El Sistema (44 page)

No cabe duda de que se trata de mantener Banesto en cuanto institución financiera independiente, para lo que resulta imprescindible sustituir a los actuales administradores. Es importante recordar que este fue, según las palabras del ministro, el objetivo que se perseguía. Cabe peguntarse: ¿por qué esa es la mejor manera? ¿Qué razones se aducen para ello? La verdad es que el ministro no razonó su afirmación, pero también es cierto que ningún grupo político le preguntó sobre este punto.

Pero todavía es más claro el gobernador cuando, en la misma comparecencia, y en el trámite de contestación a las preguntas formuladas por los grupos parlamentarios, dijo:

Los objetivos para el saneamiento son claros: consisten en mantener Banesto, el banco, la entidad. El objetivo de los gestores es defender la personalidad de Banesto, la entidad Banesto... Por consiguiente, no se trata de una operación para que Banesto desaparezca, sino, por el contrario, se trata de una situación de relanzamiento y fortalecimiento de Banesto para el futuro
.

Estas palabras me parecen muy trascendentes puesto que definen, de forma clara y hasta reiterativa, cuál era el objetivo primordial que se pretendía perseguir con el acto de intervención y, consiguientemente, según que ese objetivo se alcanzase o no, la decisión habría sido un éxito o un fracaso. Si este es el parámetro, creo que el lector coincidirá conmigo en el fracaso rotundo de la intervención.

Pero es lícito preguntarse si detrás de esas palabras se escondía una convicción real de que ese era el objetivo o se trataba solo de una forma de presentarlo ante la Comisión de Economía del Congreso y la opinión pública. Comprendo que haya distintas respuestas a este interrogante y que sea tan lícito creer en una como en otra. En los primeros momentos del acto de intervención yo estaba persuadido de la veracidad de esta frase en cuanto se refiere al gobernador del Banco de España. Sin embargo, no era esta la filosofía de todos los responsables del instituto emisor.

Ya he contado en páginas anteriores el intento de comprarme mis acciones y el señalamiento del comprador en el BBV. Reconozco que esta era una posición explicitada por Miguel Martín, aunque ignoro si era o no compartida por Luis Ángel Rojo. Pero el subgobernador nunca dejó lugar a dudas acerca de su posición. En la cena que sostuvimos en casa de Arturo Romaní —a la que me he referido en páginas anteriores— se abordó el futuro de Banesto. Yo razoné que, en el estado al que habían llegado las cosas, tratar de mantener el banco como entidad independiente tenía poco sentido. Me hice eco de las pretensiones de Alfredo Sáenz, el presidente nombrado por el Banco de España, de tratar de conseguir un conjunto de bancos o cajas de ahorro que pudieran asumir el control de Banesto. Mi opinión expresada ante el subgobernador es que era una pretensión inútil puesto que Banesto debería integrarse en un grupo financiero. Cualquier otra solución —dije— es irreal. Miguel Martín ratificó con fuerza mis palabras. No existía absolutamente ninguna posibilidad de mantener a Banesto independiente. Su candidato —nos dijo expresamente a Arturo Romaní y a mí— era el BBV, para tratar de conseguir —decía— un grupo de dimensión europea. No le gustaba la adjudicación al Banco de Santander, puesto que, según él, un banco familiar estaba bien como estaba. Prefiero no relatar los juicios sobre otros bancos españoles para no herir la sensibilidad de nadie.

Decir que el objetivo era mantener la independencia de Banesto era algo que podía cumplir varios fines a la vez. Ante todo, transmitir un mensaje de cierta tranquilidad a clientes, depositantes y accionistas, puesto que si la entidad se iba a mantener nada grave podía ocurrirles, sobre todo cuando el propio Banco de España había garantizado los depósitos. En segundo lugar, era un mensaje continuista, no traumático, que no suponía ruptura alguna con el statu quo bancario. Tercero, implicaba una crítica de fondo a los gestores sustituidos, puesto que era casi tanto como decir que ese objetivo de independencia solo podía conseguirse sustituyendo a quienes habían administrado el banco hasta ese momento.

Sin embargo, es altamente probable que en el período de tiempo que anteriormente he calificado de «prebanesto», algunos miembros del sistema financiero español hubieran insistido en la filosofía de «sobrebancarización» en España y, consiguientemente, llegaran a la conclusión de que lo mejor era «filializar» Banesto, convertirlo en una segunda marca de alguno de los restantes grupos bancarios españoles para, con el paso del tiempo y vía absorción o rediseño de estructura de sucursales, terminar con la importancia histórica que Banesto había tenido en nuestro país. En esa filosofía encuadra perfectamente el diseño de comprarme mis acciones y, además, señalarme el posible comprador con criterio de «preferencia». En todo caso, había tiempo, puesto que, por la propia autoridad del Banco de España y contando con el apoyo del Gobierno, del Parlamento de la nación y de todos los grupos políticos españoles, era impensable que algo extraño pudiera suceder.

Y, sin embargo, ese «algo extraño» sucedió. Los clientes y depositantes no percibieron la intervención como un «acto técnico», sino como una decisión en la que, independientemente de otros factores, estaban presentes consideraciones políticas. Las encuestas de opinión pública lo demostraban: una mayoría de españoles veía influencia de factores políticos en la decisión adoptada sobre Banesto. Es lícito extrañarse de que ese fuera el estado de la opinión pública, puesto que los medios de comunicación social, en su inmensa mayoría, optaron por despolitizar totalmente el asunto.

Banesto controlaba el 25 por ciento de manera directa y había financiado la compra de otro 25 por ciento de Antena 3 Televisión. Por tanto, a nivel de medios de masas, el Sistema contaba con Televisión Española y Antena 3, con lo que cubría de forma casi absoluta el espectro televisivo. En todo caso, es claramente de agradecer la postura de Antonio Asensio y de la inmensa mayoría de profesionales de Antena 3 Televisión, que, a pesar de todas las circunstancias concurrentes, supieron mantener un nivel de objetividad lejano del que reflejaban otros medios audiovisuales de comunicación social.

Únicamente el diario
El Mundo
se atrevió a plantear —y solo a nivel de hipótesis— la existencia de factores políticos en el acto de intervención. Pero se encontraba solo frente al resto de la prensa escrita, singularmente frente a
El País,
que había querido hacer de la intervención de Banesto un tema testigo que le permitiera recuperar la iniciativa perdida por su defensa de Mariano Rubio en el escándalo Ibercorp.

Personalmente me parece razonable que
El País
optara por una defensa del Sistema a rajatabla porque eso es lo congruente. Poco importan, a estos efectos, las relaciones de amistad que yo pudiera mantener con uno de sus propietarios.

La conciencia más o menos generalizada de que factores políticos podían haber influido en el proceso de intervención no era, desde luego, una buena noticia para el Sistema, ni en términos globales —puesto que podrían contribuir a crear una víctima— ni en términos concretos en lo que al destino final de Banesto se refiere. Pero si las encuestas demostraban que la mayoría del pueblo español consideraba que tales factores políticos, en mayor o menor grado, existían, es lógico pensar que ese porcentaje fuera superior en lo que a los clientes, depositantes y accionistas de Banesto se refiere. La retirada de depósitos, muy importante los primeros días, aunque previsible en su existencia, comenzó a ser superior en cuantía a lo programado.

Teniendo en cuenta que el acto había comprometido al Banco de España, al sistema financiero, al Gobierno y a los grupos políticos representados en el Parlamento, sea cual fuere el juicio acerca de si habían acertado o no, no quedaba otra alternativa que «hacer buena» la decisión tomada. Este fue exactamente el planteamiento que Miguel Martín hizo al anterior consejero delegado del Banco, Enrique Lasarte, en la primera cena que tuvieron juntos después de la intervención. Enrique Lasarte razonaba sobre el acto de intervención. Miguel Martín le interrumpió para decirle: «No te empeñes. Si la decisión es justa, el Banco de España tiene que demostrar su justicia. Pero si ha sido injusta, con más razón todavía tiene que hacerla buena». Realmente es una frase muy importante y que constituye la base de todo lo sucedido con posterioridad al acto de intervención. Parece lógico pensar que la bondad de la decisión era directamente proporcional a la «maldad» de las personas contra las cuales se había adoptado. Demostrar esta maldad ya es otro asunto, pero viviendo como vivimos en un momento en donde lo real parece ser la imagen externa, era imprescindible crear ese estereotipo de maldad ajena. Por ello, a pesar de la insistencia del ministro y del gobernador en que la famosa cifra de los 500 000 millones de pesetas no eran el agujero de Banesto, los medios de comunicación social —algunos medios— comenzaron a insistir en el concepto de «agujero», porque, como explicaba anteriormente, tiene unas connotaciones bastante fuertes de cara a la opinión pública. A estos efectos se pretendió transmitir la imagen de que «algo faltaba en las cuentas de Banesto». Poco importa que, como ha quedado escrito en estas páginas, el ministro y el gobernador reconocieran que no era así e incluso, como antes expliqué, que el propio gobernador dijera ante el Parlamento que una parte del ajuste era contable, es decir, sin contenido económico real. El objetivo era fijar el estereotipo del agujero entre la opinión pública y, sobre todo, crear una corriente de opinión con el propósito de que las actitudes de defensa tuvieran un tinte casi legionario.

De todas formas, lo excesivamente abstracto no cala en determinados estratos de la opinión pública para los que son decisivos ejemplos concretos, específicos, lo más detallados posible. Por eso, las cuatro líneas de actuación básica para construir el estereotipo fueron las siguientes:

• Niveles de autocartera.
  El diario
  El País
  llegó a publicar que Banesto tenía en el momento de la intervención el 34 por ciento de autocartera. Teniendo en cuenta que el máximo permitido por la ley es el 5 por ciento, ese dato reflejaba un estado de situación que justificaba intervenir. Si hubiera sido cierto, algo habría fallado de manera estrepitosa en los mecanismos de control de las sociedades que cotizan en Bolsa. El gran problema es que no lo era. Se trató de buscar por todos los medios dónde podían estar las acciones. Pero no aparecían. El paroxismo informativo llegó al extremo de decir que mi formación jurídica y mi habilidad financiera habían sido capaces de diseñar un modelo de autocartera inexpugnable. Era evidente que algún día tendría que celebrarse una Junta General y, por tanto, en ese momento hubiera sido imposible, por muy hábil e imaginativo que uno pueda ser, ocultar a quién pertenecen de verdad unas acciones. Llegó la Junta General del día 26 de marzo de 1994. Los niveles de autocartera de Banesto eran inferiores al 5 por ciento.
  El País
  , por supuesto, nunca rectificó la información.
  
• Que los consejeros habían procedido a ventas masivas de acciones antes del acto de intervención.
  Aun cuando hubieran querido hacerlo, habría resultado imposible porque la Comisión Ejecutiva de Banesto fue informada de la situación creada por el Banco de España pocos minutos antes de que el presidente de la Comisión del Mercado de Valores procediera a suspender la cotización. Poco tiempo después, el señor Croissier, en su comparecencia ante el Parlamento español, reconocía expresamente que ningún consejero había vendido ni una sola acción. Nada, por tanto, que añadir.
  

Sin embargo, el día 5 de julio de 1994, los diarios
El Mundo
y
El País
publicaban en portada una noticia de gran envergadura: «Un consejero del Banco de España vendió acciones de Banesto el día antes de la intervención». Se trataba de Tomás Ramón Fernández Rodríguez, miembro del Consejo Ejecutivo del Banco de España, catedrático de Derecho Administrativo y que en el Consejo Ejecutivo del 2 de junio de 1992, al referirse al caso Banesto, pronunció la frase siguiente: «El único camino que me parece posible es la firmeza en la aplicación de la ley»...

Seis meses habían sido necesarios para descubrir que los consejeros de Banesto no habían vendido sus acciones sino que, al contrario, la venta procedía precisamente del Banco de España. En ese momento ningún consejero de Banesto tenía la información de una posible intervención del Banco de España, pero, según declaró el señor Fernández Rodríguez, en una reunión celebrada el día 23 de diciembre él llegó a la conclusión de que se podía intervenir Banesto. Este dato es de gran interés para comprender lo que ha quedado escrito en páginas anteriores. Es decir, mientras nosotros celebrábamos en Nueva York una reunión con la Comisión Ejecutiva de J. P. Morgan, en Madrid, el Banco de España se reunía específicamente para plantear el tema de la intervención. Recuerde el lector que el día de Nochebuena recibo una llamada de un ministro del Gobierno que me dice que todo está tranquilo y que no existe ningún indicio de actuación excepcional...

El asunto reviste indudable gravedad, porque ni el gobernador ni el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores informaron al Parlamento de un tema de tanta trascendencia. Creo que fue un nuevo golpe de gran envergadura al muy dañado prestigio del Banco de España. Es un asunto del que se deducirán, sin duda, muchas consecuencias políticas en el futuro.

La situación la resumió un editorial de
El Mundo
de manera harto significativa:

¿
Por qué Rojo ha ocultado durante cinco meses la conducta de T. R. Fernández?

El presidente de la CNMV afirmó en el Parlamento en marzo que sólo se había detectado un caso de uso de información privilegiada en la intervención de Banesto. Todo el mundo apuntó al Consejo del Banco o al entorno de Conde. Nadie podía sospechar entonces lo que
El Mundo
revela hoy: que el
insider
era un consejero del Banco de España. Fue Tomás Ramón Fernández, catedrático de derecho administrativo y uno de los seis miembros del consejo ejecutivo del instituto emisor, el que vendió 2300 acciones (por unos 4,5 millones de pesetas) en vísperas de la intervención y disponiendo de toda la información confidencial que le daba su privilegiado puesto. Fernández, que ya no es consejero, va a ser sancionado por la CNMV, a pesar de que Rojo ha intentado echar tierra sobre el asunto. Al enterarse ayer de que
El Mundo
—que tuvo el detalle de cotejar con él la información— iba a publicar el caso, Rojo se apresuró a llamar a otros medios que considera afines para filtrarlo y neutralizar sus consecuencias. Un proceder que arroja un perfil nuevo de su personalidad contradictorio con algunos arquetipos favorables que no hace mucho también
El Mundo
manejaba.