Una Discriminacion Universal (26 page)

Los movimientos sociales, como actores plurales que son, se encuentran rara vez alejados de la disensión interna. Las diferencias se contienen o afloran dependiendo de los ciclos de protesta (Tarrow, 1989) que atraviesan las organizaciones políticas. En el caso de la derogación de la LPRS, «convertida en el símbolo de la opresión de gays y también de lesbianas» (Llamas y Vila, 1997: 199), ésta abre un periodo de desmovilización y el afloramiento de las diferencias internas en los
Frentes
mixtos, de tipo ideológico, organizativo y de género —entre lesbianas y gays—. El movimiento feminista atraviesa un proceso similar tras la consecución de la despenalización del aborto en 1983. A partir de ese momento comienzan a hacerse evidentes los diversos posicionamientos ideológicos y de formas de lucha que se habían «contenido» previamente en aras de la unidad de la movilización, y que acabarían por estallar en la década de los ochenta.

Las «guerras» en el interior de los movimientos sociales están, además, relacionadas con los debates sobre «quiénes somos» y «quiénes no somos», sobre quién pertenece al movimiento y quién no, quién dispone de recursos o a qué comunidad van dirigidos, entre otros aspectos. El movimiento lesbiano, que se encuentra en la encrucijada entre dos dimensiones identitarias y entre dos movimientos afines, se enfrenta en el interior de éstos a conflictos relacionados con la misoginia de un sector de los activistas gays, y con actitudes lesbófobas de parte del feminismo organizado. Las lesbianas ponen en evidencia a través de estos conflictos los límites de las identidades «gay» y de «la mujer», que excluyen a sujetos que dicen representar, como las propias lesbianas o los y las transexuales. En el caso de las diferencias entre gays y lesbianas, éstas eran algo que había sucedido en otros movimientos fuera del Estado español y que los activistas conocían en su mayoría (Trujillo, 2007). Como explica un militante, «nosotros ya nos lo esperábamos, era algo que había pasado en otros países antes»
{241}
. Esos países eran los Estados Unidos, Francia o el Reino Unido, entre otros. Se trataba, por otra parte, de la repetición de la dinámica de exclusión vivida y denunciada por las mujeres en el movimiento pro derechos civiles en Estados Unidos o en los grupos de la denominada
Nueva Izquierda
(Evans, 1979).

Las ideas feministas y la ilusión por el cambio en la vida de las mujeres se contagian en aquellos años entre las activistas y alcanzan una difusión destacada gracias, en gran parte, a los medios de comunicación. El análisis del discurso de los colectivos de lesbianas muestra cómo éstas reiteran la distancia, en los temas feministas, con los varones gays. En palabras de las activistas del FLHOC, su separación está motivada por «las contradicciones existentes —al igual que en el resto de la sociedad— entre hombres y mujeres homosexuales»
{242}
. En el caso del FAGC hay una doble escisión: los «radicales» forman una nueva organización, la
Coordinadora de Col. lectius per l'Alliberament Gai
(CCAG), y las lesbianas del CLB se integran en la
Coordinadora Feminista.
Las activistas señalaron entonces:

Esta evolución interna del
Col.lectiu de Lesbianes
nos ha agudizado dentro del FAGC la contradicción homosexual/lesbiana, contradicción que viene dada porque la opresión de la lesbiana arranca originariamente del hecho de ser mujer y por tanto nuestra lucha pasa por la lucha feminista. De aquí que el
Col.lectiu de Lesbianes,
independizándose del FAGC, defina su espacio revolucionario, al lado de las mujeres dentro del Movimiento Feminista, ya que nuestra opresión y el camino a recorrer para nuestra liberación es común
{243}
.

No sólo existen diferencias socio-culturales entre lesbianas y gays, sino que dentro de las plataformas unitarias de los
Frentes,
éstas comienzan a denunciar la existencia de actitudes misóginas y machistas por parte de algunos gays. El sexismo se reflejaba, para las activistas lesbianas, en aspectos como la parodia de las mujeres que realizan los travestís (defendida por éstos como una provocación antimachista) o la posición liberal de los gays ante la pornografía. A modo de autocrítica, la activista Empar Pineda, entrevistada por Armand de Fluvià, ha apuntado que estas posiciones por parte de las lesbianas se debían, en parte, «a cierto puritanismo nuestro y cierta superficialidad en nuestros análisis» (2003: 135). Como apunté anteriormente, las lesbianas integradas en los
Frentes de Liberación Homosexual
hicieron hincapié en la necesidad de realizar una labor de concienciación de éstos respecto a su machismo. El discurso de los grupos de lesbianas comienza, desde principios de los ochenta, a incluir la defensa de que su espacio político se encuentra con las mujeres, y que su integración en el movimiento feminista es necesaria para que éste asuma las reivindicaciones lésbicas.

En este capítulo he analizado la creación de las primeras organizaciones políticas de lesbianas en el Estado español. Estas fueron las de Valencia y Barcelona, que se unieron a las estructuras de los
Frentes
libertarios junto a los activistas gays. A estos primeros colectivos le siguió una miríada de organizaciones que fueron extendiéndose por todo el país. Las lesbianas se unen a la protesta sexual en un momento de ebullición política y social, y lo hacen contra una ley que considera al conjunto de las minorías sexuales «peligrosos sociales», junto a prostitutas, yonquis y otros sujetos «desviados». La represión legal hacia las lesbianas fue, no obstante, mucho menor, ya que su invisibilidad era muy destacada, tanto que ni siquiera los legisladores franquistas las consideraron en su afán por perseguir y reprimir todo lo que se desviaba de la norma. La represión a las lesbianas iba por otros cauces, más de tipo social: las familias, por ejemplo, enviaron a muchas de ellas a psicólogos y manicomios. Éste es uno de los muchos capítulos relativos a las minorías sexuales pendientes, todavía hoy, de documentar y estudiar.

Las activistas lesbianas se unieron a los
Frentes
en la lucha contra la LPRS y por la libertad sexual y social en general. Desde estos colectivos se defendía la necesidad, en clave libertaria, de unir fuerzas en la lucha antipatriarcal, antisexista y anticlasista. La lucha conjunta de lesbianas y gays se alarga, sin embargo, poco en el tiempo: la derogación de la Ley abre el espacio a las diferencias ideológicas, organizativas y entre lesbianas y gays. El fin de la LPRS y los conflictos motivados por las actitudes sexistas de algunos militantes, junto con la mayor difusión de las ideas feministas explican que, desde finales de los años setenta, se produzca un giro en el posicionamiento de la mayoría de las activistas. Éstas construyen entonces un discurso que las acerca al resto de las mujeres y a la lucha feminista, y despliegan una identificación identitaria (en la mayoría de los grupos se identifican primero como feministas y luego como lesbianas) que resulta menos costosa. A los
Frentes
hay que reconocerles, no obstante, que fueron en aquellos primeros años de movilización estructuras organizativas más amigables para las lesbianas que las del propio movimiento feminista. A las filas del feminismo se irán uniendo las lesbianas desde comienzos de la década de los ochenta, pero ésa ya es otra ola de movilización, otra historia.

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Héctor Anabitarte Rivas

Por lo que conozco de la represión que sufrieron los homosexuales durante el franquismo, hay algunas coincidencias y significativas diferencias con relación a la dictadura de Videla. Ambas represiones se dieron en circunstancias sociales, políticas y culturales diferentes. Los edictos policiales argentinos que castigaban a los homosexuales no pretendieron ninguna rehabilitación; se trataba sólo de instrumentos represivos que tenían por objetivo, entre otros, atemorizar al conjunto de los homosexuales. La Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social ni siquiera fue respetada por el régimen, ya que no se hizo el menor intento de rehabilitación y promovió la humillación de los encarcelados. Ambas dictaduras pretendieron suprimir toda «desviación sexual», no enmendarla, ni curarla: eliminarla de la vida social.

Conviene empezar escribiendo que la represión homofóbica en España y en Argentina tiene un mismo origen, los Reyes Católicos. El 1 de noviembre de 1478, mediante una bula del Papa Sixto IV, la Inquisición Española empieza su sistemática tarea represiva, se persigue a los herejes, se vigila a los conversos, y la obsesión de la Iglesia Católica en cuanto a la sexualidad es una constante. Jaime Contreras, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, analizó cincuenta mil procesos, de los cuales 2.979 se relacionan con la sodomía, el bestialismo y otros «delitos»
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. En cuanto a Argentina, el historiador uruguayo Carlos Machado, miembro del comité ejecutivo del Partido Socialista de Uruguay, en una reunión del Grupo Nuestro «mundo», a fines de los sesenta, comentó al hilo de la publicación de su libro
Historia de los orientales
, que en la época de la colonia, en el Río de la Plata, la Inquisición castigaba a los indios homosexuales a ser comidos vivos por perros especialmente entrenados.

La última dictadura argentina, en realidad, no comenzó el 24 de marzo de 1976, cuando la Junta Militar presidida por el general Videla derroca al gobierno de Isabel Martínez de Perón, que ya no contaba con ningún apoyo importante. Desde la muerte de Juan Domingo Perón, a quien Isabel sucede, los sectores militares y civiles más extremistas habían ido creando las condiciones para un golpe de Estado «libertador», y para esos fines el terrorismo de Estado cumple un papel clave; desde 1973 actúa impunemente, asesinando a cientos de personas, y en ese marco, se aplican los edictos policiales. Era común que se creyera que la detención de homosexuales se basara en normas no escritas, en criterios morales más o menos aceptados en el inconsciente colectivo. Sin embargo, existía en la Capital Federal una legislación específica, se trataba del Reglamento Policial de Contraventores, en los Edictos y Ordenes del Día emanados del Jefe de Policía en distintas épocas. El decreto 10.868/1946 (vulgarmente conocido como R.P.C. o R.R.P.F. 6) establece el procedimiento para aplicar penas policiales a contraventores y en él se leen normas discriminatorias contra homosexuales como éstas: «el pederasta que sea condenado a pena de detención no puede redimirla por multa de acuerdo a una escala determinada» (artículo 43)
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; o sea, que debe cumplir el arresto, que puede llegar hasta 30 días, en su casa, la comisaría interviniente o el Instituto de Detención (Penal de Villa Devoto).