La Casta (17 page)

En 2005 el Estado invirtió en La Mareta 271.697,99 euros en mejoras y restauraciones con vistas a la primera visita estival del presidente. Las obras se fraccionaron en veintiún tramos distintos, por lo que no fue necesario sacar el montante total a concurso público al tratarse de contratos menores. En septiembre de 2005 el ejecutivo socialista tuvo que reconocer de forma oficial el gasto, computado a Patrimonio Nacional, en respuesta a una pregunta parlamentaria del diputado popular Miguel Barrachina. Según los datos oficiales, con el dinero público los obreros repararon el pavimento de los paseos, las zonas comunes, la piscina y la fuente del estanque central, repusieron las balizas del helipuerto y reformaron la cancha de deporte.

Este último fue uno de los gastos más polémicos. Sólo en pintar el suelo de aquella pista, destinada a practicar tenis y baloncesto, el Estado gastó 8.987 euros. Un millón y medio de las antiguas pesetas para que el presidente jugara al baloncesto, uno de sus deportes predilectos. Pese a las perfectas condiciones de las instalaciones, Zapatero tuvo la mala suerte de sufrir una lesión de rodilla la tarde del 4 de agosto de 2005, mientras celebraba su cumpleaños encestando junto a unos amigos. Aquel verano ya no utilizó más la pista.

Las vacaciones con todo pagado son un privilegio del que disfruta únicamente el presidente español entre todos los jefes de Gobierno de la Unión Europea. Ni uno solo de los veintisiete líderes de la UE disfruta de vacaciones similares. En Suecia o Dinamarca los líderes de la Casta no pueden disponer siquiera de coche oficial cuando están en actividades privadas. Sin embargo, en España es distinto. Llama la atención que los contribuyentes paguen de su bolsillo la residencia estival del presidente mientras Sonsoles Espinosa ostentaba en propiedad un chalet en la costa de Almería.

¿A cuánto ascienden en total los gastos de las vacaciones presidenciales? ¿Cuánto cuesta este servicio a los españoles? Como siempre que se trata de los gastos de la Casta, la cifra oficial se desconoce, o más bien se omite información de forma deliberada.

Como aproximación baste decir que el personal de cámara que mueve el jefe del Gobierno en estos desplazamientos ronda las cien personas entre escoltas, guardias civiles, asesores, personal de prensa e incluso un cocinero. Todos ellos cobran una media de 80 euros de dieta diaria por motivo de desplazamiento, lo que suma 8.000 euros por jornada sólo por este concepto. Si el presidente pasa tres semanas en Lanzarote, los trabajadores públicos que le siguen le cuestan al Estado 160.000 euros en dietas. A eso hay que sumar avión privado, desplazamientos, gasolina, manutención, gastos de comunicaciones, protocolo, teléfono móvil… Una pequeña parte de los desplazados se aloja en la residencia de La Mareta, pero el grueso de los trabajadores públicos se hospeda en el núcleo urbano de Teguise, donde la administración tiene que abonar también su alojamiento. ¿Una habitación para dos personas? Son 50 euros la noche. Por lo que cuarenta habitaciones suponen otros 2.000 euros al día. Al final la cifra alcanza los 200.000 euros sin pormenorizar los gastos de forma detallada.

En cualquier caso, la responsabilidad última de estos gastos se disuelve y no recae tan sólo en la figura del presidente. No es Zapatero quien ordena gastar casi 9.000 euros en pintar la pista de baloncesto. Seguramente el presidente ni siquiera sabe que se ha hecho ese gasto para su visita. Tampoco es el propio Zapatero quien programa sus dispositivos de seguridad, sino el equipo que le protege, perteneciente al Ministerio del Interior. Son ellos quienes determinan si el jefe del Gobierno tiene que viajar en un avión privado o militar, si ha de hacerlo escoltado por una comitiva de funcionarios armados o si sus desplazamientos deben ser reconocidos con anterioridad por agentes especializados. Sin embargo, sí es responsabilidad última de su gabinete conocer que, el año que Zapatero eligió La Mareta para sus vacaciones, Patrimonio Nacional invirtió en reformar la casa más del doble de lo que habitualmente gastaba en su mantenimiento, unos 100.000 euros al año. Este año la seguridad del edificio, independiente al dispositivo que acompaña al presidente, ha costado 150.000 euros al bolsillo de los contribuyentes.

Las condiciones de los viajes emprendidos por el máximo responsable político del Estado han servido también como arma arrojadiza entre los miembros de la Casta. La mecha se prendió el 24 de mayo de 2009, cuando el presidente Zapatero fue acusado de utilizar un avión del Ministerio de Defensa —concretamente un Falcon 900, cuya hora de vuelo cuesta cerca de 7.000 euros en combustible— para desplazarse a un encuentro electoral organizado por el PSOE en la localidad sevillana de Dos Hermanas. España se encontraba en pleno periodo electoral, con la campaña al Parlamento Europeo en su máximo apogeo, y el viaje del presidente en un avión público para un acto privado fue elegido por la oposición como estandarte de su campaña.

Sin embargo, la maniobra fue un artificio; no por el hecho de que el presidente utilizara las arcas públicas para sus viajes partidistas, sino por la omisión de que todos lo hacen. Por ley, los diputados tienen la facultad de viajar gratis en las aerolíneas del país. Así que el presidente también disfruta de ese derecho. Además, el jefe del ejecutivo viaja con todo su dispositivo de seguridad. Si se desplazara en vuelos comerciales habría que desalojar por lo menos a un tercio del pasaje cada vez que el presidente tuviera que coger un avión en compañías como Spanair o Iberia.

De cualquier forma, este argumento no resta peso al hecho de que Zapatero se desplazara con dinero público a un acto de su partido, algo que sucede constantemente. La semana siguiente, su número dos al frente del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, hizo uso de nuevo de un avión estatal para visitar las Fallas de Valencia. El problema es que la legislación actual no marca de forma estricta los límites en los que la Casta puede hacer uso de su derecho a viajar gratis. De hecho, es imposible conocer en España cuánto cuestan los viajes oficiales del presidente del ejecutivo, y mucho menos el montante total facturado a las compañías aéreas por los traslados de diputados, senadores, parlamentarios autonómicos, alcaldes o concejales.

Para hacernos una idea, el servicio de gestión de viajes del Ministerio de Presidencia salió a concurso en 2006 con un presupuesto total de un 1,5 millones de euros. Y eso que el presidente viaja en aviones del Ministerio de Defensa, así que no se facturan en esta partida. En el Congreso de los Diputados el presupuesto de licitación del mismo servicio asciende cada año a 5 millones de euros. Este dinero de los contribuyentes sufraga los viajes de trescientos cincuenta diputados. En esa partida no se incluyen los gastos de los miembros del Gobierno, que se cargan a los distintos ministerios.

Sin embargo, pese a que las cuentas globales están claras, la Casta es hermética a la hora de ofrecer datos concretos sobre cómo se gasta el dinero, datos capaces de sonrojar al político y airar al contribuyente.

Es común que la respuesta del ejecutivo a las preguntas parlamentarias que requieren gastos pormenorizados sean lo más vagas posible: «El coste del viaje fue el imprescindible para llevar a cabo el programa previsto», contestó el gobierno socialista a una pregunta realizada en un pleno de control por el PP. Esta actitud deja sin conocimiento público el coste de enviar a la ex ministra Magdalena Álvarez en sus viajes oficiales a Vietnam o Liberia, o el precio para el Estado de las giras diplomáticas que la vicepresidenta De la Vega realiza periódicamente por Iberoamérica o el África subsahariana. Estos viajes pueden estar justificados desde el punto de vista político, pero los votantes tienen derecho a conocer su precio al detalle, ya que son ellos quienes los pagan.

La ligereza de los diputados españoles con sus viajes era tal que el presidente de la cámara, el socialista José Bono, tuvo que intervenir. En febrero de 2009 el ex presidente de Castilla La Mancha anunció nuevos recortes. Lo primordial era reducir los viajes de la llamada diplomacia parlamentaria, es decir, los viajes protocolarios realizados por los diputados a parlamentos de otros países o a citas internacionales. Traslados en los que la utilidad del gasto resulta muchas veces cuestionable.

Incluso en este caso los cargos electos aplican su picaresca. La delegación española fue durante años la única que acudía al completo —con reservas incluidos— a las reuniones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Cuatro veces al año, 315 representantes de 47 parlamentos nacionales se reúnen en Estrasburgo para debatir sobre los problemas del continente. La delegación española en cada reunión está compuesta por 8 diputados titulares, que son quienes participan en los encuentros de trabajo. Pero con ellos viajaban hasta principios de 2009 otros 8 diputados de reserva, únicamente para pegarse el viaje, cobrar dietas y quedarse mirando desde el banquillo durante una semana por si surgía algún imprevisto. En marzo de 2009 la Mesa del Congreso dijo basta e hizo oficial la decisión de terminar con esta costumbre.

Un mes antes el organismo aprobó por unanimidad un plan elaborado por la vicepresidenta del Congreso, la socialista Teresa Cunillera, para reducir los llamados «grupos de amistad». El Congreso de los Diputados mantiene una relación constante con países en vías de desarrollo. Hasta aquel momento, una delegación formada por 12 diputados —que rotaban en función del destino— viajaba de forma periódica a 32 países de todo el mundo, con el consiguiente gasto para el erario público. El 17 de febrero la lista de países preferentes quedó reducida a 13 (había que apretarse el cinturón): Perú, Ecuador, Marruecos, argelia, túnez, turquía, Rusia, China, México, Colombia, Brasil, Chile y Argentina seguirán recibiendo las visitas de los cargos electos españoles, pero en menor medida. Y ahora son sólo cinco los parlamentarios que realizan el viaje.

Ante esta maraña de gastos, aviones y dietas sólo cabe una pregunta: ¿realmente son necesarios tantos viajes? ¿De verdad se justifican todas y cada una de las visitas de la clase política? La respuesta es completamente subjetiva. Incluso depende de los propios miembros de la Casta.

No existe una forma objetiva de medir los resultados de un viaje concreto, ya que su rendimiento no se valora, por ejemplo, respecto al número de unidades vendidas. No podemos conocer con absoluta certeza si las empresas españolas invierten mejor en Marruecos gracias a los viajes de los diputados españoles o si el reinado de Mohamed VI cumple con los derechos humanos de una forma más efectiva ante el riesgo de ser auditado por ojeadores de su país vecino. Todo depende del cristal con que se mire. O del bando político donde se sitúe el ojeador.

Terminaba el invierno en España cuando la ex ministra de Fomento, la socialista Magdalena Álvarez, decidió marcharse cinco días de viaje oficial. Destino: Moscú y Siberia. En Rusia la ex ministra socialista se dedicó a recabar información sobre el modo de afrontar las nevadas en las infraestructuras públicas. Nadie argumentó entonces por qué era necesaria la visita presencial de la ministra del ramo para ese cometido, más propio de un técnico de su departamento. Sin embargo, ésa no fue la única labor de Magdalena Álvarez. La representante de la administración estatal firmó además un preacuerdo comercial para que las empresas españolas desarrollen en Rusia parte de su red de trenes de alta velocidad.

Mientras este viaje fue calificado como un éxito por parte del ministerio, la oposición cargó de nuevo las ballestas mediáticas contra Zapatero y su equipo. Todos los grupos políticos, a excepción del PSOE, consideraron que el viaje de Magdalena Álvarez era improcedente y que se ideó para que la cuestionada ministra se ausentara de la escena pública en plena campaña de las elecciones en Galicia y el País Vasco.

Nunca se viaja a gusto de todos, pero la factura siempre se pasa al contribuyente. En aquellas fechas el diario
ABC
reveló que la ex ministra utilizó en tres años 97 veces un avión del Ministerio de Defensa para sus desplazamientos. Sólo hay que extrapolar el dato a los 17 ministros del actual gobierno para entender el ajetreado uso que se les da a los aviones oficiales: más de 1.552 vuelos por legislatura.

La petición llegó a la Mesa del Congreso —el órgano de gobierno interno de la cámara— a principios de abril. Y allí, tras las demostraciones reiteradas de austeridad propugnadas por los líderes políticos, después de anunciar una congelación salarial para los diputados, y tras decidirse una reducción al máximo de los viajes de los cargos electos, también figuraba una petición de sesenta diputados españoles para irse cuatro días a Canarias a estudiar el cultivo del plátano. Tal y como suena.

Mediante una petición formal, los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, agricultura y Pesca —una de las más numerosas del Congreso, con sesenta miembros— solicitaban autorización para hacer «una visita a la isla de La Palma y conocer la realidad agraria y medioambiental entre los días 16 y 19 de abril, así como de los gastos a que diera lugar». Con toda naturalidad, la comisión presidida por la ex ministra María Antonia Trujillo solicitaba autorización para que sesenta miembros electos pasaran cuatro días en el archipiélago. ¿De verdad son necesarios cuatro días de trabajo de sesenta diputados para estudiar sobre el terreno semejante tema? La Mesa del Congreso, presidida por el socialista José Bono, consideró que no y echó para atrás la propuesta, que nació de una invitación formal realizada por el presidente del Cabildo de La Palma, José Luis Perestelo, que ocupa un escaño en el Congreso en nombre de Coalición Canaria. El organismo de gobierno de la cámara recomendó a la comisión que viajaran sólo la presidenta y tres representantes políticos. En total, cuatro personas. Si el viaje se hubiera proyectado en los términos solicitados, sus señorías se habrían embolsado 24.000 euros sólo en dietas.

La política de contención de gasto aplicada por el presidente del Congreso, José Bono, generó incluso fricciones con los miembros de su propio partido. En mayo de 2009 el ex ministro de Defensa anunció un objetivo cumplido. Su plan de ahorro había reducido de forma drástica el dinero que el Congreso invertía anualmente en los viajes de sus señorías. Curiosamente la noticia, distribuida por varias agencias, carecía de cifras exactas sobre la cuantía que se había ahorrado a los contribuyentes.