La Casta (13 page)

Los socialistas encontraron 3 millones de euros perdonados al PP entre 1989 y 2001 por varias entidades bancarias. La primera condonación, por valor de 291.000 euros, corresponde a la Caja de Ahorros de Plasencia, según los datos del Tribunal de Cuentas para 1989. Varias operaciones similares se sucedieron en 1993 y 1994, años en los que se desconocen los bancos participantes. En 1996, con el gobierno de José María Aznar en el poder, los populares fueron eximidos de pagar 1,7 millones de euros gracias al acuerdo con «una caja de ahorros con sede en Galicia», según recogen los informes de los auditores públicos. El último estudio del Tribunal de Cuentas localiza además irregularidades en los créditos saldados por el Partido Aragonés, el Partido Nacionalista Vasco y PSM Entesa Nacionalista de Mallorca, «sin que los partidos políticos hayan aportado documentación acreditativa de la cancelación de las deudas».

A TODO LUJO CON DINERO PÚBLICO

Desde llamadas a líneas calientes hasta comilonas con gambas de Sanlúcar

«L
a corrupción sin dinero es sexo». La frase sonó extraña en aquel pabellón deportivo. Allí, lejos de miradas indiscretas, una concejala alicantina teorizaba sobre los motivos de la corrupción instalada en su ayuntamiento, inmerso en varios procesos judiciales. Sobre la mesa había una factura de 1.300 euros que se gastaron los concejales levantinos en copas en una sola noche. Un total de 1.300 euros en whisky, ron y refrescos de cola en un solo día de verbena. Y con dinero público. A aproximadamente 5 euros por copa, los políticos locales disfrutaron de 260 consumiciones ese día. Sin duda tienen buen saque. Además, la juerga se repitió en otras ocasiones y con parecido resultado. Al final el ayuntamiento tuvo que solicitar un crédito de 4 millones de euros para sufragar 1.500 facturas pendientes de cobro desde 2008.

En España cada ayuntamiento, diputación, parlamento u organismo público es dueño de administrar el dinero que recibe de la caja común. Así que los políticos de todos los niveles disfrutan de cierta libertad para disponer de fondos públicos.

La administración impone una serie de controles para auditar los excesos de concejales y parlamentarios, pero en ocasiones son insuficientes. Un ejemplo sencillo: el uso del teléfono móvil.

En mayo de 2009 la Fiscalía de Sevilla solicitó siete años de cárcel para el alcalde de Puebla del Río, el socialista Julio Álvarez González. El edil gastó entre septiembre de 1999 y febrero de 2001 la cantidad de 6.090 euros en su teléfono móvil municipal. Según los datos oficiales, la mayoría de las llamadas fueron realizadas a su novia, a la que llamó en veinticinco ocasiones sólo el 14 de febrero, día de San Valentín. Toda una demostración de afecto con dinero público. Ocho años después de aquello, Julio Álvarez sigue siendo el alcalde de Puebla del Río y la Justicia todavía no se ha pronunciado sobre si debe o no ser inhabilitado.

En julio de 2006 la revista
Interviú
denunció que la concejala de El Ejido, María del Carmen Fernández, del Partido de Almería, gastó 6.000 euros de teléfono móvil público en llamadas a una pitonisa. En abril de 2008 el caso se repitió en Firgas (Gran Canaria), donde el móvil del entonces alcalde, Manuel Báez, sirvió para realizar medio centenar de llamadas a concursos de televisión. En este caso, el primer edil repuso con presteza el dinero cuando se detectaron los gastos, y aseguró que las llamadas eran posiblemente obra de alguno de sus hijos.

El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, tenía en 2003 un total de 270 teléfonos móviles operativos para una localidad de 64.000 habitantes. Uno de ellos hizo durante un mes 20 llamadas a Cuba. Por supuesto, el municipio gaditano no tiene ningún expediente tramitado en la isla caribeña. A la factura municipal hay que sumar también, ese mismo mes, los gastos generados por las descargas de juegos como Sextron o Tentación, y diversas consultas al horóscopo o al tarot. Otro de los teléfonos registró tres llamadas a una línea de contenido erótico con tarificación extraordinaria. El contribuyente pagó hora y media de servicio sexual telefónico para un miembro de la corporación. Los datos salieron a la luz tras una auditoría externa contratada por la oposición, que derivó en una investigación abierta por la Fiscalía de Jerez. Llama la atención que tenga que ser una iniciativa privada —en este caso del PSOE— la que desvele 14 millones de euros en facturas sin reconocer, pese a que el ayuntamiento se encuentra auditado por funcionarios de la administración estatal. Entre los dispendios figuran comidas con casi dos kilos de langostinos de Sanlúcar acompañados de cinco copas de whisky, puros Montecristo y vino Moët & Chandon.

En la localidad madrileña de Pinto fueron responsables municipales del PSOE e Izquierda Unida quienes cargaron a las arcas municipales diversos gastos en colchones, hoteles, ropa, relojes e incluso televisores y bicicletas pagados con la Visa Oro municipal. Según los justificantes de pago presentados por el Partido Popular para que sean investigados por el Tribunal de Cuentas, la tarjeta de crédito del ayuntamiento registró entre 2005 y 2007 la compra de dos colchones por 730 euros, un televisor por 1.798 euros, dos bicicletas por valor de 385 euros, y hasta una entrada a la catedral de Toledo. ¿De verdad piensan los políticos de Pinto que sus ciudadanos les tienen que pagar la entrada a la catedral de Toledo? Parece que sí, porque también pagaron con la tarjeta municipal la entrada al Museo de Cera y al Thyssen de Madrid, según unas cuentas que fueron aprobadas por el pleno municipal. La falta de liquidez del ayuntamiento madrileño en aquellas fechas era tan palpable que apareció incluso en las páginas del
Financial Times
, el diario económico más vendido del mundo, tras la decisión municipal de suspender los encierros de las fiestas patronales debido a la falta de dinero. Quizá deberían haber vuelto a la catedral de Toledo a pedir un milagro.

Al margen de intervenciones divinas, la legislación española no acota de forma clara los gastos a los que tiene acceso la clase política. No hay límites sobre lo que puede gastar un político en una comida, ni sobre la cantidad de dinero de la que dispone en efectivo. No hay control previo sobre la contratación de tarjetas de crédito ni sobre el uso que se hace de ellas. No hay nadie que ponga freno de antemano a sus excesos. Todo queda bajo la tutela de la Casta.

El 9 de marzo de 2009 la concejala Blanca Rosa Alcántara dio una rueda de prensa. Avergonzada, la edil del Partido Popular de Getafe reconoció que su hija de catorce años se había gastado 35.000 euros en un año con la tarjeta de Internet móvil que el ayuntamiento había asignado a la madre. La niña utilizó esa tarjeta para descargar series desde su habitación, donde la conexión inalámbrica tenía poca cobertura. Descargó, por ejemplo, varios episodios de la serie
Perdidos
. En total generó un coste para las arcas municipales similar al de la compra de un coche de cierto nivel. En su comparecencia pública, el portavoz adjunto del PP de Getafe, José Luis Vicente, excusó ante la prensa a su compañera de partido y aseguró que esta situación «le puede ocurrir a cualquiera».

¿De verdad le puede pasar a cualquiera que su hijo gaste 35.000 euros en Internet durante un año sin que nadie se dé cuenta? Parece claro que no. Esto sólo le puede pasar a cualquiera que no lo pague de su bolsillo. En todo caso, el hecho pone de manifiesto la nula necesidad que tenía la concejala de disponer de un acceso móvil a Internet, ya que el aparato fue utilizado durante meses por su hija. También salta a la vista la falta de controles efectivos en un ayuntamiento capaz de gastar una cantidad de dinero semejante durante doce meses sin que nadie detecte absolutamente nada. Como contrapartida, la niña que gastó el dinero tiene un club de fans con novecientos cincuenta y seis integrantes en la red social de Facebook. Algo es algo.

Faltos de una legislación concreta que ponga coto a sus gastos, la clase política se rige por códigos de conducta. El principal, aprobado por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, insta a sus cargos públicos a que no realicen gastos superfluos u ostentosos con dinero público. Pero ni sus propios hombres lo cumplen. El 15 de junio de 2007 el socialista valenciano Vicent Costa acababa de perder las elecciones municipales a favor del Partido Popular, pero seguía siendo alcalde en funciones de Pedreguer. Como tal, disponía de fondos municipales, así que ese día se marchó con otros cuatro compañeros de la corporación y se gastó 477 euros en gambas rojas de Denia, cigalas, langostas, navajas, jamón y caldereta. Una buena despedida.

En 2002 fue un concejal del Ayuntamiento de Benidorm quien decidió pagar de su bolsillo una comida tras ser descubierto. Antonio Botella, edil de Urbanismo, gastó 568 euros de las arcas municipales en una marisquería tras visitar la Feria Internacional de Turismo que se celebra cada año en Madrid. El concejal pasó al ayuntamiento una factura por doce ostras de la ría, angulas del Miño y un centollo de más de un kilo, acompañado todo de una botella de albariño Valdamar y otra de Moët & Chandon Brut Imperial.

Javier Rodrigo de Santos llevaba una doble vida. Por la mañana era un reputado concejal de la rama más tradicional del Partido Popular de Palma de Mallorca. Por la noche el político descargaba sus pasiones a través del sexo y la droga en locales frecuentados por la comunidad homosexual de la isla. El problema llegó cuando el concejal, que no supo separar a tiempo sus dos vidas, pagó durante dos años con la tarjeta de crédito que el Ayuntamiento de Palma le había asignado sus noches locas de cocaína y fiestas sexuales.

El caso se conoció el 13 de marzo de 2008, cuando el ayuntamiento balear no tuvo más remedio que reconocer ante la prensa los gastos indebidos de su teniente de alcalde. La alcaldesa de la ciudad, la popular Catalina Cirer, informó apesadumbrada de que la Fiscalía Anticorrupción había procesado a su hombre de confianza por un presunto delito de malversación de caudales públicos, relacionado con sus continuos derroches en sitios de alterne. La tarjeta de crédito municipal de De Santos registraba gastos a altas horas de la madrugada, y algunos clubes facturaron hasta 1.450 euros al concejal en una sola noche.

Como norma general, los locales de prostitución intentan ocultar el motivo de sus cobros en cada factura para no aparecer en los extractos bancarios. Para evitar posibles problemas conyugales, muchos clubes de alterne facturan sus servicios como hoteles, restaurantes e incluso empresas de construcción. Así, los cargos de la tarjeta de crédito del concejal imputado registraban pagos en mitad de la noche a empresas que nada tenían que ver con el servicio que realmente ofrecían. Buena técnica, pero ¿qué tipo de controles aplica el Ayuntamiento de Palma para que alguien gaste a su antojo 50.000 euros en veinticuatro meses? ¿Nadie sospecha si un concejal compra material de obra un sábado a altas horas de la madrugada? Parece ser que no.

Los gastos indebidos del concejal de Urbanismo no fueron detectados por el Ayuntamiento de Palma hasta tres años después. Fue el 20 de febrero de 2008 cuando el consistorio puso las pruebas sobre los gastos nocturnos de su edil en conocimiento de la Fiscalía. Javier Rodrigo de Santos se excusó ante la prensa alegando que estaba enfermo y que su conducta era fruto de su adicción a las drogas. Al día siguiente devolvió en el ayuntamiento 50.800 euros por sus fiestas en locales homosexuales.

Tanto en los ayuntamientos como en el resto de las instituciones del Estado es común que los cargos de máxima confianza, los que están más arriba en el escalafón, dispongan de tarjetas de crédito a su nombre. El motivo es la necesidad que tienen estos miembros de la Casta de disponer de efectivo para realizar su función pública.

En general las tarjetas de crédito se utilizan para abonar gastos de representación, como comidas de trabajo, hoteles o aparcamientos de pago. Los funcionarios y cargos electos que no disfrutan de este privilegio tienen que abonar de su bolsillo las facturas y después justificarlas, aunque se trate de gastos necesarios para su trabajo en la administración.

Este doble rasero se aplica también a la hora de fiscalizar los gastos. Mientras los funcionarios rasos, concejales de la oposición y miembros de la escala básica de la Casta tienen que justificar por medio de facturas todos los pagos, los poseedores de tarjetas de crédito no suelen aportar acreditación alguna, ya que se supone que el motivo de sus dispendios figura en el comprobante de la cuenta. Lógicamente, los gastos son mucho más recatados cuando el trabajador público tiene que poner por adelantado el dinero de su bolsillo. No es lo mismo pagar una comida con langosta y jamón de Jabugo y luego tener que presentarla con nombre y apellidos, que abonarla con el simple paso de una tarjeta. En el caso de los concejales, si el interventor municipal no acepta la factura por considerarla inapropiada, perderían su dinero.

Sin embargo, en el caso de De Santos no fue así. El número dos del Ayuntamiento de Palma disponía de una tarjeta a su nombre y de la confianza suficiente como para que nadie revisara sus gastos hasta que no fuera estrictamente necesario. Dicho sea de paso, llama la atención que el concejal dispusiera de 50.800 euros en efectivo para hacer frente al agujero que provocó al día siguiente de que el caso saltara a la prensa. Si tenía ese dinero, podía haber pagado sus juergas nocturnas con él y nada habría pasado.

El uso que los políticos baleares han hecho de sus tarjetas de crédito es tan controvertido que el gobierno autonómico tomó la decisión de retirarlas todas para evitar fraudes y gastos innecesarios. Desde aquel día el Govern sólo tiene tarjetas virtuales, destinadas a la compra de artículos por Internet.

La decisión se produjo en abril de 2008 como medida de control presupuestario. Y se enmarcó dentro de un plan de lucha contra el fraude impuesto por el ejecutivo autonómico tras el estallido del caso Bitel. El 19 de abril de 2008, mientras el ministro de Economía, Pedro Solbes, anunciaba un plan de medidas estrella para salir de la crisis financiera, la Policía Nacional detuvo en Palma de Mallorca al ex director de la empresa pública Bitel, damià Vidal, acusado de apropiarse, junto con otras tres personas, de 700.000 euros.