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El plan de ajuste lanzado el 12 de mayo de 2010, impuesto por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, en la reunión de ministros de Finanzas de la Eurozona, el 8 y 9 de mayo, agrava el problema del paro.

La crisis provoca inmediatamente, a partir del cuarto trimestre de 2007, despidos masivos, especialmente en el sector de la construcción, motor de la burbuja española. Al final del tercer trimestre de 2007, la tasa de paro alcanza el 8,03 por ciento con 1.791.900 parados. En mayo de 2010, la tasa se sitúa en el 20,05 por ciento con 4.612.700 parados. En vísperas del plan de ajuste de mayo de 2010, la crisis ha dejado fuera del trabajo a 2.820.600 personas. Un año y siete meses más tarde, a finales de 2011, el número de parados se amplia en 660.900 personas más, con una tasa de paro que escala al 22,85 por ciento o 5.273.600 personas. Lejos de llegar al punto máximo, ahora las previsiones oficiales apuntan a 630.000 parados más en 2012 o casi 6 millones de personas con una tasa de paro del 24,3 por ciento, como resultado de una caída prevista de la actividad económica del 1,7 por ciento del Producto Interior Bruto. Ya el 31 de marzo de 2012, el número de parados supera los cinco millones y medio.

Estas cifras tipifican no una recesión, más o menos severa, sino una Gran Depresión. En Estados Unidos, durante el periodo 1923-1929, la tasa de paro es del 3,3 por ciento. En 1931, dos años después del
crash
de Wall Street, y la recesión que le sigue, la tasa de paro salta al 15,9 por ciento para continuar ascendiendo hasta llegar al pico del 24,9 por ciento en 1933.

La economía norteamericana y la española siguen un trazado de vidas paralelas durante la crisis actual. Son dos economías con grandes burbujas inmobiliarias y de crédito. Sus respectivos déficits por cuenta corriente (el exceso de lo que se consume e invierte por encima de lo que se produce) llegan antes del estallido a alrededor del 10 por ciento del Producto Interior Bruto. Ambos países sufren una destrucción de empleo violenta inmediatamente. Uno, Estados Unidos, por la flexibilidad que supone intrínsecamente su mercado laboral; otro, España, por la flexibilidad de facto que da la elevadísima temporalidad del sistema de contratación predominante de su mano de obra, producto de varias decenas de reformas laborales.

Entre noviembre de 2007, en el umbral del comienzo de la recesión en Estados Unidos, y diciembre, la tasa oficial de paro se sitúa en el 4,7 por ciento; en España, es del 8,03 por ciento. En octubre de 2009, la tasa se duplica largamente hasta llegar al 10 por ciento en Estados Unidos; lo mismo ocurre en España, cuando llega al 17,9 por ciento.

A partir de aquí la trayectoria cambia. En Estados Unidos, la política de estímulo monetario y fiscal consigue reducir, aunque muy frágil y lentamente, la tasa de paro hasta el actual 8,2 por ciento, mientras que en España, la política de austeridad pública prematura que se suma a la paralización del sector privado propulsan la tasa de paro en más de cinco puntos adicionales hasta el 23 por ciento.

Sin embargo, la economía política del fraude inocente tiene una explicación sobre la tasa de paro española. Uno de los intelectuales que ha ayudado a elaborar esa explicación es el militante del Partido Socialista, exsecretario de Estado de Hacienda y gobernador saliente del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Tras conocer el origen y desarrollo de la burbuja de la vivienda y de crédito, su política contribuye a llevarla al paroxismo y practicar, como sostienen los autores de
Guardians of Finance
al definir la conducta de los reguladores de gran parte de los países como política de homicidio negligente.

Una parte del sistema financiero español se ha hundido como un
Titanic
y la otra alberga en su vientre, los balances bancarios, inmuebles y suelo que ya han perdido parte de su inflado valor y tendrán que hacerlo en mayor medida todavía. Pero al explicar el efecto de la crisis de la burbuja sobre la economía «real», el gobernador señala que en rigor, sí, en rigor, la crisis española es en el fondo una «crisis laboral». A saber: ese «algo» que explica la gran destrucción de desempleo en España es el sistema de relaciones laborales. Estas relaciones no impidieron durante los últimos quince años convertir a España en una
darling
de los mercados, bancos y organismos internacionales, a través de la burbuja inmobiliaria y del crédito. Un país enclavado en una Unión Europea económicamente estancada que creaba la mayor parte del empleo de la región.

Y si el paralelismo entre España y Estados Unidos es bastante ilustrativo, no lo es menos el de la economía española y la alemana. El 13 de marzo, el economista Valeriano Gómez, exministro de Trabajo y diputado socialista, aportaba, ante un Congreso que oye pero se niega a escuchar, algunas cifras elocuentes.

En 1985, la construcción ocupa en España a 800.000 personas, mientras que Alemania da trabajo a 3 millones de personas en dicho sector. En 1994, España ocupa a 1,1 millones; Alemania a 2,9 millones. En 2007, trece años más tarde, la construcción española da trabajo a 2,7 millones de personas. En Alemania, a 2,5 millones.

«Señorías», dijo el diputado, «nos va peor que a Alemania porque en veinte años hemos pasado a ocupar un tercio —apenas un tercio— de los trabajadores en la construcción que ocupaba Alemania a ocupar mucho más que ella en 2007, antes de que comenzara la crisis. Un país, Alemania, que tiene el doble de habitantes que nosotros y el triple de PIB, y estas diferencias, si bien con mucha menos intensidad, se mantienen con Italia, Francia o el Reino Unido. Nos va peor porque esos empleos son los que ahora se han perdido, después de alegrar la vida y sobre todo el bolsillo de unos cuantos. Por cierto, de algunos a los que ahora tenemos que reflotar entre todos».

«Ahora somos un Imperio y cuando actuamos creamos nuestra propia realidad. Y cuando ustedes estudian esa realidad —juiciosamente, como seguramente lo harán— nosotros volveremos a actuar, creando otras nuevas realidades, que ustedes pueden también estudiar, y así es como las cosas discurren. Nosotros somos actores de la historia y ustedes, todos ustedes, se limitarán a estudiar lo que hacemos».

El periodista y escritor norteamericano Ron Suskind incluye esta frase en un reportaje llamado
Fe, certidumbre y la presidencia de George W. Bush,
el 17 de octubre de 2004, en
The New York Times Magazine.
Aunque no la pone en boca del asesor presidencial Karl Rove, el mundillo sabe que es él quien la ha pronunciado, a dos escasas semanas de las elecciones presidenciales del martes 2 de noviembre. Salvando las distancias, cuando se dispone de un consenso y de la simpatía masiva de los medios de comunicación, los Gobiernos están en condiciones de crear «su propia realidad». Al menos confiar en poder hacerlo durante cierto tiempo.

Palacio de la Moncloa, 28 de diciembre de 2011. Hace dos días que el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha recibido el informe preliminar sobre el déficit público en 2012. Está en torno al 8 por ciento. Quizás unas décimas más. Como mínimo dos puntos más que el objetivo comprometido del 6 por ciento. El 27, De Guindos se lo comunica al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Ahora, en este día de los Santos Inocentes, el presidente reúne en una especie de comisión de crisis a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, Cristóbal Montoro, Luis de Guindos y Álvaro Nadal. El nuevo gabinete tiene sobre la mesa la decisión que le transmite la ministra y vicepresidenta del Gobierno anterior, Elena Salgado, por la cual se ha dispuesto ya del bloqueo de 9.000 millones de euros en el capítulo de gastos para el ejercicio 2012. Se aprueba. El ministro de Economía señala que junto con este bloqueo de gastos es necesario anunciar una importante medida en materia de ingresos. Hay un análisis de lo que pueden dar de sí algunos impuestos. Una comprobación sobre la recaudación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), señala que tras el impacto inicial de la subida de 2010 no ha cosechado gran cosa. Si además ello da un golpe adicional al consumo no tiene sentido una nueva subida. Mejor, en todo caso, reservar esa subida para el presupuesto 2013, que deberá cerrar en el 3 por ciento del PIB. Enseguida se considera el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que se aprueba, y queda el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (ERPF). Con ambos se recaudarían 6.275 millones de euros. Se plantea estas subidas como «recargos temporales». Aun cuando estas decisiones violan flagrantemente, en tiempo récord, el programa del Partido Popular, el acuerdo sale con rapidez. La idea es hacer pública la desviación del déficit junto con las medidas para solventarlo. Habida cuenta de que el Gobierno decide presentar los presupuestos el 30 de marzo de 2012, después de las elecciones autonómicas de Andalucía, donde espera ganar, y por mayoría absoluta, la primera vez en más de 30 años, y en Asturias.

Es la idea convencional: el que da primero, da dos veces. Con dichos anuncios, el Gobierno espera comenzar a negociar inmediatamente las cifras del nuevo presupuesto con el equipo de Olli Rehn, comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la Comisión Europea. Pero el arma de disuasión fundamental es otra: la nueva reforma laboral. Una reforma que aspira a romper los límites del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Y que la Comisión Europea y el Banco Central Europeo están esperando desde hace largo tiempo.

Mariano Rajoy ha movido pieza en esa dirección antes de su investidura. Apenas ocho días después de su victoria sobre un PSO E que cae al abismo. Es el 30 de noviembre de 2012. Cuartel general del PP en la madrileña calle de Genova. Despacho de Mariano Rajoy. Recibe de uno en uno al presidente de la patronal CEOE, Juan Rosell, y a los secretarios generales de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, y Cándido Méndez, de la Unión General de Trabajadores.

Rajoy, que muy pronto, el 21 de diciembre, va a ser investido presidente del Gobierno, tiene un papel escrito a mano con siete puntos cuando recibe al líder de CCOO. Explica que la reforma laboral es un objetivo prioritario del próximo Gobierno. Menciona los puntos uno a uno, desde la negociación colectiva, hasta la reforma del sistema de formación profesional, con nuevas fórmulas que fomenten la «empleabilidad de la juventud española», mediante incentivos a su contratación. Y en apoyo, tanto de la necesidad como de la urgencia de esta reforma, Rajoy subraya:

—Nos piden que cambiemos la indexación salarial. En una carta de Trichet a Zapatero se plantea el tema de los salarios, la reforma de la negociación colectiva para dar primacía a los convenios de empresa, y otros puntos. Esa carta no me la ha dado Zapatero. La hemos conseguido por nuestros propios medios. El hecho es que España quiere estar entre los principales países del euro y para ello es necesario cumplir con el Plan de Estabilidad. Y la reforma laboral es el tema de referencia.

Fernández Toxo tiene interés en conocer qué ideas más concretas tiene el próximo presidente. ¿Van a promover el contrato laboral único? «No, este contrato es inconstitucional», contesta Rajoy. ¿Se quiere reducir el coste del despido? Rajoy responde del mismo modo que ha hecho en su campaña electoral. «No, nuestro objetivo no es reducir el coste del despido».

En el turno de Cándido Méndez, el próximo presidente empieza por temas personales. Los dos son aficionados a andar. Nada más sentarse en la zona de sofás del despacho, ambos comentan que siguen haciéndolo a pesar de sus cargadas agendas. Rajoy dice que camina por las noches. Se levanta y se dirige a su mesa de trabajo. Coge una agenda. La abre por la letra P. Y le indica a Méndez los paseos que tiene marcados. Toda la escena es captada por cámaras de televisión. Le resume el tema que tiene entre manos y le asegura que la situación está muy mal, que está en contacto permanente con Elena Salgado y con Rodríguez Zapatero y que dispone de toda la información sobre el momento económico.

—Tengo que hacer lo que Bruselas me pide. Está la carta del BCE. A mí no me la ha hecho llegar Zapatero, pero la tenemos, la hemos obtenido por medios no oficiales. Nos hablan de la cláusula de indexación salarial en los convenios, de reformar la negociación colectiva, del contrato con bajos salarios para jóvenes…

Rajoy otorga a la carta del BCE un protagonismo innegable. La paradoja es que uno de los firmantes de la misiva, su arquitecto, vaya, es Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, con carné del Partido Socialista Obrero Español. Rajoy, pues, sigue sus instrucciones.

Méndez le dice que antes de reabrir el tema de la reforma se puede aprovechar el margen que ofrece la nueva legislación laboral y le anticipa que se está negociando con la CEO E un nuevo acuerdo de moderación salarial.

—Me parece bien. Todo acuerdo que firméis está muy bien. Pero si no se da el caso, el Gobierno tiene que gobernar.

Rajoy da a sus interlocutores hasta después de Reyes para presentar sus propuestas. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, mantiene reuniones con los sindicatos y con la patronal.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, se reúne en la última semana de enero y a primeros de febrero con la ministra de Empleo para diseñar los puntos fundamentales de la reforma: preeminencia de los convenios de empresa sobre los convenios colectivos; nuevo contrato de emprendedores; supresión de la autorización administrativa para los expedientes colectivos y, con ello, anulación de la tutela judicial; reducción de la indemnización por despido.

El Gobierno del PP consagra la doble versión de que la crisis es el resultado del descontrol del déficit público por parte del Gobierno de Rodríguez Zapatero y de que su impacto sobre la economía real se explica como una «crisis laboral» por el sistema de relaciones laborales vigente. La realidad, en cambio, es otra. El déficit en el caso de España es el resultado de la crisis y no su origen; y el paro, a su vez, es producto de la flexibilidad de los contratos, que responde a las necesidades de la construcción, industria que absorbe gran parte de la creación de empleo durante la burbuja.

El paro es el resultado, según la versión oficial, no de una estructura intrínseca del funcionamiento del sistema capitalista sino del sistema de relaciones laborales o de las opciones individuales en el contexto de deficiencias del marco laboral. Según explican los profesores William Mitchell, de la Universidad de Newcastle, Australia, y Joan Muysken, de la Universidad de Maastricht, en el libro
Full employment abandoned. Shifting Sands and Policy Failures (Pleno empleo abandonado. Arenas movedizas y fracaso de políticas),
los Gobiernos ven para sí mismos, desde hace largo tiempo ya, un papel muy limitado. El de remover lo que estiman que son obstáculos a la creación de empleo: más flexibilidad en el mercado laboral, menos intervención del Estado, mayor responsabilidad individual y un pequeño papel para acciones positivas del Gobierno en promover educación, entrenamiento e innovación.