Authors: Enrique J. Vila Torres
8. Cuestiones procesales
El apartado 2 del art. 221 CP al declarar punibles la recepción y la intermediación en el tráfico de menores aunque la entrega del menor se hubiese efectuado en país extranjero, recoge una regla específica de atribución de competencia a los tribunales españoles, que se ha interpretado como manifestación del principio de justicia universal, al no indicarse nada en el precepto sobre la nacionalidad de los sujetos o, de modo más restrictivo, exigiendo una vinculación nacional, bien porque se hubieran realizado actos ejecutivos en España o bien porque se establezca una relación similar a la de filiación con trascendencia en el territorio español.
Parece lo más razonable exigir alguna conexión del hecho con el Estado español, pues de otro modo la jurisdicción penal española alcanzaría una extensión desmesurada.
En consecuencia, esta cláusula servirá para perseguir en España las entregas acaecidas en el extranjero a adoptantes españoles o residentes en España, que introducen al menor en nuestro país, o los casos en que se han realizado parte de los actos ejecutivos en España.
Así la Audiencia Nacional se declara competente en el caso de entrega de recién nacido en Uruguay, reconocido falsamente como hijo extramatrimonial de español e inscrito así en el Registro Civil Central de España (SAN 60/2008, 23-10).
Resulta también controvertido en este punto si dicha aplicación extraterritorial de la ley penal española afecta solo al receptor y al intermediario o se extiende también a quien entrega. De forma crítica con la dicción literal del precepto un sector doctrinal pone de manifiesto que en los casos en que la entrega se efectúa en el extranjero los tribunales penales españoles solo pueden juzgar a quien recibe y al intermediario, pero no a quien entrega, pues a este sujeto se refiere el art. 221.1 CP y no el art. 221.2 CP (116).
Para otros, en cambio, la conducta a la que se refieren los números 1 y 2 del art. 221 CP es la misma, solo que vista desde la perspectiva de distintos sujetos que tienen que intervenir necesariamente en el hecho delictivo para que este acontezca. Se interpreta así que la referencia a la entrega del art. 221.2 CP lo es al hecho típico y por tanto, afecta tanto a quien recibe, al intermediario como a quien entrega.
Pero ¿qué se está haciendo en la práctica para desenmascarar estos horribles delitos, y para que se haga esa justicia que todos anhelamos?
Existen innumerables casos de iniciativas individuales, de particulares afectados, que en solitario han interpuesto acciones civiles o penales ante los Tribunales de Justicia, con el fin de que jueces y fiscales usen los medios a su alcance para perseguir la verdad y castigar a los culpables.
Mi experiencia me dice que, tristemente, en la mayoría de los casos se han archivado los procedimientos penales o civiles por falta de pruebas, o peor aún, ni siquiera se ha realizado una investigación a fondo, alegando desde el principio la prescripción de los delitos como única causa para no accionar el engranaje de la justicia en persecución de condenar a los autores de los mismos.
Me remito al punto anterior en cuanto a mi opinión, y la de juristas más cualificados que el humilde abogado que esto escribe, de que no ha de considerarse el robo y venta de bebés como un delito prescrito.
No obstante, en la mayoría de los casos, insisto, los asuntos que se han puesto en marcha por iniciativa particular se han archivado.
También existen acciones colectivas, que, desde un punto de vista más político o histórico, tratan de investigar y castigar los robos de niños producidos tras el franquismo, y que como dijimos se cebó con cobertura legal, apropiándose de miles de hijos de mujeres republicanas represaliadas tras el franquismo, y que daban a luz en las cárceles. En el momento de escribir este libro, estos procesos penales de carácter político están en marcha, y son una vía muy válida para esclarecer la verdad de determinados robos de bebés. Sinceramente, deseo que esta facción historicista de juristas tenga éxito en sus investigaciones, y las acciones judiciales que han emprendido sirvan al menos para demostrar el origen de este horror de compraventa de recién nacidos que, como ya dije en esta obra, tuvo ese origen político en la dictadura franquista.
Sin embargo, entiendo que las acciones penales o civiles que se lleven a cabo, como también he comentado en otro apartado de este libro, deben estar separadas de todo matiz político, pues esta trama mafiosa de apropiación y venta de niños ha tenido fundamentalmente un ánimo económico.
También creo muy importante la unión de todos los afectados. Así, tanto madres y padres biológicos a los que se les robaron los niños (o al menos así lo sospechan) y los hijos afectados (es decir, todos aquellos que por unos u otros medios han comprobado que no son hijos biológicos de los padres que constan falsamente como tales en sus partidas literales de nacimiento) deben emprender acciones judiciales conjuntas, para forzar a los jueces y tribunales, con el total apoyo del Ejecutivo y la Administración, a que se investiguen sus casos.
En este sentido y con tal fin, se ha constituido en 2010 la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), presidida por Antonio Barroso, cliente y amigo, y víctima también de esta trama corrupta.
En estos momentos, pues, Anadir ‹www.anadir.es› va aumentando su número de miembros, con la intención de interponer una denuncia colectiva ante la Fiscalía General del Estado, de forma que esta máxima autoridad judicial decida (yo entiendo que se derivarán las investigaciones a cada uno de los fiscales jefe de las provincias donde radicaron hospitales en los que se robaron bebés), y definitivamente se descubra la verdad de esta mafia despiadada, se castigue a los responsables, y si es posible se encuentren los auténticos orígenes biológicos de los afectados y se restituya a las madres aquellos hijos que en su día, nada más nacer, fueron arrancados con violencia, engaños y mentiras de sus brazos.
Como punta de lanza de esta idea y demostrando que es posible que de una vez por todas el poder judicial tome de verdad cartas en el asunto, la Fiscalía de Algeciras ha iniciado una investigación sobre unos casos de robo y compraventa de bebés acontecidos en su jurisdicción, sin que hasta el momento de escribir estas líneas se haya tenido aún noticias de sus averiguaciones.
Al respecto, recomiendo estar al tanto de las noticias que se van sucediendo, y las que van a salir a la luz pública cuando se inicie la acción conjunta de Anadir en toda España.
Para muestra, lo publicado recientemente en el periódico
La Línea Digital
al respecto:
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Los familiares de los bebés «fallecidos» en La Línea y Cádiz han conseguido ser oídos por la fiscalía que actúa de oficio, para concretar las pruebas con las que cuentan los afectados por estas situaciones ocurridas tras nacimientos de bebés, que fueron declarados fallecidos pero que sus datos no constan en registros de cementerios o del propio hospital.
La incesante duda, tras conocerse casos de niños robados para ser vendidos y dados en adopción, piden que este delito sea investigado y se arroje luz sobre este misterio, aunque sea treinta o cuarenta años después.
El fiscal de Algeciras, Juan Cisneros, anunciaba hace una semana su intención de llevar a cabo esta investigación de oficio y,
durante el próximo mes de julio, se llamará a declarar a cada una de las doce familias que han denunciado públicamente casos similares en el Campo de Gibraltar
. Todos ellos coinciden en denunciar que en los años sesenta y setenta, los médicos del hospital de La Línea declararon la defunción de sus hijos de manera poco clara o sin documentos que la avalasen, y sospechan que los niños siguen vivos.
A estos casos, también se unirá alguna familia que han contactado con la Fiscalía y, posteriormente, han hecho llegar la documentación con la que cuentan para un caso similar: certificados, operarios, registros.
La Fiscalía quiere conocer las historias concretas en boca de los afectados de las supuestas desapariciones —bien sean los padres o los hermanos de los niños fallecidos quienes han tomado la iniciativa—, para determinar si hay indicios de un posible delito: ya sea el robo de los bebés o la falsificación de los certificados de defunción de los niños. Si el fiscal no encuentra ciertos indicios —ni siquiera se buscan aún las pruebas—, el caso podría ser archivado. Sin embargo, aunque existieran esas sospechas fundadas, como ya advirtieron desde la Fiscalía, es posible que las infracciones cometidas hayan prescrito después de treinta años.
Las fechas no están concretadas, aunque la intención de la Fiscalía —según explicaba ayer Cisneros— es concluir las testificales antes de que finalice el mes de julio. El primer escollo para lograrlo es, para empezar, localizar a cada uno de los familiares, ya que ninguno ha denunciado aún los hechos.
Aparte, el fiscal ha tenido que solicitar la ayuda de otras fiscalías provinciales, como la de Guipúzcoa, para que se tome declaración allí a los afectados que no residen en la provincia de Cádiz, como les ocurre a las hermanas Cristina y Flor Díaz Carrasco, que fueron las primeras en sacar a la luz las sospechas de robos de bebés. En su caso, denunciaron públicamente las supuestas desapariciones de dos hermanos (uno en 1972 y otro en 1976), uno de los cuales ni siquiera sabían que había muerto.
Ambas hermanas se educaron y aún residen en Irún, aunque sus padres —emigrantes andaluces— viajaron a La Línea, de donde era natural el padre, para dar a luz. Cuando hace años volvieron a la provincia a enterrar a su progenitora en la ciudad linense, las hermanas comprobaron que el nombre de uno de los bebés fallecidos no aparecía en el registro de inhumados en los años setenta. Por su parte, en el informe de nacimiento de Flor aparecían las letras «H-V», que les hicieron pensar en que quizá tuvo un gemelo varón, del que nunca tuvieron noticias. Fue entonces cuando comenzaron a sospechar.
Aparte de los supuestos afectados de la localidad linense, los cuatro casos que han aflorado con historias parecidas en la comarca de la Bahía de Cádiz, entre pacientes del antiguo Hospital Zamacola y de la residencia de San Rafael —que atendía los nacimientos mientras se construía el actual Puerta del Mar—, siguen a la espera de ser llamados por la Fiscalía de Cádiz, para que inicie una investigación paralela en esta comarca.
Sin duda, noticias como esta, una simple muestra de las que ya están salpicando todos los medios de comunicación nacionales de forma imparable, van a repetirse durante los próximos meses, quizá años, tras la acción conjunta que gran parte de los afectados van a realizar a través de Anadir.
Y ojalá de una vez se haga justicia, y se devuelva a la mayoría de ellos su verdad, acabando con las vidas falsas en las que han estado hasta este momento.
Todos estaremos apoyándolos. Espero que usted, lector, al menos les preste su comprensión y ánimo.
Lo necesitan ahora más que nunca.
A Susanna Griso, por su prólogo, su amistad y su implicación tan sincera y vital, en ayudarnos a encontrar a nuestros familiares y descubrir nuestras auténticas vidas. Ojalá todos los periodistas tuvieran tu fuerza y vocación.
A Antonio Barroso Berrocal, primero cliente y más tarde amigo, por su introducción y por su esfuerzo diario y constante al frente de Anadir. Con personas como él, la verdad está siempre más cerca.
De nuevo a mis hijas, Beatriz y Belén. Las necesito como el aire que respiro, y muchas veces escribo pensando en que mis palabras en tinta y sobre papel las reconfortarán ahora y en los días, seguro que muy lejanos, en los que yo ya solo sea un recuerdo.
A mis amigos que han leído este libro y lo han criticado tan duramente durante su creación.
A todos los miembros de la editorial Temas de Hoy, del Grupo Editorial Planeta, que tanto me han apoyado y animado para que esta obra salga a la luz, en especial a Ana Granda, con la que he trabajado codo con codo para tal fin, y que me dio la feliz noticia de que iba a tener el honor de trabajar con ese gran grupo de profesionales de la edición.
A Miguel Ángel Rodríguez Arias, experto en Derecho Penal Internacional en la Universidad de Castilla-La Mancha y excepcional jurista, por su amistad, y sus notas e ideas, que me han ayudado a comprender mejor la no prescripción de los delitos cometidos en la apropiación e inscripción falsa de bebés.
A María del Mar Carrasco Andrino, eminente profesora titular de Derecho Penal de la Universidad de Alicante, por permitirme incluir en mi obra parte de sus sabios estudios sobre el tratamiento penal de los hechos horribles que se tratan en el mismo, de la compraventa de bebés por las mafias que impunemente hasta ahora han actuado en nuestro país.
A Montse Armengou, periodista e investigadora incansable, que tan gran trabajo hizo con su obra
Los niños robados del franquismo
, por prestar su consentimiento para citar parte de la misma en esta novela.
A mi ex mujer, Aránzazu, por haber traído al mundo a nuestras hijas maravillosas, que por primera vez me han dado una familia de sangre.
A la parte de mi familia adoptiva que aún no me ha dado la espalda, por ser un bastardo que busca sus orígenes biológicos.
A todas las madres, hijos y hermanos que, abnegados, me han contado sus historias, parte de las cuales he podido plasmar en esta obra.
No puedo dejar pasar en esta obra la oportunidad que se me brinda con su publicación para dedicar breve pero muy intensa y sinceramente mi agradecimiento a todos los periodistas, entre ellos muchos amigos y conocidos, que con tanta fe y desinterés nos están ayudando durante los años en los que me dedico a mi labor de búsqueda de familiares.
Muchas veces se ha hablado del cuarto poder, expresión creada por un famoso político irlandés en el siglo
XVIII
, Edmund Burke, y que se sigue usando en la actualidad para referirse a la prensa en alusión a la extraordinaria influencia que esta ejercía en los años previos a la Revolución Francesa, incluso antes de la llegada de las tecnologías de la comunicación contemporáneas a nuestros días.
Sinceramente, yo no sé bien hasta dónde llegará el poder de los medios de comunicación en otros ámbitos, pero en la labor a la que he volcado mi profesión de abogado, ingrata muchas veces, puedo asegurar que sin la ayuda de esos medios, y sin el interés de muchos profesionales de la información que codo con codo nos ayudan difundiendo nuestros problemas, nuestros datos, la identidad de los familiares buscados, y las injusticias a las que muchas veces nos vemos sometidos, nuestro camino, no lo duden, sería mucho más largo, silencioso, pesado y triste.