Hay Alternativas (13 page)

La reducción del gasto público que se está proponiendo y llevando a cabo no es una salida a la crisis sino justamente lo contrario, es una de las causas de la crisis porque genera desigualdad y limita las posibilidades de creación de actividad económica. Además, lógicamente, de producir una mayor insatisfacción social y personal.

El discurso neoliberal orientado a realizar recortes de gasto social y a debilitar las estructuras de bienestar suele basarse en la idea de que ambos son factores retardatarios de la actividad económica y enemigos de la competitividad, pero los datos empíricos nos indican lo contrario
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En contra de esa opinión que se empeñan en extender los neoliberales, incluso una institución dominada por esa ideología, como es el Foro de Davos, tiene que reconocer que los países que tienen mayor eficiencia económica son los países del norte de Europa, que han sido gobernados durante la mayoría del periodo que abarca desde la Segunda Guerra Mundial hasta la década de 1990 por partidos que se han caracterizado por su gran sensibilidad social, que se ha traducido en Estados del Bienestar bien financiados y con elevado gasto público social por habitante.

El contraste entre los países del norte de Europa, gobernado por partidos con mayor compromiso social, y los del sur, gobernados por partidos conservadores de escasa sensibilidad social, no puede ser más acentuado. El enorme retraso social de España debido a la escasa financiación que aquí se ha dedicado al bienestar colectivo se debe a haber estado gobernada por una dictadura fascista durante cuarenta años. Y aunque mucho se ha hecho desde entonces, el hecho es que treinta y tres años después de haber terminado la dictadura España todavía está a la cola de la Europa social. Algo que sólo se puede explicar por la excesiva influencia que las fuerzas conservadoras y neoliberales continúan teniendo sobre el Estado.

El Estado del Bienestar contribuye a la eficiencia económica del país, educando a la ciudadanía, asegurando trabajo estimulante, que permita el desarrollo del potencial de creatividad que tiene todo ser humano, y ofreciendo seguridad y protección social que garantizan una cohesión social, en el que la cooperación y la solidaridad facilitan los necesarios cambios que la sociedad y la economía requieren para ir adaptándose en su proceso de modernización. El miedo, la inseguridad y la represión (y el desempleo es una forma de represión) nunca motivan a la población. La seguridad, la cooperación y la solidaridad sí que la motivan.

Por eso el bienestar insuficiente sólo puede conllevar una economía menos dinámica, más ineficaz y, por supuesto, más injusta y menos satisfactoria.

Un ejemplo de que el subdesarrollo social afecta de forma negativa a la eficiencia económica es que los países que han sufrido más la crisis han sido los países periféricos de la Zona Euro Zona (Grecia, Portugal, España e Irlanda), es decir, los que precisamente se caracterizan por ser Estados del Bienestar muy poco desarrollados y muy poco financiados, como resultado de tener unas políticas fiscales muy regresivas con unos ingresos al Estado muy bajos, tal como se documenta en los próximos párrafos.

La crisis financiera se ha producido con su enorme magnitud justamente, como hemos analizado, por el gran incremento de la desigualdad que se ha generado en los últimos decenios y al que ha contribuido en gran medida el debilitamiento del Estado del Bienestar. Por tanto, mantener y fortalecer el gasto social y la provisión de bienes y servicios de bienestar no es sólo una cuestión de preferencia ética, que lo es y esto es de por sí muy importante. Además es la mejor manera de apostar por el mayor dinamismo económico y por la mayor capacidad de generación de empleo.

De hecho, una de las causas principales por las que España es incapaz de generar suficientes volúmenes de empleo y por las que su tasa de paro es tan elevada, incluso en épocas de bonanza, es que no ha desarrollado suficientemente su Estado del Bienestar, debido sobre todo a haber vivido más de cuarenta años del siglo pasado bajo una dictadura y a tener un Estado excesivamente influido por fuerzas conservadoras y grupos fácticos.

El Estado del Bienestar en España está muy poco financiado y desarrollado y, se mire como se mire, estamos a la cola de la Europa social.

Si contemplamos el gasto social en las transferencias públicas (como las pensiones), o en los servicios públicos del Estado del Bienestar (como sanidad, educación, servicios de ayuda a las personas con dependencia, escuelas de infancia, servicios sociales, entre otros), vemos que está (21 por ciento del PIB) muy por debajo del promedio de la UE-15 (27 por ciento) y muy por debajo de los países más avanzados, como Suecia (29,3 por ciento). Lo mismo ocurre, por cierto, con los países periféricos de la Zona Euro, como Irlanda (21 por ciento), Portugal (23 por ciento) y Grecia (25 por ciento).

Otro indicador del subdesarrollo social de España es el bajo porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios del Estado del Bienestar. En España es sólo un 9 por ciento, mucho más bajo que en Suecia (25 por ciento). Un español de cada diez trabaja en su Estado del Bienestar, comparado con un sueco de cada cuatro.

El déficit de empleo público, incluyendo el social, es enorme, negando el mensaje neoliberal que se reproduce constantemente en los medios de información de mayor difusión de que hay demasiados empleados públicos en España y muy pocos emprendedores. Los datos muestran, como ya señalamos antes, que España es el país con menos empleados que trabajan en los servicios del Estado del Bienestar y en el sector público y en cambio es el que registra mayor número de emprendedores.

Estos enormes déficits, que raramente tienen visibilidad mediática, aparecen también en Grecia, Portugal e Irlanda y se debe a que han estado gobernados por dictaduras enormemente conservadoras fascistas o fascistoides (como es el caso de España, Grecia y Portugal) o por regímenes autoritarios profundamente conservadores (como es el caso de Irlanda) durante la mayoría del periodo que va desde finales de la década de 1930 hasta finales de la década de 1970. Y, aunque ha habido cambios importantes, éstos han sido insuficientes para eliminar el enorme déficit de gasto público social.

En realidad el retraso social de España, como en aquellos otros países citados con anterioridad, se debe al enorme dominio de las fuerzas conservadoras y liberales en la historia de estos países. Así, cuando el dictador murió en 1975, España se gastaba sólo el 14 por ciento del PIB en su Estado del Bienestar, mucho menos de lo que se gastaban aquel año los países que más tarde pasarían a formar la Unión Europea de los Quince (UE-15), cuyo promedio era de un 22 por ciento del PIB.

El gasto subió durante el periodo que abarca desde 1978 (cuando se inició la democracia) hasta 1993 debido en parte al gobierno socialdemócrata de Felipe González, pero, sobre todo, a la presión e incluso agitación social liderada por los sindicatos a finales de la década de 1980, cuando se convocaron varias huelgas generales.

En 1993 el porcentaje de gasto público social había alcanzado el 24 por ciento del PIB. Ni que decir tiene que los países de la UE-15 también vieron subir su gasto social, pues pasó a ser un 28 por ciento, pero el hecho de que subiera con mayor rapidez en España que en el promedio de la UE-15 explica que el déficit de España con la UE-15 se redujera a la mitad al pasar de 8 (22-14) a 4 puntos (28-24).

Pero en el año 1993 el gobierno socialista se alió con las fuerzas conservadoras y liberales catalanas (CiU) y el resultado de esta alianza fue que la preparación de España para integrarse en el euro, que exigía la disminución del déficit del Estado (que entonces era del 6 por ciento del PIB) para no rebasar el 3

por ciento exigido por el criterio de Maastricht, se hizo a base de recortar de una manera muy marcada el gasto público social.

Esta operación podría haberse hecho a base de incrementar los impuestos pero no se hizo. En España la reducción del déficit siempre se ha hecho a base de reducir el gasto público social (tal como estamos viendo ahora).

El mantenimiento de esa opción explica que cuando el Estado español consiguió reducir e incluso eliminar el déficit público del Estado en 2003 fuera a costa de haber aumentado de manera considerable el déficit social de España con el promedio de la UE-15, es decir, la diferencia en euros estandarizados entre lo que España se gastaba por habitante en su Estado del Bienestar y lo que se gastaba el promedio de la UE-15. Un déficit que en 2005 era mayor que en 1994.

Ya se ha indicado que las causas de este subdesarrollo han sido el enorme dominio de las fuerzas conservadoras y liberales sobre el Estado español, que ha determinado unas políticas fiscales sumamente regresivas. Así, mientras que las personas que están en nómina pagan impuestos comparables a los que pagan sus homólogos en la UE-15, las personas de elevadas rentas, así como el capital, pagan muchos menos impuestos que sus homólogos en la UE-15.

Como consecuencia los ingresos del Estado en España representan sólo el 32 por ciento del PIB, un nivel mucho más bajo que el promedio de la UE-15, 44 por ciento, y de los países más avanzados como Suecia, 54 por ciento.

Ésta es la mayor causa del subdesarrollo social de España. Es lo que solía llamarse\1«\2»\3 es decir, poder de la clase dominante que tiene enorme influencia en los establishment políticos y mediáticos del país.

Este poder de clase aparece también en el escasísimo impacto redistributivo del Estado. Así, la pobreza en España baja sólo 4 puntos (del 24 por ciento de la población al 20 por ciento) como consecuencia de las transferencias públicas sociales, mientras que baja 9 puntos en el promedio de la UE-15 (del 25 al 16 por ciento) y 14 puntos en Suecia (del 27 al 13 por ciento).

Puesto que la pobreza se define como el sector de la población que tiene una renta que alcanza el 60 por ciento de la renta mediana (aquella que tiene el 50 por ciento de la renta por encima y el 50 por ciento por debajo), entonces vemos que el impacto redistributivo es muy bajo.

Resultado de ello es que España es uno de los países con mayores desigualdades en la UE-15, con coeficiente de Gini, que mide la concentración del ingreso, de 31,3, mucho mayor al promedio de la UE-15, que es de 29. En ningún otro país las rentas superiores (los muy ricos y los ricos) son mejor tratadas y las rentas medias e inferiores (las clases medias y trabajadoras) peor tratadas por el Fisco. Esto es el poder de clase.

Un argumento que se cita constantemente es que España se está gastando demasiado en su Estado del Bienestar y que hay que reducirlo.

Los datos, sin embargo, muestran la falsedad de tal argumento.

España no es pobre. En realidad es casi tan rica como el promedio de los países de la UE-15 (que son los países más ricos de la UE), pues su nivel de PIB por habitante es el 94 por ciento de ese promedio. Sin embargo, su gasto público social es sólo el 72 por ciento del promedio de la UE-15. Si fuera el 94 por ciento, España se gastaría 66.000 millones de euros más de los que se gasta en su Estado del Bienestar.

No es cierto, por tanto, que España no tenga recursos para corregir su déficit social. Lo que ocurre es que no los recauda.

La gente con más dinero no paga lo que sus homólogos pagan en la UE-15. Según las cifras provistas por la Agencia Tributaria del Estado español, basadas en las declaraciones de renta, un empresario ingresa menos que un trabajador, las grandes empresas españolas sólo pagan un 10 por ciento de sus beneficios y los multimillonarios que mantienen que gestionan sus 109 ingresos y sus patrimonios mediante SICAV apenas pagan el 1 por ciento.

La insuficiente financiación de los derechos sociales

Como es lógico, el subdesarrollo social de España se manifiesta en todas las dimensiones del Estado del Bienestar o, lo que es lo mismo, en el imposible disfrute de derechos sociales básicos reconocidos sobre el papel por la Constitución.

Sistema sanitario

El sector sanitario en España está poco financiado y, por tanto, poco desarrollado. Sólo el 4,1 por ciento de la población adulta trabaja en el sector sanitario en España, un porcentaje que es uno de los más bajos de la UE-15 (6,6 por ciento).

España tiene el PIB per cápita equivalente al 94 por ciento del PIB del promedio de los países de la UE-15 y, en cambio, el gasto público sanitario per cápita es sólo del 79,5 por ciento del promedio. Si fuera el 94 por ciento, España se gastaría 13.700 millones de euros más de los que se gasta en sanidad. No es creíble, por tanto, indicar que la sanidad pública es insostenible.

En realidad España se está gastando mucho menos de lo que le correspondería por su nivel de desarrollo económico.

El crecimiento del gasto sanitario como promedio para toda España fue en los últimos diez años sólo del 2,7 por ciento por año, comparado con un 4,1 por ciento en el promedio de la OCDE. Es más, gran parte del crecimiento del gasto sanitario en España ha sido en el sector privado, que es lo que se está tratando de fortalecer. Y hay que tener presente que el sector sanitario privado encuentra su principal obstáculo de desarrollo en el sector sanitario público, y por eso sus representantes recomiendan una y otra vez el desmantelamiento progresivo del sector público. En caso de privatización parcial o completa los pacientes del sistema público pasarían a ser clientes del sistema privado, y eso significa negocio y beneficios. No es mera casualidad que las voces que apoyan la reducción del gasto público también pidan una desgravación del aseguramiento privado.

Además la simple existencia de un sistema sanitario privado refleja una situación de desigualdad en el acceso a un servicio esencial como la salud. No en vano el 30 por ciento de la población española (la de renta superior) utiliza la sanidad privada y el 70 por ciento restante, las clases populares (la clase trabajadora y la mayoría de las clases medias), utilizan los servicios públicos. Cualquier privatización, sea del grado que sea, empujará a las clases medias y trabajadoras a tener que pagar mucho más por acceder a los mismos servicios.