa. Se llevaron cajas y cajas de documentación, pero la investigación no afectó sólo a los detenidos. La Operación Guateque puso también en guardia a la Casta por varias razones. Primero, por evidenciar que varios funcionarios municipales actuaban de forma ilegal y reiterada ante sus ojos. Ningún responsable político se percató nunca de que unas licencias se retrasaban de forma deliberada mientras que otras se aprobaban a toda velocidad. Segundo, porque la imagen de los policías uniformados registrando un ayuntamiento es la pesadilla de cualquier político municipal. Y tercero, porque la batalla dialéctica sobre la responsabilidad del suceso terminó por desvelar que las sedes nacionales de PP y PSOE, los edificios emblemáticos de ambas formaciones, aquellos donde Rajoy y Zapatero salen a saludar tras las elecciones, operaban sin licencia.

Fue la concejala de Urbanismo de Madrid, Pilar Martínez, quien lanzó el envite más agresivo y desató la tormenta sobre la Casta. El Partido Popular llevaba un mes viendo cómo el PSOE sacaba partido a las detenciones en su ayuntamiento y decidió ajustarle las cuentas. Martínez aseguró en declaraciones a la cadena COPE que la sede central del PSOE a nivel nacional, ubicada en el número 70 de la calle de Ferraz, en Madrid, llevaba veintiséis años abierta sin licencia. Veintiséis años. Y también indicó que hacía menos de una semana que los socialistas comenzaron los trámites para solicitarla. Lo que no explicó la concejala en aquel momento es por qué el ayuntamiento nunca hizo nada al respecto, nunca sancionó a los socialistas ni abrió expediente alguno. En lugar de eso, fue el propio ayuntamiento el que recordó al PSOE en 2005 que tenía que cumplir con la normativa y solicitar la licencia preceptiva. En ese momento el edificio que alberga la sede central de los socialistas llevaba ya veinticuatro años funcionando fuera de la ley, según los datos ofrecidos por el consistorio. Una vez más los ataques personales entre sus miembros sirvieron para que la Casta, por lo común hermética y homogénea, pusiera sus miserias sobre la mesa. «En lugar de difamar, lo que tiene que hacer el PSOE es cumplir la ley como cualquier otro ciudadano», espetó la concejala. Pocas horas después los principales medios de comunicación se apostaron en la puerta del número 70 de la calle de Ferraz, en pleno centro de Madrid. Al término de su intervención la responsable de Urbanismo aseguró que el ayuntamiento enviaría al día siguiente un inspector para comprobar la legalidad de las obras realizadas por el PSOE, pero el órdago no llegó a cobrarse y el inspector nunca apareció. No había ido en veintiséis años y no había intención de romper la costumbre. En lugar de eso, el PP recibió una nueva ración de carnaza mediática y las vergüenzas de la Casta quedaron otra vez al descubierto. El portavoz de Urbanismo del PSOE, Pedro Sánchez, desveló ante la prensa que la sede nacional del PP, ubicada en la también madrileña calle de Génova, carecía asimismo de licencia de actividades desde marzo de 2007, tras realizar una serie de reformas en el edificio. Dos días tan sólo tardó el PSOE en reclamar al ayuntamiento el expediente del edificio donde Rajoy celebra sus victorias electorales. En cuarenta y ocho horas encontraron munición suficiente para contestar a su adversario. La pena es que la gestión se hiciera para proteger la imagen del partido y no los intereses de los ciudadanos.

Tuvo que llegar una pelea a filtración limpia para que el electorado supiera que las sedes de los partidos políticos con más votantes del país operaban fuera de la normativa. Una vez más, lo que es imprescindible para los votantes no parece igual para los partidos. De hecho, pese a la reyerta de datos, no se conoce sanción alguna por parte del ayuntamiento para ninguno de los contendientes, con excepción del PSOE, al que el Ayuntamiento de Madrid ha impuesto una infracción de 120.000 euros por las obras realizadas en el palacio de la Prensa antes de la concesión de la licencia. Los socialistas han presentado dos alegaciones. Consideran que la sanción es injusta y carente de base legal, por lo que es probable que el caso termine en los tribunales.

«En Galicia, si eres socialista y con dinero, las leyes no van contigo». Estas palabras resonaron ante los micrófonos justo cuando enero tachaba sus primeras cruces. Era la primera semana lectiva del año y 2009 empezaba fuerte. Lo sorprendente es que el axioma sobre la clase política, la tesis de que los cargos electos están por encima del bien y del mal, fue pronunciado por un miembro de la Casta, uno de los suyos. El secretario general del PP gallego, Alfonso Rueda, respondía así al hecho de que el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, tuviera pensado comprar el ático con las vistas más privilegiadas en un edificio denunciado ante la Fiscalía de Pontevedra.

Su nombre oficial es Residencial Illa de Arousa, pero la promoción inmobiliaria ha pasado al imaginario colectivo con el apodo de «Villa PSOE». El sobrenombre surgió cuando un grupo de vecinos denunció el edificio porque, a su juicio, era ilegal, ya que se encuentra a tan sólo veinte metros del agua. La isla de Arousa, independizada de Vilanova de Arousa en 1997, tiene sólo siete kilómetros cuadrados y está unida al continente por un puente de dos kilómetros de longitud. Es un enclave único que tiene en la actualidad cinco mil habitantes y donde una empresa privada decidió levantar ciento veinte viviendas de lujo junto al mar.

La Ley de Costas, que entró en vigor en 1988, establece que todos los edificios construidos en España tienen que estar como mínimo a cien metros de la playa. En virtud de esta normativa se han clausurado y derribado este verano muchos chiringuitos de las playas españolas. Nada de ladrillo a menos de cien metros. Sin embargo, la normativa contempla mínimas excepciones para aquellas viviendas previstas hace más de veinte años en los planes urbanísticos de los ayuntamientos costeros. Eso es lo que ahora tratan de discernir los tribunales: si Villa PSOE se puede o no acoger a esa salvedad para evitar el derribo. Mientras los denunciantes aseguran que el edificio es ilegal porque se levantó en suelo no urbanizable después de talar un pinar de reconocido valor ecológico, el promotor de las viviendas recuerda que el plan urbanístico fue aprobado por el ayuntamiento y confirmado por la Xunta de Galicia.

En cualquier caso, sólo dos cosas son seguras: que el edificio incumple la actual normativa y que tiene todos los permisos en regla. Algo que parece ilógico, pero que se da en muchas ocasiones en España cuando se trata de urbanismo. Además, ha sido denunciado incluso por el Parlamento Europeo en el llamado
Informe Auken
, publicado el 20 de febrero de 2009. El documento critica el urbanismo depredador permitido en España en los últimos diez años y la ambigüedad con la que se ha aplicado la Ley de Costas para bloquear o autorizar proyectos junto a las playas. Lo que no explica el informe es que estas situaciones se producen porque hay mucho dinero en juego.

En el caso del Residencial Illa de Arousa, el plan urbanístico fue aprobado en el año 2005 por el ayuntamiento de la localidad, con el socialista Xosé Manuel Vázquez como alcalde. Sobre el papel, un alto cargo socialista compraba un ático en un edificio a veinte metros de la playa, aprobado por un ayuntamiento afín. La munición estaba servida. Así nació Villa PSOE.

Sin embargo, la relación político-urbanística pretendida del PP en este caso es casi artificiosa, o al menos no circula en una sola dirección. Es cierto que el edificio donde invirtieron varios responsables socialistas como José Blanco o el
conselleiro
de Trabajo de la Xunta, ricardo Varela, fue aprobado por un ayuntamiento controlado por el PSOE. Pero también lo es que uno de los promotores del edificio, José Luis Alonso Riego, fue un reconocido militante popular. Ex alcalde del pueblo gallego de A Guarda en la legislatura 2003-2007, varela fue además parlamentario autonómico durante la era Fraga. De hecho, la última palabra para autorizar el edificio la tuvo la Xunta de Galicia, ya que los gobiernos autonómicos tienen que visar y autorizar todos los proyectos urbanísticos aprobados por los ayuntamientos. Así que la llamada Villa PSOE se aprobó en el Ayuntamiento de Illa de Arousa también con los votos de los concejales populares, y recibió el sí definitivo de la administración controlada por Manuel Fraga, presidente de honor del PP. Villa PSOE es en realidad «Villa la Casta». Ambos partidos participaron en su aprobación, aunque sólo alguno de sus miembros sacó tajada. La tajada de comprar un piso en un lugar privilegiado, con unas vistas magníficas, a costa de sacrificar un paraje ecológico, de quebrantar la imagen de la zona y de levantar varios bloques de cemento a veinte metros de la costa. Eso sí, todo legal. Pero no sólo José Blanco y Ricardo Varela disfrutan de este privilegio. También tienen opción de compra en el edificio muchos particulares y varios concejales del PP, tal y como confirmó a la prensa en enero de 2009 el promotor del edificio, deseoso de desligar el inmueble de cualquier signo político.

EL CONTROL DE LA JUSTICIA

Así se blinda la Casta frente a investigaciones policiales e interfiere en el sistema judicial

L
a separación entre los tres poderes —legislativo, ejecutivo y judicial— es la base del Estado de Derecho. Según esta organización social, desarrollada en el siglo XVIII por Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu, la administración de justicia tiene que ser completamente impermeable a los intereses políticos. Es decir, los jueces y todos aquellos relacionados con el sistema judicial tienen que ser independientes del Gobierno y de los que hacen las leyes. Independientes de la Casta. Lo que Montesquieu propone en su obra
Del espíritu de las leyes
, publicada en 1748, es «que el poder contenga al poder».

El motivo es sencillo. La creación de un Estado responde a la necesidad del hombre de defenderse de otros hombres. El individuo renuncia a parte de su libertad para vivir en sociedad, en un entorno reglado que castiga las conductas peligrosas para la convivencia: violencia, robos, asesinatos… Pero ¿quién protege al hombre del propio Estado? Surge el dilema de quién vigila al vigilante. Es entonces cuando se hace necesaria la separación de poderes y los jueces tienen que emplearse más a fondo para luchar contra los grupos dominantes. Es entonces cuando se ven obligados a plantar cara: cuando investigan o castigan a la Casta.