Desahucio de un proyecto político (19 page)
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Authors: Franklin López Buenaño
En
materia de aranceles, el Gobierno actúa más por motivos políticos o
conveniencia de relaciones internacionales que con una política estable. Cuando
hubo los problemas con Colombia por lo de Angostura, se rompieron las relaciones
comerciales con el hermano país del norte, que es nuestro segundo socio
comercial, después de Estados Unidos.
Hubo
empresarios que crearon empresas durante la administración de Lucio Gutiérrez
porque su Administración tenía como objetivos incentivar el comercio exterior.
Cuando, en 2009, el Gobierno cambió el régimen arancelario, esos empresarios
tuvieron serios problemas.
Anteriormente,
argumentamos que una de las causas y la más impactante que empeoran la balanza
comercial (más importaciones que exportaciones) es el gasto fiscal excesivo.
Para combatir el déficit, se crearon aranceles especiales a productos como la
lencería, los cosméticos y otros artículos “suntuarios”. Pero, ¿no habría sido
mejor no gastar tanto?
El Plan
Retorno es un magnífico ejemplo para demostrar que las buenas intenciones no
son suficientes. De pronto, han aparecido en las calles y carreteras carros de
lujo, y no pocos. Según la Cancillería, desde febrero de 2008 hasta septiembre
de 2010, han ingresado 807 carros. Más de mil migrantes son acusados de delito
aduanero. Como el “Plan Retorno” permite la importación de menaje de casa y de
un automóvil (de hasta 20 000 dólares) y como los carros de lujo no pagan
aranceles, hay ecuatorianos vendiendo el “cupo” y comercializando los
automóviles ingresados. Otro ejemplo de que la “viveza criolla” sigue vivita y
coleando en la cultura de los ecuatorianos.
Para
abrir un negocio y formar legalmente una empresa en el Ecuador, hay que cumplir
con 14 trámites que duran en promedio 69 días, a un costo equivalente de 830
dólares (38% del ingreso nacional per cápita).*
* Cifras del informe Haciendo
negocios, del Banco Mundial, 2006.
En
Canadá, se tiene que cumplir apenas con dos trámites que tardan para ser atendidos
tres días, a un costo promedio de 255 dólares; mientras que, en Singapur, se
tendría que pasar por seis trámites que demoran seis días y con un costo
promedio de 267 dólares.
La
Constitución de Montecristi exacerbó el problema, pues exige la expedición de
nuevas leyes que contengan claramente una
animosidad
hacia el sector privado.
Las regulaciones, muy probablemente, serán excesivas y engorrosas y
propiciadoras de la corrupción.
De
cía Velasco Ibarra con respecto
a la corrupción: “Donde se toca con el dedo, sale pus”. Desde entonces, el país
parece no haber mejorado mucho con respecto a la corrupción y a la impunidad.
Parafraseando
una ecuación de Joyce de Ginatta, el origen y la propagación de la corrupción
se pueden describir así:
Corrupción = poder + discrecionalidad –
rendición de cuentas
El
ejercicio del poder al capricho y la discreción de los agentes del sector
público y sin mecanismos de rendición de cuentas llevan inexorablemente a la
sociedad a cultivar prácticas corruptas.
El
editorial del diario
El Universo
del
29 de agosto de 2010 da cuenta escueta pero contundente sobre el problema de la
impunidad:
«El Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos
pagará 6,5 millones de dólares a una imprenta privada por todo el material
impreso que se necesita para el próximo censo de población y vivienda, a pesar
de que otra empresa ofreció hacerlo por 2,5 millones. La misma empresa ha
estimado que, en el Ministerio de Educación, estos contratos suelen ser cuatro
veces más caros que los ofrecidos por empresas serias.
»¿Cómo puede ocurrir todo esto si se supone que la
contratación pública se ha vuelto transparente? ¿Por qué las autoridades no las
pueden detectar y le toca a la prensa ser la única que las denuncia (aunque cada
vez con mayores dificultades)? La clave está en la impunidad. Recientemente, se
publicó un libro que resume el escándalo de decenas de contratos firmados por
el Estado con un hermano del presidente de la República. Hasta el momento, no
hay un solo imputado.
»Con antecedentes así, es inevitable que los
pillos sigan haciendo de las suyas sabiendo que no serán castigados».
Fue
escandalosa la manera en la que la Asamblea Nacional puso en “el limbo” el
juicio político al fiscal general de la Nación, Washington Pesántez. La
Revolución Ciudadana perdió una gran oportunidad para demostrar que podía
actuar como organismo independiente del Ejecutivo. Es que la Asamblea tejió una
telaraña legal que impide y obstaculiza la fiscalización. Solo ha habido
conatos de fiscalización, porque los impugnados han podido eludir con
leguleyadas y tecnicismos que la comisión conduzca procesos transparentes. La
fiscalización es una deuda que los asambleístas de Alianza País deben a los que
les eligieron.
Una vez
más, me remito a las informaciones y comentarios de la prensa. Porque, cuando
es independiente, es una las limitaciones más grandes que se pueden anteponer
al poder. “Dice un informe del diario
El
Comercio
del 13 de noviembre de 2010”:
«En cajas de cartón, se guardan 3 501 denuncias de
posibles casos de corrupción en el país. Esta cifra corresponde a procesos
iniciados por la eliminada Comisión Anticorrupción y la ex Secretaría
Anticorrupción. Los conservan en el segundo y séptimo pisos del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), organismo que deberá analizar
la veracidad de los expedientes
»La lucha contra la corrupción fue una de las
propuestas de campaña del presidente Rafael Correa; sin embargo, durante sus
tres años de Gobierno, el combate a este problema aún tiene un déficit. Los
casos han permanecido archivados por más de dos años, desde que se aprobó la
Constitución de Montecristi hasta que se conformó el Consejo de Participación
Ciudadana. (Énfasis mío)
»El 21 de febrero de 2007, el primer mandatario
creó la Secretaría Nacional Anticorrupción a través del Decreto Ejecutivo
número 122. Los objetivos de la creación de esta instancia fueron, entre otros,
“investigar y denunciar” actos de corrupción en entidades públicas, pero tuvo
poco tiempo de vida. La nueva Constitución disolvió ese organismo y lo adhirió
al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo mismo pasó con la
Comisión Cívica de Control de la Corrupción (CCCC). Esto se concretó el 20 de
octubre de 2008.
»2 638 casos que estaban en la Secretaría
Anticorrupción y 291, de la CCCC están siendo revisados por los investigadores
de la Secretaría de Transparencia del Consejo de Participación, quienes dicen
que tienen una sobrecarga de trabajo.
»Durante sus 11 años de labores, la Comisión
Anticorrupción despachó al rededor de 4 600 procesos. De ellos, 600 fueron
penales y solamente 5% llegó a sentencia. Entre esos casos, había denuncias de
peculado en contra de ex banqueros y ex presidentes por la crisis financiera de
1999.
»Además, se indagó la administración irregular de
las telefónicas Andinatel y Pacifictel, las defraudaciones aduaneras, la red de
tramitadores de partidas presupuestarias desde el Ministerio de Economía y la
supuesta contratación ilegal de seguros y reaseguros para los aviones de las
FF.AA.
»Esos procesos eran enviados a la Fiscalía, a la
Contraloría, al Consejo Nacional de Judicatura y a la Defensoría del Pueblo,
para que iniciaran las acciones legales correspondientes a cada caso.
»Esa fórmula ahora ya no existe. Las más de 250
denuncias que fueron presentadas a la Comisión Anticorrupción y que pasaron al
consejo están estancadas, junto a las otras que llegaron en estos dos últimos
años.
»Los investigadores de la Secretaría de Transparencia
del consejo aseguran que no se dan abasto para tanto proceso y, por ello, no
han podido cumplir con lo que dispone el reglamento de denuncias. Esa norma
señala que, en 90 días, se deben remitir resultados de las investigaciones al
consejo para su revisión. Solo en casos excepcionales de complejidad, podrán
demorarse tres meses más.
»A las 2 929 denuncias de las instituciones
desaparecidas, se suman 261 quejas que fueron presentadas durante los seis
meses que llevan en funciones.
»Al momento, la depuración y el análisis de los
casos están a cargo de 28 personas de la Secretaría de Transparencia. Ellas
analizan si la investigación tiene sustentos o si son improcedentes. De hecho,
quien dirige los estudios es Lucy Blacio, ex fiscal provincial de El Oro. Hasta
el momento, falta que se asigne a los investigadores el 52,2% de casos de la
CCCC.
»La funcionaria aseguró que existe un retraso
porque se “requiere un análisis especial, dado que no toda la información
corresponde a denuncias. Para estos casos, se realizará la contratación de
personal especializado”.
»Tatiana Ordeñana, consejera a cargo del área de
Lucha contra la Corrupción del Consejo, aclaró que están trabajando lo más
ágilmente posible para tener los primeros resultados el 15 marzo de 2011. Hasta
agosto, se tramitaron 118 causas.
»Asimismo, la Coordinación de Asesoría Jurídica
trabaja en la sustentación de 183 juicios penales iniciados por informes de la
CCCC y de la Secretaría de Transparencia por casos de peculado y abuso de
autoridades».
Transparencia
Internacional (TI) es una organización mundial cuyo objetivo es medir y
comparar el nivel de corrupción de un país. Por ejemplo, para 2009, TI dio a
conocer que el Ecuador ocupó en ese año el puesto 146 de 180 países y un Índice
de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2,2 sobre 10. El IPC, mientras más
alto, menos corrupto, abarca datos como los que se publicaron para 2006:
—2 320 actos de
corrupción en 23 servicios públicos.
—177,7 dólares anuales,
en promedio, destinan los hogares para sobornos.
—533 millones de dólares
anuales se pagan en sobornos.
—Los hogares que reportan
el ingreso de un salario mínimo vital para su subsistencia destinan el 8,7%
anual al pago de sobornos.
—En el estrato de nivel
socio-económico de menores ingresos, la suma asciende al 23,7% para el pago de
sobornos en instituciones como el Registro Civil, la Policía Nacional y la
Función Judicial.
El
gráfico demuestra que la corrupción estaba disminuyendo antes de que Correa
asumiera la Presidencia y empeora en los primeros años de su administración.
Pero, a partir de 2008, el índice mejora, y probablemente se deba a que se han
formado algunas instituciones como la Subsecretaría Anticorrupción y, luego, la
Secretaría de Transparencia, así como el Consejo de Participación Ciudadana. A
pesar de la leve mejoría, el Ecuador está todavía muy lejos de países como
Chile y Uruguay (ambos, en puesto 25 de 180 países) con índices de corrupción
de 6,7.
Es
importante anotar que el contralor general de la Nación, Carlos Pólit, rechazó
el informe de Transparencia Internacional y afirmó que la Contraloría “tiene
suficientes informes para determinar dónde y por dónde se da la corrupción” en
el país y se quejó de que la organización internacional no les haya pedido
información para clasificar al Ecuador.
El
informe regional de Transparencia Internacional hace mención también a los
problemas de la libertad de prensa en la región y su impacto en la lucha contra
la corrupción.
El
texto de TI afirma: “Los periodistas de América Latina se enfrentan a un
entorno cada vez más restrictivo, y varios países han sancionado o propuesto
leyes destinadas a silenciar al periodismo crítico, lo cual atenta contra la
libertad de prensa en general y la posibilidad fundamental de denunciar la
corrupción y su impacto”. Es que el autoritarismo y el despotismo son
consecuencias lógicas del afán planificador y distribuidor, como he argumentado
en este libro.
Hay que
tener muy en cuenta que los que creen en la planificación y la redistribución
están conscientes de que necesitan “poder” para poder ser efectivos. Cuando se
cree que se tienen las “respuestas”, cuando se está convencido que las
“soluciones” deben venir desde el Gobierno, entonces, tiene sentido que la Ley
de Comunicación, al igual que otras leyes, como la de Educación Superior y la
de Aguas o el Código de Planificación, deben “concentrar” el poder.