Hay Alternativas (14 page)

Actualmente estamos viendo un resurgimiento de este debate público-privado, y poco a poco los gobiernos avanzan en el deterioro del sistema público con el objetivo de crear nuevos espacios de negocio para el sistema privado.

Para justificar tales prácticas los gobiernos y los economistas liberales consideran que el sistema público es insostenible.

Por ejemplo, se asume erróneamente que el usuario español abusa del sistema, tomando el elevado número de visitas sanitarias por habitante (nueve visitas) como ejemplo de este abuso (el promedio de la UE-15 es de seis visitas). Pero lo que no se dice es que, de estas nueve visitas, hay al menos tres que en otros países las atiende o bien una enfermera o bien un administrativo, y que en España en cambio las hace el médico. El médico está sobrecargado, pero ello no quiere decir que el usuario abuse, pues en otros países las enfermeras tienen mayor responsabilidad y los médicos tienen mayor apoyo administrativo.

Además los que generan la demanda que ocasiona costes (farmacia, pruebas clínicas, intervenciones) no son los usuarios sino los médicos.

Es decir, el sistema no es insostenible pero sí necesita reformas, aunque deben ser reformas que avancen en el fortalecimiento del sistema público y no en su deterioro o su desaparición.

La realidad es que la sanidad pública española está subfinanciada y quedan todavía áreas de servicios por cubrir, tales como los servicios de dentista.

Por otra parte este bajo gasto sanitario se traduce en un sistema ineficiente. En general la sanidad privada puede ser mejor que la pública en la comodidad y la atención al paciente (una cama por habitación en las clínicas privadas, más tiempo de visita y menos tiempo en espera). En cambio la sanidad pública es mejor que la privada en la calidad del personal y de la tecnología e infraestructura médica.

De hecho, en países de extenso desarrollo de la privada, como Estados Unidos, la evidencia muestra que la mortalidad es mayor en las instituciones sanitarias con afán de lucro que en las sin afán de lucro, lo que muestra el peligro que puede significar la mercantilización de la medicina. El afán de optimizar los beneficios puede entrar en conflicto con la calidad del servicio (lo cual ocurre por lo general, ahorrando en personal de enfermería y otro tipo de personal).

Lo que se requiere, pues, es una sanidad pública multiclasista, que mantenga la calidad del personal y de la infraestructura y a la vez mejore de forma sustancial la atención y la comodidad del usuario. Pero ello requiere un gasto público mucho mayor que el actual.

Educación

Lo mismo que ocurre en el caso de la sanidad pública sucede en la educación pública. Todos los alumnos que van a colegios o institutos públicos son potenciales clientes de los colegios o institutos privados, pero dejar de financiar la educación pública a los niveles recomendados por los organismos internacionales es profundamente antisocial, ya que las escuelas privadas atienden prioritariamente a los sectores de mayor renta y las escuelas públicas atienden a las clases populares.

Los recortes de gasto público educativo acentuarán todavía más tal polarización educativa por clase social, dificultando la movilidad social, que es una de las más bajas de la UE-15, y debilitando así las bases de nuestra estructura productiva. En efecto, además de ser una estrategia que perjudica a los sectores de rentas más bajas y, por tanto, netamente injusta y desigual, el recorte del gasto en educación pública es muy perjudicial desde el punto de vista económico porque este limitado desarrollo implica una insuficiente inversión en el capital humano, que es un factor fundamental del crecimiento y de la competitividad.

Porque, en contra de lo que indican los economistas neoliberales, las desigualdades dificultan la eficiencia educativa y económica.

Vemos también que como ocurría en Sanidad la dicotomía privada/pública reproduce una polarización por clase social que no es ni justa ni eficiente. La mejor escuela en la UE-15, por ejemplo, es la finlandesa, tal como señalan los informes PISA sobre calidad de la educación. Ésta es una escuela multiclasista, donde el hijo del banquero y el hijo del empleado de la banca asisten al mismo colegio, una situación impensable en España.

Pero consecuencia de ello es que el hijo del banquero en España está por detrás del empleado de la banca en Finlandia. En contra de lo que indican los economistas neoliberales las desigualdades dificultan la eficiencia educativa y económica.

Vivienda

Otro bien de primera necesidad y derecho social que se ha venido considerando en nuestro país como un bien de lujo es la vivienda. Pero precisamente por permitir que la vivienda se considerara una mercancía más se ha podido gestar la burbuja inmobiliaria que tanto daño ha hecho a la economía española.

El precio de las viviendas (por metro cuadrado) creció nada menos que un 106 por ciento desde que se estableció el euro, en 1999, hasta el 2007, mientras que los salarios nominales crecieron sólo un 8 por ciento, lo que refleja cómo sólo las rentas más adineradas se han permitido el lujo de adquirir viviendas en condiciones que no requerían la firma de un contrato abusivo con el banco.

La solución pasa por considerar la vivienda como un bien de primera necesidad gestionado por el Estado, para lo cual es imprescindible que el sector público disponga de un excedente de viviendas que pueda ofrecer en alquiler a precios progresivos (en función de la renta de las familias), y eso lo puede conseguir utilizando el impresionante excedente de viviendas que tienen los bancos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.

Una manifestación especialmente vergonzosa del problema social al que lleva la insuficiente o mal orientada financiación de la vivienda es el incremento desmesurado de los desahucios que se producen y del número de familias que pierden sus viviendas en manos de bancos que, mientras tanto y con ayudas públicas, obtienen miles de millones de euros de beneficios.

Según el Consejo Superior del Poder Judicial en el primer trimestre de 2011 hubo 15.491 desahucios, lo que supone una nueva cifra récord y un 36,9 por ciento más que en el mismo trimestre de 2010. Pero la Plataforma de Afectados Por la Hipoteca que está en contacto mucho más directo y real con este problema afirma que en muchos miles de casos más se produce «autodesahucio» porque las familias entregan las viviendas cuando ya no pueden más, o, aunque no haya orden judicial de lanzamiento, se produce el desalojo real que luego no reflejan las cifras oficiales de la Justicia. Lo que le lleva a estimar que en 2010 se registraron 93.000 desalojos de viviendas, cuando las cifras oficiales reflejaron 48.000. Y esa misma fuente estima que a mediados de 2011 podrían estar en curso un millón de expedientes de desahucio que se unirían a los 250.000 que se han realizado desde el inicio de la crisis.

En la mayoría de estos casos se puede producir, además, que las familias deban seguir pagando una parte de sus hipotecas puesto que el gran poder de los bancos se traduce en el establecimiento prácticamente unilateral de la tasación del valor de la vivienda.

Frente a ello no es solución la simple aceptación de la dación de pago, que al fin y al cabo viene a significar la pérdida de la vivienda, sino el reconocimiento efectivo del derecho constitucional a disfrutar de ella. Para ello sería necesario crear, por el contrario, mecanismos de arbitraje que permitan establecer acuerdos de prórroga o reestructuración de la deuda hipotecaria, al estilo de los que existen en otros países europeos, con el fin primordial de que no se pierda el bien fundamental que es la vivienda y el derecho a habitarla.

Condiciones de trabajo

Otra manifestación de nuestro subdesarrollo social es el empeoramiento de las condiciones de trabajo, con un aumento del porcentaje de trabajadores que indican estar estresados en el trabajo (el 52 por ciento de la población total en 2009). Lo que no sólo tiene que ver con el hecho de que los trabajadores españoles trabajan más horas al año (1.654 horas) que las de la media de los países de la OCDE (1.628 horas), sino también con la menor dotación de servicios de bienestar vinculados a la vida laboral y, por supuesto, con nuestro menor nivel de salarios.

Pensiones

Al igual que pasa con la sanidad y con la educación, el sistema público de pensiones está en peligro como consecuencia de los ataques de los bancos y de las entidades financieras que buscan incrementar el negocio de sus planes de pensiones privados.

Con el agravante de que tal ataque está siendo justificado por economistas neoliberales que continuamente recomiendan reformas profundas en el sistema para evitar su colapso a base de argumentaciones falsas. Se asume erróneamente que la evolución demográfica (el envejecimiento de la población) es el único factor que importa a la hora de valorar la sostenibilidad del sistema de pensiones cuando en realidad hay muchas otras variables que influyen en dicha sostenibilidad.

En contra de las medidas que se vienen implantando y que simplemente persiguen reducir el gasto en pensiones públicas para así obligar a suscribir fondos privados de ahorro, y dado que la suficiencia financiera del sistema público depende también de los ingresos y no sólo de los gastos, se mejoraría su situación favoreciendo el aumento de la masa salarial y el de la población femenina ocupada, la distribución más igualitaria de la renta, el incremento de la productividad mejorando las condiciones laborales o la participación de los trabajadores en la empresa, combatiendo la economía sumergida y el fraude fiscal y laboral
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Sin olvidar que el aumento de la productividad implica un incremento muy notable de la riqueza del país. De la misma manera que ahora el 3 por ciento de la población adulta trabajando en agricultura produce lo que producía el 30 por ciento de la población agrícola hace cuarenta años, dentro de cuarenta años un porcentaje incluso menor producirá mucho más que el 3 por ciento actual. Pues el mismo símil se aplica al sostenimiento de las pensiones. Si hoy se necesitan tres personas para sostener a un pensionista (se necesitaban seis hace cuarenta años), es más que probable que en el futuro se necesiten menos trabajador activos para sostener a los inactivos.

Pero incluso aunque se aceptara, que no hay por qué, que el sistema no se puede sostener basado sólo en las cotizaciones de la población trabajadora, se podría recurrir a financiarlo mediante impuestos.

Dependencia y sector de cuidados (cuarto pilar del bienestar)

Como hemos señalado, es el poder de clase es el que determina el subdesarrollo social de España al imponer una insuficiente financiación generalizada de la provisión de los bienes y servicios de bienestar colectivo. Pero donde este subdesarrollo es más acentuado es en aquellos sectores del Estado del Bienestar que afectan a las familias, que en España quiere decir a las mujeres.

En España las escuelas de infancia para niños de 0 a 2 años y los servicios domiciliarios a personas con dependencia están muy poco desarrollados. Sólo el 10 por ciento de niños de 0 a 2 años van a escuelas de infancia públicas, en comparación con el 28 por ciento de la UE-15 o el 58 por ciento de Suecia. Y lo mismo ocurre en cuanto a los servicios de dependencia: en 2004 sólo un 2 por ciento de las personas con dependencia en España tenían atención garantizada al margen de la no retribuida que pudieran recibir (en la mayoría de las veces por las mujeres) de sus hogares, frente al 18 por ciento en la UE-15 y al 23 por ciento en Suecia.

Este subdesarrollo tiene costes humanos, sociales y económicos extraordinarios.

La insuficiente financiación de los servicios de cuidados y de los que pueden permitir la adecuada conciliación de la vida laboral y personal hace que las labores de cuidados recaigan en su mayoría sobre el hogar. Pero la escasa corresponsabilidad entre hombres y mujeres a la hora de hacerse cargo del trabajo doméstico y de cuidados hace que sean estas últimas las que sobre todo atiendan a los infantes, a los jóvenes y adolescentes que están en casa hasta que tienen 32 años como promedio, a las personas mayores y, en general, casi todas las tareas del hogar. Y el 52 por ciento de ellas además trabaja en el mercado laboral, todo lo cual tiene efectos muy negativos.

En primer lugar genera sobrecarga de trabajo y mucho estrés. Las mujeres españolas tienen tres veces más enfermedades debidas al estrés que el hombre.

En segundo lugar tiene también un coste social elevado:

España tiene una de las fecundidades más bajas del mundo. Y ello es fácil de entender pues la mujer joven tiene difícil encontrar un puesto de trabajo que le permita tener acceso a una vivienda, condición necesaria para establecer una familia. Es más, no suele disponer de los servicios de ayuda a la familia que tienen otras mujeres europeas, como las francesas o las suecas.

Finalmente también tiene un enorme coste económico. Si las mujeres en España tuvieran el mismo porcentaje de actividad en el mercado de trabajo que las mujeres suecas, en España habría 3 millones más de trabajadoras creando riqueza y pagando impuestos. De ahí la enorme importancia y exigencia de que se desarrolle el cuarto pilar del Estado del Bienestar para poder permitir la integración de las mujeres al mercado de trabajo.

Esto es una inversión de una gran importancia para crear riqueza, mucho mayor, por cierto, que invertir en el AVE, pero, sin embargo, no existe conciencia de ello en los centros de decisión económica del país.

Una buena prueba de esto último es que el mismo gobierno socialista que promulgó las Leyes de Dependencia e Igualdad las dejó casi desde el principio sin financiación suficiente, lo que creó una frustración importante, sobre todo en las comunidades gobernadas por el Partido Popular, en donde se realizaron recortes adicionales que prácticamente han impedido su puesta en marcha. Y también el hecho de que, cuando la crisis económica estalló, han sido precisamente las políticas de igualdad, e incluso el propio Ministerio que se creó como su buque insignia, las primeras que han visto mermar sus presupuestos.

Así ocurrió con la ampliación del permiso de paternidad de dos a cuatro semanas que el Gobierno anuló a pesar de estar ya aprobado por ley.

El Estado del Bienestar debería ser una cantera de creación de empleo. Hemos mostrado que si hubiera el porcentaje de personas adultas en el Estado del Bienestar que tiene Suecia, no habría desempleo en España. Pero para ello es necesario que el Estado del Bienestar se vea como una inversión fundamental para mejorar la calidad de vida, así como la eficiencia económica del país.