Papel mojado (7 page)

El primer intento frustrado desde dentro fue el acceso al crédito. En el verano de 2011, la empresa sufría lógicas tensiones de tesorería ante la negativa de los socios a hacer nuevas aportaciones: sin créditos bancarios no iba a ser posible ni siquiera pagar las nóminas.

Mediapubli abrió negociaciones simultáneas con tres entidades financieras con el supuesto objetivo de obtener un crédito de tres millones de cada una, cifra irrisoria si se compara con los cinco mil millones que había llegado a adeudar la editora de
El País.
La suma —nueve millones de euros— hubiera garantizado la vida del diario al menos hasta finales de 2012, justo cuando se preveía dejar atrás los números rojos. Pero no se logró.

Cuando, ya en enero de 2012 y en pleno concurso de acreedores, Roures acudió a la redacción para explicar sus supuestas gestiones para salvar el periódico, el empresario se enfundó el ropaje de víctima de los bancos, a los que culpó de no apostar por el proyecto pese a que él, aseguraba, se había dejado la piel buscando financiación.

La versión de las entidades financieras es muy distinta.

La única de las tres instituciones que concedió los tres millones solicitados es el Banco Santander, pero la operación no llegó tanto por Roures como por la insistencia del propio director del diario, Jesús Maraña, quien estrujó todos sus contactos con un gran coste personal. Según fuentes conocedoras de lo sucedido, el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, también siguió muy de cerca el proceso.

En julio de 2011, el Santander dio luz verde al crédito, convencido de que formaba parte de una operación mancomunada de tres entidades. Pero se quedó solo: el siguiente peldaño del plan, Caja Madrid, nunca llegó a buen puerto, pese a contar con el visto bueno de la entidad entonces presidida por Rodrigo Rato.

Fuentes conocedoras de las negociaciones explican que el comité técnico de Caja Madrid encargado de aprobar el crédito puso muchos reparos a la operación. Pero la mano derecha de Rato, José Manuel Fernández Norniella, supervisó personalmente el proceso y dio instrucciones para aparcar las reservas y conceder igualmente el crédito.

La decisión se había impuesto desde muy arriba: en Caja Madrid, todos los créditos a los medios de comunicación pasan por el Consejo de Administración al considerarse sensibles, de ahí que Norniella estuviera tan encima.

Y, sin embargo, el crédito nunca se materializó. Fuentes de la entidad financiera explican que, una vez conseguido el visto bueno, Roures se negó a ofrecer ningún aval personal. Y sin aval no hay crédito, por mucha predisposición que tenga el banco.

Ya nunca pudo rematarse al último escalón: sin Caja Madrid, la caja andaluza que iba a participar del crédito mancomunado tampoco se sumó. La negativa del magnate a avalar un crédito en realidad ya concedido reabría el boquete.

Las negociaciones con Caja Madrid se rompieron, según fuentes de la entidad financiera, a finales de 2011, con el ERE que supuestamente iba a asegurar la viabilidad del proyecto ya aprobado y la mayoría absoluta del PP confirmada. Pero en aquel momento Mediapubli estaba preparando ya el concurso de acreedores.

La pelota de la deuda había crecido hasta los veintidós millones, aunque el informe del administrador concursal arrojó una luz menos dramática sobre la cifra, que incluye 1,6 millones de impagos a Hacienda, una mensualidad no abonada a los trabajadores y, sobre todo, más de diez millones que los propios accionistas de la empresa se deben en teoría a sí mismos: el 50 por ciento de la deuda de Mediapubli es en realidad con empresas controladas por Roures, Benet y Toni Cases.

En esta fase del concurso de acreedores, con el acceso al crédito cerrado, la empresa solo tenía ya dos vías para intentar remontar: abrirse a la participación de los lectores, que impulsaron una gran ola de solidaridad, o incorporar nuevos inversores y ofrecerles sillas en un consejo remozado y necesariamente más transparente.

Los lectores desbordaron a los accionistas con múltiples iniciativas para intentar salvar el periódico, pero ninguna fue nunca recogida por Roures, que en las entrevistas que concedía en esas fechas ignoraba a
Público
o, si le preguntaban por su situación, subrayaba que los periódicos de papel no tenían sentido, justo la posición contraria al que busca darle valor y atraer inversores.

La efervescencia activista de los lectores cristalizó el 23 de enero de 2012 en un gran acto de solidaridad en un abarrotado Ateneo de Madrid, adonde no se acercó ninguno de los accionistas, que no ocultaban ya su objetivo de bajar la persiana cuanto antes. Es más: en conversaciones privadas, Roures no escondía el malestar que le causó el acto, según han explicado interlocutores que lo trataron esos días.

Ante la creciente presión, el magnate transmitió al director del periódico que anunciara que iban a abrirse espacios para que los simpatizantes pudieran realizar aportaciones y participar del capital del periódico. La dirección llegó incluso a encargar un documento para darles cobertura legal, que se redactó en tiempo récord. Pero cuando todo estaba a punto para lanzar la iniciativa, el principal accionista de
Público
la abortó, repitiendo la misma actitud que en el crédito de Caja Madrid: retiró el visto bueno en el último momento. La vía fracasaba justo cuando estaba todo preparado para su puesta en marcha.

El elemento clave era, sin embargo, la búsqueda de inversores permanentes que aportaran capital y entraran en el consejo. Roures anunció que la viabilidad del proyecto necesitaba inversores dispuestos a inyectar un total de nueve millones en dos años. Y supuestamente se lanzó a buscarlos.

No pasaron muchos días antes de que llamaran a su puerta. El abogado Gonzalo Boye (hoy vinculado a
Mongolia
) trasladó a los dueños del diario que representaba a varios inversores interesados en incorporarse al proyecto. Potencialmente sumaban, según informó en conversaciones exploratorias, un total máximo de cinco millones.

Roures ni siquiera le recibió. Pese a que él centralizaba los supuestos esfuerzos para salvar el diario, envió en su lugar a su socio Benet, muy vinculado al poder económico próximo a CiU, que se entrevistó con el abogado en dos ocasiones sin abandonar nunca los lugares comunes y sin llegar a entrar en el fondo: qué poderes se cederían por los cinco millones de inversión; cuántos puestos se reservaría para los nuevos inversores en el Consejo de Administración.

Las conversaciones ni siquiera pasaron nunca a la fase de abordar la identidad de los inversores que Boye representaba, los más importantes de los cuales eran chilenos: un empresario con empresas de turismo y alimentación y otro del sector naviero.

El 24 de febrero, Boye se enteró sin previo aviso de que los dueños de
Público
dejaban de imprimir el diario.

En paralelo, un inversor mucho más acaudalado estaba dispuesto a inyectar en solitario los nueve millones que exigía Roures: Venezuela. El Gobierno de Hugo Chávez, que ya contrató a Mediapro a finales de la década pasada para modernizar TeleSur, firmó a finales de 2011 un megacontrato con una filial del grupo para adquirir decenas de mochilas Liveview, carísimo artilugio de tecnología punta que facilita los directos en televisión.

Varias fuentes conocedoras de las conversaciones explican que Venezuela estaba interesada en extender esta colaboración inyectando discretamente capital a
Público
.

En América Latina, empresarios muy próximos al Gobierno de Chávez han ido adquiriendo en los últimos años participaciones en periódicos, como
La Razón
, de Bolivia, o
La Jornada
, en México. El esquema no pretende «bolivarizar» las redacciones, sino apuntalar medios progresistas en apuros sin interferir en la redacción ni en la gestión —a veces, sin ni siquiera constar formalmente en el capital—, con un planteamiento de construcción de hegemonía muy a largo plazo.

Este mismo esquema es el que sugería Venezuela para
Público
: incorporar a empresarios amigos al accionariado a través de una compañía radicada en Holanda, donde tiene su sede Mediacapital BV, el vehículo utilizado por los dueños de Mediapro para invertir en
Público
.

La embajada de Venezuela incluso explicó el proyecto a algunos directivos del diario. Y un abogado madrileño muy bien conectado con el Gobierno bolivariano llegó a entrevistarse con el comité de empresa para informarle de los movimientos y pedirle moderación para facilitar la operación. En paralelo, un politólogo con gran influencia en Venezuela se ofreció para desplazarse a Caracas para acelerar el acercamiento, pero Roures, que formalmente había dado luz verde a la exploración, ni siquiera hizo amago de asumir los costes más elementales del viaje, como el pasaje de avión.

 

 

Fuentes que siguieron de cerca el proceso explican que los emisarios venezolanos habían comprometido ya los nueve millones. Solo estaba pendiente el mismo debate que también esperaba Boye para los inversores chilenos: definir cuántos consejeros les correspondían en el renovado consejo y con qué poder. Pero antes de iniciarse el debate,
Público
dejó de imprimirse sin previo aviso.

Los canales de negociación abiertos con Boye y con Venezuela nunca llegaron a emerger a la superficie. Lo que sí emergía era que Roures trasladaba una reflexión genérica a algunos empresarios de Barcelona: «Busco a nueve empresarios de izquierdas que pongan un millón cada uno para seguir adelante con
Público
», les decía.

A partir del 20 de febrero de 2012, a alguno de estos empresarios a quien había trasladado sus supuestos objetivos muy informalmente empezó a decirle que a
Público
«le quedan cuatro días». A ninguno le contó que había otros empresarios llamando a la puerta con un posible total de catorce millones encima de la mesa.

El 23 de febrero de 2012,
Público
se imprimió por última vez.

Roures lo anunció desde Beverly Hills, entre burbujas y
glamour
de Hollywood. A la vuelta se limitó a declarar secamente al diario digital
Voz Populi
: «Ahora estoy a otro rollo».

El periódico que perdía dinero pero abría puertas dejó de imprimirse justo cuando se estaba convirtiendo en todo lo contrario: el periódico que ya no iba a perder dinero pero podía cerrar puertas.

 

 

Un informe «cocinado» para cerrar
Público

 

Si usted fuera el dueño de
Público
, el diario más a la izquierda del quiosco, y realmente quisiera salvarlo, ¿a quién le encargaría un informe?

Difícilmente a un ex ejecutivo de Oliver Wyman, el
darling
de Wall Street al que se aferra el ministro de Economía, Luis de Guindos, para empatizar con los mercados.

Y tampoco a un profesor del IE Business School conocido por su fundamentalismo
neocon
.

Pues justo esto es lo que hicieron Jaume Roures y Tatxo Benet, los dueños de
Público
, que dejó de imprimirse en febrero de 2012: encargaron la sentencia de muerte del diario, que acariciaba la rentabilidad pero que tras la victoria del Partido Popular podía ser un lastre para Mediapro, a Itasu Business Consultants, impulsada por Ignacio López-Bravo, procedente de Oliver Wyman, y Luis Rodríguez Baptista, publicista de la IE Business School.

Mongolia
intentó infructuosamente durante tres meses contactar con los socios de la misteriosa Itasu. Cuando emitió su dictamen condenatorio, la consultora no constaba inscrita como empresa en el Registro Mercantil, su web no incluía dirección física, nadie atendía al teléfono, no saltaba el contestador y los correos electrónicos nunca eran contestados. Tanta opacidad solo es equiparable a la de las consultoras especializadas en elaborar informes a la carta para dar credibilidad técnica a atropellos laborales.

En octubre de 2011, el comité de empresa de
Público
aceptó un durísimo ERE para salvar el diario, que incluía cerca de cuarenta bajas incentivadas y la reducción salarial de la plantilla. El pacto se rubricó a finales de mes, pero los dueños de la empresa ya debían de estar entonces preparando el cierre porque encargaron inmediatamente a Itasu el informe con visos de redacción ad hoc, tan parecido a los que se emiten a gusto de los intereses del que lo paga: la consultora lo entregó a Roures y Benet en diciembre de 2011, apenas unas pocas semanas después de la firma del ERE, con grandes rótulos de «confidencial». Y cargado de errores de bulto y de piruetas extravagantes, todas en la misma dirección: empujar hacia el cierre.

El documento se construyó sobre datos extraídos del anuario de la patronal de la prensa correspondientes a 2010, pese a que en el momento de su elaboración se disponía ya de muchas otras cifras más actuales y beneficiosas para el periódico.

Un ejemplo: Itasu subrayaba críticamente que
Público
solo superaba en difusión a un diario nacional (
La Gaceta
), pese a que justo el mes anterior acababa de adelantar por vez primera a
La Razón
en el EGM, el medidor de audiencias de referencia, un gran éxito impensable en cualquier diario realmente moribundo.