La CIA en España (29 page)

El 26 de noviembre de 1979 la sección europea de la Comisión Trilateral se reúne en el hotel Ritz de Madrid y Enrique Múgica representa al PSOE en el acto de apertura. Bajo el título «Múgica entusiasmó a los trilaterales», el periódico
Cinco Días
(28 de noviembre de 1979) publica:

Múgica respondió brillantemente a todas las cuestiones planteadas por los trilaterales europeos, interesadísimos por la evolución del socialismo español. Los puntos sobresalientes de su intervención se refirieron, en primer lugar, al Rey Juan Carlos («Si don Juan Carlos no existiera, habría que inventarlo») y a la unión de la izquierda española («los conceptos del socialismo y la libertad son muy distintos en socialistas que en comunistas»). Quedó claro que no se produciría ningún tipo de frente de izquierdas.
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La lista de trilaterales se va ampliando y renovando hasta hoy. La incorporación de Jesús de Polanco al Club tiene un visible efecto colateral: el incisivo periodista Joaquín Estefanía no llega a escribir el perfil del magnate santanderino de la comunicación, para añadirlo a las «biografías críticas» de los trece primeros españoles que formaron parte de la Comisión, incluidas en su imprescindible trabajo sobre la Trilateral.
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Polanco le llama previamente para ofrecerle la dirección de las páginas de economía de
El País
, y el antiguo militante del PTE (Partido del Trabajo de España) maoísta lo pide enseguida a su editor, Ramón Akal, que no reedite el libro, convertido ya en un molesto testimonio. No hace falta matar al mensajero, como se hacía antiguamente; resulta más democrático contratarlo. Joaquín Estefanía Moreira llegará a director de
El País
.

En 1994, entre otras incorporaciones de postín destacan, por ejemplo, las de Abel Matutes, futuro ministro de Asuntos Exteriores de Aznar, y la del socialista Manuel Marín, miembro de la Comisión de las Comunidades Europeas y actual presidente del Parlamento español. En la misma tacada entra Julio Feo, consejero personal de Felipe González y amigo de varios jefes de estación de la CIA. El experto en cuestiones militares Luis Solana también es reclamado por la Comisión, y en la última hornada, además de los imprescindibles miembros de grandes consejos de administración, entra por la puerta grande nada menos que la candidata a la alcaldía de Madrid Trinidad Jiménez,
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que, además, ocupa el cargo de secretaria de Política Internacional del PSOE. Eso explica su agresividad, en primera línea, contra los jefes de Estado latinoamericanos que se salen de la órbita del Imperio.

Dentro del entramado de sociedades y siglas controladas por los norteamericanos, destaca, durante los primeros años ochenta, el papel desarrollado por el INCI (Instituto de Cuestiones Internacionales).

La visita del secretario de Defensa norteamericano, Caspar Weinberger, a España, en marzo de 1983, poco después de la victoria del PSOE en las elecciones generales y cuando se empieza a perfilar la convocatoria de un referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN, pone al descubierto los objetivos del INCI, una entidad en cuya cuenta bancaria figura, según consta en el acta de su asamblea del 20 de diciembre de 1982, una partida concedida por la USIA (United States International Communication Agency), la organización oficial norteamericana que encubre la «guerra sucia» exportada por Estados Unidos a través de los medios de comunicación. Según uno de sus documentos divulgativos, el INCI pretende ser «una asociación privada e independiente, que se consagra al estudio de los problemas de la paz, guerra, desarme, cambio social y económico en el sistema internacional, y relaciones políticas internacionales».

La visita de Weinberger evidencia la instrumentalización del INCI por parte del Departamento de Estado norteamericano. Hasta tal punto que para acceder a la cena-rueda de prensa del secretario de Estado en Madrid hay que pasar por el filtro de ese organismo, hasta entonces muy poco conocido. Pero aún más: a Weinberger sólo se le pueden hacer preguntas que hayan sido formuladas previamente por escrito y trasladadas primero al secretario del INCI, el periodista Antonio Sánchez-Gijón, «al objeto de ser contestadas de forma agrupada y sistematizada». Sánchez-Gijón es uno de los más decididos defensores de la integración de España en la Alianza Atlántica. Según él, nuestro país «no sólo debe entrar en la OTAN, sino también disponerse a prestar contribución, por medios políticos, y quizás también militares, a la protección de los intereses occidentales en Oriente Medio».
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El INCI se legaliza como sociedad en 1978. En su acta, constitucional se marcan tres objetivos: «Preparación de un seminario internacional sobre problemas comunes a Europa y África, la obtención de los primeros medios financieros, y la formación de una junta elegida bajo la presidencia de una prestigiosa figura de la vida social española». Encabeza la primera junta Antonio Garrigues y Díaz-Cañabate, un personaje muy cercano a los norteamericanos, que ha sido embajador en Washington y en el Vaticano. Uno de sus hijos, el trilateral Antonio Garrigues Walker, intervendrá, poco después, en la compra de 72 aviones de combate F-18, por parte del Ministerio de Defensa, a la empresa norteamericana McDonnell Douglas. Una operación controlada por un estrecho colaborador del rey, Eduardo Serra. Los primeros vicepresidentes del INCI son el abogado José Mario Armero, presidente de la agencia Europa Press, otro hombre muy vinculado a las empresas norteamericanas y, por fin, el socialista Enrique Múgica.

El INCI forma parte del laberinto de organismos creados por el Departamento de Estado norteamericano, la CIA y el Pentágono en todo el mundo para crear estados de opinión favorables o desfavorables a cualquier tema que afecte a los intereses vitales de Estados Unidos. La actividad del Instituto se orienta hacia la opinión pública, y lo hace a través de los medios de comunicación. En la linea de lo que declara, en 1983, el agregado de prensa de la embajada norteamericana en Madrid, Guy Farmer: «No queremos que la prensa se llene de progresistas y de radicales que estén en contra de la política exterior norteamericana. Todo lo contrario, queremos tener periodistas amigos en todos los medios españoles, y hemos de decir que los tenemos».

Farmer abandonará su cargo en Madrid, precisamente, con el fin de cumplir una «misión» informativa muy especial para el mundo libre: la coordinación de la cobertura de prensa de la invasión norteamericana de Granada,
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en la que se prohibe la presencia de periodistas independientes incluso de los propios medios de comunicación norteamericanos. Durante su estancia en Madrid, Farmer llega a escribir una carta al subdirector general de Cooperación Informativa, Fernando Puig de la Bellacasa, en la que afirma que el Club Internacional de Prensa (situado en la madrileña calle de Pinar) se dedica a «divulgar unas ideas minoritarias y antidemocráticas que, en todos los casos, constituyen una crítica constante contra la política internacional tanto del Gobierno español como del de los Estados Unidos».
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Durante la etapa anterior a la convocatoria del referéndum de la OTAN, el INCI organiza numerosos seminarios para sus asociados y para personas de «relevancia política» de la vida española, según señalan quienes los organizan. Colaboran en ellos desde el general Vernon Walters hasta los militares españoles Ángel Lobo y Miguel Cuartero, además de Antonio Sánchez Gijón, Terence Todman —el embajador norteamericano que interviene en el 23-F—, el general israelí Moshe Dayan, Leopoldo Calvo Sotelo o el general Cano Hevia.

Entre los miembros del INCI hay periodistas como José Navarro Ferré, Thomas Burns (corresponsal de la revista
Newsweek
), Rafael Ansón Oliart, Guillermo Medina, Manuel Blanco Tobío, José Ramón Alonso... Y militares como Ricardo Vallespín, el general Cuartero Larrea, Ángel Lobo García, Juan Yagüe, Bartolomé Beltrán y el ex ministro de Defensa Alberto Oliart, en cuya casa se gesta el documento que firman varias decenas de intelectuales y personajes del mundo de la cultura a favor del «Sí» en el referéndum. Además de Pedro Schwartz o Inocencio Arias, que hará carrera política en Exteriores con el PSOE y después con el PP de Aznar.

Cuando arrecia en los medios de comunicación, sobre todo en TVE, la campaña a favor de la permanencia de España en la OTAN, se hace público que en el acta de la Asamblea del Instituto celebrada en diciembre de 1982 figura, literalmente, que «un socio expresó su preocupación por el hecho de que, en la cuenta de ingresos del INCI, figurase una partida concedida por la United States International Communication Agency —USIA—, que es un organismo de un gobierno extranjero». Según hace constar el propio CESID, este asunto «subraya a las autoridades españolas la dependencia norteamericana del INCI».
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En 1991, el INCI se fusiona con el Centro de Estudios de Política Exterior (CEPE) y surge el Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior (INCIPE), que continúa desarrollando una notable actividad. Los presidentes de esta entidad, desde su creación, son Antonio Garrigues y Díaz-Cañabate, José María de Areilza, Eduardo Serra, además de José Lladó y Fernández-Urrutia.

En el entorno de los norteamericanos hay nombres que se repiten hasta la saciedad. Uno de ellos es el de Eduardo Serra, que del INCI acabará saltando a otra entidad de la misma cuerda, el Instituto Elcano, presidido actualmente por el ex ministro de Defensa socialista Gustavo Suárez Pertierra, que sustituyó en el puesto precisamente a Serra, tras la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero en las elecciones de marzo de 2004.

La cercanía de Eduardo Serra al rey y a los norteamericanos le sitúa en una privilegiada encrucijada de caminos por la que transita todo tipo de operaciones políticas y, sobre todo, económicas. Lo que mejor ilustra la trayectoria política de Eduardo Serra es el hecho de que goza de cargos de relevancia, dentro del Ministerio de Defensa, con UCD, el PSOE y el PP. Abogado del Estado, entra a formar parte del equipo del Ministerio de Industria con Alberto Oliart, en 1977, y tras el golpe del 23-F, Calvo Sotelo lo incorpora a su Gobierno como secretario de Defensa, en un momento clave: se prepara el ingreso urgente de España en la OTAN. Con la llegada del PSOE al Gobierno, Felipe González y su vicepresidente Narcís Serra lo mantienen como subsecretario de Defensa, lo que no le impide afirmar públicamente: «No soy socialista ni por el forro». Antes del referéndum de 1986 sobre la permanencia de España en la Alianza Atlántica, Eduardo Serra propone «la creación de un lobby ibérico para recorrer los corredores del Pentágono, del Congreso y del Departamento de Estado, con armas "made in Spain" en la mano, con el fin de favorecer la penetración de la industria española de armamento en los mecanismos de decisión norteamericanos».
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Pablo Castellano también hace un jugoso apunte sobre la incorporación de Eduardo Serra al equipo de Gobierno socialista:

En materia de Asuntos Exteriores, Interior y Defensa, el jefe del Estado, siguiendo viejas tradiciones, despacha de forma especial y directamente con los correspondientes ministros. Y es pública y notoria su opinión, precedente al nombramiento de los mismos y hasta su propuesta, que explica la sorprendente y continuada presencia del «otro» Serra, Eduardo, en gobiernos de tan variado signo. El Rey no nombra ministros, pero algunos son más llamados por el Rey que otros.
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Considerado oficiosamente como uno de los principales representantes de la Administración de Estados Unidos en los círculos gubernamentales y empresariales españoles, Serra es, además, conocido como miembro del «clan zarzuelero» que gira en torno a Juan Carlos de Borbón. Es notorio su papel de intermediario en la compra de armas aprovechando sus cargos oficiales y su posterior e impúdica incorporación, como alto directivo, a las empresas a las que ha encargado previamente trabajos desde el Ministerio de Defensa.

Manuel Soriano, en su libro
La sombra del Rey
, señala que el teniente general Sabino Fernández Campo sostenía:

El Ejército debe someterse a las normas generales de la contratación administrativa. Pero en lo que afecta a la especialidad peculiar de los servicios militares, las excepciones habrían de aplicarse con la mayor facilidad, ampliándolas y detallándolas si fuera preciso, como desarrollo de los casos que la ley prevé.
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Y continúa diciendo:

Esas normas se fueron flexibilizando con el paso de los años por las exigencias que en el artículo ya se preveían y por la práctica del pago de comisiones que se generalizó en todos los países cuando se abordaba la compra de material militar. En España, el caso que provocó mayor escándalo fue la pugna entre McDonnell Douglas y Boeing para conseguir la adjudicación del programa FACA (Futuro Avión de Combate y Ataque). Se lo llevó la primera compañía después de que la segunda se viera implicada en la denuncia de un pago de comisiones en cuya operación salió a relucir la princesa Torlonia, prima del Rey, y el abogado Francisco Jiménez Torres, que antes había sido presidente del INI.

En medio del enorme baile de millones que supone esta transacción bélica, aparece la figura de Eduardo Serra, responsable del Ministerio de Defensa en los grandes proyectos y negocios militares. Entre ellos, este polémico proyecto FACA que propicia la compra de 72 aviones F-18 a la empresa norteamericana McDonnell Douglas, con un coste de 300.000 millones de pesetas.

Un año después de su salida del Gobierno, en 1988, es nombrado presidente de Telettra-España, la empresa filial española de la multinacional que realiza las instalaciones de comunicaciones de la OTAN en toda España, con un coste de 350.000 millones de pesetas. En 1989 es nombrado vicepresidente y después presidente de Cubiertas y MZOV, la empresa que construye un refugio antinuclear en Toledo para el Ministerio de Defensa. Y a continuación, en 1993, accede a la presidencia de Peugeot-Talbot en España, y después a la de Airtel. A esa biografía hay que añadir la presidencia, desde 1987, de la Fundación de Ayuda a la Drogadicción, de la que es presidenta de honor la reina Sofía.

Y como guinda, en 1996, José María Aznar le nombra ministro de Defensa. Una de las principales misiones con las que llega a ese cargo es la de no desclasificar los papeles del CESID que implican al Gobierno socialista en la guerra sucia contra ETA desatada por los GAL en los años ochenta.