¡Pobre Patria Mía! (9 page)

A fin del año 2008, para conseguir que retorne el dinero que los argentinos han preferido durante décadas poner a buen recaudo en el exterior, el poder Ejecutivo "ordenó" al Legislativo que sancione un gran "blanqueo", palabra que no hemos acuñado, pero somos quienes le han dado la difusión más vasta. El Ejecutivo supone que las arraigadas violaciones al derecho de propiedad que se repiten desde hace décadas, junto con la treintena de blanqueos anteriores, han caído en el olvido total y un tsunami de dólares vendrá con paso de baile para llenar las arcas de la
Kaja.
.

El Congreso, amaestrado por el látigo de Néstor, aprobó un "paquete anticrisis". Con urgencia. Semanas después de repetir en atriles nacionales y extranjeros que la crisis económica mundial ni siquiera nos iba a rozar, ardió la fiebre. La oposición había observado que en el acto de votar el artículo referido al cuestionable blanqueo de capitales el oficialismo sólo contaba con el apoyo de 128 diputados. El mínimo exigido, sin embargo, era de la mitad más uno de su totalidad, es decir 129. Pero el presidente de la Cámara no lo entendió de esa forma y dijo que no se necesitaba una mayoría especial, dando por aprobado el asunto. Asombran el cinismo y la irregularidad de semejante actitud, cuando los diputados Osear Aguad (UCR-Córdoba) y Adrián Pérez (Coalición Cívica-Buenos Aires) habían advertido, antes de votar, que se necesitaba la mayoría especial de 129 votos, posición que no fue cuestionada en ese momento.

¿Entonces? La dirigencia política volvió a sufrir otro aplazo. Si ya se había instalado en el imaginario colectivo que en nuestro país no podía esperarse cierta coherencia entre la política y la moral, esa actitud reforzó el malhadado concepto. Gente joven y capaz que quiere desarrollar una carrera política teme hundirse en un pantano lleno de alimañas, donde nada importa, porque gana el más fuerte o el que ruge mejor. La ley de la selva.

Ese blanqueo o gran perdón económico tiene sus bemoles. Hay que tener en cuenta las objeciones que ni Jaimito, ni el matrimonio presidencial, ni su cómica fila de adulones aceptan tener en cuenta. Los beneficios económicos —si por milagro llegase a producirse el deseado maremoto de dólares— tendrán el manchón de ser un premio a los evasores de impuestos. Los permanentes reclamos que se han venido machacando para que se cumpla con las obligaciones fiscales pasarán a convertirse en un montón de ceniza. Los funcionarios que perseguían con saña a los evasores deberán confesar su ridículo, su ingenuidad o suicidarse. ¿Para qué pagar impuestos en la Argentina si de tanto en tanto se bendice a quienes no lo hacen?

Más irritante es el hecho de que este blanqueo permitirá la extinción de las causas y cargos penales por acumular dinero en negro. En la Argentina se cobra en negro, se vende en negro, se traen y sacan capitales en negro. Somos un país que ha compensado la casi inexistencia de negros con una economía epilépticamente negra. ¡Qué superdotados! Además, incluye una picardía. Dicen que ya ni siquiera el matrimonio presidencial confía en un ingreso abultado de dinero por este perdón, debido a que algunas evidencias consiguieron perforar la coraza que les impermeabiliza los hemisferios cerebrales. El gran perdón, en cambio, tendrá otra virtud que no se le hubiese ocurrido a Jaimito ni al más vivo de los vivos: pondrá a salvo al matrimonio presidencial y a su círculo de amigos, socios y testaferros. Todos ellos zafarán de futuras investigaciones por los actos de corrupción que se les atribuyen. Pasarán a lucir la blancura de una sábana puesta a secar bajo el sol del Caribe. Dejarán enanos a los protagonistas de la corrupción cometida en los 90.

Esta sospecha sobre la razón profunda del blanqueo ha surgido pronto, sea o no muy cierta. La Gilada ha empezado a ser atravesada por algunos destellos de lucidez, como en la recuperación de un coma largo. Los estruendosos casos llamados Skanska, el bolso de la ministra de Economía escondido en su baño, el valijagate de Antonini Wilson que ayudó a financiar la campaña presidencial, las privilegiadas compras de tierras en El Calafate, la hambrienta adquisición de empresas y un rosario de coimas que involucra a numerosos funcionarios podrían convertirse en operaciones más santas que una hostia consagrada.

Jorge Lanata, Luciana Geuna y Jesica Bossi han realizado una investigación (publicada en el diario
Crítica de la Argentina
el 21 de diciembre de 2008) que eriza los pelos.

Trataré de reducirla para no abrumarte.

Comienza con un balde de agua fría. Desde 2006 hasta la fecha, la AFIP formuló 3.638 denuncias penales por evasión impositiva, que representaron un perjuicio al Estado de 2.139.034.446 pesos. ¡Linda cantidad! Muchas de las compañías en cuestión están claramente vinculadas al kirchnerismo y asombran por su escandalosa producción de facturas falsas. Tal como leíste: facturas falsas. A granel. El artículo 32 B de la nueva y generosa ley de blanqueo impositivo permitirá que esos evasores puedan acogerse a la moratoria, pagar en cuotas sin intereses y quedar fuera de cualquier persecución penal. ¿No es un prodigio de la viveza criolla? A lo largo de nuestro devenir la cantidad de moratorias se eleva a 206: cada una de ellas, claro, fue "la última". La zarandeada jurisprudencia argentina muestra 49 "pagos únicos y definitivos" y 17 "pagos por única vez", junto a 854 "excepciones" a distintos impuestos. Un festival que borra cualquier intención de seguridad jurídica, por supuesto. Estamos tan acostumbrados a pisotear las leyes, cambiarlas y suprimirlas, que nos parece normal y hasta saludable. Pisoteamos las leyes como se hacía con las uvas para producir vino.

La punta que destapó esta investigación notable fue la "causa Viazzo". Se inició con una pequeña denuncia en Mendoza a fines de 1999. Pero ya acumula ¡nueve mil fojas de dictámenes en 312 cuerpos de expedientes! Empezó como un chisme de peluquería: un señor llegó y dijo que el hermano de un amigo preguntaba algo tan banal como saber si había gente interesada en cancelar sus deudas con el fisco. Es decir, buscaba a un delincuente que hiciera favores a otros delincuentes. Así nomás. En noviembre de 2001 un ancho cúmulo de empresas fantasma cayó bajo la mira del juzgado de Julio Speroni. Una fiscal y dos contadores de la AFIP investigaron hasta que aquella causa de seis cuerpos llegó a tener ¡ciento diez! Pudieron descubrir usinas de facturas truchas que habían constituido más de ochocientas sociedades legales y vendido facturas a más de tres mil empresas. ¿Tomaste nota de la cantidad? Cada usina no trabajaba gratis, por supuesto, y se quedaba con el tres al diez por ciento del monto de la factura. ¡Un río de plata más largo que el Danubio!

De los tres mil casos investigados, dos mil ochocientos fueron enviados a la AFIR Las doscientas empresas restantes se dividieron en doscientos legajos por orden del juez Rafael Caputo. Varios nombres poderosos son amigos de Cristina y Néstor.

Uno de ellos es el caso Gotti S.A., que alcanzó uno de los primeros puestos en el uso de esas facturas apócrifas. Un informe sobre la situación de esa empresa terminó con la salida del responsable de la AFIP en Comodoro Rivadavia. Aún no se ha logrado estimar el exacto monto evadido, tanto en IVA como en Ganancias. Pero se ha demostrado que desde diciembre de 2002 Gotti utilizó más de cinco mil facturas apócrifas por un monto de 400 millones de pesos. Muchos de sus "proveedores" aparecen mencionados en la inicial causa Viazzo: Anbaxi, Coma-term, Tah, Coltran, Estudio Premier, Servicios Industriales Roma. Los proveedores truchos de tantas facturas suman alrededor de cien.

¡Uf! Es agobiante, ¿no? Pero el informe de Crítica de la Argentina sigue...

Gotti es una empresa nacida en 1970, que comenzó a proyectarse en 1987 durante la intendencia de Néstor K en Río Gallegos (¡vaya coincidencia!). Desde entonces ganó la mayoría de los concursos de obra pública en la provincia. Su fundador, "Don Vittorio" Gotti, murió en un accidente de tránsito y su compañía fue golpeada por la crisis producida durante el gobierno de De la Rúa. Apareció entonces, mágicamente, la empresa Invernes (que en Santa Cruz identifican como "Inversiones Néstor") haciéndose cargo de sus acreencias. El titular de Invernes es Guido Santiago Blondeau, también miembro del directorio de Austral Construcciones, una empresa de Lázaro Báez. Invernes y Austral tienen la misma sede en Buenos Aires: el quinto piso de Pasaje Carabelas 241. De hecho, Lázaro Báez maneja la firma que fuera de Don Vittorio. Con la presidencia de su hijo, Gotti se fue para arriba. ¿Cómo? Muy fácil: le adjudicaron 53 contratos de obra pública en Santa Cruz por 627 millones. Una bicoca.

No te marees, por favor.

Otro caso es la firma Palma. Tiene en común con Gotti al mencionado Lázaro Báez, y pudo probarse que la provisión de facturas truchas para las dos empresas salió de la misma usina. Como si fuera poco, Diego Palleros, el hijo del ex coronel traficante de armas, es cuñado de Lázaro Báez y conduce Palma. Palleros fue, también, socio de Enrique Esquenazi en la UTE Petersen, Thiele y Cruz. ¡Cómo se unen los hilos!

Conarpesa arrastra el lastre de cinco hechos de evasión agravada en sus balances. En un allanamiento judicial se encontraron facturas truchas por veinte millones de pesos. Según dijeron fuentes de la AFIP en Comodoro, tanto los expedientes de Gotti como los de Conarpesa están "demorados" y aún no se resolvió la situación procesal de los responsables. Fuentes judiciales calculan que la evasión entre los años 2000 y 2003 asciende a unos doce millones de pesos.

Ahora le pido un pequeño esfuerzo a tu memoria, porque Conarpesa saltó a una fama lúgubre luego de que Elisa Carrió acusara a la mafia de la pesca por el asesinato del empresario Raúl Espinosa en Puerto Madryn, ¿te acordás? Curiosamente, el equipo de básquet de la empresa en Madryn por aquella época jugaba con una camiseta que tenía una leyenda elocuente: "Kirchner 2003".

También es notable el caso de Raúl Naya Producciones, una vigorosa firma en el mercado de anunciantes y medios para diversas áreas: comunicaciones, films, planificación, compra de medios y la señal del Canal Rural. Desde julio de 2004 hasta abril pasado estuvo entre las cinco empresas vinculadas al cable que recibieron una mayor pauta oficial, con unos 6.412.401 pesos. También es curioso.

Otra megacausa por evasión impositiva es el "caso Di Biase", titular de Calibán, gran usina de facturas falsas dedicada a un arco iris de intereses: desde la fabricación de juguetes hasta la compraventa de porotos. Uno de los primeros tropiezos de Calibán fue una factura por 2,4 millones de pesos a favor de Oca para pagarle a esa empresa postal la tira
Los Roldan
. En marzo de 2005 pasó a llamarse Infmiti Group, y de la investigación de su devenir tributario el juez López Biscayart dio de narices con el caso Skanska: la constructora sueca que usaba facturas de Infiniti para justificar sobornos a funcionarios K. ¿No es increíble?

Hay, en realidad, más de seiscientos casos como el de Skanska. En julio de 2007 Biscayart libró órdenes de allanamiento sobre 683 empresas sospechadas de usar facturas
truchas
, entre ellas
Kappa
(la marca de ropa deportiva), Nokia, Exxel Group, Emepa, Correo Andreani, Autovía Oeste, GTÍ, River Píate. ¿Quién se salva? Es un pantano que se extiende por el horizonte. La lista que ofrece la investigación de Crítica me abruma. Dudo si copiarla, aunque sea en parte. Figuran empresas como Disco, Frávega, Banco Columbia, Águila & Baccetti y Wall Street Vía Pública, que (¡oh, me asombro!) es la empresa de la familia Albistur.

Pero las 3.638 denuncias penales de la AFIP formuladas desde 2006 en adelante serán, a partir de la nueva ley de blanqueo, granitos de arena escurriéndose entre las falanges de las manos.

Si de veras se aplicase la Ley Penal Tributaria, la sanción que correspondería a los evasores, según el tipo de delito, llevaría siempre a la cárcel, desde algunos meses hasta varios años. Pero ahora... ¡a descorchar champán! ¿Y los expedientes que ya son montaña? Que los regalen a los cartoneros, por lo menos servirán para algo.

Volvemos al tema: el perdón no impulsará el regreso de significativos capitales. Hasta se han insinuado sospechas como las siguientes: ¿qué pasará con quienes hagan el blanqueo, ingenuamente confiados en la palabra de las autoridades, y pronto sean acusados de evasores? ¿O eso no es posible? ¿Qué pasará si esos evasores son inscriptos en listas que usarán las organizaciones sociales para mantener activo el deporte del escrache?