La CIA en España (15 page)

«Es virtud del hombre político la de convertir los males en bienes. No en vano, reza el adagio popular que "no hay mal que por bien no venga".»
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Este sorprendente fragmento del discurso de fin de año pronunciado por Franco en 1973, poco después de la muerte de su fiel presidente de Gobierno Luis Carrero Blanco, continúa siendo objeto de mil cábalas más de treinta años después de aquellos acontecimientos.

Hoy nadie duda que el atentado que acabó con la vida del militar santanderino fue obra de ETA, pero es más difícil encontrar a alguien que sostenga que sólo la organización vasca estuvo implicada en la voladura de Carrero. Las discrepancias surgen a la hora de intentar determinar quiénes apoyaron aquella acción. Lo que sí está claro es que la verdadera historia y todas las ramificaciones del sumario 142/73, correspondiente al asesinato de Luis Carrero Blanco, se han intentado ocultar, simplificando las conclusiones de la investigación sobre el atentado reivindicado por la organización armada vasca.

Una de las hijas del almirante, Carmen Carrero Pichot, cree que a los autores del atentado se les dejó actuar: «Después de asesinado mi padre, esa noche, las carreteras estuvieron sin vigilancia. Amigos míos salieron de Sevilla para Madrid y nadie les paró. Pilar Careaga, que era alcaldesa de Bilbao entonces, llegó a Bilbao sin que nadie la parara. Las fronteras estaban abiertas... Bueno, yo no sé... A mí me parece extraño y rarísimo».
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De la misma opinión es el general Manuel Fernández Monzón, que formó parte del Servicio Central de Presidencia de Gobierno creado por orden del propio Carrero:

Los mismos etarras, en la Operación Ogro, dicen que estuvieron seis meses vigilando la puerta principal de la iglesia de San Francisco de Borja, en la calle de Serrano, desde la parada de autobús de la acera de enfrente, que está prácticamente en la puerta de la embajada norteamericana. Eso, con la vigilancia enorme que hay allí, resulta pintoresco. Tanto como que los norteamericanos no se enteraran, con detectores de todas clases, de que se estaba perforando un túnel a 80 metros de allí, en la calle de Claudio Coello. Y un tercer dato: Carrero muere a las 9.30 del día 20 de diciembre y el día anterior había estado seis horas reunido con Kissinger. Nadie sabe de qué hablaron, porque la reunión se prolongó y no le dio tiempo a despachar con nadie después. Que los norteamericanos propiciaran aquel asesinato, o que lo permitieran, o que lo sabían... Esas casualidades las dejo ahí.
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Según el periodista Manuel Cerdán, que ha investigado a fondo el atentado contra Carrero,
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en la fase de preparación del atentado, hay varios días durante los cuales coinciden en Madrid más de treinta miembros de ETA, «que se mueven por la capital impunemente, sin que las Fuerzas de Seguridad detecten su presencia. Alquilan pisos y coches, sustraen vehículos, hacen reformas en las viviendas, compran locales, van y vienen en tren y automóvil, hacen prácticas de tiro en los alrededores de la capital y hasta se permiten el lujo de vigilar de cerca al sucesor de Franco».

El mismo 21 de diciembre de 1973, el diario Ya señala: «La víspera del atentado, dos jóvenes colocaron descaradamente, en 50 metros de fachada, unos cables que conectaban el explosivo con el detonador». El mismo día que Kissinger está en Madrid, y lo hacen a menos de 100 metros, en línea recta, de la embajada norteamericana. El coronel José Ignacio San Martín, primer jefe del SECED y hombre de confianza del almirante, también tiene sus dudas de que sólo ETA estuviera detrás del atentado. Considera que, en 1973, la organización todavía no tenía gran preparación técnica, pero que el atentado tuvo éxito más por negligencias de los servicios de seguridad que por extrañas complicidades: «Es rigurosamente cierto que el entonces director general de la Guardia Civil, teniente general Iniesta, días antes del asesinato, me informó sobre la intención de ETA de secuestrar al almirante y a su esposa».
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San Martín, al contrario que otros de sus antiguos colegas, se muestra categórico a la hora de rechazar la participación de los servicios de inteligencia estadounidenses en el atentado:

A la CIA, como a la Administración norteamericana, no le gustaba el Régimen, pero también era consciente de que ese régimen era una garantía de la presencia estadounidense en España. Un atentado de esa naturaleza podría traducirse en un golpe para el propio régimen y preludio, por lo tanto, de no pocas incógnitas.

Desde luego, sí se tiene en cuenta el resultado final de la transición del franquismo a la Monarquía, no parece que los norteamericanos salieran precisamente muy damnificados con la desaparición de Carrero.

En 2003, cuando se cumplen treinta años de la muerte del almirante, los redactores del programa de TV3
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consiguen ponerse en contacto con un portavoz de la CIA, que declina la invitación de dar su opinión sobre las circunstancias del atentado. «La CIA no tiene nada que ver en eso», replica. Y tampoco ninguno de los miembros de la Agencia destinados en Madrid durante aquellos años quiere participar en el programa o accede a ser entrevistado. Por otra parte, todos los documentos desclasificados de la CIA y del Departamento de Estado que tienen que ver con el asunto no aportan ninguna luz: la mayor parte de los párrafos están tachados.

El 20 de diciembre de 1973, el almirante Luis Carrero Blanco se convierte en la segunda víctima mortal de ETA a consecuencia de un atentado. Antes, en 1968, la organización vasca había asesinado al comisario Melitón Manzanas, destacado miembro de la siniestra Brigada Político-Social franquista. Antes de decidirse por acabar con la vida del almirante, ETA pretendía secuestrarlo para negociar su libertad a cambio de la excarcelación de varios presos políticos. Pero el 9 de junio de 1973
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es nombrado presidente de Gobierno y la posibilidad de seguir adelante con el secuestro se complica, al reforzarse su escolta. Sin embargo, continúa realizando todos los días la misma ruta con idénticos horarios.

Vive en la calle de Hermanos Bécquer, a 50 metros de la embajada norteamericana y todos los días va a oír misa y a comulgar a la iglesia de San Francisco de Borja, situada frente a la legación diplomática. Nada más terminar, sube a su vehículo oficial, que circula por la calle de Serrano, hasta girar a la izquierda por la de Juan Bravo. Después, vuelve a girar a la izquierda y enfila la calle de Claudio Coello. Cuando llega a la altura del número 104, se produce una enorme explosión. El Dodge Dart negro en el que viaja el presidente de Gobierno es lanzado a más de 20 metros de altura y cae en una terraza interior de la residencia del provincial de los Jesuitas, que ocupa, por la parte posterior, la manzana en la que está la iglesia de San Francisco de Borja. Los tres ocupantes del vehículo resultan muertos, Carrero, su chófer y uno de sus escoltas.
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En la calle queda abandonado un coche Morris, aparcado en doble fila y cargado de explosivos, que tenía la misión de obligar al vehículo de Carrero a circular justo sobre el lugar donde se ha instalado la carga de dinamita bajo el pavimento. Por un problema técnico, el Morris no explota. Lo retira la grúa y va a parar a un depósito municipal, sin que nadie descubra los explosivos que contiene. Los miembros del comando advierten de esta circunstancia durante una rueda de prensa que ofrecen cuando ya están a salvo en Francia. En la acción participan directamente cuatro miembros de ETA, integrantes del Comando Txiquía, que recibe este nombre en memoria del jefe de operaciones de ETA militar, Eustaquio Mendizábal, alias «Txiquía», muerto en un enfrentamiento con la policía el 19 de abril de 1973, en la localidad de Algorta, situada a pocos kilómetros de Bilbao. Durante todo un año, los cuatro miembros del comando han trabajado haciendo un túnel bajo el pavimento que tiene la entrada por un sótano del número 104 de la calle de Claudio Coello. Queda clara la autoría de ETA, pero comienzan las especulaciones sobre quién más hay en la trastienda de este magnicidio.

La víspera del día del atentado contra Carrero, el secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger había mantenido una larga conversación con él. Ambos pactaron previamente que su contenido lo mantendrían en secreto, incluso entre los altos cargos de sus respectivas Administraciones. «Aparte de Kissinger y don Alfonso de Borbón, Adolfo Suárez fue uno de los últimos visitantes del almirante. Concretamente le visitó el 17 de diciembre. El 18 no recibió a nadie y, en cambio, la jornada del 19 fue intensa en reuniones, despachos y visitas», escribe el coronel San Martín.
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El mismo día 20 de diciembre, Kissinger comunica lo sucedido al presidente Nixon, en el memorándum secreto 6720. En él escribe:

La muerte del presidente Carrero Blanco esta mañana elimina la mitad de la doble sucesión que Franco había organizado para sustituirle. Carrero iba a continuar como jefe del Gobierno y el príncipe Juan Carlos, que había sido designado heredero en 1969, iba a convertirse en jefe del Estado después de la muerte o incapacidad de Franco.

Y añade:

Si el incidente de hoy diera como resultado una actividad terrorista generalizada, Franco podría inclinarse por mirar hacia los militares en busca del siguiente Primer Ministro. En estas circunstancias, el general Diez Alegría, el actual jefe del Estado Mayor, sería un candidato posible. Él es el favorito entre los militares y cuenta además con una apariencia paneuropea. No obstante, también tiene fama de ser partidario de una apertura gradual hacia una sociedad más libre después de la partida de Franco, un factor que le convierte en demasiado moderado a los ojos de Franco.
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La estación de la CIA, por su parte, transmite el día 21 un informe a la central de Langley. El documento lleva el número 00305/73 y está encabezado con la leyenda «Top secret umbra». En él se afirma que existe «confusión» en torno a la sucesión. En el folio décimo se señala que hay establecida una amplia operación de seguridad sobre la ciudad y que los servicios de información van a proceder a la detención y al interrogatorio de «los extremistas conocidos de cualquier ideología».
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«La CIA sabía que iban a matar a Carrero»,
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manifiesta en 1984 Luis de la Torre Arredondo, que fue designado «juez especial con jurisdicción en toda España» para investigar el atentado. El magistrado se convierte en una de las voces discordantes en el proceso e introduce nuevos elementos que hacen dudar de que el caso esté resuelto únicamente con la reivindicación del atentado por parte de ETA. Durante la instrucción del sumario, el propio juez cuestiona la actuación del capitán general de Madrid, Tomás García Rebull; el fiscal del Tribunal Supremo, Fernando Herrero Tejedor; el ministro de Justicia, Francisco Ruiz Jarabo, y el jefe superior de policía de Madrid, Federico Quintero Morente. Según De la Torre, todos ellos contribuyen a echar tierra sobre el asunto.

«Nadie tiene la menor noticia del sumario abierto con ocasión del asesinato del almirante», escribe el coronel San Martín.
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«Fuentes familiares de Carrero, es decir, partes que podrían haberse personado ante el juez instructor, desconocen qué ha sido de dicho sumario. No hubo demasiado interés en profundizar en la investigación, para no remover los fallos que "todos tuvimos" en aquella ocasión.» Nunca llegará a verse la fase pública del juicio oral. El sumario deambula por las jurisdicciones ordinaria y militar hasta 1977, fecha en la que los implicados en el atentado son amnistiados. En 2003, el sumario por la muerte de Carrero Blanco deja de ser secreto.

Ahora se sabe que dos de los principales militantes de ETA implicados en el atentado, José Ignacio Pérez Beotegui «Wilson» y José Miguel Beñarán «Argala»,
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son los que se reúnen, en 1972, con el informador que les pone tras la pista de Carrero. Según consta en el sumario, la cita tiene lugar en la cafetería del hotel Mindanao. Ninguno de los dos tiene idea de quién es el hombre que les suministra los datos. Antes no sabían que Carrero iba todos los días a misa, muy cerca de su casa, siempre a la misma iglesia. El desconocido es quien les señala la ruta y los horarios del «Ogro». Wilson hace esta declaración a la policía tras ser detenido en Barcelona, en 1975, a consecuencia del chivatazo de un infiltrado, Miguel Legarza «El Lobo». En la misma redada cae el militante de ETA Juan Paredes Manot, «Txiqui», que será fusilado el 27 de septiembre de ese mismo año.

Los ejecutores materiales del atentado reconocen que no saben cómo ha llegado a ETA la información precisa sobre los pasos del almirante: «Nosotros nos limitamos a comprobar lo que nos pidieron, pero la vía no la conocemos. Ahora, lo que sí es verdad es que en Madrid, como en otras ciudades de España, hay informadores, hay un servicio de información y lo mismo que llegó lo de Carrero Blanco puede llegar cualquier informe político».
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Luis de la Torre Arredondo, instructor del sumario, manifiesta en 1984: «A mí me emplearon de pantalla para ver si con el cuento de poner a un juez solvente al frente de la investigación, por la vía de la jurisdicción ordinaria, los franceses nos concedían la extradición de los autores del atentado. Cuando vieron que el truco no les funcionaba, quisieron que yo les pasara el paquete a los militares y, claro, me negué. Y entonces ocurrió de todo».

El magistrado trabaja durante un año y veintidós días en la investigación del atentado contra Carrero Blanco. Pero la apertura del sumario correspondiente no tiene como meta, en ese caso, la celebración de ningún juicio. Ni siquiera se llegará a saber, al final de la instrucción, toda la verdad sobre el asunto. Cinco tomos, declaraciones de 162 personas, entre técnicos y testigos, y un total de 2.654 páginas, constituyen el volumen visible de la investigación oficial del magnicidio. Sin embargo, mientras se va haciendo el acopio de ese material, hay una turbulenta mar de fondo en algunas instancias oficiales, bajo el aparente monolitismo que presenta el sistema.

En 1973, Luis de la Torre Arredondo presidía la Sección Cuarta de lo Criminal de la Audiencia Provincial de Madrid. El atentado coincide con un viaje suyo a Barcelona. Cuando vuelve a Madrid, es requerido urgentemente por el presidente de la Audiencia Territorial, Acisclo Fernández Carriedo, un magistrado que había sido director general de Justicia y capitán honorífico del Cuerpo Jurídico Militar. «Me dijo con tono de guasa que me sentara, porque lo iba a necesitar y, con una burlona sonrisilla, me tendió un papel», recordaba De la Torre. «Era la comunicación en la que la Sala de Gobierno, a propuesta del Presidente del Tribunal Supremo —que a su vez, actuaba a requerimiento del Ministro de Justicia—, había acordado nombrarme juez especial en el sumario de Carrero Blanco.»