Arcángeles. Doce historias de revolucionarios herejes del siglo XX (5 page)

Sin embargo, esta nueva victoria no detuvo la ofensiva de los comerciantes y sus aliados: las autoridades militares. El mismo día en que Neri tomaba en sus manos el gobierno del estado, el mayor Nicandro Villaseñor, jefe accidental de las fuerzas militares del puerto, acusaba a Escudero de haberse presentado en el juzgado al frente de veinticinco hombres armados para devolver la afrenta que le habían hecho los jueces, y señalaba que la administración de Escudero vivía en el «abuso de la autoridad». Escudero telegrafió a Obregón diciendo que era una nueva calumnia, y que detrás de la acción de Villaseñor estaban los hermanos españoles Iris, pero de nada sirvió. El día 2 de abril el presidente de la República telegrafió al mayor Villaseñor lo siguiente: «Sírvase usted notificar al presidente municipal, que si continúa violando preceptos legales e invadiendo facultades no correspóndenle, tendrá que intervenir justicia federal, para hacer respetar derechos tanto de extranjeros como demás autoridades, y que ya consígnase atentado cometido en oficina juzgado distrito al procurador general justicia de la nación».

El origen de esta pequeña guerra de papel se hallaba en un encuentro que tuvo su desenlace verbal violento entre Escudero y el juez, cuando éste amenazó al presidente municipal con una pistola acusándolo de haberlo insultado en
Regeneración
y Juan R. tuvo que escaparse del juzgado, de acuerdo a sus costumbres, saltando por una ventana. En un telegrama del día 3, el propio Escudero explicaba a Neri que detrás del asunto estaba el gachupín Butrón, cuyos intereses estaban siendo afectados por la administración socialista del puerto.

Tratando de obtener el apoyo del gobierno regional, el POA dirigió un telegrama a Neri, pidiendo un juez especial para que se hiciera cargo del asunto. El día 3 de abril insistieron celebrando una manifestación de apoyo a Escudero y Neri, en la que participaron trescientas personas.

Dos días más tarde, el jefe de la guarnición, emborrachado por los comerciantes gachupines, detuvo minutos antes de las dos de la mañana a Juan R.; varios miembros del POA que fueron a preguntar por qué se le había detenido también fueron encarcelados. El puerto se movilizó ante el temor de que fueran a matar al alcalde. Nuevamente se telegrafió al presidente Obregón, y éste contestó que la detención se debía a órdenes del juez de distrito y que él no se inmiscuía.

Mientras tanto, Escudero fue sustituido por Tomás Béjar y Ángeles, que mantenía una actitud ambigua ante las presiones, tratando de deslindarse del radicalismo de Juan. Solano tomó la defensa del dirigente, señalando que «como miembros de esta corporación están obligados a defender no al c. Juan R. Escudero sino al c. presidente municipal que ha sufrido vejaciones sin límite, y al no tomar medidas específicas se hacen cómplices del atropello iniciado y los que se sucedan, de los que el pueblo tomará estrecha cuenta a sus representantes».

Escudero fue liberado meses más tarde (julio de 1921), gracias a un amparo. Arsenio Leyva sustituyó a Béjar en la alcaldía, y Escudero pasó a la Secretaría del POA.

Durante su estancia en la cárcel, una buena noticia sacudió al puerto. Al fin las autoridades del centro habían decidido iniciar las obras de construcción de la carretera Chilpancingo-Acapulco. Por iniciativa presidencial se otorgaba un crédito de setenta y cinco mil pesos para la realización de la obra.

Al salir de la prisión, Juan trató de ganarse la vida montando un cine y teatro popular, donde cobraría entradas de veinticinco y cincuenta centavos a los espectadores, y para ello pidió permiso para usar la parte delantera del palacio municipal. Nunca podría llevar a cabo su proyecto.

A mediados del mes un par de ricos gachupines, los hermanos Jesús y Enrique Nebreda, dueños de las tierras de la orilla del río Papagayo, fueron muertos junto con L. Quezada y Venustiano Suástegui por las balas de una familia campesina. El conflicto tenía negros antecedentes: las violaciones de doncellas campesinas por parte de los asesinados, motivo por el que tenían un juicio pendiente, el robo de ganado de los pequeños propietarios de la zona por los Nebreda, que lo vendían a las casas Alzuyeta y Fernández Hnos., y el asesinato de catorce campesinos por el general Martínez, instigado por los hermanos gachupines. Juan había formulado las demandas contra los Nebreda apoyando a los campesinos de la familia Guatemala (Florencio, Carmelo y Francisco), que ante la ausencia de justicia terminaron matando a tiros a los españoles.

El 28 de julio la colonia española publicó una carta en el periódico más importante de la capital,
El Universal
, y el diario se hizo eco al día siguiente en un editorial, acusando a Juan de instigar el asesinato y de haber disparado un revólver y haber gritado «mueran los gachupines» en un acto público.

Escudero se defendió de los cargos diciendo que eran absolutamente falsos, pero las presiones continuaron. El 5 de agosto,
El Universal
publicó una carta del gobernador Neri en la que decía que la muerte de los Nebreda se debía a sus bárbaros actos contra la población, pero al mismo tiempo señalaba que Escudero no era desde hace meses presidente municipal y que el gobierno del estado no se hacía solidario con su actuación.

Enfrentados a Obregón y sin el apoyo de Neri, el POA y Escudero se encontraban dependiendo exclusivamente de sus propias fuerzas.

Durante los meses de julio y agosto el ayuntamiento escuderista fue bombardeado por demandas judiciales, en particular dirigidas contra el jefe de policía Francisco Escudero y actos de la corporación. Incluso se dictó orden de aprehensión contra la nueva compañera de Juan, Josefa Añorve. Detrás de estas acciones estaban Uruñuela, Sutter, González y los gachupinistas al servicio de las casas.

El 6 de agosto, Villaseñor trató de detener nuevamente a Escudero, pero éste, avisado por sus amigos en telégrafos de la orden enviada por el propio Obregón, se amparó nuevamente. Entre el 8 y el 11 de agosto otra guerra de telegramas se desarrolló, teniendo como destinatarios a Obregón, al propio Escudero y al mayor Villaseñor. Los empleados de telégrafos, que habían avisado al líder acapulqueño, fueron cesados por orden presidencial, y Obregón presionó para que el juez que había dado el amparo lo retirara; pero éste se mantuvo firme. Juan, para romper la situación que se había creado, citó al ayuntamiento y pidió una nueva licencia; tras este acto se fue a meter a la cárcel a la espera del juicio que aclarara la situación de una buena vez.

Pero no se entregó atado de manos; se llevó con él la pequeña imprenta en la que se producía
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y siguió haciendo el periódico desde la celda, utilizando la propaganda para golpear a sus enemigos y para llamar a la organización popular. Los pocos estudios que se han hecho sobre Escudero, han recogido la versión de que existía una íntima alianza entre el socialismo local y la administración obregonista, en particular con el gobernador Neri. De los hechos relatados, se muestra claramente que tal alianza nunca pasó de ser un apoyo táctico por parte del POA al obregonismo; en la medida en que la victoria de éste golpeaba, aunque fuera mínimamente, a una parte de los enemigos del movimiento acapulqueño: a los militares y los administradores públicos. Queda claro también que este apoyo del POA no se tradujo en el favor de Obregón o del gobernador de Guerrero, que no sólo se deslindaron de la política de Escudero sino que incluso la agredieron apoyando (en el caso de Obregón al menos) a militares y jueces vendidos a los grandes comerciantes del puerto.

Quizá estos elementos pesaban en la cabeza de Escudero, que una vez hubo abandonado la cárcel, absuelto del juicio que lo había obligado a encerrarse, puso un mayor empeño en las medidas de organización económica del pueblo al reincorporarse al ayuntamiento de Acapulco.

En los últimos meses de 1921, además de sacar un nuevo periódico,
El Mañana Rojo
, montó en el palacio municipal un pequeño taller para fabricar bolsas de papel y canastas, organizó la cooperativa de pescadores, con lo cual golpeó duramente al monopolio comercial en la venta de aperos que tenían los gachupines, montó la Casa del Pueblo, una cooperativa de consumo que además compraba directamente a los campesinos los productos de la tierra, inició una campaña contra el analfabetismo y organizó un comité para fundar una colonia agrícola que pidió la expropiación de las haciendas «El Mirador» y «La Testadura», propiedad de los comerciantes españoles.

El POA creció en esos meses y parecía que la campaña de organización de la economía popular dañaba seriamente los intereses de las casas comerciales.

En el primer año de la presidencia municipal, el escuderismo descubrió que el control del ayuntamiento no le ofrecía impunidad frente a los ataques enemigos. Por el contrario, apoyándose en militares y jueces venales, los gachupines lograron meter entre rejas por tres meses a Juan R., lo obligaron en dos ocasiones a pedir licencias del cargo y lo aislaron de sus posibles puntos de apoyo en los gobiernos federal y estatal. En cambio, el poder municipal llevado a las calles por Escudero y la realización del programa económico hicieron del POA, el ayuntamiento y el pueblo llano de Acapulco un solo movimiento.

Ése fue el motivo de que, en las elecciones para el ayuntamiento del 5 de diciembre, una candidatura del POA encabezada por Ismael Otero ganara las elecciones por un margen abrumador. Escudero esta vez no había formado parte del grupo de regidores de la candidatura triunfante, y no se incorporó al ayuntamiento, aunque sí lo hicieron sus dos hermanos, convertidos en tesorero municipal y jefe de policía.

Los gachupinistas trataron de legalizar un ayuntamiento fantasma encabezado por Miguel P. Barrera y apoyado por el eterno Juan Luz desde el ministerio público federal, pero la maniobra cayó por su propio peso.

Las tensiones crecían, los rumores hablaban de que las cosas se resolverían con las armas en la mano. Escudero parecía esperarlo. Gil narra que el comerciante libanés Saad, enfrentado a los gachupines, trató de hacerle varios regalos, que Juan rechazó, aceptando tan sólo una carabina 30-30 diciendo: «Con estas armas acabaremos con los capitalistas».

A la cabeza de Escudero le pusieron precio. Los comerciantes reunieron la fantástica cantidad de dieciocho mil pesos y los ofrecieron al que se atreviera a matarlo. Protegido por el rumor, Juan R. mudó su vivienda al palacio municipal y en torno a él se estableció una estrecha vigilancia.

A principios de marzo de 1922, Cirilo Lobato, inspector del rastro y miembro del POA, realizó un descubrimiento que había de ser decisivo en el desencadenamiento de la crisis: Ismael Otero, uno de los hombres de confianza de Juan R., y presidente municipal acapulqueño, en complicidad con el carnicero José Osorio, evadía los impuestos municipales permitiendo que por cada res que se sacrificaba con permiso, otra lo fuera clandestinamente. Tres regidores más, corrompidos por el dinero que ofrecían los comerciantes, se pasaron del lado de Otero: Ignacio Abarca, Plácido Ríos y Emigdio García. Dos veces salieron a relucir las pistolas y en las dos ocasiones, Josefina Añorve, una costeña de diecisiete años, amante de Juan y «con muchos ovarios, tiró de pistola primero» y disuadió a los agresores Otero y Rebolledo.

Bajo presión de Juan, el ayuntamiento escuderista hizo renunciar a Otero el día 7 y Manuel Solano fue nombrado presidente municipal.

El 10 de marzo, Escudero presentó una comparecencia ante el ayuntamiento exigiendo la detención de Otero por sacrificar ganado ilegal. El acusado nuevamente trató de matarlo, pero la intervención oportuna del policía Severo Isidro lo impidió.

La tormentosa sesión culminó a las nueve de la noche. A esa hora, los cuatro traidores se fueron a conferenciar con el mayor Juan S. Flores, que estaba con los gachupines Pascual Aránaga, Marcelino Miaja, José Jordá y Obdulio Fernández. Ahí se fraguó un plan para acabar con el ayuntamiento socialista y matar a Juan Escudero.

A las dos de la mañana, tras unos disparos hechos por el grupo de Otero contra el resguardo marítimo desde las afueras del ayuntamiento, y que habrían de servir como señal y provocación, el mayor Flores, con doscientos soldados, «haciendo derroche de disparos al viento», avanzó sobre el palacio municipal. Juan R. trató de defenderse acompañado por siete policías armados con fusiles. Durante algunos minutos los sitiados resistieron el ataque de los militares a los que se habían sumado varios marinos y el grupo de traidores encabezados por Otero. Juan disparaba una pistola automática desde una de las ventanas. Los presos pidieron armas para colaborar en la defensa del ayuntamiento, pero Juan esperaba que el tiroteo alertara a los miembros del POA en todo Acapulco y que éstos vinieran a apoyarlo y se negó a entregarlas; los acontecimientos se sucedieron con gran rapidez. El mayor Flores, con dos latas de diecisiete litros de gasolina, que le había proporcionado el administrador de la aduana Juan Izábal Mendizábal, incendió las puertas del palacio municipal. Los policías, comandados por Pablo Riestra, pidieron a Escudero que tratara de huir, puesto que era a él a quien querían matar, mientras que ellos intentaban una última resistencia. Juan trató de saltar una barda que daba a la panadería de Sofía Yevale, pero un balazo lo alcanzó rompiéndole el brazo derecho y penetrando entre las costillas.

Mientras tanto, los asaltantes habían tomado el ayuntamiento y golpeaban a policías y presos para que dijeran dónde estaba Juan, quien arrastrándose había llegado hasta el cuarto que usaba de dormitorio. Allí, con la ayuda de Josefina Añorve y Gustavo Cobos Camacho, intentó una última resistencia poniendo un armario contra la puerta.

Inútil. El mayor Flores, siguiendo los rastros de sangre, llegó hasta el cuarto y los soldados derribaron la puerta. Flores entró y, contemplando a Escudero tendido en el suelo, dicen que exclamó: «¡Vamos a ver si de verdad estás muerto!», y golpeó el brazo roto del herido contra unos ladrillos. Chepina Añorve trató de intervenir, pero el mayor apuntó su pistola a la cabeza de Escudero y disparó el tiro de gracia.

El mayor Flores tomó prisioneros a los policías municipales y abandonó el palacio en llamas para rendir su informe a los gachupines, dejando atrás lo que pensaba era el cadáver de Juan R. Escudero.

Poco a poco, miembros del POA armados llegaron al ayuntamiento que habían abandonado los soldados. Junto con ellos apareció el juez Peniche, con el que Juan tantas veces se había enfrentado. El alcalde rojo aún respiraba. El juez y Josefina Añorve llevaron a Juan al hospital civil, donde José Gómez Arroyo y el vicecónsul norteamericano Harry Pangburn, que no tenía título, pero sí amplios conocimientos de medicina, lo operaron. Tuvieron que amputarle el brazo derecho; la herida en la cabeza era muy grave, pero las consejas populares recogen: «Fue tanto el miedo del dicho mayor, que aunque le arrimó la pistola en la cabeza, que únicamente fue un rozón, pero que sí le penetró algo, pero que cuando le amputaron el brazo quebrado, también le sacaron una cucharilla de sesos ahumados».