Juan Carlos I el último Borbón : las mentiras de la monarquía española (49 page)

Lo que si proliferó, y con cierta permisividad, por los recovecos de los servicios secretos militares a mediados de los años 80 (sirviendo, en ocasiones, de mofa y escarnio para sus protagonistas en informales reuniones de esos servicios y de sus invitados) fueron jugosas cintas de audio grabadas con conversaciones telefónicas entre el rey Juan Carlos y su amiga. Aclaremos que el enamoradizo galán de nuestra historia, irresponsable donde los haya (hasta la propia Constitución lo reconoce como tal), nunca se recató lo mas mínimo a la hora de llamar directamente a su amada a través de la línea telefónica convencional; ora para reiterarle, una y otra vez, su apasionado amor, ora para concertar personalmente su deseadísima próxima cita íntima. Fue un total y continuado despropósito que nunca pudo digerir bien el bueno de don Sabino.

Ni que decir tiene que, a pesar de la buena química existente entre ambos
partenaires
de la aventura regia que estamos tratando y del sin duda cierto y real enamoramiento del todavía inquilino de La Zarzuela, la señorita que venimos conociendo desde hace algunas páginas como B. R. cobraba lo suyo por entretener, amigablemente se entiende, a su solícito visitante. Hasta mediados del año 1985, sus estipendios por tal menester nunca bajaron del millón de pesetas mensuales, joyas y regalos aparte, pagados religiosamente, no por la Casa Real española como cualquier picaruelo lector habitual protagonista de la noche podría pensar, sino por la propia Presidencia del Gobierno español a través de sus bien provistos fondos reservados.

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A partir del año 1985, y sin duda debido a la rápida subida del índice de precios al consumo en los años precedentes, el sueldo como «funcionaria especial» adscrita a Presidencia del Gobierno de la señorita B. R. subiría generosamente hasta los dos millones de pesetas mensuales. Era un incremento espectacular, pero perfectamente asumible por el pozo sin fondo de los dineros sin justificar que los Gobiernos de turno de la democracia española han venido dedicando, desde 1975, a fruslerías tales como los GAL, los confidentes, la compra de
dossiers
, la corrupción de tránsfugas políticos, las querindongas de altos cargos, la compra de voluntades exteriores útiles al Estado… etc., etc.

Sin embargo, a primeros de junio de 1994 la cosa se torcería bruscamente para la bella. En esa malhadada fecha recibe una clara señal, a través de terceros, de que todo ha acabado entre ella y el rey, al tiempo de que muy fríamente, como a cualquier otro alto funcionario cesante de la Administración, se le agradecen los servicios prestados. La joven reacciona con furia ante el hecho consumado y, sobre todo, ante la falta de delicadeza de su antiguo y regio amigo que, recobrada al parecer su púrpura, no quiere saber ya nada de ella, y decide plantarle cara con la poderosísima arma que mantiene en su poder: los vídeos de sus íntimas entrevistas. Amaga con ellos, amenaza con sacarlos a la luz pública, en el extranjero si es preciso, y pide, para permanecer callada, un sustancial aumento de su retribución mensual. El chantaje erótico esta en marcha…

Ante esta nítida amenaza de la bella del rey a los cimientos mismos de la estructura de la monarquía juancarlista, el CESID, de acuerdo con el hombre de confianza de La Zarzuela y testaferro real, Manuel Prado y Colón de Carvajal, decide intervenir. Varios agentes especiales adscritos a su Grupo Operativo allanan en su ausencia el domicilio de la despechada mujer con dos objetivos precisos y bien diferenciados: hacerse con las peligrosas cintas de vídeo en cuestión y dejar a propósito abundantes huellas del asalto como claro mensaje intimidatorio. Pero la operación, al menos aparentemente, fracasará en ambos frentes. Las cintas oficialmente no aparecen por ningún lado (según algunas fuentes muy reservadas del propio CESID y de la Inteligencia del Estado Mayor del Ejército sí fueron encontradas y convenientemente «procesadas» por el comando, lo que supondría, caso de ser cierta la información, una nueva fuente de incertidumbre para la Casa Real española) y la antigua amiga del monarca no se arredra en absoluto con la aparatosa invasión de su intimidad. Todo lo contrario. Aunque la presión del aparato del Estado empieza ya a hacer mella en sus emolumentos y también en sus contratos artísticos, que desaparecen como por ensalmo, y en sus amigos, que huyen de ella como de la peste, lanza un ultimátum al rey utilizando uno de los canales reservados de relación que todavía mantiene abierto. O se pacta con ella una muy sustancial contraprestación económica por su silencio o los ya famosos vídeos (en esos momentos ya en boca de tertulias y mentideros de la prensa rosa del país) serán distribuidos a los medios de comunicación en la forma que ella estime conveniente.

El rifirrafe de B. R. con los más altos jerarcas de la Casa Real española que, como es lógico, ante la incipiente repercusión que el caso empieza a tener en la prensa y en los ambientes mejor informados del país, toman rápidamente cartas en el asunto, resultará favorable en última instancia para ella que conseguirá, no sin alguna dificultad, subir su caché mensual a la respetable suma de cinco millones de pesetas. El delegado de La Zarzuela para el caso, Manuel Prado y Colón de Carvajal, ultima con ella un beneficioso «pacto de no agresión» por el que, a cambio de guardar los acusadores vídeos en una caja fuerte controlada por ambos (doble llave y doble combinación) que le montarán en su domicilio y a la que Prado podrá acceder cuando le parezca oportuno, en presencia de la dama, recibirá mensualmente la astronómica cantidad de dinero antes citada. Además, ella se compromete a no hablar jamás en el futuro de cualquier pasaje de su vida privada que pueda involucrar a su majestad el rey.

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El chantaje de B. R. funcionará a la perfección hasta mayo de 1996, aportándole un jugoso beneficio económico a la actriz a cargo, ¡una vez más!, de la Presidencia del Gobierno, que tendrá que distraer para tal «asunto de Estado» una parte muy importante de sus fondos reservados. Pero con la llegada en esa fecha del Partido Popular al poder la situación cambiará drásticamente y el secreto a voces de los antiguos amoríos del rey Juan Carlos con la bella presentadora volverá de nuevo al candelero político y social. El presidente Aznar, enterado a fondo del tema, se niega en redondo a colaborar y ordena la paralización inmediata de los pagos. La famosa
vedette
monta de nuevo en cólera y se apresta a la lucha, ya que sus asuntos profesionales y familiares no van nada bien y necesita fuertes cantidades de dinero para mantener su fastuoso tren de vida. Amenaza con todas sus fuerzas, deja entrever a los altos negociadores regios que podría enviar sus «poderes» fuera de España (a algún desconocido banco y en algún secreto país), que ya no quiere estar sometida más a las incertidumbres de los posibles cambios políticos nacionales y que quiere dinero contante y sonante, dinero en cantidad y de una sola vez. A cambio, ofrece entregar todo el material audiovisual del que dispone, y que permanece custodiado en la caja fuerte de su domicilio, cerrando así definitivamente el
affaire
con el Estado español en general y la Casa Real en particular.

Aunque las garantías para el Estado son mínimas y no hay constancia del número exacto de cintas existentes, de las posibles copias que han podido fabricarse a partir de ellas, así como de su posible exportación a otros países, la explosión mediática a nivel mundial que puede provocar la bomba que representan las cintas de vídeo en poder de la bella es de tal magnitud que fuerza, una vez más, la rendición del Gobierno español. A su presidente, furioso, no le queda otra opción que mirar para otro lado, transigir con un asunto que si se le va de las manos puede arruinar su primera legislatura en el poder y acceder a que sea ahora el Ministerio del Interior (ya que él, desde Presidencia, no quiere saber nada del asunto), y en varios plazos, el que le entregue a la avariciosa ex amiga del monarca, como finiquito de sus ardientes «servicios al Estado», la astronómica cantidad pedida en última instancia por ella: 50 millones de pesetas, según algunas fuentes, y el doble, 100 millones, según otra, aunque parece ser que la
vedette
no llegó nunca a percibir en su totalidad esta última cantidad pues algunos pagos finales (dos o tres de 10 millones de pesetas cada uno) no le serían satisfechos por decisión directa y personal del propio presidente del Gobierno que abruptamente acabó con tan desagradable asunto. De todas formas, sea una u otra la cantidad final recibida por la actriz, todo esto no deja de ser un despropósito, una barbaridad, un bochorno nacional, en suma, que alguien, algún día, deberá explicar a todos los españoles. Porque, para más inri, este dinero no ha servido para satisfacer a plenitud a semejante señora que todavía a día de hoy, más de diez años después del asunto, sigue amenazando con tirar de la manta por platós televisivos y tertulias radiofónicas.

Total, si usted lector quiere molestarse haciendo cuentas, sobre quinientos millones (millón más, millón menos) de las modestas pesetas en circulación antes del euro despilfarradas para «neutralizar» el, sin duda, peligroso desafío de la despampanante B. R. de nuestra historia que, sin embargo, no ha servido de nada desde el punto de vista de la estabilidad futura de la monarquía española. Porque el problema suscitado en los altos despachos de este país en junio de 1994, tras la ruptura del rey Juan Carlos con su íntima amiga (o sea, las famosas cintas de vídeo) lejos de solucionarse, tras pagar religiosamente el chantaje, se ha multiplicado por lo menos por cuatro. En estos momentos, verano de 2007 existen, según personas muy cercanas a los servicios de Inteligencia militares, por lo menos cuatro posibles núcleos de material sensible relacionados con el caso B. R. (las malditas cintas y algún que otro documento complementario) desperdigados y convenientemente protegidos por el ancho mundo.

Uno de ellos, según amenazó en su día la propia interesada, podría estar en el extranjero, en la caja fuerte de algún banco europeo o sudamericano; otro, en España, controlado también por ella misma y en poder de alguna persona de su máxima confianza; el tercero, en posesión de determinados poderes fácticos del CESID, a cuyas manos habría llegado tras el «fallido» asalto perpetrado por un comando operativo de la entidad en el año 1994; y el cuarto y último, y por cesión corporativa de los poderes fácticos del CESID antes mencionados (que habrían compensado con él algunos servicios extraordinarios de sus colegas del Ejército), «dormiría», convenientemente procesado, en algún nicho ultrasecreto del núcleo duro de la Inteligencia militar, en el conocido en los ambientes más reservados del Cuartel General del Ejército como «pequeño Mossad». Me refiero a una suerte de super espías militares de alto nivel (de los que me voy a permitir hablar un poco más adelante) que, al margen de reglamentos y jerarquías de mando, controla los documentos más sensibles y comprometedores que llegan a la División de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército.

O sea, si la Casa Real española no quería café ¡toma cuatro tazas! La cosa no es baladí, desde luego, porque este grave y desagradable asunto no esta cerrado, ni mucho menos. Nadie ni nada puede asegurar en estos momentos en este país que, de seguir viviendo con el tren de vida con el que vive la todavía bella y estimulante B. R., no caiga algún día en la tentación de volver a tirar de la «manta regia» en su exclusivo beneficio; la cosa le fue bien con anterioridad y no sería extraño que intentara repetir el órdago. O quizá, y esta hipótesis es aún más peligrosa, que intuyendo que ha exprimido ya en demasía las ubres del Estado, opte por tirar por la calle de en medio vendiendo el material de que dispone a cualquier cadena de televisión o tabloide sensacionalista, preferentemente extranjero, porque aquí el pacto de silencio de los editores en defensa de la monarquía, aunque con algunas prometedoras fisuras, sigue plenamente vigente.

Ambas hipótesis son de lo más aterradoras para la estabilidad de la actual monarquía juancarlista que, a pesar de la inyección de moral que le ha proporcionado el régimen «zetapetiense» a su titular nombrándole «embajador extraordinario para el mundo global» con continuos e interminables viajes de Estado, no afronta el mejor momento de su ya larga existencia debido a los últimos escándalos protagonizados, oso «Mitrofán», incluido.

Porque, a pesar de lo que muchos ciudadanos (más o menos enterados del tema) puedan suponer, el mayor peligro de las controvertidas cintas de vídeo en poder de B. R. no radica en los hipotéticos planos, más o menos estéticos, del trasero del monarca español moviéndose al estilo del de Michel Douglas en
Instinto básico
o
Atracción fatal
, sino en las conversaciones que, en alguno de los íntimos momentos que recogen, mantienen ambos y que resultan políticamente muy incorrectas. Aún no se sabe si es porque las copas de
champagne
que se degustan en estos casos habrían producido ya un claro efecto desinhibidor en el jefe del Estado español o porque su conciencia le jugara una mala pasada, aprovechando el romántico momento para soltar lastre. Sería lo mismo que les pasó a John y Robert F. Kennedy con Marylin Monroe entre sábanas. Charlas íntimas en las que el rey habría trasladado a su querida
partenaire
algunos secretillos relacionados con el 23-F que cuestionarían mucho su democrática actuación en tan esperpéntico evento histórico. Algo que, la verdad, después de lo publicado por el modesto autor de estas líneas desde el año 1994, no puede ya alarmar a nadie en este país aunque sí hacer mucho daño a la institución monárquica.

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Y como prometí hace un momento, al hilo de lo ya comentado en relación con este escandaloso asunto erótico-económico Rey/B. R., paso a explicarles algo de los entresijos de los servicios secretos militares y de sus poderes ocultos. No mucho, desde luego, no sea que tanto el presidente del Gobierno, señor Rodríguez Zapatero, como su ministro de Defensa, el honesto pero lego en la materia señor Alonso, se enteren a través de estas sencillas líneas del peligro que todavía tienen en casa y de que, contra lo que ellos creían, el antiguo y terrorífico «poder militar» en España no ha muerto del todo.

No descubriré nada nuevo si afirmo, aquí y ahora, que el Ejército español siempre ha sido un poder casi autónomo dentro de la estructura del Estado. Pues bien, dentro del Ejército, sus Servicios de Inteligencia también han sido siempre unos poderes muy independientes que han ido por libre y han hecho bueno, muy bueno, aquel famoso dicho que hace referencia a la información y al tremendo poder que ésta genera. Pues bien, en los años 80 y 90 de nuestra flamante democracia posfranquista, en el corazón de esos servicios de Inteligencia militares campaba por sus respetos (y me imagino que todavía lo seguirá haciendo, pues estos siniestros órganos de cotilleo nacional e internacional se retroalimentan continuamente) una célula de poder compuesta por directivos y expertos de alto y medio rango, que los demás componentes de dichos servicios no adscritos a la misma denominaban «el pequeño Mossad», en alusión al expeditivo y profesional servicio de Información israelí. Ese reducido órgano de poder era el depositario y el explotador de toda la información ultrasecreta conseguida tanto en el interior del país como en el exterior.