¡Pobre Patria Mía! (12 page)

Provincias afortunadas en recursos naturales y humanos deben ahogarse en la miseria cuando su gobernador no le cae simpático al presidente. Al presidente no le importa el brillo de los programas provinciales ni los problemas que debe atender, sino que el gobernador y su séquito le chupen las medias de tal forma que se atraganten, y se atraganten al extremo de que haya que sacarles las medias con una traqueotomía, según gráfico Luis Juez.

Es muy doloroso decir que nuestra sociedad tiene la culpa. ¡Pero yo lo digo, aunque me duela, aunque irrite porque es políticamente incorrecto! Si no la tiene nuestra sociedad, ¿quién la tiene? No demos más vueltas con el cuento de la buena pipa. ¡Reconozcámoslo! Basta de echarle la culpa al otro. Basta. Nuestra sociedad y nuestros líderes, ¿acaso sueñan o proyectan derribar este esquema luciferino de la coparticipación federal vigente? ¿Urden estrategias para que las cosas cambien de una santa vez? Debemos recuperar la República con tres poderes independientes y bajo recíproco control. Debemos tener representantes verdaderos. Debemos consolidar un país Federal en serio, no unitario y menos unipersonal.

Nuestros dirigentes —con excepciones notables, debo reconocer— se han resignado a chapalear en el ergástulo y sólo pelean por monedas, como en las cloacas de
Los miserables
. No se atreven a acometer una rebelión que mejore de veras la redistribución del ingreso. No se alzan feroces contra el macaneo de una redistribución más cínica que una zanahoria puesta ante los ojos del burro.

A fines de enero de 2009 la tapa de los diarios cacheteó a los lectores con esta noticia: "El ex presidente Kirchner reparte obras millonarias en busca de votos". Durante el último mes se había reunido con cuarenta intendentes y prometido 5.000 millones a los que pertenecían al PJ bonaerense. Néstor usaba un cuaderno ajado con espirales rotas para anotar números, como los viejos almaceneros, o como sus antecesores descritos en
La Patagonia rebelde
. A uno le dijo: "Vas a ver, la obra pública cambiará el humor de la gente". A otro: No te hagas problemas, este programa lo monitoreo yo". Sus actividades las realiza en la residencia de Olivos puenteando a los gobernadores, y suele presentarse a las reuniones acompañado por altos funcionarios, como si fuese aún el presidente. Define inversiones y obras clave. Muchos jefes comunales se van con la promesa de recibir hasta un ochenta por ciento para sus distritos en el reparto de los fondos nacionales, si consiguen ganar votos en las elecciones de octubre. Las obras deben ser impactantes: mejoramiento de escuelas, hospitales, construcción de viviendas, tendidos viales. Cuando se despide de los intendentes, Néstor les dice: "Cualquier problema que tengas, me llamas a mí".

¿Quién es este señor que ejerció la jefatura de Estado, pero que ahora no tiene
ningún
título oficial para disponer del dinero público? ¿Es acaso un dinero de su bolsillo? ¿Cómo se atreve a presentarse con las manos generosas de Papá Noel? ¿No es un delito que desparrame montos fabulosos que no le pertenecen? ¿No es un escándalo que se presente rodeado de funcionarios de un Estado que "nos pertenece a todos"?

¿Y la ecuánime coparticipación federal? ¿Y el estado de Derecho?

La narcótica inyección de la
Kaja
se aplica al conurbano bonaerense donde se definirá la elección. Esto se hace sin escrúpulos, porque viene acompañada de una antidemocrática discriminación hacia el resto de la provincia (y ni hablar de las demás provincias). Los intendentes opositores no reciben ni un peso más, porque sus votos no interesan. Un jefe comunal que se excusó de revelar su nombre –"si no, me cortan la cabeza"— denunció que "hacen reuniones en Olivos e invitan a los más obsecuentes; nos dejan afuera de todo". Julio Barbieri, intendente de San Pedro y radical, se lamentó con las siguientes palabras: "Es muy injusto; se daña a la gente, que es la más perjudicada; la política no está para eso". Y detalló que hubo pedidos concretos al gobernador Scioli y la ministra de la Producción para la cosecha de naranjas, junto con un subsidio para los que perdieron todo con la sequía. "Esperamos desde hace más de medio año, pero la ayuda nunca llega."

El tema de la Justicia es un laberinto. Quienes han tenido la suerte excepcional de vivir lejos de ella no han sufrido sus malos tratos, lentitud o mordiscos de piraña. Los atentados de los 90 reinstalaron la exigencia bíblica de "Justicia, justicia perseguirás!" Pero no hay justicia en un sentido tranquilizador, ni se persigue a muchos delincuentes y se renuevan los privilegios de quienes gozan del poder. En el
Martín Fierro
el Viejo Vizcacha aconsejó: "Hacete amigo del juez/ no le des de qué quejarse". Del juez, no de la Justicia. Por algo era un pícaro.

Perón inauguró el hábito de que cada presidente —sólo se eximió De la Rúa— modificase la Corte Suprema. Mariano Grondona, antes de la hábil ampliación a nueve miembros decidida por Menem, le propuso que no lo hiciera para convertirse en el primer presidente que no tocaba la Corte luego de tantas inestables décadas. Menem pensó unos segundos y respondió: "¿Me propone entonces que me convierta en el primer presidente boludo?"

Está claro que Menem fue sincero: respetar la Justicia es entre nosotros una característica de boludos.

Con la Reforma Constitucional de 1994 se creó el Consejo de la Magistratura por iniciativa de Alfonsín. Urgía elevar el nivel de los jueces mediante una rigurosa selección y el seguimiento de su tarea. La elección de un juez tiene tres etapas, de las cuales dos son definitivamente políticas: el candidato que el Ejecutivo escoge de una terna y la aceptación o veto que aplica el Senado de la Nación. Queda una sola instancia que no es totalmente política y merecería ser profesional en serio: la primera, la dedicada a estudiar el curriculum y las cualidades del candidato, además de tomarle un examen riguroso.

Nuestra sociedad (¿narcotizada?) toleró la burla que significó demorarse cuatro años para poner en funcionamiento ese Consejo. El Ejecutivo se esmeró durante ese lapso interminable para atarlo de pies y manos, con el evidente propósito de que no se filtrase un solo nombre que podría serle adverso. Más empeño aún le dedicó al Jurado de Enjuiciamiento, para que se cortara la cabeza de los jueces que se atreviesen a hostilizar a un corrupto en funciones. Resultado, la composición del Consejo quedó integrada de manera defectuosa desde sus inicios: nueve miembros profesionales (abogados, académicos, jueces y un representante de la Corte). Pero debidamente neutralizados con cuatro diputados, cuatro senadores y un representante del Ejecutivo. En síntesis, la única instancia donde no debería reinar la política sino la excelencia fue emasculada ante los ojos indiferentes del pueblo y los medios de comunicación.

Desde entonces son los políticos quienes manipulan el Consejo gracias a sus malas artes, que incluyen el extorsivo recurso del quórum.

La función múltiple de sus integrantes políticos —que se dicen muy ocupados por sus otros cargos-cajonean varios temas por falta de tiempo y hasta hubo "nuevos" proyectos que habían sido presentados con anterioridad, pero ya los consejeros no se acordaban... ¡Qué seriedad admirable! Desde luego que no se avanzó un centímetro en la prometida reforma judicial. Siempre andan muy ocupados. O desocupados.

La misma persona que iba a mejorar la institucionalidad del país —me refiero a Cristina, obviamente—, cuando fue senadora mientras su marido ejercía la presidencia, apretó enardecida a sus colegas para distorsionar más aún el Consejo y reducirlo a obsecuente vasallo del Ejecutivo de turno mediante la gravitación de una mayoría oficialista. El Consejo es funcional al gobierno, no a la Justicia. Diana Conti, comisario de los K en esa institución, afirmó que "nosotros no imponemos ni vetamos: negociamos y los demás acceden de buena gana". De buena gana...

¿Algún ejemplo? Se efectuó una sonora discriminación en el concurso que debía llenar seis cargos de la Cámara de Apelaciones en lo Civil. Mediante una votación ilegítima liderada por Diana Conti, se excluyó de las ternas al candidato mejor calificado, que era el doctor Pedro Lanusse. La consejera se arrogó una "vocación democrática" que la autorizaba a tachar a este profesional porque había ejercido la magistratura durante el Proceso. No explicó la diferencia entre este caso y los numerosos jueces que ahora integran la Justicia y hasta el más alto tribunal de la República, sin que se les enrostre semejante pecado. Hasta los K eran amigos de varios militares del Proceso y se enriquecieron sin la menor interferencia a sus actividades.

Lanusse acudió a la Justicia blandiendo la Constitución. Pero varios jueces del fuero contencioso administrativo, con pánico en el alma, rehusaron intervenir con la débil excusa de que ya participaban en otros concursos y una jueza dijo, además, que había sido denunciada por emitir fallos irritantes al gobierno. Pero, ¿y los principios de la Justicia?

Esteban Furnari, del Juzgado N° 2, intervino en este caso, pero después declinó proseguir por extrañas razones de "decoro y delicadeza". ¡Qué términos! La Sala III también esquivó la medida cautelar porque "la cuestión se había tornado abstracta". ¿Abstracta? Sí, porque el Consejo, mientras tanto, ya había elevado las ternas —mal confeccionadas y cuestionables por donde se las mirase— al Poder Ejecutivo. Entonces Lanusse se presentó ante la Corte Suprema. En tiempo récord sus miembros, con la excepción de Eugenio Zaffaroni, resolvieron que la negativa de la Cámara a tratar la apelación no implicaba privación de justicia y archivaron el expediente. ¡Lo archivaron! Es decir, la Corte también recurrió a una cuestionable formalidad para que este asunto no fuera atendido en forma correcta. Enrojeció la evidencia sobre el desamparo que sufren los jueces y fiscales que tienen méritos y pretenden servir a la verdad.

¿Otro ejemplo que fue tapa de diarios?

La Cámara de Casación ordenó la liberación de detenidos que permanecían en prisión preventiva muchos años más de los tres que estipula la legalidad. No le gustó al Ejecutivo, porque era gente acusada de haber cometido delitos graves durante la dictadura. Pero la Justicia había procedido según los códigos, y no debe apartarse ellos para ser Justicia. El Ejecutivo reaccionó con absoluta falta de respeto. La Presidenta no se privó de expresar en la embajada de Francia que tenía vergüenza de la Justicia argentina. ¡Ella, que había distorsionado el Consejo de la Magistratura! No contenta con eso, el gobierno nacional impulsó la destitución de los camaristas que actuaron en armonía con lo estipulado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual nos deparará otro papelón de magnitud, como si ya no tuviésemos bastante. En efecto, la prisión preventiva no puede ser utilizada de forma arbitraria, máxime si los mismos poderes Ejecutivo y Legislativo no han tenido la voluntad de modernizar los tiempos que rigen en la Justicia. No olvidemos que fueron legisladores del oficialismo quienes se negaron a tratar un proyecto de ley elevado por la oposición para agilizar, precisamente, las causas contra quienes están acusados de excesos en la represión. Te recuerdo que esa iniciativa fue impulsada nada menos que por Ricardo Gil Lavedra y Andrés D'Aiesio, dos miembros de la Cámara Federal que en 1985 condenaron a reclusión perpetua a integrantes de las juntas militares. Pero los legisladores obstruccionistas y el Ejecutivo cómplice les echan la culpa a esos camaristas, con lo cual ponen en evidencia, una vez más, y con luz potente, cuan baja es la consideración institucional hacia la Justicia.

Pocas veces una gestión cometió tantas torpezas para serruchar su propio piso. En una tragicómica seguidilla de errores Néstor desperdició los vientos a favor como ninguno. Ni ha tenido en cuenta el sueño que el joven José interpretó al Faraón sobre las siete vacas gordas devoradas por siete vacas flacas. El Faraón, que sabía escuchar —cosa que Néstor y Cristina no pueden—, aprovechó los años de opulencia para enfrentar con éxito los siete de sequía. Es un elemental "modelo", bastante antiguo, pero no el que aquí se declama y todavía no sabemos en qué consiste, excepto enriquecer al círculo de amigos.

El poder K iniciado en 2003 se consolidó por una recuperación económica que ya venía desde fines de 2002, y a pesar de las medidas que lanzaba el arrogante matrimonio basado en arcaicos pólipos ideológicos. Una gestión que se empeñó con furia en maltratar y expulsar inversiones extranjeras y castigar a los inversores nacionales. La gobernabilidad se mantuvo por la bonanza económica, de lo contrario hubiera durado tanto como la de Rodríguez Saá o Puerta o Duhalde. El miedo al caos y el miedo a los K jugaron un papel, pero no hubieran sido suficientes.