Matar a Pablo Escobar (35 page)

Durante los meses de primavera y verano, a medida que la anarquía iba en aumento, nadie en Washington parecía cuestionarla, del mismo modo que no se cuestionaba el compromiso adquirido por los norteamericanos en la campaña para dar caza a Pablo. Los supervisores del gobierno de Clinton acababan de ocupar sus puestos y apenas tenían conocimiento de la oscura presencia militar norteamericana en Colombia. Siempre moría gente a manos de una facción u otra allí en Suramérica, así que los informes acerca de explosiones y de asesinatos de 1 Colombia no revestían mayor importancia. Además, ningún funciona-no ya fuera colombiano o de la embajada de Estados Unidos se quejaba o rendía explicaciones al respecto. A nadie parecía importarle, excepto a Pablo, que el 29 de abril escribió una carta a De Greiff:

Los Pepes tienen su cuartel general y sus mazmorras en la casa de Fidel Castaño en la avenida de El Poblado |Medellín | cerca del club de campo |...|. Allí se tortura a sindicalistas y a abogados. Nadie ha registrado su casa o incautado sus bienes |...|. El Gobierno ofrece recompensas por los cabecillas del cártel de Medellín y por los líderes de la guerrilla, pero no ofrece recompensas por los jefes paramilitares o por los jefes del cártel de Cali, responsables directos de algunas de las bombas que han explotado en la ciudad de Medellín.

Las fuerzas de seguridad no han logrado descubrir nada en el caso delas bombas de El Poblado, nada en la investigación de los sindicalistas asesinados y nada en lo que respecta a las masacres en las que han muerto miles de antioqueños. Sigo dispuesto a entregarme si me dan garantías públicas y por escrito |...|.

Atentamente,

Pablo Escobar

En la embajada de Estados Unidos, a los analistas de Centra Spike el claro patrón de las acciones perpetradas por Los Pepes no les pasa-ha inadvertido. El escuadrón de la muerte estaba machacando toda la infraestructura administrativa y secreta del cártel, eliminando a aquellos encargados del lavado de dinero, a los banqueros, letrados y a los familiares no directos de Pablo, como si Los Pepes tuviesen en su poder los mismísimos organigramas que Centra Spike y la CÍA habían preparado laboriosamente durante los seis meses anteriores. Y lo que es más, los ataques a menudo correspondían con la identificación reciente de blancos que Centra Spike había entregado al Bloque de Búsqueda a través de Wagner, el jefe de la delegación de la CÍA en Colombia. Lo curioso no era a quién mataban Los Pepes, sino precisamente a quién no mataban. Evidentemente había personajes clave en el círculo íntimo de Pablo a quienes los norteamericanos vigilaban constantemente, a menudo por medio de cámaras de vídeo y escuchas altamente sofisticadas. Aquellos personajes no sólo eran claves para recabar información, sino que cualquiera que los visitara, los amenazara o decidiera matarlos aparecería de forma indefectible en el intenso escrutinio norteamericano. Precisamente aquéllas eran las personas a quienes Los Pepes dejaban en paz.

Suministrar información clave para un asesinato, como por ejemplo desvelar el domicilio de un objetivo que acto seguido moría asesinado, era una clara violación del decreto del Poder Ejecutivo, o Directriz 12.333. No todos los norteamericanos en Bogotá estaban dispuestos a jugarse la carrera y correr el riesgo de acabar en prisión, en virtud de una interpretación de 1989 de la Consejería Legal del Departamento de Defensa. Así que se anduvieron con cuidado. El mayor Steve Jacoby le entregó la información recabada por Centra Spike a Wagner. Y lo que sucediera de allí en adelante, ya no se consideraba, al menos oficialmente, responsabilidad del hombre de Centra Spike sino de la CÍA. En nombre de ésta, Wagner enviaba a su vez al Gobierno de Colombia aquella información que él estimaba relevante, aunque existía otro canal extraoficial. Los informes diarios iban a parar a un libro rojo en la embajada que toda visita oficial podía consultar. Los policías colombianos eran visitantes asiduos, y todo el mundo estaba satisfecho con los resultados de Los Pepes. Un memorando de la DEA a Washington resume la actitud oficial de la embajada:

Los ataques perpetrados por Los Pepes demuestran su intención de tomar represalias contra Escobar toda y cada vez que éste lleve a cabo un atentado terrorista en contra del GDC o de los ciudadanos de Colombia.

Aunque ni la PNC ni la BCO [Bogotá Country Office/embajada de Estados Unidos] aprueben las citadas acciones, quizá éstas persuadan a Escobar por miedo a perder a miembros de su propia familia. Además, el citado tipo de acciones hará profunda mella en las propiedades de Escobar y en sus secuaces.

El hecho es que nadie en Washington prestaba demasiada atención ,1 los sucesos de Colombia. Con cada cambio en el Gobierno se abría una ventana por la que la hermandad de las «operaciones encubiertas» podía acceder a Colombia. Al presidente Clinton le llevó semanas cubrir los cientos de puestos de su equipo de Gobierno, y a estos nuevos funcionarios les llevó meses tomar las riendas de sus cargos. Los militares de carrera y los burócratas vislumbraron la interrupción en la supervisión de sus propias actividades y, como era costumbre, se aprovecharon de ello; no debió ser una coincidencia, pues, que Los Pepes salieran al candelero a los pocos días de que Clinton ocupara la (lasa Blanca.

Posteriormente a que los cuerpos de Parra y de su hijo fueran encontrados, el presidente Gaviria se vio obligado a denunciar públicamente al grupo paramilitar, y ofreció un millón cuatrocientos mil dólares de recompensa por cualquier información que condujera al arresto de Los Pepes. La declaración del presidente fue seguida de un comunicado de Los Pepes, anunciando que el grupo se disolvería después de haber «contribuido» en la luchar contra Escobar.

Durante el otoño anterior, Rodolfo Ospina —el informante SZE-2-0053 de la DEA— había nombrado a seis miembros de la organización de Pablo para que fueran eliminados de una forma u otra. Llegado el verano, tres de ellos se habían entregado: Roberto Escobar, |osé Posada (cuyo reemplazo, Carlos Ossa había muerto asesinado) y ( arlos Álzate. Mario Castaño había muerto. De los cinco abogados que Ospina había nombrado, todos habían muerto o renunciado públicamente. Y, pese a que Los Pepes anunciaran su disolución, otros veinte miembros de la organización de Pablo fueron asesinados en los 1 res meses siguientes, incluido su cuñado Carlos Henao y su primo Gonzalo Marín. Un sobrino de Pablo fue secuestrado y nunca más se volvió a saber de él.

A fines de junio, muchos de los parientes de Pablo habían huido • Id país o lo estaban intentando. Estados Unidos hizo todo lo posible para negarles la entrada a cualquier país en el que pudieran refugiarse. A comienzos de julio, el presidente de la vecina Perú anunció que su país no permitiría la entrada a los parientes de Escobar, ni siquiera como turistas. Entretanto, el otro hermano de Pablo, Argemiro, y su hijo, como así también su hermana Luz María, su esposo y sus tres hijos, fueron descubiertos en Costa Rica, de donde fueron deportados oficialmente para acabar una vez más en Medellín. Cuando los pasos de Nicholás Escobar —el hijo de Roberto— y la familia de aquél fueron rastreados en Chile, la embajada de Estados Unidos hizo demostración de su fuerza y, en contra de los intereses del Gobierno chileno, prevaleció el poder norteamericano hasta conseguir echarles. La familia de Nicholás Escobar apeló a las cortes chilenas, pero sólo se le concedieron algunas semanas. Las tentativas para expulsar al hijo de Roberto (el hermano de Pablo que aún estaba entre rejas) cubrieron las páginas de la prensa colombiana; la embajada norteamericana fue de pronto duramente criticada por «acosar» a ciudadanos colombianos. Tras el intento fallido de apelar a las cortes de Chile, Nicholás y su familia volaron a Francfort, donde, para la consternación de los funcionarios norteamericanos, el Gobierno alemán rehusó cooperar con el seguimiento y la vigilancia electrónicos. Otros familiares también lograron escapar del cerco. A mediados de junio la esposa de Pablo, María Victoria, presentó una demanda exigiendo que el Gobierno colombiano permitiera que sus hijos dejaran el país. La petición fue denegada.

Pablo por su parte se ofreció a entregarse una vez más, justo antes de que el Bloque de Búsqueda matara a Mario Castaño, alias
el Chopo,
el hombre que había reemplazado a Tyson Muñoz como jefe de todos los sicarios del cártel. La nueva oferta de rendición fue dada al obispo católico de la ciudad de Bucaramanga. Las diferencias en esta oportunidad eran las siguientes: que su familia recibiera protección por parte del Gobierno, que se le diera a él una celda privada con cocina (para cocinar su propia comida y evitar así ser envenenado) y el permiso para habla con su familia tres veces por semana. El presidente Gaviria reiteró la negativa del Gobierno a aceptar la rendición de Pablo sin importar en qué condiciones. Sin embargo, el fiscal general De Greiff expresó su discrepancia:

—No veo ninguna dificultad en cumplir con esas condiciones, no las juzgo como privilegios, sino como una solución.

De Greiff se enfrentaba cada vez al presidente. El fiscal, asiduo fumador de pipa, creía que por su propia cuenta podría orquestar una solución a la plaga del narcotráfico. Los Pepes, que él había creado por medio de las amnistías prometidas, eran el palo, y su habilidad para suministrar protección y perdones legales, la zanahoria. A medida que la búsqueda de Pablo se iba transformando en una misión para matarlo, De Greiff utilizó su influencia con el fin de presionar en la captura de Pablo o en su rendición, pero intentando evitar que lo mataran. De Greiff se convirtió en el «poli bueno», como contrapunto del coronel Martínez, que encarnaba al «poli malo». La fiscalía asumió la responsabilidad de proteger a la familia inmediata del capo, y de poner a su disposición los guardaespaldas (pagados y alimentados por la familia Escobar) que protegerían el edificio de apartamentos en el que vivirían en Medellín. Y como si eso fuera poco, De Greiff inició, al menos públicamente, una investigación para dar con los culpables de las acciones de Los Pepes.

A principios de agosto, los supervisores civiles del nuevo Gobierno de Clinton ya habían notado cómo el trabajo sucio de Los Pepes encajaba con la misión militar norteamericana, y los representantes del Departamento de Justicia y del Pentágono comenzaron a viajar a Bogotá en busca de respuestas. En el mes de agosto, Brian Sheridan, adjunto al ministro de Defensa, visitó Bogotá. Sheridan, que supervisaba el desarrollo y la financiación de la guerra contra el narcotráfico librada por su Gobierno, interpeló al embajador Busby directamente sobre el escuadrón de la muerte. El embajador le informó que no había motivos para preocuparse ni tampoco ninguna evidencia que vinculara a Los Pepes con la Fuerza Delta, Centra Spike, el Bloque de Búsqueda o el Gobierno de Colombia.

Pero lo cierto es que había numerosos motivos por los que preocuparse. La DEA había informado desde la primera aparición de Los Pepes que «[las pruebas] sugerían que la policía cooperaba con Los Pepes en algún grado, incluso compartiendo información», según el texto de un memorando firmado por el agente Murphy. Funcionarios de alto nivel de la DEA sabían que su informante, Rodolfo Ospina, había contribuido a la formación de Los Pepes, y sabían además que Los Pepes tenían alguna conexión con el Bloque de Búsqueda, porque Ospina lo había dicho. La versión del informante Ospina sobre cómo y quién dio vida a Los Pepes se esbozó con gran número de detalles en un memorando secreto enviado a Joe Toft; memorando escrito por Gregory Pas-sic, jefe de investigaciones financieras de la DEA, más de un mes antes de la interpelación de Sheridan. Habiendo identificado a Ospina por su clave de informante de la DEA, SZE-92-0053, Passic relacionó la versión de aquél con un encuentro entre dos oficiales del Bloque de Búsqueda (los mayores González y Rieno)
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en los meses posteriores a la fuga de Pablo. «SZE hizo las presentaciones entre miembros de las familias narcotraficantes Galeano y Moneada y la PNC de Medellín, para que asistieran voluntariamente a localizar a Escobar —escribió Passic—. SZE observa que algunos de los supervivientes de las familias Galeano y Moneada se habían metamorfoseado en Los Pepes. Dado que el informante había presentado a algunas de esas personas a la PNC el año pasado [antes de que Los Pepes se dieran a conocer públicamente! esa conexión existe. SZE señala que Los Pepes están formados por Fidel Castaño, Carlos Castaño, Mireya Galeano, Raphael Galeano, Freddy Paredes y Eugenio Ramírez, todos ellos financiados por el cártel de Cali. SZE desconoce el grado de implicación de la PNC en las actividades de Los Pepes, pero afirma que existe, definitivamente, una alianza entre el cártel de Cali, la PNC y Los Pepes para intercambiar información sobre Escobar y sus secuaces.»

El embajador Busby no estaba al tanto de todo esto, pero había visto lo suficiente como para expresar sus inquietudes en un cable secreto que llevaba por título «Desenredando la maraña de Los Pepes», fechado el 1 de agosto, días antes del encuentro con Brian Sheridan. A lo largo de todo el texto, el embajador se refiere a sí mismo en tercera persona:

El GDC [Gobierno de Colombia] ha estado preocupado durante mucho tiempo por la supuesta cooperación de la policía con Los Pepes. Asimismo el fiscal Gustavo de Greiff ha informado al embajador Busby que tiene en su poder nuevas pruebas «de buena fuente» que vincularían a miembros clave de la fuerza operativa de Medellín/Bloque de Búsqueda, encargada de la captura de Pablo Escobar, con actividades criminales y violaciones de derechos humanos perpetrados por Los Pepes desde comienzos de febrero. Nuestras propias fuentes han insinuado que la policía ha colaborado con el grupo paramilitar en ciertas áreas, incluyendo compartir información.

El cable fue enviado al Departamento de Estado, en vez de al Pentágono, con instrucciones para no compartirlo con otros servicios. Por eso mismo, Sheridan no lo vería hasta meses después. En este cable, el embajador Busby reflexionaba acerca de los vínculos circunstanciales entre el Bloque de Búsqueda y Los Pepes. El embajador señalaba que se había entrevistado con el presidente Gaviria el 13 de abril para expresar sus «más serias reservas respecto del grupo paramilitar». El embalador solicitó que todo contacto de la policía con Fidel Castaño cesara, y Laviria le aseguró que así se haría. El cable señalaba a continuación que cuando el presidente Gaviria decidió tomar medidas contra Los Pepes, mandó llamar a un alto mando de la policía y le ordenó que «lo hiciera saber». Busby señaló: