Indecentes (18 page)

Están, además, los puntos cruciales de la carta del ÂÑÅ: la reforma de la negociación colectiva, la suspensión de la norma que limita el encadenamiento de contratos temporales, un nuevo contrato de formación para jóvenes, lo más parecido a los
minijobs
de Alemania, donde no existe salario mínimo, contratos de 400 euros al mes, inferiores al salario mínimo interprofesional vigente en España. Y, además, qué hacer con la cláusula de indexación salarial en los convenios colectivos.

En la mañana del 17, el presidente espera a los dirigentes de UGT, CCOO y la CEOE. Méndez coge el avión en Jerez. Se retrasa. El presidente, en compañía de Valeriano Gómez y a la espera del líder del sindicato socialista, empieza una tertulia informal con Ignacio Fernández Toxo y Juan Rosell.

El presidente habla a tumba abierta.

—Tengo que deciros que siento desde la primera semana de agosto que estamos al borde del abismo, que podemos caer en el rescate. Es la más grave que tenemos desde mayo del año pasado. Y una intervención sería el fin. Tenemos que hacer lo que sea para evitarlo. Es tan grave que por ello estamos reunidos aquí el 17 de agosto.

Confiesa, pues, el vértigo de una situación que está muy mal, razón por la cual se ha conseguido que finalmente el ÂÑÅ realice una acción de emergencia en los mercados. Lo que también se puede ver, ejemplifica, en la declaración conjunta de Sarkozy y Merkel del día anterior. Aunque el presidente no hace referencia directa a él, está viendo pasearse delante de sí el espectro de su colega portugués, el socialista José Sócrates. Dimitido en marzo de 2011, convocadas las elecciones anticipadas el 31 de marzo para el 5 de junio, todo ello no evita el desastre. El Gobierno en funciones de Sócrates sucumbe el 6 de abril, a pesar de las elecciones anticipadas, y pide el rescate de la Unión Europea. En otras palabras, aunque España, a diferencia de Portugal, es demasiado grande para ser rescatada, caminar en el filo del abismo le quita a Rodríguez Zapatero el sueño.

Una vez incorporado Méndez, el presidente, sin hacer explícita la carta de Trichet y Fernández Ordóñez, sí habla de lo que le están «pidiendo desde la Unión Europa». Los dirigentes sindicales, por sus conversaciones con Valeriano Gómez, saben a qué se refiere. Es una referencia implícita al BCE. Les menciona la preocupación que hay por la indexación de los salarios, la negociación colectiva y el empleo juvenil.

—Nos están exigiendo nuevas medidas en el ámbito laboral. Un proceso de devaluación interna tan rápido no es posible. No se puede regular por ley los salarios del sector privado. Por tanto, no queremos ir por ahí. Queremos evitar la conflictividad. La respuesta es un pacto de rentas 2013-2015.

En concreto: una extensión o renovación del que han firmado los interlocutores sociales a primeros de 2010. Que tenga en cuenta el empeoramiento de la situación económica en 2012. Tanto Méndez como Toxo reivindican los esfuerzos realizados en 2010 con el acuerdo 2010-2012 de moderación salarial y señalan que todo pacto de rentas debe contemplar también el crecimiento de los beneficios y solicitan compensaciones a través de políticas en los servicios públicos. También proponen medidas en materia de fiscalidad, como la restitución del Impuesto de Patrimonio, entre otras. Prometen estudiar la ampliación del pacto de moderación salarial. Al día siguiente de la entrevista, los líderes sindicales envían a Rodríguez Zapatero una carta en la cual ofrecen «mantener la moderación» salarial, pero condicionan la extensión del acuerdo para 2013 y 2014 al previo desbloqueo de la negociación colectiva. El retraso en la firma de los convenios, afirman, «está afectando al poder adquisitivo de los trabajadores». Recuerdan que la tasa interanual de aumento del IPC «está por encima del 3 por ciento, mientras el incremento salarial revisado se sitúa en el 2,2 por ciento y en el 1,6 por ciento en los convenios nuevos, lo que dificulta la recuperación de la demanda interna y por ende la reactivación económica». La carta sostiene, además, que en el saneamiento de las cuentas públicas es necesario incrementar la presión fiscal.

Los grupos parlamentarios del PP y CiU acaban de pedir la comparecencia del presidente en el Congreso a raíz de la gravedad por la que ha atravesado la deuda pública española. El portavoz económico del Partido Popular, Cristóbal Montoro, solicita un adelantamiento de las elecciones ya anticipadas al 20 de noviembre de 2011. Rodríguez Zapatero estima que es un buen momento para convocar un pleno extraordinario del Congreso con carácter urgente y comparecer, a petición propia, para analizar la situación. ¿Qué mejor momento que hacerlo cuando se recrudece una crisis en la que España no es el único país que está bajo los focos? ¿Qué otra ocasión es más propicia que esta en la que la prima de riesgo de Italia supera a la de España? ¿No ha sido Estados Unidos despojada de la AAA? ¿Y acaso el contagio no llega a Francia y Bélgica? Al tiempo, hay que aprobar el nuevo Decreto Ley para reforzar la consolidación fiscal, tal como exige el BCE.

Instruye, pues, al ministro Pepe Blanco para que lo anuncie al día siguiente. Se trata de que el presidente aparezca con la iniciativa para evitar la imagen de que es arrastrado por la oposición, casi a regañadientes, al Congreso. Al tiempo, el presidente le indica a su director de gabinete, José Enrique Serrano, las líneas para empezar a elaborar su discurso.

El temor ya casi irracional al rescate mueve a Rodríguez Zapatero casi instintivamente a hacer algo más. ¿La reforma constitucional para limitar el déficit que ya se abre camino en Italia y que Sarkozy y Merkel generalizan para toda la Eurozona, de aquí al verano de 2012, en su propuesta formal a Van Rompuy? ¿Una reforma constitucional de penalti en España prácticamente en el tiempo de prórroga del Gobierno, con las elecciones anticipadas convocadas?

Es David Taguas quien está trabajando en ello desde su regreso a Madrid, el 11 de agosto. Insiste en sus conversaciones telefónicas con el presidente de que es la medida que queda por adoptar. Se muestra muy crítico con el anticipo del pago a cuenta del impuesto de sociedades que se va a aprobar, porque, subraya, tienen efectos financieros negativos en condiciones de acceso muy caro a la financiación. El Gobierno, le explica al presidente, prima su financiación a corto plazo a costa de incrementar los costes financieros de las empresas.

También le aconseja Taguas sobre otro tema que ha sido objeto de un intercambio de opiniones entre ambos: la posible restitución del impuesto de patrimonio. El presidente le dice que la ministra está impulsando la aprobación. Tiene que resistirse, le dice Taguas, porque es una decisión que poco aportará en ingresos y cuya repercusión en los mercados puede volver a crear serios problemas. Ambas razones calan en el presidente. La ministra, es verdad, tiene ahora, después de un periodo en el que se mostraba reacia, la intención de volver a implantarlo en la reunión del consejo de ministros del viernes 19. La ministra está en sintonía con Rubalcaba, que lo viene solicitando desde el mes de julio. Aunque el candidato socialista se reserva la carta, si la ministra no logra sacar el impuesto adelante por sí misma, de pedírselo directamente al presidente.

En general, Taguas le recuerda a Rodríguez Zapatero que es un mal momento para jugar con los decimales y para políticas de mínimo. Le repite que tiene que decidirse por un anuncio «importante». Para Taguas, es el momento de la reforma constitucional para limitar el déficit.

En la mañana del 17, Pepe Blanco explica en el programa
En días como hoy
de Radio Nacional de España que los anuncios de Sarkozy y Merkel van en la buena dirección. Y viene la pregunta crucial.

—¿España estaría dispuesta, o a usted le parece, que sería sensato incorporar a la Constitución el límite del déficit público y hacerlo en un plazo muy corto?

Blanco contesta con naturalidad.

—En España tenemos una Ley de Estabilidad Presupuestaria que ya obliga al equilibrio. Si se avanzara en la idea de que todos los países de la Unión Europea lo tienen que plasmar en su Constitución desde luego no tendríamos inconveniente en plantearlo, reitero, porque esa es una obligación que ya está ahora mismo prevista en la Ley.

Tras explicar las medidas fiscales que prepara el Gobierno en la reunión del viernes 19, el ministro lanza el mensaje por el cual se presta a la entrevista.

—Por cierto, he de decir que el Gobierno también solicitará el viernes que estas medidas sean aprobadas con carácter de urgencia por el Congreso, por ello solicitará un pleno extraordinario. Y en ese pleno, el presidente tiene previsto hacer una reflexión sobre la situación económica.

—¿Hablamos de la primera quincena de septiembre?

Blanco, sorprendido, enfatiza.

—No, no. Estamos hablando de que la próxima semana se pueda celebrar este pleno. La respuesta de Pepe Blanco sobre la Constitución, ¿sugiere que Rodríguez Zapatero le ha dado alguna pista?

No. Ninguna.

Blanco contesta, simplemente, lo que le parece algo «normal».

Si la Unión Europea transita el camino que acaban de anunciar Sarkozy y Merkel, España, que ya tiene una regla de estabilidad presupuestaria, no tendrá problemas en incorporarla a su Constitución.

Rodríguez Zapatero no le la dicho palabra, ni a Blanco ni a nadie. Porque todavía ignora lo que va a hacer en pocas horas más.

Pero quien sí esta en faena, infatigable, en su piso madrileño es… David Taguas.

Desde su vuelta de Cerdeña, David Taguas está encerrado en su piso madrileño, en medio de la jornada mundial de la juventud y la visita del papa Benedicto XVI que invaden la ciudad. Su esposa se ha ido a pasar unos días a Galicia. Taguas llama a Rafael Doménech, economista jefe del Banco Bilbao Vizcaya Argentaría (BBVA) para España y Europa, y antiguo subdirector de la Oficina Económica del Presidente el año y medio que Taguas ha estado al frente, y a Jesús Fernández-Villaverde, profesor de Economía en la Universidad de Pennsylvania. Con ambos analiza por teléfono y por correo electrónico los antecedentes de la regla de oro en Alemania. Encarga una traducción fidedigna al español de los artículos 109 y 115 de Ley Fundamental alemana, modificados en la reforma de mayo de 2009.

El viernes 19, el día en que el presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, convoca el pleno extraordinario para el martes 23 de agosto, el consejo de ministros aprueba finalmente el paquete de medidas para cumplir con los 5.000 millones de consolidación adicional que exige la carta secreta del BCE. En la rueda de prensa posterior a la reunión, Elena Salgado escucha:

—Estábamos bastante tranquilos, parecía que la financiación y la recaudación iban bien. Usted mencionó que íbamos holgados. Por tanto, no dejan de llamar la atención estas medidas. ¿Qué ha pasado?, ¿dónde está el fallo para que ahora busquemos mayor liquidez en estos últimos cuatro meses?

La ministra no deja de sonreír durante toda la pregunta. Y cuando responde, aunque sus interlocutores no lo sepan, se conduce como rehén de la carta del BCE.

Dice:

—Los ingresos siguen yendo ligeramente por encima de lo presupuestado y esta es nuestra previsión de aquí a final de año y los gastos están limitados por el techo de gasto. Por tanto, desde el punto de vista del Gobierno, del déficit de la Administración General del Estado, ninguna preocupación. Pero qué duda cabe, que tener un margen adicional, que por supuesto consolida, puesto que el 6 por ciento es consolidado entre todas las administraciones públicas, proporciona seguridad y confianza de que vamos a cumplir conjuntamente todas las administraciones públicas nuestro objetivo de déficit del 6 por ciento.

En realidad, el «margen adicional» es la condición que exige la carta del BCE, la consolidación fiscal adicional del 0,5 por ciento del PIB (5.000 millones de euros), porque desconfía del cumplimiento del objetivo por parte de las Comunidades Autónomas.

Taguas escribe varias «notas confidenciales» para el presidente, bajo el título: «Una regla fiscal en la Constitución española».

Según puntualiza, «la crisis de la deuda soberana que se desencadena en la primavera de 2010 y que ha tenido episodios muy relevantes en las crisis de Grecia, Irlanda y Portugal, ha centrado la atención este verano en España e Italia, pero también en Bélgica e incluso en Francia. Cuando comienza hay que priorizar políticas de consolidación, dejando en segundo plano las políticas expansivas, factor clave para la recuperación económica. Ahora, resulta necesario eliminar cualquier incertidumbre que pueda existir sobre la sostenibilidad de la deuda de las economías y recuperar cuanto antes la confianza de los mercados financieros y de las instituciones internacionales. Por ello, resulta crucial el firme compromiso de estabilizar la deuda reforzando la regla fiscal actualmente vigente».

A juicio de Taguas, el déficit fiscal, producto de la crisis económica, es «en su mayor parte estructural, por lo que la recuperación cíclica de la economía no será suficiente para volver a una situación de estabilidad presupuestaria». Añade que «esta regla es independiente del ciclo económico y supone el compromiso de limitar el déficit estructural al 0,35 por ciento del PIB a partir de 2018 y de estabilizar la deuda del conjunto de las administraciones públicas como máximo en el 60 por ciento del PIB a partir de 2020».

Las razones que justifican, según el exdirector de la Oficina Económica del Presidente, la adopción de una regla más estricta que la Ley de Estabilidad Presupuestaria vigente, según Taguas, son: «Recuperar la confianza de los mercados financieros, que siguen mostrando dudas sobre la consolidación fiscal española; unirse a las economías líderes en un momento en el que resulta necesario flexibilizar sus posturas respecto a la estrategia con la que gestionar la crisis de la deuda soberana en Europa; anclar las expectativas sobre la política fiscal en un momento en el que empieza a poner en marcha la nueva gobernanza europea en materia de política económica; la consolidación fiscal no acaba con la consecución del objetivo de déficit en 2014, puesto que un déficit del 2,4 por ciento del PIB en 2014 implicará todavía un déficit estructural próximo al 1,5 por ciento del PIB».

Propone, pues, establecer «un déficit estructural del 0,35 por ciento del PIB, lo que implica que se admite la posibilidad de que permanentemente haya un ligero déficit en las cuentas públicas». Subraya que «a diferencia del equilibrio presupuestario o déficit cero cada año, la regla propuesta permitirá el funcionamiento de los estabilizadores automáticos [recaudación fiscal y prestaciones por desempleo], con déficit en las recesiones y superávit en las expansiones».