El país de uno (45 page)

Argumentaré que es cierto, las candidaturas ciudadanas no son una panacea. No curan el AH1N1, ni el cáncer y tampoco rallan zanahorias. No constituyen un pasaje de entrada al paraíso ni tampoco —por sí solas— nos sacarán del infierno. No logran, en la mayoría de los casos, ganar más que diez a veinte por ciento del voto. Pero sí ofrecen fórmulas alternativas de participación ante partidos que han erigido altas barreras de entrada alrededor de su monopolio. Sí proveen una ruta mediante la cual los ciudadanos pueden acceder a la representación sin someterse a los mandatos de las maquinarias. Sí son una amenaza permanente a partidos que han divorciado la agenda política de la agenda pública, y no hablan de nada que le importe verdaderamente a quienes se ven obligados a votar sólo por ellos. Sí son un correctivo a partidos que han perdido el rumbo, que han dejado de ser puente, que han privilegiado la lógica patrimonial por encima de la función representativa. Sí pueden ser la encarnación de fuerzas, de perfiles, de anhelos que los partidos acaparan o sofocan.

A partir de hoy diré —como lo ha hecho Marco Enríquez-Ominami, candidato independiente en Chile— que “los problemas de la democracia se resuelven con más democracia”. Con más ideas. Con más debate. Con más candidatos. Con más acceso. Con más portavoces para los temas álgidos que los partidos no quieren tocar. La democracia es impensable sin los partidos, pero no deberían tener el monopolio sobre la participación en la esfera pública. Los partidos y los independientes pueden coexistir y cohabitar y complementarse. El objetivo de las candidaturas ciudadanas no es poner en jaque a la democracia, sino mejorar la calidad de la representación que ofrece. Las barreras legales y logísticas a las candidaturas autónomas son superables; en México hace falta derrumbar las barreras políticas y los prejuicios mentales.

A partir de hoy apelaré a los partidos para que comprendan la crisis de representación que han creado y busquen maneras de afrontarla. Y aunque el movimiento en favor de una democracia de mejor calidad —impulsado entre tantos mexicanos— reúne diversos reclamos, parece haber consenso en torno a algunos ejes. La necesidad de darle a los ciudadanos una forma de castigar o premiar a sus representantes. La reducción del financiamiento público a los partidos. La posibilidad de incorporar figuras de participación directa como el plebiscito y el referéndum. La propuesta de atar el voto nulo a la cantidad de recursos que se destina a los partidos. Todo ello con la intención de fortalecer a la democracia y asegurar su representatividad. Todo ello con la intención de empujar a los partidos a enarbolar reformas que tanto resisten. Porque como decía Barack Obama a lo largo de su campaña presidencial: “El poder nunca concede por su propia cuenta.” Apoyaré a los jóvenes detrás de la campaña “Reelige o castiga”. Apoyaré el trabajo de organizaciones cívicas como “Ciudadanos por una causa en común”, para obligar al poder a reformarse, empujado desde abajo.

6.° A partir de hoy argumentaré que la guerra contra el narcotráfico —repleta de sacrificios humanos, alianzas inconfesables, corrupción compartida y estadísticas calamitosas— no ha producido los resultados deseados. En lugar de reducir la violencia, ha contribuido a su incremento. En vez de contener a los cárteles, ha llevado a su dispersión. En lugar de mejorar la coordinación entre las agencias del sector de seguridad nacional, ha alentado la animosidad, la duplicación de funciones y el cambio constante de agendas. En vez de fomentar la colaboración entre los tres niveles de gobierno, ha acentuado su rivalidad. México hoy es un país más inseguro, más inestable, más violento que cuando Felipe Calderón envió al Ejército a las calles.

A partir de hoy subrayaré que la “guerra contra las drogas” ha acentuado los problemas que buscaba combatir. Fenómenos como la corrupción, la violencia, la disputa por el control territorial, la infiltración gubernamental y el poder de los cárteles mexicanos —a nivel nacional y global— no han disminuido. Al contrario, han aumentado. México debería comprender, como lo hizo Estados Unidos cuando legalizó el consumo del alcohol, que la prohibición no disminuyó su uso, sino generó otra serie de daños sociales como los que nuestro país enfrenta ahora: el crimen organizado, el
boom
de los mercados ilegales y la violación cotidiana de la ley.

Insistiré en que todos los decomisos, todos los arrestos y todas las extradiciones no han hecho mella en un negocio calculado entre 25 mil y 30 mil millones de dólares anuales. Según Edgardo Buscaglia del
ITAM
, en los últimos cuatro años, los cárteles mexicanos han ascendido para ocupar el tercer lugar en presencia y poderío a nivel global. En México han infiltrado cada vez más a la economía legal, al Estado, al Ejército, a las policías. La política punitiva de los últimos años no ha servido para debilitar a las fuerzas que combate.

Diré que la “guerra contra las drogas” está construida sobre premisas que parecen incuestionables e inamovibles: la batalla puede ser ganada, Estados Unidos puede reducir su propia demanda interna, “ahora sí” las cosas cambiarán cuando la Iniciativa Mérida incorpore la atención integral a las comunidades fronterizas. Pero estas premisas merecen ser cuestionadas porque en realidad han sido usadas para justificar que la política antidrogas de Estados Unidos se haya vuelto la política antidrogas de México, cuando no necesariamente debería ser el caso.

Expondré que el costo social y económico para el país —mientras el poder del adversario crece— ha sido inmenso. Más de diez mil millones de dólares invertidos en balas, tanques y helicópteros que pudieron canalizarse a escuelas, pupitres y computadoras. Miles de familias desplazadas en el Norte del país, obligadas a huir ante la violencia. El deterioro de la imagen de México a nivel internacional y el impacto sobre la inversión extranjera que eso entraña. Instituciones gubernamentales cada vez más desacreditadas ante el crimen que no logran contener. Todo ello legitimado con el lema: “Para que la droga no llegue a tus hijos”, cuando sigue llegando.

Insistiré en que se ha vuelto necesario repensar —a través de un amplio debate público— para qué se está librando la “guerra”. Si el objetivo es proteger a la sociedad de las consecuencias dañinas de la droga, valen las siguientes preguntas: ¿La política actual realmente defiende a los mexicanos o acaba dañándolos? ¿No será que la guerra para exterminarla está produciendo más daño que la droga misma? ¿No será que el verdadero peligro para México es seguir librando las batallas equivocadas, seguir mal utilizando los recursos escasos, seguir creyendo que la mariguana es peor que la guerra fútil, violenta y desgastante para arrancarla de raíz?

A partir de hoy argumentaré que “guerra contra las drogas”, librada a partir de una perspectiva puramente punitiva se ha vuelto el gran distractor. Ha desviado la atención de los cuatro rubros donde debería estar: A) el combate a la corrupción de alto nivel; B) la instrumentación efectiva de un programa de desmantelamiento patrimonial a los criminales; C) una política de prevención de las adicciones y disminución del daño; D) un programa de coordinación interinstitucional de combate a la delincuencia. La delincuencia común es la que más afecta al ciudadano, pero por el énfasis en la “guerra contra las drogas” es la que menos se combate.

A partir de hoy argumentaré que de poco sirve atrapar criminales cuando son procesados por un sistema judicial donde 75 por ciento de los arrestados terminan exonerados por jueces corruptos o ministerios públicos incompetentes. Y por ello apoyaré y me sumaré al trabajo de la “Red nacional de apoyo a los juicios orales” y las propuestas que ha hecho sobre la implementación de la reforma penal, la depuración de los cuerpos policiacos, la creación de un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, y el involucramiento de la ciudadanía en temas de seguridad. Veré cómo puedo incorporarme y ayudar —por ejemplo— a la organización “México sos: Sistema de Seguridad Ciudadana”.

7.° A partir de hoy argumentaré que México sólo prosperará cuando su gente esté educada y muy bien educada. Y eso entrañaría, para empezar, reconocerlo y actuar en consecuencia. Insistiré en que —en el sector educativo— urge un cambio de actitud, un cambio en los maestros y un cambio en las reglas. Urge un conocimiento básico de la deplorable situación de la educación actual para poder reformarla, porque de momento, tenemos lo que nos ofrecen y con eso nos conformamos. Urge mejorar a los maestros, porque ningún cambio puede hacerse sin o contra ellos, pero tampoco ningún cambio significativo puede dejar sin modificar profundamente las reglas del juego vigentes, creadas para un modelo autoritario y vertical, corporativo y opaco. Urge cambiar la reglas para que la educación no sea vista como un instrumento de ingeniería social del régimen o de reclutamiento electoral del gobierno, sino un trampolín para la prosperidad de los mexicanos. Urge hacer lo que han hecho países como Corea del Sur y Singapur y Canadá y Finlandia y China. Entender a la educación como un factor crucial para la movilidad social. Entender a la educación como un reto principal y no sólo como una variable residual. Entender que México está en riesgo y llegó el momento de sonar la alarma y darle patadas al muro que actualmente atrapa a millones de niños.

A partir de hoy insistiré en que será necesario remodelar el sistema educativo. Para evaluar, para exigir, para profesionalizar, para enseñar a los mexicanos todo aquello que están aprendiendo los chinos y los coreanos. Para construir una educación centrada menos en la ideología y en el control social y más en cómo avanzar en el mundo. Para transitar a un escenario de plazas obtenidas por concurso nacional y no como premio sindical; de maestros capacitados en vez de maestros poco preparados o extorsionados; de estímulos basados en el desempeño y no en la lealtad; de evaluaciones abiertas al público y no escondidas por quienes temen sus resultados; de preocupación gubernamental por la educación al margen de las alianzas electorales.

Para que México sea un país ganador para muchos y no sólo para unos cuantos, el gobierno deberá —de la mano de personas como yo— derribar el muro de contención que hoy obstaculiza la creación de un sistema educativo moderno. Sólo así será posibe construir una amplia clase media con voz, con derechos, con oportunidades para generar riqueza y acumularla. Sólo así será posible crear mexicanos dinámicos, emprendedores, educados, competitivos, meritocráticos porque la educación les da herramientas para serlo. Veré de qué manera puedo ayudar a organizaciones que promueven una reforma educativa integral como “Mexicanos primero” y la “Coalición ciudadana por la educación”.

8.° A partir de hoy me opondré a algún monopolio. Dejaré de pensar como naranja exprimida y de permitir que el manojo de afortunados en la lista
Forbes
o en el sindicato de Pemex o en la Comisión Federal de Electricidad me traten así. Dejaré de manifestar admiración por mis exprimidores, como lo hace el 60 por ciento de quienes —según una encuesta reciente— creen que el ingeniero Slim es un ejemplo para sus hijos. Cuestionaré visiones como la expresada por Claudio X. González quien afirma: “Ojalá tuviéramos más (ricos) porque emplean a muchas personas. El ingeniero Slim le da empleo a más de 200 mil personas directamente y es muy trabajador, y muy ahorrador y ha sabido invertir muy bien”. Preguntaré cúantos más empleos podría crear México si creciera al diez por ciento anualmente, de manera sostenida, lo cual sólo podrá lograrse cuando el gobierno y los consumidores encaren a los monopolios públicos y privados que actualmente estrangulan nuestra economía. Pensaré que sí, ojalá hubiera más ricos mexicanos, pero encabezados por extraordinarios innovadores que han sabido crear riqueza con base en la competencia, la productividad, la calidad, los buenos precios y los buenos servicios ofrecidos a quienes habitan la base de la pirámide. No nada más exprimiendo naranjas y parándose sobre sus cáscaras para ascender a la cima.

A partir de hoy reflexionaré sobre la forma en la cual los monopolios del país afectan a los consumidores, al crecimiento económico, y al proceso político. Leeré el libro
Buen capitalismo, mal capitalismo
de William Baumol, Robert Litan y Carl Schramm para entender el mal desempeño de las economías altamente concentradas, construidas sobre una estructura de privilegios. Leeré el reporte del Banco Mundial titulado
Gobernabilidad democrática en México: mas allá de la captura del Estado y la polarización social
, que explica el impacto que la concentración del poder y la riqueza en intereses monopólicos tiene sobre una democracia cada vez más capturada. Me informaré —por ejemplo— del alto costo que el imperio de Carlos Slim tiene para los consumidores, dado que los precios de telefonía e internet en México son significativamente más altos que en el resto de mundo, por la posición predominante de Telmex y Telcel. Y al ampararse ante cada decisión de la Cofetel y la Comisión Federal de Competencia, el señor Slim logra retrasar la creación de un sistema económico más abierto y más competitivo, que se traduciría en cuentas telefónicas más baratas para mí, para los pobres, para miles de pequeñas y medianas empresas.

A partir de hoy diré que es cierto que el señor Slim y otros monopolistas y ologopolistas proveen empleo e invierten en México y manejan bien sus compañías. Pero también argumentaré que ése no es un argumento suficiente para ignorar la influencia negativa de los monopolios sobre el crecimiento económico. Durante más de una década, el país ha crecido a un promedio de 1.5 por ciento anual; una cifra pobre cuando se compara con otros mercados emergentes. Y ese subdesempeño crónico es resultado de cuellos de botella en la economía que los monopolios privados y públicos han colocado, con la anuencia del gobierno. México podría crecer mucho más —y crear muchos más empleos— si tuviera una economía dinámica, donde hubiera inversión masiva de numerosos jugadores en el ámbito de las telecomunicaciones. Si hubiera muchas más personas con celulares baratos, internet accesible, banda ancha disponible. Los atributos personales positivos de cualquier empresario en la punta de la pirámide no deberían ocultar cómo impide la evolución de sectores clave para el desarrollo. Por ello me afiliaré a la
ONG
“Al consumidor” y me informaré a través de ella qué puedo hacer para defender mis derechos como consumidor y emprender “acciones colectivas” para protegerlos.