Urdangarin. Un conseguidor en la corte del rey Juan Carlos (37 page)

Mario llegó a meterse en cuestiones personales, apuntando que el matrimonio Urdangarin-Borbón estaba muy unido en esos difíciles momentos y que la relación, pese a los insistentes rumores de divorcio, gozaba de buena salud. «No habrá divorcio, ni de lejos», aventuraba en uno de los pocos pasajes en los que dijo la verdad.

Pascual Vives se convirtió en tiempo récord en uno de los personajes más famosos de España y los
magazines
matinales de las grandes cadenas reservaron una sección diaria para él. No paraba de hablar y de no decir nada. Despertaba indignación y compasión a partes iguales. Pero lo que era unánime fue la incredulidad al comprobar que el marido de la infanta Cristina estuviese en manos de aquel pintoresco personaje, que parecía encantado de haberse conocido. «Pascual Vives es una excusa, forma parte de una estrategia y hay un equipo jurídico de primer nivel detrás», aseguraban los más entendidos. Otros, los más resabiados, apuntaban no solo a Oliva sino a grandes penalistas como Gonzalo Rodríguez-Mourullo como los verdaderos cerebros del devenir jurídico del duque de Palma. Y todos, los más iniciados y los menos, coincidían en que el día de la declaración ante el juez no aparecería Urdangarin con Mario, porque eso, decían, sería «un suicidio». Pero el duque de Palma seguía insistiendo en que solo departía con Mario y, en la realidad de su soledad procesal, así era.

En la Casa Real pidieron, suplicaron y exigieron que Pascual Vives dejase de hacer declaraciones diarias como un peatón locuaz e incontinente, ya que solo contribuían a retroalimentar la polémica y a avivar el escándalo. Pero como Mario solo respondía a las órdenes de Urdangarin y este le ordenaba que contestara a cada información que se publicase, allí estaba él, tan dicharachero y afable como siempre, dispuesto a contestar cuanto le preguntaran.

«¡Por Dios, que se calle de una puñetera vez!», exclamaban desde La Zarzuela y desde Telefónica. Todos los asesores reales en pleno se llevaban las manos a la cabeza al asistir al espectáculo matinal, que hacía las delicias de los programas del corazón, disparando las audiencias cuanto más ridícula era la comparecencia.

Pero Urdangarin no atendía a razones. Confiaba en Mario y Mario seguía haciendo lo que consideraba más oportuno en cada momento, que era seguir comentando la jugada. El símil utilizado por la Casa Real para intentar que el duque de Palma entrase en razón consistió en comparar a su abogado con las ancianas que dan de comer a las palomas en el parque. Y a los periodistas, con las aves urbanas. «Si a las palomas se les echa pan todos los días a la misma hora, las palomas nunca se van de allí y cada día que pasa hay más. ¿O es que no te das cuenta?», le insistían los asesores reales al marido de la infanta Cristina. Pero el duque de Palma consideraba que lo mejor era precisar o desmentir cada dato novedoso que fuera publicado.

Diego Torres aguardaba en silencio y su abogado se limitaba a fanfarronear entre bambalinas, pero rechazó la posibilidad de sumarse a las ruedas de prensa. El socio del duque de Palma recibió, junto a la noticia de la imputación, el anuncio irrevocable de ESADE de que prescindía de sus servicios. La escuela de negocios que le había encumbrado como uno de sus más brillantes cachorros comunicaba públicamente que la actuación llevada a cabo por el socio de Urdangarin contravenía sus principios fundacionales y ponía tierra de por medio. «Torres solo imparte clases puntuales», destacaban los portavoces de la entidad.

Torres era un animal acorralado, capaz de hacer cualquier cosa. Cogía el coche, se marchaba de su casa solo y concertaba citas con su entorno cambiando a última hora el emplazamiento. «Tengo un vehículo siguiéndome a todas horas», aseguraba a sus amigos. «No puedo hablar por teléfono porque lo tengo pinchado y temo por mi vida», añadía con la mirada perdida. La estela de suficiencia que dejaba a su paso cuando iba de la mano de Urdangarin había desaparecido. Descuidó su estética personal y su indumentaria. Su aspecto era desaliñado y daba la impresión de estar bajo los efectos de antidepresivos. Veía agentes del CNI y
paparazzi
que le perseguían por todas partes y evitó mantener conversaciones cerca de las ventanas por si a través de ellas se podía escuchar su voz y descifrar sus mensajes.

«Me he quedado sin trabajo, no tengo ingresos ni los voy a tener, soy un hombre muerto», confesaba en arcenes de carreteras y en las cafeterías más dispares, donde se citaba para evitar ser localizado. «Este tema está afectando a mi familia, mis hijos han enfermado y han tenido problemas con sus parejas porque en el colegio no se habla de otra cosa. Y lo que no perdono es que mi mujer esté imputada y no lo esté la infanta Cristina, que lo sabía todo. Esto no va a quedar así», soltaba desafiante cada vez que tenía oportunidad.

Torres estaba desatado y clamaba venganza por el daño que consideraba que le había ocasionado el duque de Palma. Él, que había hecho todo el trabajo de campo, que se había dejado la piel confeccionando informes, que había diseñado el Instituto Nóos, que había conseguido hacer rico al yerno del rey, se encontraba ahora tirado como una colilla.

—No voy a caer solo porque me llevo a estos por delante —amenazaba en referencia a los duques de Palma—. Se han creído siempre que ellos eran los señores y yo, su siervo.

A la Casa Real le preocupaba sobremanera la dimensión del escándalo, a cuyos protagonistas principales ya no controlaba, y reaccionó con contundencia al revelar
El Mundo
que el duque de Palma había empleado una fundación de niños discapacitados, enfermos de cáncer y marginados para evadir fondos a paraísos fiscales. Era la vertiente más escabrosa del escándalo y la que más indignación social suscitó. La que pasaba de convertir a Urdangarin de un simple caradura a una mala persona. La Zarzuela salió al quite para dejar claro que encajaba con «horror» este hecho e incidió en que en 2006 ordenó al duque de Palma poner punto y final a sus negocios. Reveló que encomendó al abogado José Manuel Romero Moreno, marqués de San Saturnino y conde de Fontao, inspeccionar la actividad de Urdangarin en Nóos tras destaparse las primeras informaciones y que le prohibió continuar por esa senda al averiguar que se estaba lucrando con su fundación. Ni negocios con fundaciones sin ánimo de lucro ni mantener su relación con Torres, del que aclaraba la Casa Real que nunca le dio buena espina.

Por lo tanto, la posición de La Zarzuela era clara. Urdangarin era un tramposo que había engañado a la institución y se había aprovechado de ella, había incumplido sus instrucciones y, por eso, aseguraba, le había instado a marcharse de España en 2009. El posicionamiento público de la primera institución del Estado cercaba todavía más al duque de Palma y planteaba el inmediato interrogante de por qué si se percató de que estaba llevándose dinero de aquella fundación no le instó entonces a que lo devolviera.

El caso es que Urdangarin estaba más solo que nunca, pero en medio de la desolación encontró una aliada inesperada. Siempre había tenido buena relación con la reina, pero le sorprendió gratamente que doña Sofía rompiera por su cuenta la línea oficialista, la
fernandina
, marcada por Almansa y secundada por el príncipe y el rey, y se presentara en Washington a visitarle.

Doña Sofía aprovechó el viaje para presidir la gala anual del Queen Sofía Spanish Institute de Nueva York y se trasladó, semanas antes de la imputación, en pleno cénit del escándalo, a visitar a su hija, a su yerno y a sus nietos. Pasó cinco días con ellos en su residencia de Bethesda y coincidió con la princesa Alexia de Grecia, prima e íntima amiga de la infanta Cristina.

Doña Sofía había acudido a respaldar a los duques de Palma en los momentos más difíciles y quiso que se supiera. Por eso filtró a la revista
¡Hola!
su estancia, cuyas instantáneas abrieron la portada del número que salió a la calle el 14 de diciembre. La imagen de una reina sonriente, en medio del escándalo, revolvió las entrañas de la Casa del Rey. Eran unas fotos pactadas, tomadas con una lente corta. El posado estaba calculado, las imágenes no habían salido a la venta por parte de ninguna agencia, y exteriorizaban la ruptura en el seno de Zarzuela. Y además la revista de la familia Sánchez-Junco era sinónimo de rigor y seriedad en un mundillo, el del corazón, en el que es fácil traspasar la barrera y caer en la zafiedad o en la basura.

Mientras el príncipe y su padre plantaban cara a Urdangarin y eran partidarios de la ruptura total con el imputado, que debía divorciarse de Cristina, la reina, por su cuenta, se solidarizaba con él. Y encima se empeñaba en que trascendiera posando con ellos como si no pasara nada, con una sonrisa de oreja a oreja. La imagen de división de la familia era total y las informaciones proyectaban a unos reyes que iban cada uno por su lado y a unas infantas que marcaban distancias con doña Letizia, a la que no le dirigían la palabra. El desgaste de la institución se aceleraba y el caso Urdangarin se antojaba una herida que no paraba de sangrar.

Denostado por la Casa Real y con el único apoyo de doña Sofía, repudiado por la sociedad española y mantenido en su puesto de Telefónica por caridad, el duque de Palma comenzaba a estar amortizado. Su rehabilitación pública era ya una empresa imposible de acometer a la vista de que la sociedad española en su conjunto condenaba sin fisuras sus actos.

Pero el verdadero quebradero de cabeza para la monarquía podía surgir si la ola de procesamientos engullía de golpe a la hija del rey. La infanta Cristina no podía ser imputada bajo ningún concepto, porque el agujero en el casco de la institución adquiriría tal envergadura que el barco zozobraría sin solución. Se movilizó al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía General del Estado para evitar daños mayores al comprobar que la pregunta insistente que se hacía ahora la ciudadanía, caído Urdangarin, era por qué no estaba imputada su mujer, pese a haberse beneficiado de los fondos distraídos y de haber ocupado un puesto destacado en la directiva de Nóos.

«O es tonta o cómplice», razonaba la ciudadanía, que descartaba de plano la primera opción. Si la mujer de Torres había sido inculpada, no había razón lógica ni jurídica para que Cristina de Borbón no lo estuviese. Y si la ley era igual para todos, como había remarcado el rey en su discurso navideño, aquí se presentaba la primera oportunidad para demostrar que, efectivamente, así era. La relación entre el rey y su hija se había deteriorado y el príncipe estaba tan contrariado con el duque de Palma como con su hermana, al considerar que no atajó a tiempo los tejemanejes del Instituto Nóos.

El juez Castro podía proceder a la imputación de oficio de Cristina de Borbón y el fiscal Horrach podía solicitarla, pero ni el uno ni el otro estaban por la labor de dar el paso todavía. Conscientes de los desperfectos que ocasionarían a la Jefatura del Estado, decidieron ser cautelosos y esperar. Les preocupaban las consecuencias institucionales y temían que una instancia judicial superior revocase su decisión y les dejara en evidencia, que la Judicatura les dejase solos en la mayor investigación que habían acometido nunca. La infanta ocupó de pronto el primer plano del escándalo, con el pueblo pidiendo ecuanimidad a gritos, y Mario se encargó de agravar todavía más la situación en una de sus improvisadas ruedas de prensa.

—¿La infanta doña Cristina? Lo que puedo decirles es que ha venido a verme al despacho y está muy preocupada —fue la ocurrencia esta vez.

En pleno debate sobre la idoneidad de proceder contra la hija del rey iba su propio abogado defensor y soltaba, por si quedaba algún resquicio de duda de su implicación en la trama, que había ido a visitarle. Y que, además, «estaba muy preocupada». Si hasta Pascual Vives lo admitía, es que la infanta, efectivamente, estaba implicada de lleno.

El sindicato Manos Limpias forzó la situación para que el juez y el fiscal, que aguardaban impávidos, se pronunciasen al respecto. Si no lo hacían de oficio, que no lo iban a hacer, tendrían que hacerlo a petición de una de las partes. El presidente del sindicato, Miguel Bernad, designó como abogada a la combativa Virginia López-Negrete y esta confeccionó un detallado escrito que podía cambiar para siempre el curso del escándalo. Frente a quienes, desde el seno de esta organización, justificaban el paso en aras de que se hiciera justicia, el entorno de Urdangarin llegó a especular con que la decisión de Manos Limpias estaba impulsada por el duque. Como si consiguiendo involucrar a su mujer en el procedimiento se garantizase la implicación de la Casa Real en la solución.

«Después de un análisis exhaustivo de todos los tomos y documentación anexa, entendemos que ha quedado más que acreditado de la tan prolija documentación la presunta implicación en varios de los hechos enjuiciados en calidad de presunta cooperadora necesaria y presunta cómplice y presunta encubridora de doña Cristina de Borbón y Grecia», exponía su escrito. «Las razones que fundamentan esta petición se basan en la participación en el 50 por ciento de la mercantil Aizoon, juntamente con el imputado Iñaki Urdangarin». Pero también, añadía, «ha quedado acreditado que desempeña el cargo de secretaria del consejo de administración, lo cual conlleva la elaboración de las actas con los acuerdos que se adoptan en la sociedad y la remisión de cuentas al Registro Mercantil». Esta organización le atribuía asimismo «la lectura de las actas en las sucesivas sesiones ordinarias y extraordinarias y su firma».

«Se ha puesto de manifiesto en las diligencias practicadas que ha manejado dinero procedente de las sociedades mercantiles defraudadoras, la existencia de la caja única de la unidad familiar y que se invirtió dinero presuntamente en arreglos particulares de su vivienda de Pedralbes que procedía de sociedades de la trama», proseguía Manos Limpias.

Asimismo, recalcaba que «doña Cristina de Borbón y Grecia es mayor de edad, titulada superior, concretamente en Ciencias Políticas, donde como es sabido se estudian asignaturas de Derecho y no puede alegar desconocimiento o falta de formación». A su vez subrayaba que «en las tarjetas de visita, exhibidas por Urdangarin para facilitar el acceso, en condiciones de privilegio, figuraba el nombre de la infanta Cristina […]. Incluso hasta en la contratación fraudulenta del servicio doméstico existía una complicidad y una cooperación necesaria entre Urdangarin y Cristina de Borbón», remataba.

Manos Limpias recordaba que el Código Penal establece que se consideren autores los «cómplices, encubridores y cooperadores necesarios y es en este contexto que la conducta de doña Cristina de Borbón podría igualmente ser constitutiva de participación de los delitos imputados a Iñaki Urdangarin». Como colofón incorporaba el sindicato lo que todo el mundo tenía vivo en su memoria y que se superponía a cualquier disquisición jurídica. «En el discurso del jefe del Estado a todos los españoles el 24 de diciembre, manifestó que “cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada. La ley es igual para todos”».