La Casta (6 page)

No obstante, aquello era sólo algo temporal. En menos de dos años consiguió el sueño de todo asalariado: se blindó con un sueldo para toda la vida. Los partidos representados en el Parlamento Europeo tienen la potestad de contratar a sus asistentes, pero también la de sacar a concurso ciertas plazas para funcionarios de su confianza. En realidad se les conoce como «agentes temporales de plazo indefinido». Son trabajadores con todos los beneficios de los funcionarios, elegidos por una comisión mixta de personal de la cámara y miembros del partido. Tienen el inconveniente de que pueden ser despedidos con un aviso previo de tres meses. Esta cláusula se utiliza únicamente cuando el partido que los eligió desaparece del hemiciclo tras unas elecciones. Se va el partido y se marchan sus colaboradores. Como el Partido Popular Europeo (PPE) es el más votado en esta cámara, parece impensable que alguna vez se ejecute esta cláusula para los afortunados que entran en nómina.

En 1997 José Botella se presentó a unas oposiciones propuestas por el PPE, libres en apariencia. Sin embargo, había extrañas coincidencias. A principios de año el PP español propuso a sus aliados en Europa la creación de una nueva plaza con dos premisas: necesitaban un asesor de lengua materna española con conocimientos de economía. Justo el perfil del cuñado de Aznar. La plaza fue anunciada en los primeros compases de febrero de 1997, y el plazo para inscribirse se cerró quince días después. Según los requisitos solicitados para el puesto, era necesario un completo control del castellano, pero sólo un buen nivel de inglés o francés. Valga el dato de que en Bruselas muchos funcionarios son, como mínimo, bilingües. Los responsables del PP aseguraron en el momento de la elección que dudaron entre una decena de candidatos antes de ofrecer la plaza a José Botella, que se sometió a un examen oral frente a un tribunal, como el resto de los aspirantes. Como miembro determinante del tribunal se encontraba el parlamentario español Gerardo Galeote. El mismo Gerardo Galeote que presidía la delegación popular en Europa y que un año antes reconoció sin tapujos ante la prensa que José Botella había viajado para trabajar en Bruselas recomendado por él mismo.

La directiva del Partido Popular Europeo se reunió en sesión plenaria la segunda semana de julio de 1997. Allí, bajo la presidencia del belga Wilfried Maertens y ocho vicepresidentes —incluido el español Carlos Robles Piquer—, quedó sentenciado el acuerdo que blindó al cuñado del presidente del Gobierno español como trabajador a sueldo de los electores europeos, pero a beneficio del Partido Popular. Suma y sigue. Doce años después, el cuñado de Aznar todavía trabaja en el Parlamento Europeo bajo la dirección del partido. Según el directorio oficial, José Botella es miembro del Comité Económico y de Asuntos Monetarios del Partido Popular Europeo.

Un proceso parecido sirvió también, en 1986, para garantizar otro puesto de trabajo de por vida: el de la hija de Manuel Fraga, eterno presidente de la Xunta. Tanto sus compañeros como sus rivales políticos le reconocen una importante valía política y capacidad de trabajo a Carmen Fraga, que entró en el Parlamento Europeo como funcionaria de afiliación política el mismo año en que su padre abandonaba la presidencia de Alianza Popular tras perder dos veces consecutivas las elecciones generales frente al socialista Felipe González. La actual presidenta de la Comisión de Pesca de la UE aprobó las primeras oposiciones a las que se pudieron presentar ciudadanos españoles. En aquellas fechas la hija de Fraga tenía treinta y ocho años, pero ya demostraba experiencia trabajando para el Estado. Con veintidós años era funcionaria del Ministerio de Fomento. En 1994 pasó de ser asistente del grupo a participar en las listas electorales para el Parlamento Europeo. Y salió elegida como diputada. Desde entonces ha sido presidenta de la Comisión de Pesca y vicepresidenta primera del Partido Popular Europeo. Sin embargo, Carmen Fraga se guarda las espaldas. Veinte años después todavía se mantiene en excedencia como funcionaria de aquella plaza que le otorgó el Partido Popular en Europa. En similar situación se encuentran los diputados socialistas Marco Aguiriano y María Muñiz de Urquiza, que, además de funcionarios en excedencia y eurodiputados, son marido y mujer.

Entre los allegados al ex presidente José María Aznar que han encontrado cobijo y sustento en Europa se encuentra su sobrino, Juan Enrique Roda López Otazu, rebotado tras su aventura política en Madrid. Enrique Roda fue el alcalde más efímero de la localidad madrileña de Boadilla del Monte: sólo duró dieciséis días como primer edil. El 29 de noviembre de 1999 el sobrino de Aznar fue elegido alcalde tras la dimisión de la popular Nieves Fernández, obligada a cesar en el cargo por la presión de sus propios concejales. Fue un motín a bordo con el apoyo de la dirección del partido, que se saldó con la alcaldesa electa saltando por la borda. Sus subordinados aseguraban que el talante rudo y poco negociador de la alcaldesa dificultaba la posibilidad de pactar con los grupos locales. Sin embargo, tras la sangre había navajazos en forma de supuestas irregularidades urbanísticas que salpicaban a los miembros del partido.

Como sucesor de la depuesta capitana quedó al mando del naufragio el número dos en las listas locales del PP, Enrique Roda, que ocupaba la concejalía de Sanidad. Sin embargo, el sobrino de Aznar tampoco contaba con la simpatía de los sublevados. Sólo tres de los ocho concejales díscolos le apoyaron. Los otros cinco pactaron una moción de censura con un partido local llamado Eficacia Independiente, y se cobraron la segunda víctima política en dos semanas. Enrique Roda fue retirado de su cargo el 15 de diciembre de 1999 y en su lugar ocupó el bastón de mando el candidato avalado por el PP madrileño, Arturo González Panero. El mismo González Panero que diez años después fue imputado por cohecho, malversación de fondos públicos, fraude fiscal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad por su presunta relación con el empresario Francisco Correa, principal implicado en la Operación Gürtel contra la corrupción política. El mismo alcalde al que la justicia impuso una fianza de 1,8 millones de euros, la más alta de la Operación Gürtel.

Según la información oficial del Parlamento Europeo, el sobrino de José María Aznar se encuentra ahora contratado a las órdenes de otro hombre de confianza del partido, una pieza clave que controló para la Casta otro pilar básico de la democracia, supuestamente independiente, pero tocado por la clase política como veremos más adelante. Juan Enrique Roda López Otazu figura, según el listado oficial, como asistente del ex director general de la Policía entre 2002 y 2004, agustín Díaz de Mera. Aquel que dirigió durante dos años todas las investigaciones policiales que se hicieron en España, incluso las que concernían a la Casta. El mismo que antes fue diputado, senador y alcalde de Ávila. Y el mismo que inmediatamente después de controlar el Cuerpo Nacional de Policía siguió defendiendo los intereses del Partido Popular en el Parlamento Europeo.

«Se busca licenciado con experiencia en el ámbito comunitario. Alto nivel de inglés y francés. Se valorará carta de recomendación de nuestra propia empresa». Un anuncio así parecería una broma. Una oferta laboral abierta al público pero cerrada a todos aquellos que no cuenten con los contactos adecuados. Los contactos de la Casta. Ésos son los requisitos que pedía el PSOE en 2004 según el diario
El Mundo
para contratar a sus asistentes en el Parlamento Europeo. El partido intentaba vestir el proceso de selección de su cohorte de ayudantes, que cuesta cerca de 1,4 millones de euros al año, con una imagen de transparencia. Entre otras cuestiones, los socialistas valoraban en su proceso selectivo, según el diario, la presentación de un aval: una carta de recomendación firmada por personas relacionadas con el partido. Cuantas más mejor. Y cuanto más importante sea el cargo, mejor todavía. En el mundo de la política, la lealtad se paga. Incluso en los niveles más bajos del escalafón. Así que es complicado trabajar para el PSOE sin dar buena muestra de la lealtad debida.

En la actualidad, desde el PSOE aseguran que ese proceso no existe, y que cada parlamentario es libre de elegir a sus asesores en las condiciones que estime oportunas. Según
El Mundo
, ésas no fueron las reglas del juego que encontró Alfonso
Pincho
Guerra, licenciado en Filología Inglesa, para entrar a trabajar en el partido. El único hijo varón del ex vicepresidente socialista en la década de los ochenta, Alfonso Guerra González, pujó en un proceso de selección con más de un centenar de candidatos. Pero el puesto fue suyo. Nadie tenía su apellido. Ni una carta de recomendación firmada de su puño y letra por Enrique Barón, el máximo responsable de la delegación socialista española en la eurocámara.

El ex ministro de Transportes con Felipe González —que ha presidido también el Parlamento Europeo— se ha convertido desde la primera legislatura de la cámara europea en el mentor personal de varios ilustres hijos de la Casta. Bajo su tutela comenzó su andadura Luis Marco Aguiriano Nalda, hijo del ex delegado del Gobierno en el País Vasco, José Antonio Aguiriano, que falleció en 1996 de un ataque cardíaco. Tres años después, su hijo ocupó el número veintiocho en las listas del PSOE a las elecciones europeas. Como asistente de Enrique Barón trabajó también Laura Baeza, nacida en 1952, hija de Fernando Baeza Martos, mítico militante socialista, senador desde 1977 y fallecido en 2002. Y Ana Ramos, hija de Agapito Ramos, reputado miembro del PSOE y parlamentario de la Asamblea de Madrid durante varias legislaturas. Agapito Ramos incluso fue miembro del último gobierno regional presidido por el líder socialista Joaquín Leguina.

En las últimas listas electorales del PSOE aparece también la joven Izaskun Bernal, hija de otra histórica del socialismo español, la europarlamentaria y ex delegada del gobierno ceutí Carmen Cerdeira, que falleció en 2007, a los cuarenta y ocho años, víctima de un cáncer. Afiliada al PSOE desde 2004, Izaskun Bernal comenzó ese mismo año a asesorar al partido en Relaciones Internacionales. El listado oficial de asistentes del Parlamento Europeo refleja que Izaskun Bernal fue contratada a sueldo de los electores para asistir en su trabajo al responsable de la delegación socialista en Europa. Otra figura emergente bajo la tutela de Enrique Barón.

Pese a que el hijo de Alfonso Guerra no aparece como asistente en los listados oficiales del Parlamento Europeo, el PSOE lo coloca en su documentación interna como asistente del parlamentario Miguel Ángel Martínez. Como asistente de Enrique Barón se colocó también Íñigo Echeverría Torres, sobrino de la ex parlamentaria europea hasta 2004 Francisca Sauquillo.

El Parlamento Europeo no sólo es una importante fuente de financiación para los diputados, sino también para los partidos políticos.

Según las auditorías externas del hemiciclo, el Partido Popular Europeo recibe cada año 18 millones de euros en ayudas públicas. Y otros 13 millones el Grupo Socialista. Sin embargo, parece que ese dinero no es suficiente. Nunca es suficiente. Así que los partidos desvían parte de los 17.450 euros mensuales entregados por la cámara a cada uno de los 751 diputados para financiar sus gastos generales. Un desvío irregular que se da en todos los hemiciclos, que sirve para sufragar actividades privadas de cada partido y al que nadie pone freno.

En febrero de 2003 el Partido Popular inscribió una fundación sin ánimo de lucro en el ducado de Luxemburgo. El país de la Unión Europea no aparece en la lista de paraísos fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), considerada la guía oficial de países permisivos con el fraude fiscal. Sin embargo, tiene una legislación tributaria muy opaca y especialmente propicia para transacciones
offshore
. Este término inglés, que significa literalmente «lejos de la costa», se emplea para describir operaciones de ocultación de patrimonio y evasión fiscal, que se suelen hacer con sociedades inscritas en archipiélagos como las islas Vírgenes o las Antillas Holandesas. De ahí el eufemismo. Pese a que Luxemburgo no es considerado oficialmente un paraíso fiscal, está entre los destinos preferidos de los financieros especializados en servicios
offshore
.

Allí inscribió el Partido Popular una cuenta a nombre de la Asociación de Estudios Europeos. Una cuenta en la que todos los cargos electos del PP en el Parlamento Europeo —veintiséis en aquel momento— ingresaban 3.000 euros mensuales. El dinero procedía una vez más de las aportaciones públicas para los gastos de los diputados, el mismo dinero que sirve para pagar a sus asistentes personales y que sale del bolsillo del contribuyente. Esta caja común, que ingresaba 78.000 euros cada mes, servía para contratar a personal que realizaba distintos trabajos para el Grupo Popular en Europa. El máximo responsable del organismo, Gerardo Galeote, aseguró al diario
El Mundo
—que publicó en exclusiva el 9 de septiembre de 2003 la existencia de esta cuenta— que Luxemburgo era el lugar adecuado para cobijar el dinero, ya que es la sede administrativa del Parlamento Europeo. El Partido Popular Europeo asegura que la entidad se creó en Luxemburgo por tres razones. Primero, porque no tenía sentido crearla en España cuando todas las fundaciones del PP se iban a fusionar en FAES; segundo, porque Luxemburgo es la sede del Parlamento Europeo; y tercero, porque el tratamiento fiscal de los salarios de los asesores era mejor en el ducado centroeuropeo que en Bruselas, ya que los impuestos sobre los sueldos en Bélgica son mucho más elevados que en Luxemburgo. El PP resta importancia a este último punto y matiza que tributar en España sería todavía más beneficioso para sus contratados.

Según Galeote, el dinero de esa cuenta servía para sufragar los gastos de personal de nueve empleados: siete asesores, una secretaria y un becario. Según estas cifras, nueve trabajadores se repartían al mes 78.000 euros en sueldos. 8.500 euros al mes de media. Unos ingresos que triplican los sueldos teóricos de los diputados que los contrataban, cifrados entonces en 2.618 euros al mes, y que dan una idea de la capacidad exorbitante con la que contaban los parlamentarios para abultar sus nóminas gracias a dietas y gastos.

La reiterada profusión de escándalos con las dietas, la contratación de familiares y enchufados y la falta de información precisa sobre los gastos de los partidos políticos llevó a todos los grupos presentes en el Parlamento Europeo a aprobar un cambio en el control de los presupuestos. Según los auditores externos, los eurodiputados no entregaron el 57 por ciento de las facturas de sus gastos entre 2004 y 2005 aunque, por supuesto, recibieron el dinero supuestamente facturado. Al año siguiente la situación fue a peor: «La mayor parte de los importes abonados a los diputados del Parlamento no ha ido acompañado de los documentos justificativos satisfactorios», explica el informe de los auditores para 2007. La irregularidad documental se subsanó doce meses después del toque de atención y sus señorías aportaron, con años de retraso, el 99 por ciento de los justificantes.